Desde principios de 2013 venimos alertando sobre el saqueo a la Caja de Anses que no tiene precedentes. Los economistas y periodistas se limitan a publicarlo como si fuera una decisión normal del Ejecutivo, dentro de sus funciones.
Esta semana el Ministerio de Economía difundió el negativo resultado fiscal de enero, que arrojó un déficit primario de $ 1457,4 millones, pese al fuerte aporte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Tesoro nacional. El aporte de Anses fue de $ 2.942 millones en el año 2014 y de $4.387 millones en este año.
Traicionando su función previsional, la Anses se ha transformado en un agente financiero del Estado en momentos en que las reservas del Banco Central disminuyen diariamente y el capital financiero vuelve a adquirir un notorio predominio, capaz de alentar una peligrosa espiral inflacionaria y especulativa, cuyo blanco principal sea el patrimonio de los jubilados.
En más de 60 informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) destacó aspectos críticos de la gestión de la Anses, particularmente aquellas medidas que ponen en riesgo los activos de su propiedad. Se trata de medidas de gobierno que acrecientan en forma notoria la descapitalización de este patrimonio público, asignado por ley en forma exclusiva y excluyente al sistema de la seguridad social, y que comprometen gravemente su solvencia futura.
Desde la AGN se han censurado aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. También se ha cuestionado la utilización de fondos de la Anses para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.
Cada vez que se comprometen los recursos de la Anses para finalidades ajenas a las obligaciones previsionales, se estafa a sus beneficiarios, que son los trabajadores aportantes y los jubilados actuales y futuros. Por supuesto, es necesario resolver el financiamiento estatal con algunas medidas y acciones de gobierno, pero por otros medios.
Con la práctica del Tesoro de extraer recursos de la Anses, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha pasado a transformarse en un depósito de deuda pública, donde se retiran fondos de recaudación que son haberes propios de los jubilados, para financiar otros gastos del Gobierno.
Hace unos días envié cartas a los medios haciendo responsable al Gobierno del delito de Genocidio de Jubilados que encaja típicamente en la definición :“Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial". toda vez que el apoderamiento de sus fondos afecta seriamente la salud de los ancianos, atemorizados por el peligro de que se paralicen los miserables pagos.mensuales. Jamás se publicaron.
Todos los que siguen este blog tienen conocimiento de nuestro pedido que ya es un ultimatum para que se proceda a la intervención de la Anses, dado el peligro de la quiebra de su caja que provocaría el derrumbe dela clase pasiva. Lo venimos intuyendo, pero la Auditoría General de la Nación lo manifiesta claramente en duros términos censurando aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. Ha cuestionado la utilización de fondos de la Anses para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.
Se produce en forma notoria la descapitalización de este patrimonio público, asignado por ley en forma exclusiva y excluyente al sistema de la seguridad social, y que comprometen gravemente su solvencia futura.
Como dije en otra oportunidad este es el mayor crimen de lesa humanidad cometido por este gobierno. La corrupción es un cáncer que un nuevo gobierno puede llegar a detener y a castigar en los tribunales, pero ¿cómo y quién puede reparar el daño infligido durante los largos años de cautiverio jubilatorio, a los pobres ciudadanos al borde de su muerte que han sido saqueados por un poder absoluto y malsano? ¿Quién podrá calcular el monto exacto de la defraudación cometida a través de más de 10 años? Podría llegar a sumas siderales cercanas al default en que cayó el país, pero por el orden natural de las cosas jamás podría reintegrarse a sus acreedores, ya con seguro domicilio en los cementerios.
