lunes, 16 de abril de 2018

JUBILADOS ¡ATENCIÓN!

Hay una situación muy grave que el jubilado debe saber y es quizá el capítulo más silencioso de la maldita herencia recibida del kirchnerismo. Se trata de la tremenda deuda pública que el Estado enfrenta ante más de dos millones de juicios en tribunales federales por una cantidad prevista de más de 37 mil millones de dólares, cifras monitoreadas por el organismo SIJEI. 
Lo curioso es que en esta cifra se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de Anses y Afip. que van por separado en dos grandes núcleos.
Es probable que la separación se deba a que los juicios contemplados en la fuerte suma tienen un gran porcentaje de juicios"contingentes", es decir que no se puede predecir el resultado de los mismos y hay una estimación, mientras que los que corresponden a Anses, se deben dar por perdidos por las circunstancias ya conocidas. Se obliga al litigio para la pérdida de tiempo que demore o directamente elimine el pago. Tan es así que en el cálculo del presupuesto nacional ya se prevé una suma considerable que, en realidad resulta figurativa porque el Estado no paga los juicios. 
La preocupación del gobierno por este enorme déficit fiscal es el motor que lo lleva a resolverlo, en gan parte, con los fondos de la caja de jubilaciones.
"Se produjo el hecho insólito, que tanto Anses como la Corte Suprema se unieron para reducir el monto de las jubilaciones con la finalidad  de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo como lo prueba la adhesión del director Basavilbaso a la ley de la Reforma Previsional y el silencio del alto tribunal.
Ahora ante las conversaciones que trascendieron del ministro de Justicia con la Corte Suprema, traemos a colación un editorial del diario La Nación de agosto de 2013 que se refiere al saqueo a los jubilados  por parte del kirchnerismo, que hoy es válido para el gobierno de Cambiemos. El editorial dice con respecto al trato dado a los jubilados:
"Más allá de las calificaciones penales que puedan caber, es una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos".
Esas conversaciones tienen relación con la conocida intencionalidad del Ejecutivo para que se adopte el índice de la reparación histórica (RIPTE) que se estableciera en la ley de mismo nombre, en reemplazo de la actual (ISBIC) lo cual como sabemos disminuye notoriamente los haberes y las retroactividades. Los jueces y las Salas de Previsión se han resistido a estas intenciones que Anses viene exigiendo por medio de apelaciones realizadas al por mayor, pero alguna de ellas han llegado como recursos extraordinarios de la Institución y las tiene en consideración la Corte Suprema. De ahí la presión del Ejecutivo sobre el poder Judicial.
El asunto adquiere una gran importancia, pues la modificación en la fórmula de cálculo jubilatorio redundaría en una millonaria suma a recaudar por el gobierno, en perjuicio de los haberes de la clase pasiva que causaría un mayor deterioro en las ya gastadas economías de mas de seis millones de jubilados. lo cual ya fue denunciado en nuestra columna del 9 de octubre de 2017, bajo el título "La Corte y Anses - Estafa"
Esto es así señores, por cuanto hay más de 200.000 juicios con sentencias en firme y que el gobierno se deshonra al no pagar . Consciente de esta gravísima situación que alguna vez tendrá que afrontar, busca ahora la aplicación de una acordada de la Corte Suprema para rebajar escandalosamente su deuda, pero por ese medio comete un delito sin precedentes, desde el momento que aplicaría en forma arbitraria e inconstitucional la retroactividad en el modo de calcular los montos adeudados con una fórmula posterior a la que viene rigiendo en esos juicios desde hace varios años. 
Todo conduce a no pagar las sentencias judiciales, que convierte al gobierno en "deudor moroso" y en reducir arbitrariamente los haberes jubilatorios y las retroactividades, lo que convierte al gobierno en "ladrón"
Lo que estamos señalando es muy grave y  nos preocupa el silencio de tratadistas, periodistas. legisladores y de miembros del poder judicial que no pueden ser cómplices de tamaño delito de lesa humanidad, esta vez lo es.