El resultado del primer análisis de los documentos que el presidente Obama prometió desclasificar y enviar al nuevo gobierno, delata una deliberada y astuta política del gobierno de EE.UU. que buscó una consagración internacional en su lucha a favor de los derechos humanos con un acto insólito de entrega de documentos “top secret” con el íntimo conocimiento y convencimiento de que nada agregaría a las mentiras fabricadas en el relato que todavía conserva su vigencia en puntos culminantes como elevar a 30.000 los desaparecidos, cuyas cifras reales no llegan a 8.000 según el documento oficial “Nunca más.”
De la lectura de los primeros documentos recibidos sacamos las
siguientes conclusiones: No existe una condena unánime del gobierno e instituciones
norteamericanas a las acciones tomadas por el gobierno argentino como lesivas a
los derechos humanos. EE.UU solicita por canales presidenciales una moderación
en el trato de los detenidos, evitar las torturas y los métodos coercitivos de
interrogación, y una mengua en la cantidad de desaparecidos.
Se habla de una estimación de 7.000 desaparecidos y se menciona que para
Amnisty International pueden llegar a 10.000, pero no aparece la cifra de
30.000 aducidas por los terroristas.
Se hace notar la autorización del General Videla para la llegada de una
Comisión legisladora que se hizo efectiva en 1979. Los informes de los
investigadores se basaron en reuniones con organizaciones de derechos humanos
locales, Amnisty International y partidos de extrema izquierda.
Es muy extenso el comentario sobre las entrevistas a familiares a los
terroristas, donde se reproducen acusaciones de testigos que brindan detenidos
pormenores de los allanamientos, y de hechos supuestamente presenciados de
delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas.
Se transcribe la opinión pública del Secretario de Estado Kissinger a
favor de la represión de fuerzas comunistas militarizadas que procuran
apoderarse del poder y su mensaje de apoyo a la Junta Militar. Hay mención a
las fuertes condenas de congresales a la violencia empleada para combatir a los
insurrectos.
En los primeros papeles se resume el conflicto como un enfrentamiento
armado del gobierno de la presidente Isabel contra un movimiento izquierdista
comunizante de guerrilleros montoneros
Esperemos la llegada de nuevos documentos que debo suponer muy similares
a los primeros.
Mientras tanto, debemos recordar que la visita del presidente Obama no
fue nada improvisado, pues los servicios de inteligencia, las embajadas y
consulados lo mantuvieron informado sobre el exitoso cambio de gobierno en el
país, muy conveniente para el mundo occidental, pero al mismo tiempo del áspero
camino a recorrer por las nuevas autoridades en el orden de los derechos
humanos tan vapuleados por el kirchnerismo durante dos décadas. Este perverso
adoctrinamiento del relato y del “vamos por todo” será de muy difícil, aunque
de lenta y segura extirpación. Por algo Obama recibió en la Casa Blanca a casi
todos los mandatarios de Sudamérica, a excepción de Cristina Fernández de
Kirchner que se notó muy afectada y resentida por este hecho.
Nuestro visitante ya tenía una acabada lectura de que se esperaba de él
una definición por parte de las dos tendencias que dividieron al país desde los
70 y por eso aceptó participar en un acto de homenaje a los desaparecidos,
arrojando un ramo de flores al rio, hecho muy festejado por los militantes
kirchneristas.
Su respuesta a la pregunta del periodismo sobre si realizaría una
autocrítica a la política norteamericana con respecto a los derechos humanos
durante la dictadura militar fue terminante en cuanto a la imparcialidad
observada en ese aspecto y la definió en estos términos: “En los años ´70
nuestro enfoque en los derechos humanos era tan importante como luchar contra
el comunismo. Era un tema muy importante tanto para republicanos y demócratas,
pero si vemos cómo pensaban los países en los años ´30, cómo lo hacen hoy, cómo
hablamos hoy, vemos que todo ha cambiado en forma muy positiva.”
La posición del gobierno de Mauricio Macri sobre el particular viene
provocando una fuerte desilusión entre sus votantes, en especial por sus
promesas electorales de terminar con el negocio de los derechos humanos y que a
ocho meses de su gestión no ha cumplido. Lo ejecutivo de muchas de sus
decisiones en temas de gran importancia, como la finalización del cepo
cambiario y el arreglo con los holdouts, contrarresta con cierta indecisión y
debilidad en el tema de los derechos humanos donde se advierte una política de apaciguamiento
que no condice con una situación anormal de injusticia heredada del
kirchnerismo y que se manifiesta abiertamente en la continuación de los juicios
de lesa humanidad amañados con falsos procesos ilegales que no buscan justicia
sino la condena irremediable de los acusados, hoy presos políticos del
gobierno.
En la entrevista de media hora a la representante de Buzzfeed dijo estar
de acuerdo con que se esclarezca qué pasó en la dictadura a través de los
juicios de lesa humanidad, pro advirtió que no cree en la forma en que se
condujo el gobierno anterior donde interfirió y presionó a la justicia, porque
esa no es la forma de disfrutar de una vida en democracia. Ratificando estas
palabras, dijo: "Yo no puedo interferir; no creo en la forma que se condujo
el gobierno anterior. El Poder Judicial tiene una tarea y el Ejecutivo otra. Yo
voy con el foco de que se respeten los derechos humanos y denuncio cualquier
situación, pero no voy a amenazar al juez o a tratar de poner a un amigo; no es
la forma". No hay coherencia en sus manifestaciones pues al afirmar que no
quiere interferir en la justicia, dice a continuación “ Yo voy con el foco de
que se respeten los derechos humanos y denuncio cualquier situación.” pero no
denuncia el atropello a los derechos humanos que se continúa realizando en su
propio gobierno con los mencionados juicios.
Cuando se le pregunta directamente sobre los juicios de lesa humanidad
su respuesta es evasiva y busca reforzarla con la desafortunada excusa de
ampararse en un secretario que despertó fuertes polémicas y críticas por su
actuación a favor del relato y apoyo al terrorismo, lo cual motivó la renuncia
del ministro de cultura de CABA. Las palabras textuales en el citado reportaje
invalidaron prácticamente su anunciado compromiso: "No dije que no iba a
apoyar los juicios de lesa humanidad. Tengo un secretario de derechos humanos
que vela permanentemente para que se respeten los derechos humanos del pasado,
del presente y del futuro."
Lo que es una evidencia que el gobierno es reacio a enfrentar, es la
ilegalidad insanable de los juicios de lesa humanidad que merecen una revisión
imparcial pero urgente, reiteradamente reclamada en foros nacionales e
internacionales. Se debe comprender que una revisión de esta naturaleza no supone
otra cosa que el estricto sometimiento a la Constitución Nacional y a las leyes
de ella derivadas y no tienen el significado de amnistía o perdón que se le
pretende asignar en los remanentes círculos de terroristas y kirchneristas.
Estos últimos no abandonaron la batalla perdida y continúan en su acción
desestabilizadora en procura de recuperar el poder. El mayor peligro reside en
los que continuaron en la administración nacional, donde ahora en lugares clave
de inteligencia, energía, transporte, economía. Justicia y derechos humanos
intervienen como una quinta columna que no debe ser desestimada. Ni hablar de
aquéllos reconocidos terroristas, muchos de ellos ejerciendo cargos y funciones
importantes en el actual gobierno y que continúan gozando de sueldos elevados
que, en su oportunidad, les asignó por ley la anterior mandataria como
premiación a los criminales atentados, secuestros, saqueos y asesinatos
realizados en todo el pías durante el terrorismo desatado en los setenta.