miércoles, 27 de julio de 2016

GOBERNADORA VIDAL, DISCRIMINACIÓN, INCLUSIÓN, IGUALITARISMO




Debo volver inevitablemente a referirme a la famosa “inclusión” que incorporó el cristinismo a la vida pública del país, en su perverso relato que todavía parece tener vigencia.
En este caso me referiré exclusivamente a la obligación de imponer cupos para el ingreso a la administración pública que, en un afán de igualar a cualquier precio, se deja de lado la idoneidad, la capacidad y otros valores, que son desechados en perjuicio de la calidad y del derecho a competir que tiene el ciudadano con un verdadero sentido de igualdad ante la ley.
Sobre el proyecto que se debate en el parlamento para establecer un cupo del 50% de mujeres en la Suprema Corte de Justicia ya hemos dado nuestra opinión desfavorable ya que si bien se tiene el propósito de evitar la discriminación de la mujer, la metodología propuesta de imponer porcentajes obligatorios a la presencia de la misma en el Poder Judicial, es errónea toda vez que dicha obligación de carácter legal es en sí misma una manifiesta discriminación a la idoneidad y capacidad exigida para ocupar un cargo público. Para una mejor interpretación de nuestros argumentos, sugerimos leer el artículo “Suprema Corte – ¿Cupo femenino?” publicado en el blogspot “Habla la experiencia”. silviopedropizarro.blospot.com.ar
Se halla en vigencia una ley sancionada por el kirchnerismo en septiembre de 2015, la 14.783 que establece la obligación del sector Público de la Provincia de Buenos Aires de ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.
Como todas las leyes del anterior gobierno salían como ristras de chorizos, perdonando la expresión, sin debate alguno y con el abyecto procedimiento de la unánime alza de manos, las críticas y objeciones que mereció esta ley inaplicable nunca fueron tenidas en cuenta y pareció irse a un piadoso olvido. Pero he aquí que la gobernadora Vidal le aplica los métodos de resurrección típicamente populistas y dispone su aplicación mediante su reglamentación que se anuncia será tratada lo antes posible.
Deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.
Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses.
En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas
Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Cantón se reunió la semana pasada con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
Paradójicamente, se le ha tirado una piedra al gigante y éste se despertó.
Comenzaron las exigencias del denominado colectivo, y María Rachid de la Federación Argentina de Leebianas, Gays, Bisexsuales y Transexuales expresó que la ley debe ser operativa y que se termine de reglamentar lo antes posible. Y así llegaremos a marchas y piquetes de muy buen entrenamiento a que nos tiene acostumbrados el izquierdismo.
En los fundamentos de la ley se explica: "La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país”
Ya sólo el aspecto práctico de la aplicación de la ley resulta imposible de cumplimentar, pues ¿Cómo se controla que en la administración provincial hayan seis mil “trans”? No resiste al menor análisis.
Además, lo dispuesto por el artículo 2 de la mencionada ley exige a las empresas privadas concesionarias del gobierno y a las subsidiadas el estricto cumplimiento y control del porcentaje, de tal forma que la complejidad de su redacción es inentendible.
La fiel transcripción del mencionado artículo es una cabal demostración de lo que estamos expresando y a ella nos remitimos:
“ Art. 2do. El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligadas a ocupar personas trasvestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas  de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación.
Resérvense, además, las vacantes que se generen en los cargos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el régimen de la presente Ley, o que posteriormente se hayan incorporado a esta norma, para ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas travestis, transexuales y transgénero, de acuerdo a las condiciones de idoneidad previamente referidas. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración alguna en relación a su efectiva disponibilidad.
El porcentaje determinado en el primer párrafo será de aplicación sobre el personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación. Asimismo y a los fines del efectivo cumplimiento del mínimo establecido, todos los Entes enunciados en el párrafo precedente, deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí prescripto, precisando las vacantes existentes y las condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.”
Para evitar un doble sentido de interpretación a las críticas que formulamos, debe tenerse en cuenta que no atacamos ni criticamos el carácter de las personas involucradas en nuestro argumento, que sería el mismo si la ley dijera qom en vez de trans.
En el año 1988 se sancionó la Ley No 23.592 sobre Actos Discriminatorios que en su Artículo 1o reconoce como discriminación cualquier impedimento o restricción del pleno ejercicio “sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Con el solo cumplimiento de esta ley cualquier persona afectada a la imposibilidad de ingreso a un cargo público, tiene el derecho a la denuncia legal correspondiente, lo que demuestra la innecesaria promulgación de una ley de cupo.
Un ejemplo práctico es sumamente claro y explicativo. Si se publicara un concurso para ocupar 10 vacantes y se presentaran 20 personas, las 10 mejores clasificadas serían las elegidas, sin tener en consideración si hay mujeres, trans ,qoms mapuches o budistas. Si desobedeciendo la disposición legal mencionada se les negara el ingreso a cualquiera de ellas por su condición de género, raza o religión, sería de aplicación la mencionada ley sobre actos discriminatorios. Pero, si basándose en la ley del cupo los perdidosos del concurso alegarán que sus condiciones de trans, etc., deben prevalecer sobre los concursantes ganadores; ahí sí que existiría una discriminación. Es decir, la ley 14.783 es discriminatoria.
La ley 23.592 promulgada en el año 1988 es la única ley que prohíbe la discriminación, sin imponer cuotas sin ningún sentido de falsa protección social. La gobernadora Vidal es una de las figuras políticas, surgidas últimamente, que concitan la aprobación general de la ciudadanía por su eficaz actuación y su natural predisposición al diálogo. Por eso nos ha llamado la atención la medida que ha tomado en estos días, que aparenta tener un sesgo populista. Quizá seducida por un mal consejo.
En efecto, no es aceptable recurrir a una ecuación matemática que nada tiene que ver con la discriminación, para querer garantizar los derechos de minorías vulnerables. Son otros los parámetros que hay que considerar para logros de ese objetivo.
Dados los nuevos soplos igualitarios enquistados en la política por el relato, será muy difícil rever este populismo chavista, tan alejado del razonamiento lógico y del respeto a las opiniones diferentes. En el fondo del asunto debemos afirmar que la igualdad a la que apela fervientemente el populismo de los últimos años, en realidad no existe. Es así como se ha pretendido imponer demagógicamente este principio en la sociedad, que se enarbola bajo el término “inclusión”, utilizado por todos los partidos izquierdistas del nuevo cuño como una conquista social. La hemos escuchado hasta de la boca del Papa Francisco. La igualdad sólo existe en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos en un régimen democrático y republicano.
Ningún comentario periodístico se ha hecho cargo de interiorizarse de esta situación, ni de las dificultades que hemos observado para su aplicación, como de las inciertas consecuencias que puede acarrear una deficiente reglamentación de la ley.

Queda a consideración de nuestros pacientes lectores.




















lunes, 11 de julio de 2016

SIMULACIÓN DE UN VICE-GOBERNADOR


A medida que las aguas van bajando aparecen con el tiempo los actos de corrupción, de ilegitimidad, de total desapego a la Constitución y a la leyes, de un gobierno populista que se ha valido de la mentira, de la venganza, del robo a las arcas nacionales, para ejercer con total impunidad una ambición de poder concretada durante más de una década con abierta repugnancia a los valores de un ser humano.
La sociedad contempla asombrada el desfile de la ex presidente, sus ministros y testaferros ante los tribunales federales, imputados de gravísimos delitos en la función pública que van desde el enriquecimiento ilícito hasta malversación de fondos, fraudes totales en la infraestructura del país, descubrimiento de fastuosas propiedades y bolsas repletas de dólares y escudos, sociedades ilícitas mantenidas en contratos firmados por los mismos en abierta violación a los deberes de los funcionarios públicos, extorsiones, pactos con narcotraficantes, un verdadero monumento a la corrupción oficial jamás visto ni imaginado en los anales de la historia de un país sometido y devastado al límite de su capacidad. 
Como bien decimos, cotidianamente el pueblo observa estupefacto nuevas revelaciones que son propias de los libros o películas de ficción.
Es tal la magnitud de esta auténtica tragedia que el periodismo no ha reaccionado todavía en la dimensión que era de esperar, en especial los de mayor prestigio, escrito, oral o televisivo. Es como si se restara importancia a hechos trascendentales que se están operando al motor de un cambio fundamental en el giro político, moral, cultural e internacional. Lo tienen a la vista y no lo ven.
Hay miles de ejemplos que venimos comentando en nuestro espacio, que ponen en claro una cierta continuación del relato, por vicio o por costumbre, no apreciados debidamente en los medios y. en algunos organismos del Estado. Ha habido un cambio y no lo ven o se niegan a verlo.
El presente escrito lleva el propósito de un desafío al periodista. Comprueben la veracidad de una noticia leída hoy en YOUTUBE.COM  y demuestren su reacción.
En un video se muestra que durante la simbólica reunión en la casita de Tucumán, se firma el acta de la Independencia, símil a la firmada por nuestros próceres el 9 de julio de 1816, con la finalidad de concretar la adhesión de todas las provincias, incluyendo las nuevas surgidas posteriormente y las en ese tiempo ausentes.
En un gesto obsceno, el vice gobernador de Santa Cruz, Pablo González, reemplazante de la gobernadora ausente, Alicia Kirchner, se inclina sobre el acta, toma la lapicera, realiza una verónica con la misma, y simula firmar.
Aquí volvemos a apreciar otro más de los actos indignos, maliciosos, mentirosos y fraudulentos que se agrega a los que nos referíamos en párrafos anteriores.
Desde este modesto espacio, yo denuncio al canalla Pablo González como traidor a la patria, al gobierno, a sus electores, y a todo el pueblo argentino y exijo el sometimiento a juicio político.
Si bien el acto de la jura en la casita de Tucumán en el año 2016 constituyó un acto simbólico propiciado como homenaje al Bicentenario por el actual Gobierno Argentino, la simulación del canalla es un delito político y debe ser condenado.
El Código Penal puede ser considerado de aplicación, quizá simbólica, ya que exige un daño y aquí es moral. En su articulado dice:
“Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.”
Los motivos que habrá tenido este sujeto para cometer este acto simulado, de carácter repugnante, no es de nuestro interés, estarán en su conciencia, si es que la tiene, pero no cabe la menor duda que fue un mandato de la familia Kirchner por obra de Alicia, hermana de Néstor y cuñada de Cristina.
¡Cuántos hechos y actos de esta naturaleza, guiados por el fatídico relato, se seguirán repitiendo por un tiempo más, hasta la irremediable sepultura del populismo kirchnerista!

miércoles, 6 de julio de 2016

PERSISTE LA CUÑA EN ELGOBIERNO Y EN LA SOCIEDAD


Muy preocupante es la posición del gobierno en el área fundamental de los derechos humanos. Hemos venido observando desde los primeros días de diciembre del año pasado una actitud temerosa que evitaba definir claramente la política sobre este tema. El periodismo contribuyó a ello, a través de prestigiosos columnistas,  que con sus declaraciones buscaban no irritar a los seguidores de un relato que se hizo carne durante más de diez años.
El conformismo los llevó a justificar y apoyar actos y pronunciamientos sobre la Memoria y la Verdad, afirmaciones que fueron la columna del gobierno kirchnerista para premiar a los terroristas, muchos de ellos formando parte de su gobierno, premiaciones de importantes cantidades de dinero establecidas por ley y un simulacro de juicios, en manos de tribunales especiales, en abierta venganza contra los militares triunfantes en la guerra declarada por el comunismo militante. Todo era en nombre de los derechos humanos.
La visita de gobernantes extranjeros de importantes países occidentales, como los EE. UU,.Francia, Italia y otros, fue aprovechada para volver a rescatar la memoria de los 30.00 
desaparecidos, con homenaje de ofrendas florales arrojadas al río por las manos de los ilustres visitantes, en circunstacias de que la verdadera motivación de estos encuentros era el restablecimiento de las relaciones con el mundo civilizado, rotas por obra del fanatismo populista del kirchnerismo.
Los medios se hicieron eco de estos obligados y desafortunados homenajes, sin formular ninguna crítica. Tampoco dieron a publicidad un hecho insólito, pese a que desde este blog los pusimos sobreaviso , incluso con cartas a los principales periódicos. Se trató de un homenaje a las víctimas de la dictadura realizado por nuestra Embajada en París justo el dia 2 de abril que nuestro país dedicó a la memoria del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En dicho acto no hubo mención recordatoria de los soldados muertos por su patria en los campos de batalla.
Hoy miércoles 6 en el noticiario TN, el periodista Nelson Castro anunció la renuncia del ministro de Cultura Darío Lopérfido. Manifestó que era una renuncia esperada pues el ministro se había atrevido a poner en duda la cantidad 30.000 desaparecidos provocando una seria polémica. Advirtió que el tono empleado en su declaración fue desagradable y que había herido la susceptibilidad de mucha gente. Olvidó recordar que el primero y único funcionario que desató la polémica fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, de reconocida tendencia a favor delos terroristas de los 70. Que, no hallando argumento veraz para contradecirlo, reconoció que la cifra oficial era de 7800, pero que había que mantener la de los 30.000 desaparecidos como una cifra simbólica, solicitando formalmente su renuncia por la diferencia numérica cuestionada.
Por medio de estas columnas le solicité al secretario Avruj su renuncia, el día 12 de marzo del corriente año, e insisto en solicitarla nuevamente.  El siguiente 20 de mayo se publicó en este blogdpot que “todos continuamos pagando los premios que como pensiones otorgó la ex presidente a los terroristas que asesinaron, torturaron y secuestraron a miles de inocentes niños, ancianos y mujeres. ¡En este mismo gobierno hay legisladores que las cobran!. El título del mencionado artículo es “Peligrosa cuña en el gabinete nacional”
La cuña se agiganta, el funcionario adherido al relato se consolida en su cargo, los periodistas navegan a dos aguas y se inclinan por la que más les conviene.
Ni la inmensa corrupción del anterior gobierno ya en la sede de los tribunales; ministros, secretarios de estado, la misma ex presidente y sus familiares, narcotraficantes, testaferros, le dan fortaleza al gobierno para ejecutar el tiro de gracia al relato y a la revisión histórica, terminando con el curro de los derechos humanos.
El pueblo, la sociedad toda, está esperando una decisión  prometida durante la campaña política.


lunes, 4 de julio de 2016

LA MOLESTIA DE LOS JUICIOS PREVISIONALES



Acabo de leer un artículo de un valor jurídico y social muy valorable. Ei autora, la distinguida abogada Elsa Rodriguez Romero. Lo considero muy importante y perfectamente delineado en su inteligente desarrollo. Es por eso que lo transcribo más abajo con una fuerte recomendación de lectura, a todos los jubilados y sus abogados, como a los organismos de previsión del nuevo gobierno.
En uno de sus excelentes párrafos leemos:
“Es claro que, tal como surge del Programa de Reparación Histórica, a los jubilados y pensionados anteriores se les recalculará su haber aplicando este nuevo índice, pero –y esto es lo importante– estos beneficiarios solo podrán cobrar el nuevo haber previa renuncia a iniciar acciones judiciales.” Concluye diciendo: “Esta condición no parece tener sustento de ninguna índole.”.
Yo me atrevo a manifestarle: Sí, doctora Rodiguez Romero, tiene sustento y es el siguiente: Al gobierno le molesta lidiar con los juicios por actualización de haberes de los jubilados, como los califica, vulnerables.olvidando con prontitud las penurias y molestias que vienen sufriendo desde hace muchos años, por las ilícitas apelaciones, obstaculizaciones, agravios y negativas inconstitucionales a pagarles sus sentencias, por el organismo más corrupto y tenebroso de la administración pública, ANSES

                                     Jubilaciones: lo justo y sin condiciones

El Decreto 807/16 establece un nuevo índice para la actualización de las remuneraciones que intervienen en el cálculo de las prestaciones de la Ley 24.241.
El Poder Ejecutivo funda esta decisión en la necesidad de “efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable”, entendiendo que la aplicación del nuevo índice “va a permitir una justa y adecuada actualización de las remuneraciones a considerar”.
Tres palabras positivas son importantes en este decreto, en cuanto a la nueva mecánica de actualización de remuneraciones: “justa”, “razonable” y “adecuada”.
El tener en mira estos trascendentes valores no se corresponde con la decisión de aplicar esta “justa, razonable y adecuada” mecánica solo a las “futuras prestaciones”.
Surge del decreto del Ejecutivo que estos índices se aplicarán en forma automática para el cálculo de los beneficios que comiencen a cobrarse en agosto próximo.
Es claro que, tal como surge del Programa de Reparación Histórica, a los jubilados y pensionados anteriores se les recalculará su haber aplicando este nuevo índice, pero –y esto es lo importante– estos beneficiarios solo podrán cobrar el nuevo haber previa renuncia a iniciar acciones judiciales.
Esta condición no parece tener sustento de ninguna índole.
Si el nuevo índice ha sido creado por las autoridades para que las jubilaciones y pensiones sean justas, razonables y adecuadas (lo cual es loable y debe celebrarse, no solo por la intención, sino por decisión de llevarla a cabo), su aplicación debe ser general, sin condicionamiento alguno, caso contrario, el Estado estaría admitiendo, en forma expresa, que a quien no se le aplique se le está entregando una prestación que no es ni justa, ni razonable, ni adecuada.
En síntesis, si el Estado considera que corresponde modificar los haberes de jubilación y pensión y que cuenta con los fondos para hacerlo, debe hacerlo, sin subordinar esta decisión a una renuncia de acceso a la Justicia.
Para decirlo con absoluta claridad: atender a la situación de los jubilados y pensionados, por considerarlos uno de los sectores más vulnerables de la población, tal como en forma expresa –y muy correcta– surge de los Considerandos del Decreto 807/2016, no puede incluir, precisamente por su situación de vulnerabilidad, la exigencia de renuncia a la eventual defensa de sus derechos ante la Justicia.


Elsa Rodríguez Romero es abogada, docente universitaria de posgrado y Directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal