jueves, 13 de diciembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES - 39a. Parte -


Junio de 2018

Tercer frente
A pesar de las situaciones mencionadas, el frente de tormenta más importante que tiene la ANSES es la enorme cantidad de juicios por reajuste de haberes que existen en los tribunales de la Seguridad Social.
Hay aproximadamente 150.000 casos que esperan resolución o que ya la tienen, pero los montos surgidos en los distintos reclamos aun no fueron cancelados por el organismo previsional.
Si bien la ANSES, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, se había comprometido a no apelar las sentencias en contra para evitar dilaciones y perjuicios a los reclamantes (muchos de ellos de edad avanzada o que sufren un estado de salud vulnerable), esto no se terminó plasmando en la realidad.
Se estima que la cantidad de recursos de queja para que la Corte Suprema se expida supera los 1.000 casos por semana.
El más emblemático es el caso “Elliff”, dictado en agosto de 2009, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.
En tanto, la Corte Suprema espera analizar el caso “Di Mario Carmelo c/ ANSES”, en el que el organismo previsional pide que reemplace el Isbic por el Ripte para actualizar el haber inicial, porque un fallo de segunda instancia se negó a modificar los índices por los de la Reparación Histórica.
El organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.
Pero las salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE y ordenan reemplazarlo por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular.
La diferencia entre ambos porcentajes es muy importante ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC fue del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%.
Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

INCONSTITUCIONAL - TOTAL COINCIDENCIA -

Días antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera la validez constitucional de la ley 27.362, que eliminó el beneficio del 2x1 para los condenados por la represión en la década del setenta, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires lanzó un fuerte llamado "a la sensatez republicana" para que el fallo del máximo tribunal no vulnere las garantías consagradas en el Código Penal y en la Constitución Nacional.­
Esta advertencia, como se sabe, no tuvo efecto y la Asociación en un comunicado con respecto al fallo nos dice que este grave hecho ya fue calificado por prestigiosos juristas e incluso por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, todos coincidentes en que estos cuatro votos no sólo se han pasado por lo bajo las leyes, el Código Penal y hasta la misma Constitución Nacional, sino también los principios más básicos y universales del orden jurídico, puesto que sobre ellos se asientan las leyes fundamentales del mundo civilizado. 
La Academia Nacional de Derecho reiteró en su comunicado, fechado el pasado martes, que "el criterio hermenéutico aplicado el 3 de mayo de 2017 por la mayoría de los jueces de la Corte Suprema en la causa `Muiña' se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho".­
La declaración, que lleva la firma del presidente de la Academia, el doctor Jorge Vanossi, llama la atención sobre el hecho de que el principio de benignidad incluso "rige en el ámbito de aplicación del Estatuto de Roma (artículo 24.2) que regula la actividad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional con competencia para juzgar los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, sin distinguir el carácter o la gravedad del delito".­
El comunicado de la Academia contiene una fuerte advertencia sobre las consecuencias de convalidar el criterio emanado del Congreso. En efecto, sostiene que "la ley 27.362, sancionada en un clima de precipitación, improvisación y agravios a la independencia del Poder Judicial de la Nación, no tiene carácter aclaratorio de la ley 24.390 y del artículo 2 del Código Penal", sino que "constituye un nuevo ordenamiento que bajo ningún concepto podría aplicarse de modo retroactivo sin vulnerar el artículo 18 de la Constitución Nacional".­
El peligro en que nos encontramos los argentinos es manifiesto, dice la Asociación. Y en cuanto a la independencia y la falta de autoridad, perdidas por los jueces desde el golpe institucional con el que Kirchner se deshizo de la Corte establecida, fueron entregadas ahora a una plaza poblada de energúmenos vociferantes.
Por ende, desde el momento que ya no hay derecho en la Argentina, ¿para qué un análisis desde esa perspectiva?
Este fallo mayoritario de la Corte ha venido a confirmar que los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, que Lorenzetti encuadró como ‘política de estado’, han sido y son una farsa, la máscara ajada y repelente con que jueces emblemáticos de la prevaricación cubrieron una acción político-ideológica de persecución y venganza.
El Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema, es el único que votó en disidencia, sosteniendo los principios inconmovibles del recto orden jurídico y manteniéndose impertérrito frente al griterío y los bombos de la turba y los politicastros que viven de ella.

ver:   https://silviopedropizarro.blogspot.com/2018/12/constitucion-ultrajada.html

martes, 11 de diciembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES - 38a. Parte -

Junio de 2018
Primer frente
Hace unos días, la sala I de la Cámara de Seguridad Social, integrada por la camarista Victoria Pérez Tognola y la titular del juzgado 10 del fuero que actuó como subrogante Adriana Lucas, ordenó en el caso “Guarco, Oscar” -a través de una medida cautelar-, que el monto recibido por el programa de Reparación Histórica sea tomado a cuenta del mayor valor.
En los fundamentos, indican que el pago por Reparación Histórica significa que la ANSES reconoce una deuda que “se origina en idéntica causa que la que motivó que el jubilado promoviera el juicio de reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor”.
Y que ese pago se hizo “unilateralmente” sin que el jubilado diera su consentimiento a la propuesta del organismo.
En los hechos, si el caso es confirmado por la Corte Suprema, el mencionado reajuste se convertiría en un pago a cuenta y habilitaría a cientos de miles de jubilados que se acogieron a ese plan a reclamar las diferencias.
En enero, la Cámara Federal de La Plata admitió una medida similar en el caso “Bertrán, María Cristina”.
La resolución de este caso es determinante para más de un millón de personas que se adhirieron al plan de “Reparación Histórica”, que verían abierta las puertas para un eventual reclamo judicial, ya que tomarían los montos obtenidos como “pagos a cuenta”.
Segundo frente
La sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa “Fernández Pastor, Miguel c/ ANSES”, declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que se calculó en el 14,5%.
A fines del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.426, que cambió la fórmula jubilatoria, la cual pasó a estar conformada en base a un índice que toma el 70% de inflación y 30% de la evolución de los salarios.
El cuestionamiento sobre la retroactividad se originó porque para el primer aumento de la nueva ley se tomó en cuenta solo el cuarto trimestre de 2017.
En cambio, la norma anterior tomaba todo el segundo semestre. Así las cosas, lo que al no considerarse para los cálculos del ajuste los índices de esos tres meses, el aumento terminó siendo menor y perjudicando a los jubilados.
Puesto en cifras, con el primer aumento trimestral dispuesto por la nueva ley, el haber mínimo en marzo de 2018 pasó a ser de 7.660 pesos.
En cambio, si se hubiera aplicado la vieja fórmula, como reclamó Fernández Pastor, la mínima en marzo hubiese alcanzado los $8.303.
Esto significa que, durante el segundo trimestre de este año, los jubilados cobraron, en el acumulado de los tres meses, casi $2.000 pesos menos que con el cálculo anterior.
En caso de confirmarse la inconstitucionalidad, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales podrán reclamar la diferencia de haberes.
El organismo previsional ya apeló ante el máximo tribunal. Pero si la Corte valida el fallo “Fernández Pastor”, esto implica que la ANSES deberá desembolsar ese 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.
Cabe destacar que el cambio de fórmula que pasó a incluir al IPC y a la RIPTE suponía para el Gobierno un ahorro inicial para el fisco de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones privadas, podría evaporarse buena parte de dicho ahorro proyectado si la Corte Suprema finalmente ordena reponer el trimestre “borrado”.
Un detalle que hizo respirar un poco más aliviado al macrismo es que los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad. Sólo que la misma debe aplicarse hacia el futuro y no afectar derechos ya adquiridos.

lunes, 10 de diciembre de 2018

EL 18 DE DICIEMBRE FALLO DE LA CORTE

El 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia anunció que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre el caso llevado a su consideración con respecto al índice que debe aplicarse para el reajuste de los haberes jubilatorios, de lo que nos ocupamos el pasado 3 de noviembre
Nos preguntábamos con razonable curiosidad ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no decide el caso de los juicios de jubilados que Anses apeló para lograr un nuevo índice de cálculo que significa un recorte del 50%?
El conflicto data de más de un año cuando Anses presentó innumerables recursos, apelaciones y cuanto obstáculo tuvo en mano para que los jueces se avinieran a no recalcular los haberes como lo vienen haciendo usando el índice Isbic, sino el Ripte que el organismo utiliza en perjuicio de los jubilados desde la promulgación de la Ley de Reparación Histórica.
Ya se ha analizado en artículos anteriores la enorme importancia que adquiere un fallo del máximo tribunal que, si da la razón a Anses, iría en contra de sus principios, pues en el caso Elliff la Corte sostuvo que el objetivo de un índice de actualización es mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, y definió que no parece justo y equitativo sustituir el índice dispuesto por la Justicia por otro que representa una mera secuela de la renuncia de derechos litigiosos. ¿Fallarán en contra de sus propios principios tan bien definidos?
Cada vez se hace más evidente que se trata de imponer en el ámbito de la Justicia Previsional que los fallos judiciales no se ajusten a derecho, sino a las conveniencias de orden económico fijadas por las pautas del Gobierno de la Nación.
Esa es la verdadera pulseada entre los Poderes Ejecutivo y Judicial y que en realidad no se aviene con la amenaza de Anses de que un fallo desfavorable implicaría la quiebra del sistema previsional, dado que en todos los presupuestos de la Nación hay partidas  de importancia previstas para el pago de los juicios desfavorables. 
No sabemos que han hecho los gobiernos con esas enormes reservas, puesto que no han pagado desde hace más 20 años las sentencias favorables a los jubilados litigantes. 
Surge ahora un terrible interrogante ante el fallo reciente del Tribunal Supremo con un reconocimiento explícito de la prevalencia de una ley aclaratoria, sobre los principios de la Constitución Nacional.
¿Adoptará nuevamente en una torcida sentencia la política de Estado a favor de Anses para llenar las raquíticas  arcas fiscales?
Se levanta a la faz de la tierra un nueva y desconcertante Corte Suprema, olvidada de los principios constitucionales que juró acatar, con renovados bríos progresistas que la llevan a publicitar con fechas ya fijadas el anunciado pronunciamiento de sus fallos. Nos recuerda a las liquidaciones de los viejos almacenes con letreros "for sale". También anunció para el día 12 la definición de la vigencia de la ley de lemas.
Entrando de lleno en el asunto que nos ocupa
podemos afirmar que si el más Alto Tribunal resuelve, ante el acoso del Gobierno, aceptar
el pedido de Anses, se envía al patíbulo, sin miramientos, a millones de jubilados como carne de cañón.
Faltan sólo ocho días para una definición de vida o muerte para un núcleo de personas pertenecientes a una lamentable condición humana, los jubilados de mi país. 















viernes, 7 de diciembre de 2018

EL FALLO DE LA CORTE - 4º ARTÍCULO

Volviendo sobre el sorprendente fallo de la Corte, al cual nos hemos referido en anteriores artículos aquí citados:
compartimos ahora un mail recibido de la Dra. Silvia Marcotullio, ex jueza de la Cámara del Crimen de Río Cuarto, Córdoba y autora de "Juicios de Lesa Humanidad" y un valioso comentario de Claudio Kussman, preso político. Director General de la publicación Prisionero en Argentina
El mail recibido de la ex magistrada convalida nuestra opinión y se agrega con la autorización que le hemos solicitado en consideración que una carta personal. Dice:
Estimado amigo:
Lo felicito no solo por la justeza de su texto sino por el temple de poder escribir en "caliente" con tanta propiedad y ecuanimidad.
Al enjundioso voto de Rosenkranz nada hay que agregar, aparte de lo evidente del atropello de la mayoría (aquí no se puede hablar de diferencias doctrinarias en asuntos discutibles) a los principios constitucionales y doctrinarios. Estoy esperando que algún fiscal le inicie una causa por prevaricato a los cuatro vocales autores de este zafarrancho..........
Esto no ha sido por presión del gobierno, más bien es una demostración de que el verdadero poder en la Argentina circula por otros andariveles.......al que -lo ha demostrado sobradamente- el propio gobierno también le teme.
Saludos cordiales. Silvia
En cuanto al artículo escrito por este luchador de los derechos humanos, Kussman en defensa de su justa causa y las de sus compañeros de cautiverio, es un digno alegato contra la discriminación contenida en una ley promulgada a la ligera por razones políticas y que el fallo de la Corte convalida con un fallo inconstitucional. Transcribimos su 2da. parte:
"Hay quienes perciben la convivencia de los muertos entre los vivos, sin saber de su condición de fallecidos. Esto pareciera ocurrir una y otra vez en este mundo paralelo en el cual fuimos encerrados, todos aquellos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Así, con la idea de una pronta libertad, van transcurriendo los años, al tiempo que cada preso se aferra a una solución judicial irreal o una mágica proveniente de terceros.
Pareciera no percibirse la realidad que nos rodea y en la que a pesar de respirar, cumplir con todas las funciones biológicas y relacionarnos con nuestros seres queridos (pocos), objetivamente estamos muertos.
A través de los 4 años que llevo en este mundo paralelo se esperaron soluciones mágicas que vendrían de: el Papa Francisco, el poderoso General César Milani, el presidente MauricioMacri, cuando asumiera, la Diputada Elisa Carrió con sus promesas incumplidas, nuevamente Mauricio Macri luego de las elecciones de medio tiempo.
Finalmente la Corte Supema, a través del mentado 2 X 1 que haría que una gran mayoría diera por terminado el cumplimiento de su condena, pero esta una vez más mostró la verdad de su “política de estado”. Insólitamente, el honorable tribunal se desdijo de su veredicto del mes de mayo pasado y “descubrió” que nosotros no somos merecedores de tal derecho, porque no todos somos iguales ante la ley, como alguien redactó por allí. En consecuencia, ese fallo, está destinado nada más que para asesinos, violadores y otras yerbas, que pertenecen al mundo de los vivos del cual estamos excluidos."
Las aberraciones jurídicas siguen a la orden del día, mientras nosotros, LOS MUERTOS QUE IGNORAMOS ESTARLO, individualmente esperamos resultados positivos a todos los escritos y reclamos que nuestros abogados persistentemente siguen presentando sin éxito. Esto también parecemos ignorarlo, mientras inexorablemente transcurren los años. ¿Ahora, cuál será la próxima fantasiosa expectativa que nos aguarda, surgida de nuestro febril imaginario?
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal

jueves, 6 de diciembre de 2018

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DEFENDIDA

Es éste el tercer artículo que publico en mi blogspot "Habla la Experiencia", porque las opiniones recogidas de autoridades de la ciencia jurídica y de prestugiosos jueces ya retirados, están provocando un grave presagio de desgobierno, sorpresivamente causado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo incorrecto que contraría manifiestamente los principios de la Constitución Nacional.
El hecho de que un acto tan delicado sea realizado por el más Alto Tribunal del país, ocasiona una conmoción en las instituciones democráticas que avisoran un sorprendente derrumbe de los pilares que aseguran la defensa de la sociedad, la Justicia.
Es importante conocer la opinión del doctor Osvaldo Pérez Sammartino, profesor de Derecho Constitucional de las universidades UBA y San Andrés que agrego a las declaraciones del Colegio de Abogados Católicos publicadas en este espacio el día de ayer,
Opinión del Profesor
¿Puede beneficiarse un condenado por un delito de lesa humanidad del cómputo del «2 x 1» de la prisión preventiva? A principios de 2017, en el caso «Bignone», la Corte Suprema, por mayoría (Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, con las disidencias de Lorenzetti y Maqueda), determinó que sí, porque la ley que fijaba ese modo especial de cómputo no formulaba distinciones. Un antiguo adagio jurídico que cualquier estudiante de Derecho conoce -y que suele citarse en latín, como corresponde al gremio- indica que donde la ley no distingue tampoco debe distinguir el intérprete.
El fallo fue correcto, pero despertó en variados sectores de la sociedad una reacción de repudio. Se sostenía que la Corte favorecía a los «represores» por la aplicación de tecnicismos legales. La fría letra de la ley, pudo haberse dicho, se colocaba por encima del sentimiento de justicia de la enorme mayoría de los argentinos.
Hubo masivas movilizaciones. El Congreso de la Nación se sintió impelido a buscar una «solución política». En pocas horas sancionó una ley, la 27.362, que se califica a sí misma como «interpretación auténtica»del artículo 7° de la ley 24.390 (la que dispuso el «2 x 1») y que establece que ese beneficio no es aplicable a «las conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional». La ley fue votada casi por unanimidad de los presentes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En aquella sesión, solo manifestó su rechazo el diputado salteño Alfredo Olmedo.
En un nuevo fallo sobre la cuestión, «Batalla, Rufino», dictado el 4 de diciembre de 2018, la mayoría de la Corte se modifica. Lorenzetti y Maqueda mantienen su postura anterior, mientas que Rosatti y Highton de Nolasco consideran que la nueva ley, a la que estiman constitucional, varía la situación anterior, por lo que el cómputo favorable de la prisión preventiva ya no se le puede aplicar a un condenado por delitos de lesa humanidad.
En su muy bien fundada disidencia, Carlos Rosenkrantz plantea que la aceptación social que pueda tener una norma no debe influir en la decisión de los jueces, que deben atenerse al «consenso inter-temporal más profundo documentado en nuestra Constitución Nacional». El tema a resolver, en consecuencia, es si la ley 27.362 (la que «interpretó» una anterior que disponía el «2 x 1» violentaba un principio constitucional básico como el de la irretroactividad de la ley penal más gravosa. Recordemos que este principio, universal en los países en los que rige el Estado de Derecho, determina que la ley penal se aplica a casos futuros, salvo que beneficie al imputado (retroactividad de la ley penal más benigna).
Como lo demuestra Rosenkrantz, la ley del 2 x 1 era clara y no necesitaba ser interpretada. Varios legisladores que intervinieron en el debate de la ley «interpretativa» así lo reconocieron. El diputado Pablo Tonelli, por ejemplo, expresó que la ley 24.390 «nos parece francamente inconveniente» y que por lo tanto debía sancionarse una ley que la interpretara auténticamente: «Nadie más autorizado que el legislador que aprueba la ley, al cabo de un tiempo y a la luz de los resultados que ha producido». Es decir, no era necesario interpretar, sino modificar la ley, aprovechando la experiencia de su aplicación. El diputado José Luis Gioja, por su parte, señaló que, ante la situación planteada, «hoy hemos encontrado una solución desde la política».
Los jueces de la mayoría dedican largos párrafos a sostener que el Congreso puede sancionar leyes interpretativas, lo que nadie discute. El punto a resolver era si la ley sancionada era verdaderamenteintepretativa o innovativa, y si aun en el primer caso podía aplicarse retroactivamente. No hay dudas de que se trata de una ley que modifica a otra cuya redacción es clara, introduciendo una excepción antes no contemplada, por lo que no es interpretativa. Pero, si lo fuera, por tratarse de una ley penal, tampoco se podría aplicar retroactivamente.
No es un caso complejo desde el punto de vista jurídico. Si en lugar de un delito de lesa humanidad fuera un delito común gravísimo, el fallo habría sido unánime en el sentido de que una ley penal no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio del imputado. Pero el sello «lesa humanidad» y la reacción social fueron una presión demasiado fuerte para los jueces de la mayoría. Olvidaron que lo único que impone el derecho internacional de los derechos humanos es que los delitos de lesa humanidad sean efectivamente juzgados, no que los imputados en esas causas tengan menores garantías que el resto de los ciudadanos. No se pueden defender los derechos humanos violando los derechos humanos.
La mayoría optó por quedar bien con la plaza; Rosenkrantz cumplió su deber de custodiar la Constitución.

VALIOSA DECLARACIÓN


Es importante destacar que una declaración de un Colegio de Abogados coincida con nuestra opinión vertida en la columna “Habla la Experiencia" del 4 de diciembre.    https://silviopedropizarro.blogspot.com/…/constitucion-ultr…
Como nos sucede frecuentemente, en estos espacios de las redes sociales nos informamos de importantes comunicados de personas y asociaciones de gran prestigio, conocimiento e idoneidad, que el periodismo ignora. 
Los fundamentos jurídicos de profesionales en derecho, abogados, dan al traste con los motivos políticos que jamás deben tenerse en cuenta en los estrados judiciales y que la Corte Suprema los ha tomado en su nefasto dictamen.
Una lección de derecho penal a la Corte Suprema de Justicia.
Copiamos a renglón seguido la mencionada declaración.
DECLARACION DE LA CORPORACION DE ABOGADOS CATOLICOS SOBRE EL FALLO DOS POR UNO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018
En un fallo conocido ayer nuestra Corte Suprema ha manipulado el lenguaje de una manera pueril, sin base lógica ni científica, pretendiendo que la ley 27.632 es una "interpretación" o "aclaración" de la ley 24.390, para de esa manera negarle al Sr Rufino Batalla el beneficio de la ley más benigna.
La realidad evidente para cualquier observador imparcial es que la ley 27.632 modifica la ley 24.390 y por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente ni puede ser utilizada para desconocer garantías constitucionales a nadie.
La Corporación de Abogados Católicos condena este atropello y solicita a los Ministros de la Corte que retornen al camino de la legalidad jurídica. No deben olvidar que la Justicia en definitiva emana de Dios Nuestro Señor -como enseña la Constitución- y no de elucubraciones fantasiosas inspiradas en el odio y el resentimiento, puestas por encima de las leyes vigentes. Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2018
Dr. Cosme María Beccar Varela Presidente

SILVIOPEDROPIZARRO.BLOGSPOT.COM
La Corte Suprema de Justicia reconoció las facultades del Poder…

martes, 4 de diciembre de 2018

CONSTITUCIÓN ULTRAJADA

La Corte Suprema de Justicia reconoció las facultades del Poder Legislativo para sancionar la ley 27.362 que limitó la aplicación de la norma del 2x1 en casos de delitos de lesa humanidad, pero además respaldó la interpretación que hicieron los legisladores al excluir del beneficio a los represores. La votación por mayoría 4 a 1 -
Para los magistrados, con el dictado de la ley no se incurre en ninguna discriminación contra "los militares" porque la ley aclaratoria "está dirigida al circunscripto núcleo de quienes cometieron los delitos más aberrantes que registre el comportamiento humano"
Es realmente inconcebible que sostengan la facultad del Poder Legislativo para sancionar una ley contraria a los dictados de la Constitución Nacional que es, en definitiva, la que el Tribunal tiene la obligación de defender en todas las instancias posibles, Afirman que no hubo discriminación contra los militares cuando precisamente a ellos priva del derecho del 2x1 que rige para todos los procesados. Definitivamente, una ley "aclaratoria" del Legislativo puede derogar las leyes de la Constitución. Una clara distorsión del derecho aprobada por la Corte. 
Además, los delitos en el Código Penal están rigurosamente tipificados, y no cabe de ningún modo la adjetivación de "los más aberrantes que registre el comportamiento humano" que los cuatro miembros del tribunal se afanan en señalar con un improntus político ajeno a la justicia.
En disidencia, el presidente de la Corte Carlos Rosenkratz aseguró que resulta aplicable "a casos como el presente por tratarse de una ley penal intermedia más benigna". "La cuestión concerniente a si el cómputo de la detención y de la pena que debe cumplir una persona condenada por la comisión de delitos de lesa humanidad debe realizarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 7°de la ley 24.390". 
También negó la constitucionalidad de la ley interpretativa que aprobó el Congreso para limitar su aplicación en los casos de genocidas. "El hecho de que la ley 27.362 haya sido la consecuencia de un gran consenso, y de que dicho consenso haya sido expresivo de una reacción ciudadana motivada por el ideal descripto, no implica, sin embargo, que sea constitucionalmente válida." 
Y agrega: "La validez constitucional de una ley no viene dada por el grado de su aceptación social ni por el intento de plasmar ciertos ideales —por loables que sean—, sino por su consistencia con el consenso inter-temporal más profundo documentado en nuestra Constitución Nacional. El texto constitucional es el que establece los límites de toda regulación legal y, entre ellos, los límites dentro de los cuales deben llevarse adelante todos los objetivos comunes que nos hemos propuesto como comunidad política y, entre ellos, el de atribuir responsabilidad por crímenes de lesa humanidad". 
La poca o nula experiencia en los tribunales que se le alegaba al miembro ahora disidente, resultó un error de apreciación, por cuanto en su fallo demostró mas conocimiento de los procesos penales, que los otros miembros. Basta su lectura para entender de inmediato la solidez de sus argumentos contrarios a sus colegas y que coinciden con nuestras anteriores disidencias. Muy acertada su frase, "La validez constitucional de una ley no viene dada por el grado de su aceptación social ni por el intento de plasmar ciertos ideales —por loables que sean—, sino por su consistencia con el consenso inter-temporal más profundo documentado en nuestra Constitución Nacional. ¡Excelente!
Entrando de lleno en esta nefasta sentencia, última decisión inapelable de nuestro Superior Tribunal, podemos decir sin ambages que además de ser inconstitucional, es alevosamente política, merecedora de un Juicio Público a los jueces prevaricadores.
La "Política de Estado" aplicada en los estrados de la justicia, constituye en este lamentable caso un terremoto judicial de proporciones y consecuencias gigantescas, cuando se convierte en un asunto concluído, inapelable, salido de los antros del tribunal supremo. 
¿Quién puede detener esto?. La esclavitud nos acecha pues la justicia ha muerto y la anomia está cerca.
Soy netamente democrático, de toda la vida, enemigo de la violencia, y estudioso por naturaleza, pero a mis 95 años de edad sostengo con convicción que la única solución puede llegar con un golpe de Estado que paralice los poderes, disuelva el Poder Judicial, juzgue a los integrantes de la Corte, se designe un nuevo tribunal y se restituyan de inmediato a los poderes Ejecutivo y Legislativo los componente que fueron electos. Es decir, un acto revolucionario en nombre de la justicia.
No lo instigo, no lo propongo, no lo acepto, no lo rechazo, mi capacidad de decisión es ajena a un hecho concreto que puede suceder como el unico viable para resolver un grave problema a nivel institucional.
Analizo las circunstancias, las diversas posibilidades que asoman borrosamente en un turbio horizonte de agresividad y voluntarismo conflictivo y no alcanzo a divisar cómo puede puede detenerse un desastre que afecta profundamente el respeto a la Constitución y a la Leyes y por ende a toda la sociedad argentina, sus derechos, sus tradiciones, su cultura y su educación. La instancia final ya ha sido dictada por el más alto tribunal del país, no hay apelación ni recusación posibles.
Si una ley aclaratoria puede violar la Constitución, una simple ordenanza municipal puede disponer de nuestros bienes y de nuestras vidas.
¿Cuál es entonces el camino a seguir? Acepto de buen grado vuestras opiniones.


lunes, 3 de diciembre de 2018

LOS JUBILADOS NO EXISTEN - FELICES FIESTAS PARA TODOS -

A pesar de que el pasado 26 de noviembre, el titular de Anses, Emilio Basavilbaso, había dado por cumplida su misión destructiva en el organismo al informar y afirmar en forma rotunda, “No hay bonos para los jubilados”, el día de hoy 3 de diciembre, a escasos 21 días de las festividades de Navidad y Año Nuevo, sintió la necesidad de aplicar un remache final a su anterior declaración y para solventar las dudas y esperanzas de los ancianos, confirmó que el bono de fin de año que el Gobierno pactó con la CGT y los empresarios para el sector privado, y que se hizo extensivo a los trabajadores estatales -no se concederá a los jubilados.- El presidente Macri respondió este lunes 3 en su Conferencia de Prensa que no se pagará a los jubilados nacionales un bono de fin de año, argumentendo que existían limitaciones de orden presupuestario.
Resulta chocante y en cierto modo discriminatorio que la gobernadora Vidal pague un bono de $3.500 a los jubilados provinciales, evidentemente financiado por la ayuda económica al fisco por parte del Gobiernio Nacional y que éste no tenga fondos para los suyos.
Cuando hablamos de la misión cumplida es porque constituye una definición correcta de los objetivos llevados a cabo por el titular del organismo. Ellos son:

- Apelación de todas las sentencias que favorecen a los jubilados.
- Continuación del pago del impuesto a las jubilaciones, a descontar de los haberes jubilatorios.
- Imponer el índice RIPT para el cálculo del reajuste de los haberes en litigio.
- Que ese índice debe fijarse reformando la ley previsional, favoreciendo la recaudación fiscal.
Mi opinión no es prejudicial ni peyorativa, es una exacta definición de la realidad: "Los jubilados son el descarte de la sociedad". Los adelantos técnicos, la globalización, el populismo, el revisionismo, el igualitarismo, el gramscismo, las nuevas tendencias ideológicas, son razones contundentes que alejan a los ancianos del goce final de sus vidas.
Olvidan los causantes de esta tragedia etaria que la sabia naturaleza deja transcurrir los años y que algún día llegarán a la despreciada edad que hoy castigan con el descarte.

sábado, 1 de diciembre de 2018

EL PRESIDENTE MACRON Y LOS DERECHOS HUMANOS

Una nota desagradable en la exitosa reunión internacional del G20 que se realizó por primera vez en la Argentina con la presidencia de nuestro primer mandatario Mauricio Macri.
Cuando la amada Francia llora aún sus muertos víctimas de los grupos terroristas en Argentina de los 70, el presidente Macron rinde homenaje a los asesinos de sus propios compatriotas, entregando una flor a los representantes de los organismos de DD.HH. y familiares de los terroristas, con quienes efectuó una ofrenda floral en el Río de la Plata.
En una agenda fuera del G20, el presidente francés Emmanuel Macron junto con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus respectivas esposas, visitaron el 29 noviembre pasado, el Parque de Memoria
" Macron entregó una flor a los representantes de organismos de Derechos Humanos y familiares de los terroristas, con quienes realizó una ofrenda floral en el Río de la Plata.
Un jefe de Estado como Macron no puede ignorar la realidad de la violencia armada que hubo en Argentina en los 70, la presencia de organizaciones terroristas, sus acciones, las víctimas que ocasionaron.
No puede presentar a los autores de crímenes y delitos como victimas, cuando en realidad entre ellos están los que asesinaron, secuestraron, hirieron, amenazaron a ciudadanos franceses, o los que atentaron contra empresas, industrias e intereses galos. Estos hechos tampoco los puede ignorar el primer mandatario francés ni la respectiva representación diplomática de ese país en Argentina.
Hoy 1 de diciembre presenciamos por los noticieros la cruenta e incendiaria revuelta en la ciudad Luz, la querida París, de los denominados chalecos amarillos y escuchamos el mensaje del presidente de Francia en Buenos Aires llamando a la paz. Dijo Macron: "Lo ocurrido hoy en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de un reclamo. Ninguna causa justifica que se ataquen las fuerzas del orden, que se roben los comercios, que edificios se incendien, que se amenacen a los transeúntes o se ensucie el Arco del Triunfo. Los culpables de esta violencia no quieren ninguna reforma, sólo quieren el caos",
Llegado de vuelta a París ¿rendirá homenaje a los terroristas que incendiaron la ciudad, como lo hizo en Buenos Aires con los terroristas asesinos de sus compatriotas?


Un resumen de las victimas francesas para que durante su estancia en Argentina el presidente Macron pueda estar informado:

 a) 19-04-1972: Atentado con artefacto explosivo Renault- Córdoba b) 04-07-1973: Atentado con artefacto incendiario Embajada de France, Buenos Aires. c) 05-11-1973: Atentado con artefacto explosivo Renault- Córdoba d) 11-08-1973: Amenazas ejecutivos franceses de Otis-Argentina, abandonan el país con sus familias. e) 28-12-1973: BOISSET, Yves, secuestrado por grupo terrorista. Presidente Peugeot Argentina f) 03-06-1974: CHOHELO, José, secuestrado por grupo terrorista, director Peugeot. g) 01-10-1974: LABREVEUX, Philippe, víctima de un atentado, corresponsal Le Monde, abandona el país. h) 28-07-1975: Atentado con artefacto explosivo. Agencia Peugeot-La Plata i) 31-08-1974: COLLA, Ricardo L., asesinado durante un atentado terrorista, director Renault, Córdoba. j) 24-09-1975: DELOUBIEUX, Jean, secuestrado por grupo terrorista, presidente Otis Argentina. k) 22-10-1975: LAPEYRE, Alberto, víctima de una tentativa de secuestro por un grupo terrorista. l) 23-06-1976: SERRAGAN, Horacio, asesinado durante un atentado terrorista, director Renault m) 27-08-1976: CAPDEVIELLE, Marcel, víctima de un atentado terrorista, graves heridas, muere en Francia. Administrador Renault, L’Oreal, Thomson y otras empresas francesas. El responsable de ese atentado vive en Paris. n) 10-10-1976: LOZANO, Domingo Lozano, asesinado durante un atentado terrorista, director, Renault- Córdoba, 

LOS CUADERNOS DE ANSES - 37a. Parte -

Junio de 2018
El sistema jubilatorio argentino está al borde del colapso y los juicios contra la entidad, basados en distintas leyes, aumentan cada día. Hay varios frentes y el órgano previsional apela para demorar el pago y lograr que resuelva la Corte Suprema
El tema jubilatorio está escalando posiciones en el ranking de preocupaciones del Gobierno.
Además del costo adicional que supondrá la inflación para el sistema, según la nueva fórmula de ajuste, hay otro factor que promete tener mayor impacto: la ola de juicios por parte de jubilados que están teniendo fallos a favor.
De hecho, para el macrismo se puede transformar en “la tormenta fiscal perfecta“.
Justo en un momento de enfriamiento de la economía, y cuando se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional a endurecer la disciplina fiscal, aparece la posibilidad de que la ANSES deba verse obligada a reconocer niveles jubilatorios muy superiores a los determinados en la “reparación histórica” y a los contemplados por la flamante ley de movilidad.
Según el consenso de especialistas, el sistema jubilatorio es la causa más importante de aumento del déficit y ese gasto crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones.
Además, el cambio de fórmula de fines del año pasado hace más difícil la estimación sobre cuántos miles de millones podría terminar costándole al Estado, porque el nuevo cálculo lleva a que los haberes se ajusten en consonancia con la inflación, que terminará muy por encima de las proyecciones oficiales que se trazaron en un inicio.
Así, el impacto de la devaluación de abril y mayo jugará en contra de la estrategia trazada por el macrismo ya que, al implementarse esta fórmula el incremento terminará siendo mayor al que hubiese surgido si se seguía tomando en cuenta sólo el crecimiento del PBI (como lo establecía la norma vigente hasta fines del año pasado).
Ahora, la fórmula pasó a tener en cuenta el 70% de la evolución trimestral de los precios y el 30% de la variación del índice salarial que se desprende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En paralelo, el Gobierno enfrenta tres potenciales focos de conflicto:
-Por un lado, cada vez hay más casos en que los tribunales hacen lugar a reclamos de jubilados que les permiten cobrar los montos otorgados por la denominada Reparación Histórica, al tiempo que realizan el juicio por reajuste de haberes.
-La Justicia, en tanto, intimó a la ANSES para que vuelva a liquidar un trimestre en el que se había generado un aumento y no se había pagado cuando se cambió la fórmula, una decisión que podría significar una erogación de miles de millones de pesos y que ahora debe confirmar la Corte Suprema.
-Además, quedan por resolverse aproximadamente 150.000 juicios por recomposición basados en dos fallos de la Corte Suprema, dictados hace poco menos de 10 años.

viernes, 30 de noviembre de 2018

GELATINA POLÍTICA PELIGROSA


OCHO BOMBAS MOLOTOV
Se encontraron ocho bombas molotov a dos cuadras de la marcha contra el G20
A los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente los echan durante el desarrollo del G20, y a los desobedientes que quedan en su ciudad les imponen restricciones en su habitual desplazamiento, salida y entrada a sus hogares.
A los manifestantes de izquierda que protestan por este evento, los recibe el gobierno para negociar sus marchas en pleno centro de la urbe y. porsupuesto “protegidos” por las fuerzas de seguridad. Se les pide amigablemente que escondan a los piqueteros embozados y armados con palo. Se les permite construcciones precarias de sucio aspecto que afean las avenidas centrales y la desagradable exposición de globos con la caricatura de magistrados de otros países concurrentes al G20. Por acercarse al populismo barato, bullicioso y violento, el gobierno transa con medidas repugnantes al orden público y al respeto de sus ciudadanos.
Esta es la más clara demostración de que las atribuciones del poder de policía que un gobierno debe ejercer, se ve peligrosamente ablandado por una gelatinosa y cobarde política que alimenta la subversión y la anarquía

jueves, 29 de noviembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES -36a. Parte -

Junio de 2018
La Corte Suprema de la Nación tiene en sus manos un tema más que sensible. Es porque Anses apeló y sigue apelando los juicios de jubilados con el planteo de aplicar otros índices de actualización a los fijados por la Justicia que implican una reducción de entre el 45% y el 55% de los montos de las sentencias. La pretensión de recalcular hacia abajo dichos índices sobre las sentencias ya firmes, tiene el deleznable propósito de perjudicar a más de 200.000 jubilados que están a la espera de una definición, muchos de ellos desde hace más de veinte años.
Todas estas maquinaciones tienen por objeto la reducción del déficit fiscal en miles de millones de pesos absorbidos de la caja de Anses, organismo que está de acuerdo con esta modificación y de cualquier otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados, como la de aplicar el impuesto a las ganancias. Ya lo dijimos el 3 de noviembre 2017. En un aparente entendimiento, que parece cumplirse, de Anses con la Corte Suprema de Justicia, se está procurando que la aplicación del nuevo cálculo de los haberes jubilatorios fijados en la Ley de Revisión Histórica, desfavorable a los haberes en una sensible rebaja, se extienda a los juicios en marcha, en desacuerdo con los jueces previsionales que continúan usando la fórmula que había fijado la Corte Suprema, en varias oportunidades.
Estas arbitrarias medidas fueron denunciada, como una advertencia, en nuestra columna del 9 de octubre de 2017 bajo el título "La Corte y Anses - Estafa". Se está por producir el hecho insólito que Anses y la Corte se hayan unido para reducir el monto de las jubilaciones, con la finalidad de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo. Prevalece el concepto de política antes que el sagrado concepto de justicia.
Anses apeló, apela y seguirá apelando las sentencias a favor de los jubilados. Anses no paga las sentencias firmes que ordenan una liquidación inmediata de los juicios. Anses ejerce la insensata apelación contra los fallos que declaran inconstitucional el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados, una actitud condenable que está fuera de sus funciones previsionales. Anses se declara, por medio de sus directores y representantes, el organismo defensor de los derechos del Estado contra el ataque de los jubilados.
Los conceptos vertidos por el distinguido abogado Ricardo Monner Sans en una carta publicada por el diario La Nación del día de la fecha, nos dan la pauta de una realidad que el Gobierno debe tener muy en cuenta, en relación a estas importantes definiciones que se hallan en trámite.
"El pomposo nombre de reparación histórica debió ser precedido de un estudio previo de contenido fuertemente humanitario, porque el derecho a la verdad es más importante para los débiles que para los fuertes. Y cuando ya era cierto que la ley por dictarse el año pasado implicaba un retroceso para esos jubilados frente a la norma anterior, no debió tampoco incurrirse en una apuesta a la inminencia de un futuro "que se estaba logrando" para calmar las angustias de los que no pueden hacer huelga. El resurgir económico borraría cualquier padecimiento circunstancial, se dijo.
Las angustias del tramo final de la vida de los que trabajaron esperando un descanso con ingreso parecido a lo ganado en actividad merecen evitar disensos circunstanciales o el vedettismo de ocasión. Mientras los responsables se abocan a esta gravedad escondida entre pliegues para resolverla, habrá que rogar para que el FMI no imponga para los débiles otro mayor retroceso."

LOS CUADERNOS DE ANSES -35a. Parte -

Junio de 201
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) comunicó hoy 27/05 la apertura de sumarios, así como suspensiones, renuncias y desplazamientos, tras una denuncia anónima ante la Oficina Anticorrupción (OA) sobre supuestas irregularidades en la Gerencia de Asuntos Internacionales del organismo oficial.
Es decir que la OA atiende una denuncia "anónima" sobre supuestas irregularidades en un organismo nacional, pero no se ocupa de las 30 denuncias sobre irregularidades "comprobadas" que realizamos desde este espacio, desde el año 2016, contra Anses, único organismo que no ha sido investigado ni auditado, por lo que viene conservando una insólita impunidad en sucesivas gestiones de los dos gobiernos.
El 23 de julio de 2017 enviamos una carta al señor Presidente señalando la total carencia de control del gobierno sobre Anses y a la Oficina Anticorrupción el blogspot "Anses-Acceso a la Información" solicitando investigación y auditoría y que se me informe si alguna vez se había dado entrada en esa dependencia denuncias contra Anses. Hubo rápida respuesta en los términos que copio:
Sr. Denunciante: A fin de darle adecuado tratamiento a su presentación, deberá ingresar la denuncia a través del formulario web disponible en el sitio de la Oficina Anticorrupcion (http://complementos.jus.gov.ar/oadenuncias/default.aspx). El formulario le facilitará la individualización de los hechos, participantes y organismos intervinientes y le permitirá a la Oficina Anticorrupción contar con la mayor cantidad de elementos para la correcta investigación
El tratamiento del tema por el organismo ha sido correcto , en especial su rapidez, pues se deben cumplir requisitos en formularios preparados al efecto, y eso se nos informa, pero en este caso especial vemos un exceso de burocracia.
Los receptores del blogspot no repararon en que no es el caso de abrir un expediente. El contenido es una generalización del enorme caudal de malversaciones, estafas apropiaciones indebidas y otros hechos delictuales que en su momento fueron constatadas por la Auditoría General de la Nación y archivadas por orden del anterior gobierno, pero que pueden ser desenterradas como punto inicial de la investigación que exigimos.
Frente a la grave denuncia, tantas veces reiterada, la jefatura de la oficina debió asignarle la merecida importancia y haber efectuado las consultas al más alto nivel, ya que involucra al mismo Poder Ejecutivo.
Al momento de transferirse al nuevo gobierno la Anses, ¿no era obligatorio realizar una completa auditoría?. En concreto ¿se realizó? No es necesario llenar un formulario ad hoc para formular estas preguntas.
Hoy realmente nos sorprende que se dé curso a una denuncia anónima por "supuestas" iregularidades y no se preste atención a 30 denuncias "comprobadas" Hemos insistido hasta el cansancio sobre las dudas que deja este comportamiento por parte del Poder Ejecutivo y así lo informamos al señor Jefe de Gabinete. ¿"Existe por si acaso un pacto de impunidad que involucra al diputado Diego Bossio, en retribución a la cesión de 17 diputados de su partido que apoyaron al oficialismo en el voto de algunas leyes?"
Esta impunidad le fue asegurada también a su sucesor Basalvibaso como lo hemos señalado en varios escritos y la diferencia de tratamiento que estamos denunciando es un hecho auténtico como ha quedado demostrado.

DENUNCIAS.ANTICORRUPCION.GOB.AR
Tu denuncia debe tratar sobre organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal; además de cumplir con los requisit...

miércoles, 28 de noviembre de 2018

ARGENTINA - OTRO BOCHORNO -


FRACASO EN LA SEGURIDAD

Asaltaron a un diplomático canadiense del G20

El director del grupo de investigación del G20 y director y co-fundador del Grupo de Investigación del G7, John James Kirton fue asaltado en Puerto Madero a media cuadra del Hilton y lo denunció por sus redes sociales: "Pensé que Argentina iba a hacer más por la seguridad de su G20..."
Por URGENTE24

Kirton en el G20
Después de que el gobierno de Cambiemos y más puntalmente, la ministra Patricia Bullrich, asegurara que la ciudad estaría "blindada" para la seguridad, con autos blindados para los presidentes, 12km de calles cortadas, feriado nacional, decir que alejarían a los violentos y que realizarían un operativo de seguridad con cientos de miembros de la Policía Federal y de decir que "Argentina "está preparada" para la realización de la cumbre y que las medidas de seguridad tomadas serán "muy fuertes". El diplomático John James Kirton, especialista en política exterior canadiense y en cuestiones del  G7 , G8 , G20 , y la gobernanza global, entre otras cosas, publicó que fue asaltado en Puerto Madero, a media cuadra de donde se alojan muchos diplomáticos, el hotel Hilton. 

 "Visitantes, tengan cuidado: Acabo de sobrevivir con heridas menores a un robo en la esquina de las avenidas de Lavalle y Madero- Muy cerca de donde los transfers van a salir para la cumbre del G20. No hay seguridad a la vista!", empezó tuiteando el diplomático canadiense.
Visiting journos beware: Just survived with minor injuries a mugging at the corner of Lavalle and Madero avenues — very close to where the shuttles will leave for the G20 summit. No security in sight. @g20org @GloGovProj @g20rg@HeleneEmorine @juliafkulik @cicciale @meag pic.twitter.com/BMya9r6fZT
— John Kirton (@jjkirton) 27 de noviembre de 2018
El robo no terminó de suceder porque Kirton comentó que iba caminando con dos colegas que contraatacaron a los dos ladrones que trataron de asaltarlos. Y que tuvo suerte de solo tener un raspón pero que quedó muy asustado y decepcionado con la seguridad argentina. 
La sucesión de tuits en contra de la seguridad porteña continuó con mucho enojo: "Denuncié a un policía que estaba cerca de la cumbre y el policía solo me dijo: 'Pasa tres veces al día, así que no esperes que podamos hacer mucho...'
Un seguidor le comentó que América Latina es así, insegura, que es una lástima. A lo que el diplomático contestó: "Sí, ya lo sé, tomé precauciones pero pensé que Argentina iba a hacer más por la seguridad de su G20 y sobre todo de la cumbre"
Kirton siguió advirtiendo en tuits a los visitantes y turistas que si vienen a nuestro país nunca viajen solos, que no se puede confiar en la policía entre otras cosas. Entre lamentos y recuerdos de otras cumbres G20 que fueron totalmente tranquilas y sin sobresaltos terminó el tema parafraseando el musical de Evita:
"No lloren por mí, lloren por Argentina"... 
Una vergüenza.

domingo, 25 de noviembre de 2018

ANSES Y LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA

A fines de mayo de 2016 el Gobierno se decidió avanzar sobre un informe completo relativo a los últimos años de la gestión de Anses provocando suma preocupación en el ámbito político, empresarial y bancario. Por fin se pondría en marcha el proceso licitatorio que tanto habíamos exigido en nuestroespacio “Habla la Experiencia”. Se conoció que las consultoras PwC y Deloitte estarían a cargo de la auditoría. Los anteriores funcionarios del organismo, especialmente el último de ellos, Diego Bossio, se mostraron ansiosos por el resultado que podía emanar de una detallada investigación
Basavilbaso recibió frecuentes visitas del anterior jefe de Anses, lo mismo que de dos inquietos visitantes, el empresario Eduardo Elsztain y del banquero Jorge Brito.
Como ya habíamos advertido en numerosos artículos, existía de nuestra parte la sospecha de un acuerdo político del Gobierno con Bossio, a la sazón diputado nacional, para que lo apoyara en la aprobación de leyes, a cambio de una transferencia del organismo sin ningún control ni auditoría.
Lo primero que le advirtió Bossio al jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó fue ¿Ustedes saben que yo tengo 17 diputados que me responden? Y la amenaza surtió efecto pues, justo cuando el oficialismo necesitaba urgente votos favorables para las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, cayeron en bandeja los votos de los 17 legisladores. Nobleza obliga, dijimos en nuestros informes.
También entró en la danza el jefe del bloque de senadores del FPV Miguel Angel Pichetto, pues su hijo había ocupado recientemente un cargo en el FGS, a través del cual Anses canaliza sus inversiones. Por su parte Bossio con creciente nerviosismo llegó a hacerle un pedido oficial a Anses respecto a la existencia de la auditoría reiterando su pregunta en persona al mismo Basavilbaso.
La respuesta fue siempre dilatoria: no hay ningún informe terminado.
La real efectivización de esa prometida auditoría era la constante preocupación del Gobierno, pues sus resultados podrían interferir en el avance de las leyes en la legislatura. Necesitaba el respaldo de los dos legisladores, Bossio y Pichetto, valiosas muletas en su lucha en el parlamento. Había que medir la importancia del estudio pedido para conocer el estado de situación de Anses, que acaparaba uno de los más grandes fondos del país, más de 500.000 millones de pesos anuales que manejaba a través del FGS.
Por eso se hablaba a hurtadillas, de la postergación de la publicación del informe, hasta que se lograra la aprobación de las leyes. Este asunto no se manejó con prolijidad pues fue notorio el interés del oficialismo en mantener la impunidad del poderoso organismo. Sólo basta con recordar que el único funcionario que fue reemplazado en Anses fue Diego Bossio con el sospechoso beneplácito de su sucesor Emilio Basavilbaso y quedaron muchos militantes de La Cámpora nombrados en el último año del gobierno kirchnerista con elevados sueldos.
Hasta el día de hoy de noviembre, no se produjo la postergación de un informe que estimamos ni siquiera fue llevado a cabo y que contó con la inefablela colaboración del periodismo, jamás comprometido en investigar e informar sobre estos espúrios arreglos.
Quedó en agua de cerrajas, dice el dicho español, pero aparentemente no es así. pues el mismo gobierno con sus inesperados pero frecuente vericuetos, se ha tendido una trampa.
En efecto, por la ampliamente publicitada Resolución 175/2018 del 12 de octubre de este año, 2018, dispone establecer el procedimiento para la aprobación de los planes de trebajo de las Unidades de Auditoría Interna (UAIs) del Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156
Que establece: "Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
La trampa consiste en que parece no haber reparado que jamás cumplieron con los preceptos de la citada ley, desde el momente que Anses estuvo exceptuada de la investigación y controles que supone una auditoría y que ahora con su reciente decreto, en cierta forma reglamentario, no podrán ni deberán eludir la obligada auditoría, tantas veces reclamada y exigida desde estas columnas a las autoridades gubernamentela y al complaciente y prestigioso periodismo cuya sordera es cada vez más notoria.
El 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia anunció que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre el caso llevado a su consideración con respecto al índice que debe aplicarse para el reajuste de los haberes jubilatorios, de lo que nos ocupamos el pasado 3 de noviembre, ver link:
A nuestro entender, un caso de esta importancia a resolver por el Máximo Tribunal, requiere una precisa información sobre el oganismo que lo elevó a su consideración, Anses, relativa a un claro conocimiento del desarrollo de las funciones asignadas y el cumplimiento de las normas que lo rigen, además de sus balanceactualizados y debidamente aprobados.
No creemos que están dadas las condiciones, dado el aspecto esencial que estamos tratando en este artículo, auditoría faltante.
Es de esperar, entonces, que sea realizada a la brevedad posible conforme a las leyes vigentes y a las normas constitucionales.
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