Frases destacadas del libro La Justicia acusada
Sobre lawfare:
“Una orden de detención se apila
sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver
quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a
cuanto populista ande suelto. Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y
Rafael Correa en Ecuador fueron algunas de las figuras más codiciadas de esta
cruzada mediático-judicial. Existe un sinfín de arbitrariedades con las que
cada día nos sorprende el Poder Judicial. Pero de lo que se trata es de
observar que la articulación que se esconde en cada una de ellas no es casual,
sino que responde justamente a esta nueva lógica política del Poder Judicial:
el lawfare.”
Consejo de la magistratura:
“Los jueces solo rinden cuentas ante
los miembros del Consejo de la Magistratura (donde sus pares son parte). Este
libro pretende desentrañar de qué manera se reciben y se tramitan las denuncias
contra magistrados y magistradas. A partir del estudio de más de mil
resoluciones, es fácil advertir que todo ese proceder muchas veces es ficticio
y que aquella rendición de cuentas es prácticamente inexistente”.
Prisión preventiva:
“Se ha justificado reiteradamente el
encarcelamiento preventivo de ex funcionarios públicos sobre la base de una
disparatada racionalización. Su exordio tuvo lugar en ocasión de la resolución
del incidente judicial por la prisión preventiva del ex ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y su autor fue el presidente de la Cámara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. En esa sentencia
se estableció que, para decidir sobre la libertad del imputado, debía
analizarse si existían elementos que permitieran inferir que no se
obstaculizaría la investigación, y que para ello ‘no corresponde limitar el
análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan
formalmente en el proceso penal, sino que resulta relevante determinar si los
lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún
vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación
penal’. Esa postura dio pie a las posteriores órdenes de detención de Luis
D’Elía, Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre
otros, por la causa Memorándum con Irán. En ocasión de resolver sobre la
excarcelación de Amado Boudou, a quien también se había aplicado esta
‘doctrina’, el camarista Eduardo Farah entendió que es ‘irrazonable’ la
consideración en abstracto de pretendidas ‘relaciones residuales’ o
‘influencias’ fundadas en los cargos públicos que desempeñó el ex vicepresidente,
para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento”.
Memorándum con Irán:
“En ningún momento del debate
realizado en el plenario de comisiones, ni durante las sesiones llevadas a cabo
en ambas Cámaras legislativas, se esgrimió como causa para oponerse que la
firma del mencionado memorándum pudiera implicar la comisión de un delito. Ni
los legisladores opositores, ni el juez de la causa, ni siquiera los
representantes de la DAIA o de la AMIA lo hicieron. El fiscal de la causa,
Alberto Nisman, nunca antes de su denuncia, efectuada dos años más tarde, en
enero de 2015, lo había mencionado”.
Decisiones políticas y delito:
“La idea de tornar delictiva una
definición meramente política es considerada en dos casos que han sido muy
expuestos en los últimos años: la decisión de suscribir un memorándum de
entendimiento con Irán y la medida de política económica de valerse de dólares
vendidos a futuro como mecanismo idóneo para controlar el valor de la divisa. A
esas decisiones políticas se les otorgó entidad de delitos como traición a la
patria, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos o fraude a la
administración pública. Esa acción persecutoria fue sostenida con ‘procesos
legales’ que solo respondían a la ‘creatividad’ perversa de los jueces
actuantes. Por eso la utilización abusiva e injusta de esa prisión (basada,
muchas veces, en la supuesta preexistencia de asociaciones ilícitas) se
convirtió en una eficaz herramienta para avanzar arbitrariamente contra
personas a las que se les restringía su derecho de defensa”.
Dólar futuro:
“La celebración de contratos de
compraventa de dólar futuro se inscribía dentro de un elenco de políticas
públicas en materia económica que, entre otros objetivos, buscaba contener el
precio del dólar y con ello evitar el incremento de la inflación, y el
consecuente aumento de los índices de pobreza e indigencia. Dentro del derecho
y la teoría constitucional, existe una gran discusión en torno a la legitimidad
que tiene el Poder Judicial para revisar las políticas públicas dictadas por
los otros dos poderes. Esta controversia gira sobre el siguiente interrogante:
¿por qué el Poder Judicial, que no es elegido democráticamente ni es
responsable ante el electorado y cuyos cargos son vitalicios, puede revisar y
eventualmente anular políticas públicas puestas en práctica por el Ejecutivo y
el Legislativo, cuyos cargos son periódicos, elegidos democráticamente y
responsables ante el electorado?”.
Arrepentidos:
“La voz ‘arrepentido’ —utilizada en
varias ocasiones por la ley que lo regula— es claramente inapropiada: al
personaje al que se le aplica le cuadra mucho mejor la calificación de ‘delator
coacto’. Sin embargo, en vez de llamar a las cosas por su nombre, se edulcora
con un artificio semántico benevolente (arrepentido), del mismo modo que, como
recordarán las generaciones mayores, se escribía en las actas policiales que el
imputado se “sinceraba” con la instrucción, cuando en realidad tal
sinceramiento era producto de algún tipo de vejamen. La coacción, como quedó dicho,
es un delito y una ley, como la del delator premiado, no puede —por un
imperativo constitucional— transformar en lícito lo que no puede serlo”.
Asociación ilícita:
“Los conflictos que no pueden
resolverse por sus cauces naturales se derivan al Poder Judicial, se
judicializa la política, y para ello el delito de asociación ilícita ha sido,
quizás, el mejor instrumento. En el camino, las instituciones se degradan y sus
actores se deslegitiman, cualquiera sea el papel o la función que cumplan. El
Poder Judicial pierde su rol eminente de pacificador social y se convierte en
herramienta de disputa y, ya se sabe, la distancia entre una herramienta y un
arma es solo el designio de quien las utiliza”.
Lesa humanidad:
“En el campo de los derechos humanos,
el macrismo provocó el resurgimiento de la llamada ‘teoría de los dos demonios’
y del negacionismo, a partir de la expresión de numerosos funcionarios y de
comunicadores identificados con el oficialismo”.
Aborto:
“El Poder Judicial no ha tenido
capacidad o disposición para pasar del reconocimiento de derechos de las
mujeres a no ser instrumentalizadas en virtud de nuestra capacidad reproductiva
al verdadero respeto de nuestra autonomía (no) reproductiva”.