A fines de mayo de 2016 el Gobierno se decidió avanzar sobre un informe completo relativo a los últimos años de la gestión de Anses provocando suma preocupación en el ámbito político, empresarial y bancario. Por fin se pondría en marcha el proceso licitatorio que tanto habíamos exigido en nuestroespacio “Habla la Experiencia”. Se conoció que las consultoras PwC y Deloitte estarían a cargo de la auditoría. Los anteriores funcionarios del organismo, especialmente el último de ellos, Diego Bossio, se mostraron ansiosos por el resultado que podía emanar de una detallada investigación
Basavilbaso recibió frecuentes visitas del anterior jefe de Anses, lo mismo que de dos inquietos visitantes, el empresario Eduardo Elsztain y del banquero Jorge Brito.
Como ya habíamos advertido en numerosos artículos, existía de nuestra parte la sospecha de un acuerdo político del Gobierno con Bossio, a la sazón diputado nacional, para que lo apoyara en la aprobación de leyes, a cambio de una transferencia del organismo sin ningún control ni auditoría.
Lo primero que le advirtió Bossio al jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó fue ¿Ustedes saben que yo tengo 17 diputados que me responden? Y la amenaza surtió efecto pues, justo cuando el oficialismo necesitaba urgente votos favorables para las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, cayeron en bandeja los votos de los 17 legisladores. Nobleza obliga, dijimos en nuestros informes.
También entró en la danza el jefe del bloque de senadores del FPV Miguel Angel Pichetto, pues su hijo había ocupado recientemente un cargo en el FGS, a través del cual Anses canaliza sus inversiones. Por su parte Bossio con creciente nerviosismo llegó a hacerle un pedido oficial a Anses respecto a la existencia de la auditoría reiterando su pregunta en persona al mismo Basavilbaso.
La respuesta fue siempre dilatoria: no hay ningún informe terminado.
La real efectivización de esa prometida auditoría era la constante preocupación del Gobierno, pues sus resultados podrían interferir en el avance de las leyes en la legislatura. Necesitaba el respaldo de los dos legisladores, Bossio y Pichetto, valiosas muletas en su lucha en el parlamento. Había que medir la importancia del estudio pedido para conocer el estado de situación de Anses, que acaparaba uno de los más grandes fondos del país, más de 500.000 millones de pesos anuales que manejaba a través del FGS.
Por eso se hablaba a hurtadillas, de la postergación de la publicación del informe, hasta que se lograra la aprobación de las leyes. Este asunto no se manejó con prolijidad pues fue notorio el interés del oficialismo en mantener la impunidad del poderoso organismo. Sólo basta con recordar que el único funcionario que fue reemplazado en Anses fue Diego Bossio con el sospechoso beneplácito de su sucesor Emilio Basavilbaso y quedaron muchos militantes de La Cámpora nombrados en el último año del gobierno kirchnerista con elevados sueldos.
Hasta el día de hoy de noviembre, no se produjo la postergación de un informe que estimamos ni siquiera fue llevado a cabo y que contó con la inefablela colaboración del periodismo, jamás comprometido en investigar e informar sobre estos espúrios arreglos.
Quedó en agua de cerrajas, dice el dicho español, pero aparentemente no es así. pues el mismo gobierno con sus inesperados pero frecuente vericuetos, se ha tendido una trampa.
En efecto, por la ampliamente publicitada Resolución 175/2018 del 12 de octubre de este año, 2018, dispone establecer el procedimiento para la aprobación de los planes de trebajo de las Unidades de Auditoría Interna (UAIs) del Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156
Que establece: "Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
La trampa consiste en que parece no haber reparado que jamás cumplieron con los preceptos de la citada ley, desde el momente que Anses estuvo exceptuada de la investigación y controles que supone una auditoría y que ahora con su reciente decreto, en cierta forma reglamentario, no podrán ni deberán eludir la obligada auditoría, tantas veces reclamada y exigida desde estas columnas a las autoridades gubernamentela y al complaciente y prestigioso periodismo cuya sordera es cada vez más notoria.
El 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia anunció que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre el caso llevado a su consideración con respecto al índice que debe aplicarse para el reajuste de los haberes jubilatorios, de lo que nos ocupamos el pasado 3 de noviembre, ver link:
Basavilbaso recibió frecuentes visitas del anterior jefe de Anses, lo mismo que de dos inquietos visitantes, el empresario Eduardo Elsztain y del banquero Jorge Brito.
Como ya habíamos advertido en numerosos artículos, existía de nuestra parte la sospecha de un acuerdo político del Gobierno con Bossio, a la sazón diputado nacional, para que lo apoyara en la aprobación de leyes, a cambio de una transferencia del organismo sin ningún control ni auditoría.
Lo primero que le advirtió Bossio al jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó fue ¿Ustedes saben que yo tengo 17 diputados que me responden? Y la amenaza surtió efecto pues, justo cuando el oficialismo necesitaba urgente votos favorables para las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, cayeron en bandeja los votos de los 17 legisladores. Nobleza obliga, dijimos en nuestros informes.
También entró en la danza el jefe del bloque de senadores del FPV Miguel Angel Pichetto, pues su hijo había ocupado recientemente un cargo en el FGS, a través del cual Anses canaliza sus inversiones. Por su parte Bossio con creciente nerviosismo llegó a hacerle un pedido oficial a Anses respecto a la existencia de la auditoría reiterando su pregunta en persona al mismo Basavilbaso.
La respuesta fue siempre dilatoria: no hay ningún informe terminado.
La real efectivización de esa prometida auditoría era la constante preocupación del Gobierno, pues sus resultados podrían interferir en el avance de las leyes en la legislatura. Necesitaba el respaldo de los dos legisladores, Bossio y Pichetto, valiosas muletas en su lucha en el parlamento. Había que medir la importancia del estudio pedido para conocer el estado de situación de Anses, que acaparaba uno de los más grandes fondos del país, más de 500.000 millones de pesos anuales que manejaba a través del FGS.
Por eso se hablaba a hurtadillas, de la postergación de la publicación del informe, hasta que se lograra la aprobación de las leyes. Este asunto no se manejó con prolijidad pues fue notorio el interés del oficialismo en mantener la impunidad del poderoso organismo. Sólo basta con recordar que el único funcionario que fue reemplazado en Anses fue Diego Bossio con el sospechoso beneplácito de su sucesor Emilio Basavilbaso y quedaron muchos militantes de La Cámpora nombrados en el último año del gobierno kirchnerista con elevados sueldos.
Hasta el día de hoy de noviembre, no se produjo la postergación de un informe que estimamos ni siquiera fue llevado a cabo y que contó con la inefablela colaboración del periodismo, jamás comprometido en investigar e informar sobre estos espúrios arreglos.
Quedó en agua de cerrajas, dice el dicho español, pero aparentemente no es así. pues el mismo gobierno con sus inesperados pero frecuente vericuetos, se ha tendido una trampa.
En efecto, por la ampliamente publicitada Resolución 175/2018 del 12 de octubre de este año, 2018, dispone establecer el procedimiento para la aprobación de los planes de trebajo de las Unidades de Auditoría Interna (UAIs) del Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156
Que establece: "Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
La trampa consiste en que parece no haber reparado que jamás cumplieron con los preceptos de la citada ley, desde el momente que Anses estuvo exceptuada de la investigación y controles que supone una auditoría y que ahora con su reciente decreto, en cierta forma reglamentario, no podrán ni deberán eludir la obligada auditoría, tantas veces reclamada y exigida desde estas columnas a las autoridades gubernamentela y al complaciente y prestigioso periodismo cuya sordera es cada vez más notoria.
El 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia anunció que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre el caso llevado a su consideración con respecto al índice que debe aplicarse para el reajuste de los haberes jubilatorios, de lo que nos ocupamos el pasado 3 de noviembre, ver link:
A nuestro entender, un caso de esta importancia a resolver por el Máximo Tribunal, requiere una precisa información sobre el oganismo que lo elevó a su consideración, Anses, relativa a un claro conocimiento del desarrollo de las funciones asignadas y el cumplimiento de las normas que lo rigen, además de sus balanceactualizados y debidamente aprobados.
No creemos que están dadas las condiciones, dado el aspecto esencial que estamos tratando en este artículo, auditoría faltante.
Es de esperar, entonces, que sea realizada a la brevedad posible conforme a las leyes vigentes y a las normas constitucionales.
No creemos que están dadas las condiciones, dado el aspecto esencial que estamos tratando en este artículo, auditoría faltante.
Es de esperar, entonces, que sea realizada a la brevedad posible conforme a las leyes vigentes y a las normas constitucionales.
