Hay un plan de ocupación de campos y propiedades
que lentamente se va expandiendo en el país. La similitud de los términos
utilizados por el oficialismo para explicar las causas de este fenómeno es una
prueba de ello.
Cuando desde el ministerio de Seguridad Nacional su
titular quiso tomar distancia de la improcedente acusación penal que realizó
contra los manifestantes, víctimas de estas usurpaciones, (que luego le fue
desestimada), se justificó expresando que su cartera no asistió al pedido de
ayuda, varias veces solicitado, porque era una cuestión de “déficit
habitacional”.
Cuando el gobernador Axel
Kicillof quiso aclarar la falta de intervención sobre las tomas
violentas de tierras y propiedades realizadas en grandes
extensiones del territorio bonaerense, declaró, “Es innegable que hay una
necesidad y tiene que haber una respuesta del Estado”.
Como se ve estamos en presencia de una
confabulación contra el derecho de propiedad, que ya fuera expuesto por el
militante Grabois cuando habló de una justa distribución de la tierra por medio
de expropiaciones de estancias para sus parcelaciones y entregas a los pobres.
Si bien esta proposición respondía a la ideología comunista de Grabois, no
hay que olvidar las que realizó autoritariamente el dictador Chávez con sus
recordadas órdenes, “exprópiese”.
Hubo un comienzo intempestivo por parte de nuestro
presidente con la pretendida expropiación de Visentin, pero siempre queda como
una amenaza al derecho de propiedad que en estos momentos se concreta con las
“permitidas” ocupaciones.
Tenemos que hacernos cargo de la grave situación
por la que atraviesa el país si tomamos en cuenta el peligroso ataque del
gobierno a la democracia y a la república en sucesivos actos y decisiones que
comienzan a destruir las columnas de una democracia
En primer lugar el ataque a la justicia y a la
Constitución por medio de una inoportuna y mal llamada reforma judicial y las
medidas laterarles que lleva a cabo la vicepresidente con la finalidad de que se
desestimen los juicios de corrupción muy avanzados en su contra.
El segundo lugar el ataque a la libertad de prensa
dirigido a periodistas que investigan e informan con imparcialidad a la
ciudadanía y que se afirma con el reciente DNU, por el cual se
declararon “servicios públicos” a la telefonía móvil, Internet y TV paga.
En tercer lugar el aprovechamiento
de la cuarentena para cercenar los derechos del ciudadano, dejándolo sometido a
un gobierno autoritario.
La libertad, la propiedad y la
justicia son los pilares en que se asienta la democracia, y los debemos
sostener, con firmeza y perseverancia, a costa de muchos sacrificios.
