Noviembre de 2017
Advertía en anteriores artículos que el problema se agrava porque circula la versión de que el gobierno busca por todos los medios a su alcance recortar el gasto fiscal y entre las alternativas es proverbial y tradicional que recurra a la caja más poderosa del país, la de Anses, fuente de saqueos permanentes que cubrieron deficits, Fútbol para todos, subvenciones, notebooks, "préstamos" al gobierno y otros numerosos ítems que no tienen nada que ver con las funciones del organismo previsional.
En un aparente entendimiento de Anses con la Corte Suprema de Justicia, se está procurando una modificación en la fórmula de cálculo jubilatorio que redundaría en una millonaria suma a recaudar por el gobierno, en perjuicio de los haberes de la clase pasiva. A ello se sumaría un estudio de venta de acciones Estas arbitrarias medidas que causarían un mayor deterioro en las ya gastadas economías de más de seis millones de pasivos ya fueron denunciadas en nuestra columna el 9 del corriente mes bajo el título "La Corte y Anses - Estafa".
Se produciría el hecho insólito que tanto Anses como la Corte, se unen para reducir el monto de los haberes previsionales, con la finalidad de atender el ajuste de los gastos exigido por el Poder Ejecutivo.
Ahora comprobamos que nuestros vaticinios se ratifican, luego del discurso del Presidente el lunes pasado.
El gobierno confirmó que tratará de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, a fin de que estén sujetas al índice de inflación en reemplazo del actual conformado por los salarios y la recaudación. La diferencia en favor de la fórmula de movilidad frente a la inflación consiste en una mejora del haber previsional.
La gran mayoría de especialistas en previsión social están acordes en manifestar su disconformidad con la nueva variante propuesta. En artículos anteriores expusimos las opiniones de Enrique Feuillassier y Sebastián Box Mansilla a las cuales agregamos la de Eduardo Santin, especialista en Seguridad Social, que indicó directamente que el cambio del índice implica que los jubilados no participen del crecimiento de la economía.
Federico Bobrovsky, Abogado Previsionalista dijo que es un profundo cambio jurídico porque la lógica de la movilidad jurídica es que esté ligada a los salarios, porque se trata de un sustituto del sueldo. Este razonamiento nos parece muy válido. desde el momento que una persona se jubila sobre la base del salario que percibía.
El juez federal Alberto Lugones en declaraciones muy humanas decía en un reportaje que no es lógico que estos ciudadanos tengan que plantear al Estado que les pague lo que les corresponde. Y agrega que estos pobres jubilados negociarán luego para entrar dentro de lo que se llama Reparación Histórica para cobrar algo de lo que se les debe (implícitamente se refiere a la quita alevosa del 50% con que fueron extorsionados) Si a ello sumamos de que el cálculo Anses ya lo viene realizando con el índice propuesto por el Presidente, la reducción operada en su haber es un saqueo.
El reconocido economista Maxi Montenegro nos dice que la movilidad jubilatoria es el único ahorro que se ha planteado desde el punto de vista del sector público y que el 55% del gasto público primario está destinado a jubilaciones y gasto social, sobre lo cual discrepo, pues el rubro jubilaciones no puede equipararse al gasto social. Este último es incalculable e insondable pues comprende desconocidas subvenciones e indemnizaciones de todo tipo, incluyendo montoneros, y "regalías" de 30.000 millones a los piqueteros ya los servicios sociales de diversos sindicatos y partidos de izquierda. Por último dice que el gobierno planteó esta semana un nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria para tratar de ahorrar el mayor componente del gasto público nacional.
Otra opinión muy importante en esta materia es la del prestigioso economista Rodolfo Santángelo, entrevistado en el programa televisivo "A Dos Voces". Se manifestó favorable a la reforma económica en general que indicó como primer paso hacia la definitiva integración del país, dejando en claro que la reducción de 100.000 millones de pesos del déficit fiscal, para el ajuste, provendrían del sistema previsional. Para que no existan erradas interpretaciones, transcribimos fielmente el diálogo mantenido.
Periodista - "En cuanto al tema previsional. que es un problema que se habló al pasar y que quizá al comienzo no elaboramos con profundidad. ¿Se van a ver perjudicados los jubilados con estos cambios?"
Economista - "El sistema previsional argentino está técnicamente en quiebra, heredado del gobierno anterior, que pretendió hacernos creer que se pueden hacer gastos sin financiación prevista (aquí enumeró correctamente gran parte de los desquicios y de la irrazonabilidad de los gastos) pero hubo un error del actual gobierno que distorsionó el sistema y fue la Ley de Reparación Histórica. Existió un error de cálculo al producir gastos sin financiación, pues los fondos del blanqueo de uno o dos años no pudieron afrontar los gastos de dicha ley. Está mal decirlo, pero es casi como si con la modificación de la fórmula previsional, se subsanara el error cometido.. Puede ser que el jubilado con este nuevo índice ganara menos, pero estaría peor si no se llevara a cabo esta reforma."
En verdad, estas explicaciones son polémicas pues justifican que un error del gobierno, de cálculo o de lo que sea, tenga que ser pagado por los jubilados, aunque comparte mi concepto del fracaso de la Ley de Reparación Histórica.
Nuestra opinión es paralela a la emitida por los tratadistas citados en primer término. de modo que a ellas nos remitimos, pero llevamos pendiente desde hace varios años una idea más amplia y generalizada con respecto a la indolencia que todos los gobiernos han demostrado con la clase media más humilde y vulnerable del país.
Antes de modificar fórmulas que destrocen el haber jubilatorio, sin siquiera haber establecido un diálogo constructivo con los centros y organizaciones de jubilados del país, como lo está haciendo el ministro de Trabajo desde hace más de dos meses con todos los sindicatos, en torno a la modificación de las leyes laborales, es aconsejable y hasta mandatorio que el gobierno tome ese contacto con los directamente involucrados en el tema que son los jubilados.
Hay un desconocimiento completo de la actividad de Anses en cuanto al desenvolvimiento de su burocracia, al manejo de los ingentes fondos que administra, la diversidad de oficinas, las funciones que desempeñan y la información de las medidas que se toman en su cerrado edificio. En una palabra, es un verdadero despropósito.
Existe además la necesidad de que el gobierno dé respuesta al cuestionario que el director de Anses nunca tuvo la deferencia de contestar´y que aquí reiteramos.
