sábado, 27 de junio de 2020

LA CARTA DE UN DIGNO PROFESOR DE LA UBA

Buenos Aires, 24 de junio de 2020.-

 SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES PROFESOR DOCTOR ALBERTO J. BUERES S/D ___________________________________________________ Estimado Alberto Espero te encuentres muy bien al igual que tu familia atravesando esta pandemia con una cuarentena de tiempo incierto. Motivan estas líneas los diversos acontecimientos que fueron ocurriendo en las últimas semanas, casi día a día, en los que el Presidente de la República tuvo un rol preponderante. Ello es, precisamente, el tema que me trae a escribirte. 
No dejo de tener en cuenta que Alberto Fernández es docente de nuestra facultad y que, más allá de la investidura temporal que reviste como Presidente de la República, no debe perder de vista que sus apreciaciones sobre los acontecimientos y los criterios legales a los que echa mano deben guardar equilibrio y coherencia con reglas de Derecho que nutren el derecho positivo. 
Además, Alberto Fernández nunca quedará desvinculado de su nexo docente con la Facultad de Derecho de la UBA, por ser- o haber sido parte de ella. Sus alumnos y sus ex alumnos, quiérase o no, "atarán" sus aciertos y sus yerros de hombre de derecho a nuestra Facultad. 
El lamentable altercado de días atrás con la periodista Cristina Pérez lo mostró de punta en blanco intolerante y con desagrado ante una pregunta con varios adjetivos, en formulación asertiva. Apelando a la intimidación y a la prepotencia pretendió doblegar a la trabajadora de prensa quien, afortunadamente, supo con altura poner las cosas en su lugar. 
Es que, el docente de nuestra Casa de Estudios echó por la borda la mesura y elementales principios Republicanos en el mejor estilo de enana soberbia. Pero allí no termina la cosa: pasados unos días, en el “Caso VicentIn” el juez actuante en el Concurso Preventivo de la compañía y a raíz del cuestionable DNU 522/2020 , claramente inconstitucional, que decidió promover la expropiación y disponer la remoción de los directivos, resolvió restituir al directorio a sus funciones relegando a los funcionarios designados ilegítima y antijurídicamente por el Presidente. 
La decisión del Dr. Fabián Lorenzini hizo que Alberto Fernández doblegara la apuesta replicando: "El Estado se va a hacer cargo de Vicentín. Ya sea vía intervención judicial ... pedida por la provincia de Santa Fe o vía expropiación. Pero, se van a ir de la empresa. No hay marcha atrás" ¿Qué pretende Fernández con esta afirmación desafiante a quien está investido de la autoridad que emana del cumplimiento de la ley? ¿Dónde dejó el Presidente el art. 109 de la Constitución Nacional? El juez Lorenzini cumplió con el mandato legal y preservó la empresa para sus dueños, para los trabajadores y como fuente de recursos para la Nación. 
El DNU 522/2020 es flagrantemente inconstitucional pues muestra el abuso de autoridad del Presidente de la República; viola uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Hoy, el bienestar y la fortuna de los argentinos queda a merced de una sola persona: el Presidente. ¿Puede eso tolerarse en democracia? El Presidente Fernández, con el dictado del DNU, ha hecho un "per saltum" sui generis al ignorar al Congreso de la Nación en su carácter natural de Poder Legislativo. 
El Presidente Fernández, con el dictado del DNU, se ha inmiscuido en el proceso concursal; ha hecho caso omiso al hecho de que el juez es quien tiene la responsabilidad de saneamiento o la liquidación de Vicentín. Pretende el Poder Ejecutivo intervenir la empresa, al margen de las decisiones del juez y viola, así el debido proceso legal, consagrado en el art.18 de la C.N. 
El presidente Fernández, supuestamente conocedor del derecho penal, con el dictado del DNU, argumenta que además ha sido cometido por Vicentín un delito con base en los préstamos recibidos y no abonados. Esta cuestión está siendo investigada por el juez Julián Ercolini y no es tarea del Poder Ejecutivo a menos que, le dé vista a la Oficina Anticorrupción, lo que no ha hecho. 
Alberto Fernández, docente de nuestra Facultad pretende traspasar de un plumazo cinco obstáculos constitucionales: arts. 14, 17, 75 inc 32, 99 inc.3 y 109 de la Constitución Nacional haciendo peligrar el equilibrio del sistema Republicano argentino. Sin duda sus actos y conductas desprestigiaron a la Facultad de Derecho a la que pertenece. 
Conozco que no tiene nuestra Facultad de Derecho de la UBA una autoridad ni poder disciplinario en relación con la conducta que sus profesores pudieran desplegar en actividades que exceden las correspondientes a sus obligaciones docentes bajo el Estatuto Universitario. 
Conozco también suficientemente que ni las autoridades que tienen a su cargo la gestión de la Facultad, tales como el Decano y sus Secretarios, como tampoco el Consejo Directivo pueden juzgar ni tienen “imperium” por sobre los profesores en sus actividades personales, políticas o extra curriculares. 
Pero no es menos cierto que el actual Presidente de la República utiliza el nombre de la Facultad de Derecho de la UBA, y su carácter de “Profesor” en ella, para intentar legitimar muchas de sus conductas al amparo de la presunción de legitimidad y de erudición que significa integrar un claustro de profesores de la Facultad de Derecho perteneciente a la Universidad más prestigiosa del país. 
De hecho, recordarás su famoso slogan de campaña en el cual le decía a los ciudadanos tratando de seducirlos para que lo votaran: “… Soy Profesor de la UBA…” 
Por ello, Alberto, en mi carácter de Profesor Titular Regular Ordinario por Concurso Público y de Oposición, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 113, inc. u) y en la ley 27.275, te solicito: 
1. Información
 a) Te sirvas informarme el cargo docente que ostenta el Dr. Alberto Fernández como profesor de nuestra Facultad.
 b) Me indiques, por favor, la fecha de designación y de vencimiento de dicha designación identificando el instrumento o acto administrativo que dispone dicha designación. 
c) Del mismo modo, te solicito me indiques la carrera docente que el mismo ha tenido en nuestra casa de estudios desde su primera designación hasta la fecha.
 d) Me informes cuándo será la próxima oportunidad en que se tratará su renovación de cargo en el Consejo Directivo para poder concurrir a esa sesión pública en forma personal
 2. Convoques a una reunión del Consejo Directivo de la Facultad para que se considera la posibilidad de invitar al Profesor Alberto Fernández a mantener una reunión abierta con Profesores del Claustro de Profesores Regulares con el objeto de conversar y debatir sobre la visión constitucional que el Presidente tiene en relación con el instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia y la expropiación de empresas. 
Confío en que darás curso a esta solicitud la cual es girada, por este medio, a tu persona de un modo formal y para que le otorgues el trámite que administrativamente corresponde a la misma. Cordialmente, y a la espera de tu respuesta,

Guillermo J.H.Mizraji Prof.Titular Regular Ordinario Facultad de Derecho UBA

TERRORISTAS "ESENCIALES"

Hace muchos años que desde estas columnas venimos denunciando las graves irregularidades cometidas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, destinadas al aumento indebido de su patrimonio, siempre sobre las cajas màs abundantes y vulnerables de sus administraciones en especial la de Anses, de donde retiraban cantidades millonarias con falsos motivos, como mantener la cotización del dólar o financiar los fondos del Estado.
Ante la ideología y el relato, además de los sobornos con plata efectiva o asignación de nombramientos en la administración pública y la Justicia, nunca se dio respuesta, no siquiera la mínima atención a nuestros esfuerzos.
Con la llegada del Pro al poder con Macri como Presidente, insistimos, más esperanzados, en varias oportunidades, siempre con copia e información a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete, pero con los mismos resultados, no obstante las promesas electorales de la plataforma del partido reafirmadas por el mismo candidato en la campaña electoral. Como prueba de ello, ver el link que agregamos:
Hoy nos encontramos con la nueva bomba que explotó el gobierno al asignar a los terroristas el carácter de "esenciales". Con la nube aburrida de la demorona clase científica sobre la prolongación de la cuarentena, a posteriori de la zarpada insólita de la Vicepresidenta en el Senado, al silenciar micrófonos,callar a la oposición con su conocido autoritarismo, y aprobar irregularmente una votación, se deslizó con la suavidad de una culebra distraída y en brevísimos párrafos una autorización del Banco Central, Comunicación A7052, para que los hijos y nietos de terroristas beneficiados con indemnizacios mensuales en en el marco de las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914, según informamos al comienzo, puedan realizar transferencias de dólares a cuentas del extranjero al tipo de cambio oficial y sin ningún límite.
Como "todo tiene que ver con todo", el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragallo, nombrado por orden de la Vicepresidente, tendrá a su cargo el control de lo dispuesto. Rogamos ver el link arriba señalado donde se explican los antecedentes de este caso.
Es preciso señalar que el referido funcionario, que dispuso la liberación de presos conocida y de muchos de sus colegas terroristas, y que se ha distinguido con funestas intervenciones durante su breve actuación, es hijo de padre y madre muertos en la lucha contra las fuerzas armadas, por lo cual se deduce que le comprenden las generales de la ley y estará cobrando los referidos beneficios cosa que no podemos confirmar, por cuanto se nos ha negado con el silencio la información que hemos solicitado a la Presidencia de la Nación sobre los beneficiados y sumas percibidas, que continúan mantenidas en el mayor secreto.
La arremetida del oficialismo, que ha vuelto con todo, es analizada meticulosamente en este artículo de Claudio Jackelin publicado en La Nación, Cristina Kirchner y la Cámara de la Venganza: