domingo, 30 de junio de 2019


  1. Hace varios años que venimos solicitando al Presidente Macri un informe detallado de los pagos realizados a terroristas en concepto de indemnizaciones, sin ningún resultado, y ahora se suman denuncias por pagos fraudulentos.
  2. Es un derecho inalienable que tenemos todos los ciudadanos para ser informados sobre las cuentas del Estado
  3. Habla la experiencia
  4. sábado, 30 de junio de 2018 -
  5. REITERAMOS EXIGENCIA INFORMACIÓN AL PODER EJECUTIVO
  6. Hace dos años solicité al presidente Macri que se proporcionara una información precisa sobre las indemnizaciones pagadas y que se continúan pagando a terroristas y familiares. Ahora recrudecen los falaces métodos que denunciamos, y que no tuvieron respuesta.
  7. Recién ahora La Nación habla de absurda persecución, que es una repetición de lo que hemos denunciado, con el deleznable propósito de obtener indemnizaciones, pero fue callada en su oportunidad.
  8. Jueves, 29 de diciembre de 2016 -
  9. SOLICITUD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN
  10. "Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite"
  11. No sé si será de público conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la expresidenta a los terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
  12. Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
  13. Interesante destacar que dicha ley establece:
  14. “La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla perversa que se permitió la expresidente es fiel transcripción de la ley publicada en el Boletín Oficial..
  15. El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado.
  16. Como era de esperar, aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito, se declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de los derechos humanos.
  17. Para los que ponen en duda esta veta que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra increíble disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta hemorragia financiera.
  18. El Honorable tribunal falló que los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
  19. Se puede uno imaginar la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene otorgando sin pruebas fehacientes.¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas con qué argumentos o antecedentes?
  20. “Siguen los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya están cobrando jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares, que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario digital.
  21. Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
  22. No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
  23. Andrea manifiesta que solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
  24. Todo esto contradice las promesas de Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los derechos humanos y hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno, en orden a la transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar en el Congreso la ley de Acceso a la Información.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA UN PAÍS REPUBLICANO



  1. Hace varios años que venimos solicitando al Presidente Macri un informe detallado de los pagos realizados a terroristas en concepto de indemnizaciones, sin ningún resultado, y ahora se suman denuncias por pagos fraudulentos.
  2. Es un derecho inalienable que tenemos todos los ciudadanos para ser informados sobre las cuentas del Estado
  3. Habla la experiencia
  4. sábado, 30 de junio de 2018 -
  5. REITERAMOS EXIGENCIA INFORMACIÓN AL PODER EJECUTIVO
  6. Hace dos años solicité al presidente Macri que se proporcionara una información precisa sobre las indemnizaciones pagadas y que se continúan pagando a terroristas y familiares. Ahora recrudecen los falaces métodos que denunciamos, y que no tuvieron respuesta.
  7. Recién ahora La Nación habla de absurda persecución, que es una repetición de lo que hemos denunciado, con el deleznable propósito de obtener indemnizaciones, pero fue callada en su oportunidad.
  8. Jueves, 29 de diciembre de 2016 -
  9. SOLICITUD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN
  10. "Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite"
  11. No sé si será de público conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la expresidenta a los terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
  12. Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
  13. Interesante destacar que dicha ley establece:
  14. “La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla perversa que se permitió la expresidente es fiel transcripción de la ley publicada en el Boletín Oficial..
  15. El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado.
  16. Como era de esperar, aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito, se declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de los derechos humanos.
  17. Para los que ponen en duda esta veta que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra increíble disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta hemorragia financiera.
  18. El Honorable tribunal falló que los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
  19. Se puede uno imaginar la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene otorgando sin pruebas fehacientes.¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas con qué argumentos o antecedentes?
  20. “Siguen los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya están cobrando jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares, que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario digital.
  21. Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
  22. No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
  23. Andrea manifiesta que solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
  24. Todo esto contradice las promesas de Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los derechos humanos y hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno, en orden a la transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar en el Congreso la ley de Acceso a la Información.

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El 5 de octubre de 1975, a la hora de la siesta, el soldado Hermindo Luna estaba haciendo guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa cuando vió que dos jóvenes, fusil en mano, entraban a la guarnición militar y le gritan "rendite, dame el arma, que la cosa no es con vos". Pero...

martes, 25 de junio de 2019

CARTA ABIERTA AL JUEZ ALEJO RAMOS PADILLA



Silvio Pedro Pizarro, matrícula DNI 1.738.044, argentino, nacido en Buenos Aires el 5 de junio de 1923, se dirige respetuosamente al señor juez federal en Dolores don Alejo Ramos Padilla para acusarlo de parcialidad manifiesta durante el proceso abierto al falso abogado Marcelo D’Alessio por ser miembro de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje político, ideológico y económico.
Usted llama también a indagatoria a Elisa Carrió, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Claudio Bonadío, con lo cual  deja al descubierto que su actuación obedece a la intención de apartar al fiscal Stornelli y al juez Bonadío de los juicios por corrupción, próximos al juicio oral. 
Todo su proceder lo lleva inevitablemente a esa situación, coronada en su momento con su insólita disertación en el Congreso Nacional  donde expuso con la mayor indiscreción el caso sustanciado en su juzgado
Se robustece ahora la existencia de la denominada operación Puf  de la que usted es necesario partícipe con su llamado a indagatoria del periodista Daniel Santoro por haber tenido como fuente al extorsionador 
Marcelo D´Alessio.
No le queda más remedio que buscar la destrucción del periodismo, que, a pesar de sus serios defectos, viene mostrando la virtud de exponer las rutas del dinero de la corrupción, sus componentes con todos los detalles reflejados con asombrosa meticulosidad en los cuadernos escritos por un chofer arrepentido que dio paso a la iniciación de juicios de relevancia histórica que tienen como principales personajes a ex funcionarios miembros de una asociación ilícita que tiene por cabeza a la misma ex presidente de la nación. 
El periodista que usted quiere demoler es nada menos que uno de los investigadores de los hechos que he citado, es decir, el factor fundamental que se interpuso en su camino.
Este ha sido su gravísimo error, pues desde el famoso caso Watergate todo ataque al periodismo buscando silenciarlo se ha constituido, en el orden internacional, en un ataque al Estado de Derecho, a la libertad de expresión, a la democracia, con mayor razón cuando proviene de la Justicia, llamada a su protección.
La Academia Nacional de Periodismo, el Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) coincidieron en criticar la decisión de llamar a indagatoria a Santoro porque "compromete la libertad de expresión. el derecho a investigar y el secreto profesional".
Hago personal y pública esta carta porque desde hace varios años he criticado su actuación dentro de la Justicia, como miembro de Justicia Legítima y de La Cámpora, donde su ideología se ha reflejado impúdicamente en sus fallos. Usted, señor juez, ha cometido prevaricato.
Tómese la molestia de leer los escritos publicados en mi espacio blogspot "Habla la Experiencia"que responden a los siguientes lincks:


17/06/2019
https://silviopedropizarro.blogspot.com/2019/06/juez-alejo-ramos-padilla-los-archivos.html

17/01/2019

22/11/2015







lunes, 17 de junio de 2019

JUEZ ALEJO RAMOS PADILLA LOS ARCHIVOS NO MIENTEN



Con referencia al engañoso proceso judicial que usted ha iniciado con el propósito de procurar la impugnación del fiscal Stornelli  y posteriormente la del juez Bonadío, todo en pernicioso conciliábulo con presos delincuentes que buscan cancelar los juicios de corrupción, es que vengo publicando bajo  este mismo título sus deshonestos antecedentes como juez afiliado a Justicia Legítima, a La Cámpora y como amigo protegido de la ex procuradora cristinista Gils Carbó.

Recién ahora veo compensado mi esfuerzo ante los delitos que se le imputan, otros de los tantos en que salió protegido, según da cuenta el Clarín en su edición con el comentario siempre justo e imparcial del periodista Gabriel Bermúdez. Ver links

17/01/2019

22/11/2015

15/06/2019 - 15:33
·          Clarín.com
·          Política
·         Alejo Ramos Padilla
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado "irregularidades", un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.

En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.

Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales

sábado, 15 de junio de 2019

NO FUE UNA DECISIÓN IMPULSIVA

Me abstuve de opinar leyendo varios artículos porque mis anteriores conceptos sobre Miguel Pichetto eran en verdad lapidarios. Siempre me aparecía la foto que mostraba el rostro obsecuente del legislador al teléfono en el senado, esperando las órdenes de su jefa para decidir un voto.
Me pareció razonable y objetivo el comentario del periodista Guyot que en uno de sus apartados dice:
"La psicología de Pichetto, que como principal espada del Senado durante el kirchnerismo le sacó a la Cristina eterna todas las leyes, es asunto suyo. En las actuales circunstancias, nadie le va a reclamar por su pasado. Lo urgente, lo dramático, es el futuro.
Pichetto lo ha visto claro. Y lo ha dicho con todas las letras: en octubre se vota entre democracia y populismo autoritario. Conoce a la señora y no se va a dejar engañar por el enroque formal de la fórmula".
Fue una decisión conflictiva, sumamente polémica que dio lugar a más críticas que apoyos, pero de ninguna manera obedeció a un acto impulsivo, como muchos insinuaron, por el contrario ha sido producto de una estudiada y largamente meditada situación que se espera tenga favorable resultado para nuestro país.

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Pichetto, un general en busca de su redención - Miguel Pichetto, Actualidad política, Manuscrito, GDA - LA NACION