miércoles, 16 de enero de 2019

EL APOGEO DE LA VENGANZA


El juez Daniel Rafecas elevó a juicio una causa que tiene a siete militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes imputados por los secuestros de 37 personas, de las que treinta permanecen desaparecidas, durante la dictadura cívico militar.
Los imputados son Luis Fernández Bustos, Mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe y jefe de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes durante la dictadura
Con él están imputados Serapio del Río, Teniente Primero y Jefe de Compañía; Gustavo González Sass, Teniente Primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios; y los oficiales subtenientes Morello, Horacio Linari, Luis Alberto Brun y Sánchez Zinny.
La causa investiga los secuestros de 37 militantes del área de prensa del ERP cometidos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, que fueron realizados por el RI6. El expediente comenzó con la investigación del operativo realizado el 10 de julio de 1976 en lo que era la imprenta de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”, ambas publicaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El lugar funcionaba también como “cárcel del pueblo” donde el grupo guerrillero mantuvo en cautiverio al Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen, ultimado durante el intercambio de disparos entre guerrilleros y militares.
Todavía tienen el descuido de reconocer que las “víctimas” eran militantes del área de prensa de los terroristas del ERP, imprenta de las revistas •El Combatiente” y “Estrella Roja” . 
Ni siquiera respetan la prescripción fijada por el Derecho Penal. Pasaron más de 40 años los acusados eran dos tenientes y cinco subtenientes. 
Esto ya es una terrible venganza criminal que no tiene antecedentes en ninguna historia del mundo. Y se publica como la cosa más natural, como si ocurriera en otro planeta
El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, envió una carta al diario La Nación, hace cinco meses, que el matutino tuvo la honestidad de publicar en su editorial, donde advirtió que en su primer año de labor pastoral ha observado “cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias”. 
"La situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”, puntualizó. 
Y cuánta razón le asiste, pues hasta los criminales nazis sentenciados a perpetua tuvieron acceso a la humana ley de prisión domiciliaria por su edad. Y eso luego de una guerra sangrienta de hace más de 70 años. 

¡Qué gran culpa lleva el periodismo colgada a sus espaldas! Nada de esto se publica, ni en letra pigmea. ¿Sabe el pueblo indolente que más de 450 murieron en silencio en el cadalso de la venganza,  mientras fueron arrojadas flores  en honor a los asesinos terroristas que los juzgaron?. 
Si lacra es la política correcta que asesina por conveniencia electoral o ideológica, más lacra es el periodismo mercenario, obsecuente y miserable que se titula cuarto poder.
El prelado consideró necesario “transitar caminos de verdad y de justicia para alcanzar la paz”, y sostuvo: “No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. Enfrentamientos en los cuales hemos perdido todos”. 
“Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena”, advirtió el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, en su carta de lectores al diario La Nación y se preguntó: “¿Es esto justicia?” 
Debemos señalar también que el editorial de La Nación del 6 de mayo de 2016 publicó en su editorial:
"Ha pasado tiempo suficiente para que se dé respuesta a una contradicción insostenible entre el respeto a los derechos humanos que tanto se proclama y la violación que significa el tratamiento de personas a quienes la Justicia parece ignorar.”
El panorama es triste y lúgubre, pues como dijimos ya han fallecido en cautiverio más 450 presos politicos, el último un General del cuerpo de Ingenieros, de 95 años de edad. 
Continúa la saga de retrasadas acusaciones que el gobierno con pausada parsimonia se coloca en el rol de querellante, en el gobierno nacional en la persona del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, muy diligente en su escabrosa tarea, y en la provincia de Buenos Aires, en el secretario Santiago Cantón, designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al hacerse cargo de la función expresó con orgullo textualmente: 

"El Estado bonaerense a través de esta secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia. 
No habrá marcha atrás con estos temas.”
Las dos secretarías de los derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su promesa electoral de“terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus propias palabras.
¿Debemos suponer que Mauricio Macri ignora todo lo que hemos expuesto? ¿O que le resbalan suavemente por el cuerpo como actos sobrenaturales que escapan a su responsabilidad?

lunes, 14 de enero de 2019

EL PELIGRO DE LOS CONCEPTOS IDEOLÓGICOS

Esto es muy grave, se ha tomado como discriminación una posible equivocación científica.
El padre del ADN, así denominado y premiado con el Nobel, James Watson, autor de la descripción de su estructura, fue despojado a los 90 años de sus títulos y honores, nada menos que por el Cold Spring Harbor Liberatory (CSHL), laboratorio en el que el genetista trabajó durante cuatro décadas.
En 2007, el laboratorio ya lo había expulsado como rector, luego de que Watson dijera al Sunday Times que era "inherentemente pesimista respecto del prospecto de África" porque"todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es igual a la nuestra, mientras que todas las pruebas dicen que en realidad no es así."
En esa ocasión, dijo también que mientras que él desearía que todas las razas fuesen iguales, las "personas que tienen que lidiar con empleados negros descubren que esto no es verdad."
Watson pidió disculpas luego, en aquella ocasión, pero recientemente aseguró que su forma de ver las cosas no ha cambiado.
"Me gustaría que hubiese cambiado, que hubiese nuevo conocimiento que diga que la educación es muchos más importante que la naturaleza. Pero no lo he visto. Y hay una diferencia en el promedio entre negros y blancos en los exámenes de cociente intelectual. Yo diría que la diferencia es genética."
Watson agrega que no lo complace en absoluto "la diferencia entre blancos y negros" y desearía que no existiese. "Es horrible, al igual que es horrible la esquizofrenia", dijo.
El Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo que la mayoría de los expertos en inteligencia "consideran que cualquier diferencia en el cociente intelectual entre blancos y negros surge ante todo de diferencias del entorno, y no genéticas." , lo que es un reconocimiento de que existen diferencias que no serán genéticas, aunque surjan del entorno.
Los últimos comentarios de Watson fueron hechos en junio del año pasado. En octubre, Watson fue hospitalizado tras un accidente de auto y está bajo cuidados médicos desde entonces, por lo que no pudo responder tras el despojo de sus honores y títulos.
Es mi humilde opinión que en los últimos años el concepto de discriminación, como el de derechos humanos, ha entrado en una etapa de franca ideología que obnubila el normal razonamiento de las personas y llega a extremos no deseados. Ésta es una de las consecuencias que trae aparejada este fenómeno que se viene incrementando en el mundo llamado globalizado y se ha extendido a la política internacional en prolongadas y nunca bien fundadas polémicas con respecto a la migración y a la cultura de diferentes razas y civilizaciones. 

Europa es víctima actualmente de una evidente desintegración movida por estos extremos.
Puede rebatirse científicamente la apreciación de un investigador sobre una práctica que podrá ser irrefutable como errónea, pero nunca apelando a doctrinas o ideologías  que generen una falsa conciencia sobre los resultados de dicha investigación y lleguen al extremo de un castigo, como en el caso que nos ocupa.
Imaginemos una situación análoga a la que estamos dilucidando. Se le presenta a un investigador genético dos muestras de AGN sin darle a conocer su origen, El científico procede a su estudio y las compara distinguiendo, diferenciando, separando, seleccionando, discerniendo,distinguiendo, vale decir discriminando y llega a conclusiones sobre ambas que son por supuesto diferentes y que se publican con la individualización de los donantes, uno de raza amarilla, el otro de raza blanca. 
Naturalmente que los resultados diferentes benefician o perjudican a cada uno de ellos que el genético no conocía. 
¿Se le puede acusar de discriminar una raza, criticar su diagnóstico, privarlo de su título y condenarlo con un castigo?












domingo, 13 de enero de 2019

DEMORA PROLONGADA

SE DEMORA EL FALLO DE LA CORTE
La validez del descuento en concepto de impuesto a las ganancias para los jubilados está pendiente del fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace más de un año no se decide a resolver un caso que no debe ofrece tantas dificultades.
Vovemos a señalar la paradoja que se observa en esta puntual circunstancia en que los jueces llamados a decidir, perciben haberes más de 25 veces superior a los humildes litigantes y con el tremendo cargo de conciencia de que ellos están exentos del pago de tal impuesto.
La Cámara de la Seguridad Social, con el voto de los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, declaró en 2017, inconstitucional el pago de ese impuesto en el caso de un jubilado.
Y cabe otra paradoja, consistente en que el fallo de la Cámara fue apelado por Anses, que no tiene ningún interés ni ingerencia en el caso y cuya intervención queda todavía en la duda de los motivos que la impulsaran a una medida en perjuicio de los jubilados, que en nada le concierne. Esta inconsulta apelación es la que está tratando la Corte.
Mientras esta inconcebible demora de dos años se prolonga, Anses sigue efetuando los descuentos rigurosamente en las planillas de pago.
Por supuesto que esta llamada polémica entre litigantes y el organismo social debe resolverse a derecho, es decir de acuerdo a las leyes que implantaron este gravamen. Pero en el largo interín se produce el evidente perjuicio de que los descuentos siguen alegremente su marcha.
No podemos dejar de afirmar que, a pesar de las disquisiciones jurídicas y a la siempre atendible jurisprudencia, nuestro simple sentido común rechaza el concepto de que el haber de un jubilado sea pasivo de un impuesto a las ganancias, pero la realidad de hoy en día nos hace debatir en paradojas sin sentido pero alimentadas por un interés materialista de orden crematístico que no repara en razones alejadas de la moral y de la ética.
Así prolongaremos nuestra espera aguardando el desenlace que algún día se producirá con el fallo del más alto tribunal de justicia, que seguramente estará midiendo con especial diligencia los efectos económicos que afectarán al Tesoro Nacional. 

Billetera mata jubilado.

viernes, 11 de enero de 2019

LOS CUADERNOS DE ANSES 50a. Parte -

Octubre de 2018
Nos dice Ismael Bermúdez que de un expediente de quien se jubiló en 2003 con un haber inferior al 50% del sueldo promedio- surge que si la Corte confirma la sentencia de los jueces Luis Herrero y Carmen Dorado de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, le corresponde un haber un 31% superior al que le ofrece la ANSeS con la Reparación Histórica. Y una retroactividad un 50% mayor por la acumulación de esas diferencias a lo largo de 15 años.
La decisión de la Corte tiene impacto sobre más de 150.000 juicios que se remontan a jubilaciones de 2002 en adelante que aún siguen sin sentencia firme por las apelaciones de la ANSeS y demoras en los Tribunales. Desde abril último, esa diferencia se extiende a la determinación del sueldo promedio de los últimos 10 años que fijan los haberes de los nuevos jubilados.
Esos juicios corresponden al llamado caso Elliff cuando, en 2009, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara que determinó que, entre 1995 y 2008, cuando entró a regir la ley de movilidad, esos salarios debían actualizarse por el ISBIC (índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción).
En cambio, ANSeS no acepta el fallo Elliff y sostiene que deben aplicarse los índices de actualización fijados en la ley de Reparación Histórica, de 2016. Se trata del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo.
En el 97% de los casos, el RIPTE arroja una remuneración promedio y un haber y un retroactivo inferiores a los de las sentencias. La diferencia es menor para los que se jubilaron entre 2002 y 2005 porque durante los años de la convertibilidad los salarios se mantuvieron casi sin cambios. Y se agranda para los que se jubilaron después. Por ese motivo, sin ser el más representativo y favorable al demandante, aún en el caso Blanco, surge una diferencia en favor del jubilado.
En la Justicia, las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social sostienen que el índice RIPTE fue aprobado por la ley 27.260 en julio de 2016 para actualizar los haberes y cancelar las deudas previsionales de los jubilados y pensionados que adhiriesen en forma voluntaria a la Reparación Histórica. En consecuencia, dicen los camaristas, ese índice no puede ser aplicado a quienes no adhirieron o rechazaron el acuerdo ofrecido por ANSeS. También sostienen que la ley 27.260 de 2016 no regía al momento de iniciar el juicio y sí la doctrina Elliff.
Los jueces Herrero y Dorado insistieron en que la jubilación debe guardar una relación “justa y razonable” con lo que ganaba el jubilado en su etapa activa. “La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad, dice la sentencia.
Se está prolongando en demasía la resolución de la Corte y afecta enormemente a cientos de miles de jubilados en juicio, situación que obliga a pensar si las sentencias responderán más a la economía del Poder Ejecutivo que a la Constitución, las leyes y el derecho del litigante jubilado.

miércoles, 9 de enero de 2019

DEJEMOS LA CIDH


Por razones de política y exigencias del protocolo que observan las naciones del globo en sus relaciones internacionales, se producen adhesiones a organismos mundiales de justicia que dicen defender los derechos humanos, pero con una intromisión indebida en las legislaciones nacionales de los países miembros. Esto se viene acentuando durante los últimos treinta o cuarenta años, en especial cuando por algunas modificaciones en los estatutos  se permite ahora la aceptación e investigación de denuncias de particulares en contra de sus gobiernos. 
La CPI en la ONU y la CIDH en la OEA han dado muestras de una creciente inclinación izquierdista en sus intervenciones y pretendidas sentencias, influenciada por ciertas ideológías ajenas al derecho y a la justicia, y esta situación está dando muestras de desagrado en los países que han recuperado la democracia con el desalojo del populismo, caso de Brasil, Chile y Argentina .
Es un proceso lento, lógicamente, pero que no debe ser demorado, ya que se ve afectada la soberanía e independencia nacionales.
Ahora le toca a Paraguay que debe pensar seriamente si quiere o no seguir formando parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
El senador Salyn Buzarquis habló de la inminente condena a su país por el caso de los secuestradores Arrom y Martí que obligaría al pago de una suma de más 60 millones de dólares alegando tortura de la policía paraguaya a los acusados, lo que equivaldría a dar un premio millonario al que secuestre.
Esto es una gran falacia, agregó, acá se quiere ideologizar, es una cuestión ideológica donde los derechos humanos son para los delincuentes. 
(No olvidemos que el garantista Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, forma parte de esa “honorable” CIDH)
Además, el Canciller se expidió sobre este caso, expresando una gran verdad que también se ha comprobado en la Argentina. “Hay sometimiento a las ONG.”
El retiro de los Estados Unidos de la Corte Internacional de la Haya (CPI) tuvo su mejor explicación en el fuerte y sincero discurso que pronunciara su presidente Donald Trump en el mismo Salón de la ONU, cara a cara, frente a sus miembros. Dijo textualmente:
-"En lo que concierne a los Estados Unidos, la Corte Penal Internacional, no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad.
-La Corte Penal Internacional asegura tener jurisdicción universal sobre los ciudadanos de todos los países violando todos los principios de justicia, imparcialidad y debido proceso.
-Nunca entregaremos la soberanía de los Estados Unidos a una burocracia internacional que nadie elige y que no rinde cuentas ante nadie.
-Estados Unidos está gobernada por los americanos.
-Rechazamos la ideología del globalismo y adoptamos la doctrina del patriotismo".
Tampoco reconoce Estados Unidos a la CIDH, de la cual no es miembro.
En nuestro país tenemos una extensa y desgraciada experiencia acerca de las maniobras izquierdistas de este organismo, que siempre se ha inmiscuido en la falsa defensa de los derechos humanos a favor de los terroristas.
En noviembre de 2017, decíamos: 
“Una Comisión que se arroga derechos que no tiene”, con referencia a la intromisión en el país de una delegación de dicho tribunal que exigía la liberación de la delincuente Milagro Sala, detenida en Jujuy.
Más tarde exigía su prisión domiciliaria. 
El actual Secretario de la Cidh, Almagro, en plena posesión de su mandato le enviaba una carta oficial a la delincuente, con membrete del organismo manifestando su apoyo y defensa. 
La operación de las organizaciones de derechos humanos, respecto al caso Maldonado, a fines de 2017, las ONG de derechos humanos, travestidas en un verdadero holding internacional al comando de Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el habitual e interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más desprestigiadas organizaciones para denunciar la falsa acusación del mapuche “desaparecido.”
Se sumaron una vez más, la CIDH, la Acnudh y Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones internacionales.
¿Se necesitan más ejemplos para comprender la imperiosa necesidad de retirar a la Argentina de esta organización internacional de indudable inclinación marxista que favorece abiertamenta al terrorismo?
Lo venimos solicitando al gobierno desde hace cuatro años y los hechos, decisiones y sugerencias de parlamentarios del continente justifican nuestra demanda.
 No puede existir un tribunal internacional conformado por jueces de manifiesta parcialidad, cuya intervención e ilegítimas sentencias basadas en los derechos humanos se incline sólo para un lado por razones ideológicas de carácter político.
Si a pesar de los reclamos por sus fallos y oficiosas intervenciones, se mantiene su existencia, entonces la única solución es retirarse del organismo.


martes, 8 de enero de 2019

LOS CUADERNOS DE ANSES - 49a. Parte -

Septiembre de 2018



Tengo que dirigirme a mis amigos, contactos y lectores para explicarles con la mayor claridad posible que he llegado a una conclusión pesimista pero real con el descubrimiento de que los políticos gozan de una astucia admirable para promulgar leyes convincentes, propias de una plena democracia, que luego son discretamente congeladas por medio de la reglamentación de las mismas, que las hace de cumplimiento imposible.
El día jueves, 29 de diciembre de 2016 efectué por medio de mi blog el siguiente pedido al gobierno:
SOLICITUD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN
"Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite.

Después de varias reiteraciones sin respuesta, decidí enviar otra el 30 de junio de 2018:
REITERAMOS EXIGENCIA INFORMACIÓN AL PODER EJECUTIVO
Hace dos años solicité al presidente Macri que se proporcionara una información precisa sobre las indemnizaciones pagadas y que se continúan pagando a terroristas y familiares.
El gobierno por fin tiene la gentileza de cumplir con su obigación ante el ciudadano, al dar respuesta a mis requerimientos y me dirige una contestación por intermedio del Equipo Jefatura de Gabinete de Ministros para facilitarme el acceso a la información pública en los siguientes términos:
Trancripción textual
"Estimado,
Con respecto a su correo, le informamos que las consultas de acceso a la informaci?n publica se realizan a distancia, siendo ese el canal correcto para requerir la informaci?n en cuesti?n.
Le facilitamos el siguiente link: https://tramitesadistancia.gob.ar/ para que efect?e la misma por ese canal. Debe ingresar con su clave AFIP y filtrar en el buscador por ?Acceso a la Informaci?n P?blica? e iniciar el tr?mite desde all?. "
Saludos cordiales,
Equipo Jefatura de Gabinete de Ministros"

lunes, 7 de enero de 2019

NUESTRA VICEPRESIDENTE

En una reciente entrevista televisiva la Vicepresidente de la Nación, Marta Gabriela de Michetti, sorprendió con declaraciones desafortunadas que justificaban el ajuste a los jubilados. Con el concepto de entrecasa "son los que se llevan la parte más grande de la torta" quedó en evidencia una lamentable carencia de idoneidad y méritos para ocupar tan alto y responsable cargo.
Lo interesante es que no se trató de un exabrupto emitido en un mal momento casi sin pensarlo, pues también expresó más adelante no estar de acuerdo con los aumentos y los derechos que consiguieron los jubilados en los últimos años. Completó esta serie de desatinos manifestando que el país tiene $600.000 millones anuales en deuda, por lo que serìa demagógico hacer que los jubilados cobren $15.000 por mes.
Aparentemente, para los funcionarios del más alto nivel en el Gobierno, la remuneración de los jubilados es una concesión otorgada por la edad, equiparable a la que se destina como dádiva llamada subsidio a varios partidos o movimientos de protesta radicalizados, como los piqueteros y los sueldos a los presos, ello sin tomar en cuenta las ilegítimas indemnizaciones que continúan cobrando los denominados desaparecidos, en su gran mayoría terroristas. Y la financiación de tales regalías no corresponde al Tesoro Nacional o al Fisco, como se quiere dar a enteder, sino a la caja de jubilados de Anses.
No señores, no es una limosna ni una ayuda, es un derecho, ganado por el sistema de aportes mensuales de empleados y empresas durante más de 30 años, análogo a un seguro de vida, que les permite unos años de ganado descanso antes de morir.
Es indudable que la señora Vicepresidente no ha reparado por un instante que la jubilación que recibirá al retirarse, podrá no ser demagógica, pero será privilegiada.