jueves, 27 de agosto de 2020

EL PROYECTO DE LA IMPUNIDAD

Hoy se está tratando en el Senado de la Nación el  proyecto de Ley de Reforma Judicial que no es tal, ya que comprende solamente  el fuero penal federal.

Aparte de que no es oportuno entrar en la discusión de una reforma de tanta importancia en las circunstancias actuales de pandemia y crisis económica, inadvertida al proponerse la multiplicación de jueces, juzgados y secretarías, nos hallamos con un proyecto de ley digitado por el Poder Ejecutivo a libro cerrado, pues hasta los senadores que aprobaron su discusión, firmaron sin conocer el texto.

No se abrió ningún proceso para un intercambio público de opiniones, ni se convocó a juristas, asociaciones, universidades y menos a la oposición.

Con estos antecedentes podemos afirmar que las sesiones a llevarse a cabo en el Congreso pasarán a la historia como el acto legislativo más grosero e inculto cometido por el gobierno.

Sin embargo, no dejaremos en el tintero otras críticas valiosas que la desmerecen e invalidan como el consejo asesor de 11 miembros elegidos por el presidente para elaborar ideas sobre el funcionamiento de la justicia, posibles reformas de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratra, alcance del recurso extraordinario y  el juicio por jurados. 

Como es lógico. este conjunto de notables elegido a dedo por el Presidente no tiene ninguna garantía de imparcialidad, con mayor razón cuando el miembro que los preside es el abogado defensor  de los juicios por corrupción de la Vicepresidente, Carlos Beraldi.

De ahí que es notoria la preocupación del gobierno por asegurar la impunidad de la Vicepresidente, evidente propósito de la ley proyectada, dirigida directamente a la anulación, cancelación o borratina de los juicios por corrupción en su contra.

No obstante su clara autoría de este proyecto, la Vicepresidente suelta su irónico rencor al asegurar que "esta no es una verdadera reforma judicial, se la ha titulado erróneamente, ya que en los últimos 20 años solamente han habido dos reformas judiciales".¿No habrá sido una forma traicionera de despegarse si fallara la aprobación del mamarracho? 

Con respecto al último agregado, directo ataque contra el periodismo y la libertad de expresión, su redacción es tan confusa e inapropiada que podría consistir en una carta jugada a último momento como pieza negociable.

En el proyecto que hemos analizado someramente, no podía quedar afuera la recurrente presencia de la venganza.  En efecto, vemos que disimuladamente se justifica una disposición muy contraria a una reforma judicial y que se desliza con la siguiente frase: "Atendiendo al reclamo de organismos de derechos humanos, se contempló que las secretarías de juzgados a trasladarse “no incluirán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad”.

Es decir, los tribunales de la inquisición no se traladarán, quedarán a cargo de los mismos jueces y secretarios venales, cultores del prevaricato. 

El presidente y su socia, siempre atentos al reclamo de los organismos de derechos humanos, y así la justicia reformada continuará en manos de la injusticia sobornada.