ATENCIÓN JUBILADOS

En nuestro artículo "Jubilados- Atención", del 16 de abril decíamos que hay más de 200.000 juicios con sentencias en firme que el gobierno se deshonra al no pagar . Consciente de esta gravísima situación que alguna vez tendrá que afrontar, advertíamos que busca ahora la aplicación de una acordada de la Corte Suprema para rebajar escandalosamente su deuda. Pero por ese medio comete un delito sin precedentes, desde el momento que aplicaría en forma arbitraria e inconstitucional la retroactividad en el modo de calcular los montos adeudados con una fórmula posterior a la que viene rigiendo en esos juicios desde hace varios años. 
Todo conduce a no pagar las sentencias judiciales, que convierte al gobierno en "deudor moroso" y en reducir arbitrariamente los haberes jubilatorios y las retroactividades, lo que convierte al gobierno en "ladrón
Como ha sucedido en otras oportunidades, esta información fue tildada de alarmista, posiblemente porque no fue anoticiada en ningún medio periodístico importante.
No hemos respondido a estas críticas, que suponemos bien intencionadas, y dejamos que los acontecimientos se fueran produciendo, conforme a nuestro responsable pronóstico.
En el día de la fecha nos encontramos con un autorizado artículo de la abogada Andrea Falcone, publicado en "Ámbito. com" y reproducido en el informativo de "jubilados aportantes," que viene a ratificar nuestra opinión. 
Andrea Falcone
Se estima que en la actualidad se tramitan unos 300.000 juicios previsionales, con una demora de ocho años promedio en lograr el cobro. 
“Lo que queda claro es que no hay una intención de cancelar el pago de los juicios. Mientras ANSES y el Gobierno presionan a la Corte Suprema para que falle en contra de los jubilados, cambiando el índice de ajuste para pulverizar sus reclamos, vemos que tienen el dinero para cancelar todos los juicios”, sostuvo la abogado en diálogo con este medio.
Según aclaró la especialista, la prioridad debería ser “honrar la deuda con los jubilados, de quienes en definitiva es el dinero de ese fondo”
“No corresponde que presten dinero a provincias y a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares hasta que no hayan pagado los juicios de reajustes, salvo que estén especulando con que los jubilados se mueran sin cobrar o la Corte cambie el criterio sorpresivamente”, alertó.
Una coincidencia total con nuestro artículo
Un análisis de la abogada previsional Andrea Falcone asegura que si el Gobierno nacional destina la rentabilidad neta de 12 meses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se podrían pagar todos los juicios por reajuste de haberes a los jubilados
Con los datos informados de la Cámara Federal de Seguridad Social sobre los nuevos juicios y los saldos atrasados, se puede estimar que al día de hoy el Estado nacional adeuda a los abuelos unos $ 106.076 millones.
Este informe de la doctora Falcone adquiere mayor gravedad si volvemos a diciembre del 2017, fecha en que el gobierno tomó. sin anestesia, mil millones de pesos para cubrir el déficit fiscal y otra cantidad similar, en concepto de préstamo, de la caja de jubilaciones.
La impunidad de Anses es uno de los misteriosos arcanos del
gobierno. Nunca fue investigada, ni intervenida, ni auditaba. Cumple ritualmente el proceso de no pagar los juicios a los jubilados.
¿Será que se ha modificado sigilosamente la Constitución
Nacional? Es posible que una cláusula secreta autorice al Poder Ejecutivo para desobedecer las leyes cuando se trata de cumplir obligaciones de orden monetario. De otra manera, no se comprende la abierta impunidad de que goza, malgrado la copiosa jurisprudencia, los tratados jurídicos y los Colegios de Abogados en el país diseminados, que no reaccionan.
Esta situación es sumamente grave y por eso reiteramos nuestra preocupación por el silencio de tratadistas, periodistas, legisladores y juristas, que quizá en forma inadvertida se convierten en cómplices de esta tremenda injusticia. Al propio tiempo, nuestro agradecimiento a la doctora en derecho previsional, Andrea Falcone, por el franco apoyo que presta al esclarecimiento de la misma, con su intervención en defensa de los jubilados.