jueves, 8 de marzo de 2018

UNA EXCEPCIÓN AL GRADUALISMO

En la permanente comunicación que mantengo con jubilados colegas desde hace varios años, he recibido muchas y variadas sugerencias de buscar un acercamiento más regular  y constante que nos permita tener  una asociación o representación que se haga cargo de la lucha por nuestros derechos y de la petición a las autoridades en la solución de nuestros problemas, Últimamente se han acrecentado, pero tengo siempre la misma opinión con respecto a este asunto, resumida en lo siguiente: 
Descarto la formación de un partido político, ya que nuestra finalidad es unívoca con un solo propósito, la defensa de un sistema justo de jubilación, diferente del partido político cuya finalidad es múltiple y variada. Asumo que hay una cantidad aproximada de seis millones de jubilados a la que es imposible llegar, aún cuando sea sólo a un diez por ciento, tarea ímproba para gente de nuestra edad.. Quedaría el contacto con los partidos políticos, lo cual ya se ha intentado, en víspera electoral, pero con muy mal resultado, pues una vez que discursean con falsas promesas, visitan centros de jubilados, y se fotografían en cariñoso abrazo con los más viejos y desdentados, al sentarse en sus sillones de legisladores electos, cultivan su propio ego y se olvidan de los votantes. 
Los dejo pensando mientras continúo con mi acostumbrado trabajo en este blog "Habla la Experiencia."
En una entrevista con el diario Clarín, el Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, sostuvo que se debe modificar el sistema previsional. Y aseguró que, de manera personal, apoya el sistema de reparto. 
Estamos de acuerdo con la necesidad de avocarse sin demora a un estudio integral de una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como una necesidad social.
Es imperativo emprender el análisis de las legislaciones existentes en los principales países del mundo, su funcionamiento y resultados. Es un desafío que debe encararse para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo. 
La generación actual, que ha sufrido la desconsideración de todos los gobiernos, no verá, obviamente, la concreción de este proyecto, pero no dejará de exigir al gobierno, a sus instituciones y a la sociedad, la solución de los graves problemas originados por una política de descarte que ha perjudicado al sector de la tercera edad.
La promulgación, en sólo pocos días, de la resistida ley de Reforma Previsional que significó una rebaja en los haberes de los jubilados y un rápido apoderamiento de sus fondos, fue una sorprendente excepción a la política económica del gobierno dirigida a mantener un gradualismo en la aplicación de nuevas disposiciones  que puedan afectar como un shock a la población.
En efecto, en este caso se procedió con una voracidad que rompió todos los esquemas y que provocó un verdadero shock que todavía perdura. No se pudo ocultar la necesidad acuciante de cubrir el déficit fiscal, con justificaciones que llegaron a negar el perjuicio económico ocasionado a los más necesitados.
Fue inútil que el gobierno hiciera gala y uso de retorcidos cálculos aritméticos, para demostrar lo indemostrable, dos más dos son cuatro, y punto.. Si los 100 mil millones de pesos lo extrajeron de Anses, se lo quitaron a los jubilados. No hay otra. El bono que se obligaron a conceder a último momento, fue un ridículo parche, ya que se limitó a los haberes inferiores a 10 mil pesos. Discriminación tras inconstitucionalidad. 
No queda ninguna duda de que el numeroso sector de los jubilados es el peor tratado en la sociedad argentina.

Contemplamos ahora el resurgimiento de las discusiones paritarias en todos los sindicatos, que se mueven con cifras entre un 2o y 28 por ciento, cuando al "sindicato" de los jubilados ya lo sentenciaron, sin apelación, con un magro 5.7%, inferior en 10 puntos al que le correspondía por el sistema de cálculo anterior. 
Sigue la norma de la política correcta, se beneficia a los sectores elevados, empresarios, a costa de lo que se le sustrae al sector de necesitados.
El achicamiento de los gastos fiscales, la reducción de los exhorbitantes sueldos de los funcionarios, y la eliminación de las jubilaciones de privilegio, estaban en las discusiones de la promulgación de la ley, pero salieron del paso con la garantía de su tratamiento inmediato, y están todavía en agua de borrajas. 
La insólita y nada agradable calificación de "deudor moroso"que lleva grabada en el orillo el gobierno argentino, al no pagar las sentencias judiciales a más de 200 mil jubilados, incide fuertemente en las escasas inversiones que preocupan al sector económico.
Los inversores extranjeros no son maleables e incautos como nuestros jubilados, por el contrario, tienen la precaución de observar con detenimiento si en el país existe la necesaria seguridad jurídica que les permita entrar sin problemas en el mercado argentino, y tal seguridad no existe.