Hemos venido sosteniendo que la solución de los problemas que afectan a la ciudadanía en general, no es otra que el respeto y fiel cumplimiento de las leyes, totalmente ignoradas en el trágico período que hemos vivido, y que el nuevo gobierno no ha percibido. Es un error promulgar leyes que obliguen al cumplimiento de las existentes y en eso ha caído el joven e inteligente equipo que nos gobierna. El orden, el bienestar y el progreso de un país democrático descansa en el respeto a ultranza de la constitución y sus leyes, es tan sencillo como eso. Ni el propio gobierno ha sabido respetar y cumplir con las leyes y la decisiones judiciales. Le ha faltado autoridad, firme convicción, experiencia y le ha sobrado lo políticamente correcto, un mesurado apaciguamiento por temor al término "represión" y algunas concesiones populistas.
Pasando concretamente a la política previsional, vamos a referirnos al principal obstáculo de los últimos gobiernos en su relación con lo que llamaremos el gremio de los jubilados, término impropio ya que no forman parte de la masa laboral. Carecen, por supuesto, de la facultad de imponer sus derechos por los medios legítimos de huelgas, paro, medidas de fuerza y son por lo tanto vulnerables a injusticias
Es necesario señalar que en la preparación de los presupuestos anuales, los gobiernos han previsto siempre una elevada suma destinada al pago de sentencias en los
juicios de los jubilados contra el Estado. Esto demuestra que el Estado sabe y
acepta que los litigantes por el reajuste de sus haberes en el fuero
previsional, obtienen sin ninguna excepción fallos favorables.
Si eso lo
sabe es porque ya viene implementando una política premeditada que liquida los
haberes de los que ingresan al sistema jubilatorio, por debajo de un cálculo
correcto, lo que obliga naturalmente a
la iniciación de acciones legales.
Si, no
obstante ese conocimiento, apela mecánicamente todas las sentencias en primera
instancia, es porque procede de mala fe y su única finalidad es demorar los
procesos, obstaculizar los trámites, dilatar las respuestas a la justicia, con
el solo propósito de no pagar.
Si
consideramos que con ello se perjudica a personas de edad
avanzada, en su mayoría con enfermedades propias del orden natural de la vida,
cercanas a su muerte, estamos frente al delito de abandono de personas en forma
intencional.
Este es un
claro testimonio de que la mencionada previsión presupuestaria es un pleno
reconocimiento de que el Estado da por sentado, pública y oficialmente, que ha
incurrido en el delito de defraudación,
desde el momento que es consciente de la pérdida de todos los juicios.
Refuerza nuestra opinión el hecho de que el actual gobierno haya promulgado una ley de Reparación Histórica, para terminar con la enorme cantidad de juicios pendientes y evitar futuros, pues ¿a qué reparación se refiere? Por medio de esa ley ha incurrido en el delito de extorsión, como hemos explicado en artículos anteriores, al obligar implícitamente a los adherentes al plan, a firmar el compromiso de no pleitear contra el Estado. La estafa se dirige hacia aquellos reclamantes por el reajuste que no iniciaron juicio, a los cuales Anses les asigna un aumento de oficio que deben aceptar, con el compromiso citado, pues de lo contrario, se anula el aumento.
Son muchos los que aceptan por necesidad y firman su adhesión al plan de la ley, renunciando a un derecho legítimo, pero como la mayoría aún no ha tomado decisión y no ha consentido en la suba asignada, Anses acaba de prorrogar el plazo hasta el 28 de febrero del año próximo. A toda costa busca afiliados a la Ley de Reparación Histórica. A tal punto lleva el gobierno su primordial atención de no pagar, que ni a los que con sentencia a su favor aceptaron igualmente la quita del 50% les ha pagado, demorando el trámite, con demoras, conocidas desde febrero del corriente año y así los reclamos van en aumento progresivo.
Es inconcebible que esta ley se denomine "Ley Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", pues dicho vocablo significa "desagravio o compensación por un daño, una ofensa o una injuria" Es decir, que el gobierno admite que existe un daño, al que le agregó histórico, al tratamiento de los jubilados, que debe repararse.
Es bien sabido que Anses ha sido siempre el organismo que enfrenta a los jubilados, en todo orden, a pesar de las funciones que desempeña como lo indica su sigla, Administración Nacional de la Seguridad Social.
Prueba de ello es que se ha constituido en la eterna y maliciosa defensora del Estado en los juicios entablados por los jubilados para el correcto reajuste de sus haberes. Lo dijo claramente su anterior titular, Diego Bossio, cuando el presidente de la Corte Suprema le recriminó las constantes apelaciones, sin causa, contra los fallos a favor de los litigantes. Le respondió, imprudentemente, que él estaba para defender al Estado contra el ataque de los jubilados.
La misma política continuó con el actual gobierno, donde las apelaciones, demoras injustificadas, y obstaculizaciones se hallan a la orden del día. Pero no termina ahí el ensañamiento del organismo, pues ahora se ha dedicado a apelar todas las sentencias de juicios jubilatorios de la Cámara Federal de la Seguridad Social para llevarlos a la Corte Suprema. Pretende aplicar parámetros menores también a los juicios.
La defensa del Ripte por parte de Anses tiene falacias que pretenden esconder el fin de economizar en favor del Estado, a costa de los jubilados. Esto a pesar de que el director del organismo afirmó textualmente: "A partir de ahora la Anses no apela más y empieza a pagar los juicios a los jubilados"
Recientemente el Gobierno ordenó a Anses retomar los pagos suspendidos de las pensiones por invalidez, respondiendo a un pedido de la Justicia. Del mismo modo, podría ordenar a Anses los pagos suspendidos hace años de las sentencias de más de 200.000 jubilados, ancianos en su gran mayoría.
La táctica que emplea el gobierno en el orden judicial para torcer las leyes y procedimientos, es perversa y está en abierta contradicción con los derechos humanos que prometió enderezar. En efecto, en los juicios de lesa humanidad, alarga los plazos de prisión preventiva, con desprecio de lo establecido en las leyes penales y de procedimiento, a un límite que se traduce en una prisión perpetua sin condena, hasta la muerte del enjuiciado, ya cercana por la avanzada edad de los presos políticos.
Lo mismo sucede con los juicios de los jubilados cuyas sentencias no son cumplidas.
Al prolongar la duración de los procedimientos con falsas apelaciones, con demoras injustificadas, con toda clase de obstáculos y ardides, se cumple el propósito buscado ya que la mayoría, debido a su edad, fallece en el intento.
Es de esperar que, luego de las elecciones de octubre, el resultado de las mismas nos lleve al Cambio por el cual lo hemos votado.
Refuerza nuestra opinión el hecho de que el actual gobierno haya promulgado una ley de Reparación Histórica, para terminar con la enorme cantidad de juicios pendientes y evitar futuros, pues ¿a qué reparación se refiere? Por medio de esa ley ha incurrido en el delito de extorsión, como hemos explicado en artículos anteriores, al obligar implícitamente a los adherentes al plan, a firmar el compromiso de no pleitear contra el Estado. La estafa se dirige hacia aquellos reclamantes por el reajuste que no iniciaron juicio, a los cuales Anses les asigna un aumento de oficio que deben aceptar, con el compromiso citado, pues de lo contrario, se anula el aumento.
Son muchos los que aceptan por necesidad y firman su adhesión al plan de la ley, renunciando a un derecho legítimo, pero como la mayoría aún no ha tomado decisión y no ha consentido en la suba asignada, Anses acaba de prorrogar el plazo hasta el 28 de febrero del año próximo. A toda costa busca afiliados a la Ley de Reparación Histórica. A tal punto lleva el gobierno su primordial atención de no pagar, que ni a los que con sentencia a su favor aceptaron igualmente la quita del 50% les ha pagado, demorando el trámite, con demoras, conocidas desde febrero del corriente año y así los reclamos van en aumento progresivo.
Es inconcebible que esta ley se denomine "Ley Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", pues dicho vocablo significa "desagravio o compensación por un daño, una ofensa o una injuria" Es decir, que el gobierno admite que existe un daño, al que le agregó histórico, al tratamiento de los jubilados, que debe repararse.
Es bien sabido que Anses ha sido siempre el organismo que enfrenta a los jubilados, en todo orden, a pesar de las funciones que desempeña como lo indica su sigla, Administración Nacional de la Seguridad Social.
Prueba de ello es que se ha constituido en la eterna y maliciosa defensora del Estado en los juicios entablados por los jubilados para el correcto reajuste de sus haberes. Lo dijo claramente su anterior titular, Diego Bossio, cuando el presidente de la Corte Suprema le recriminó las constantes apelaciones, sin causa, contra los fallos a favor de los litigantes. Le respondió, imprudentemente, que él estaba para defender al Estado contra el ataque de los jubilados.
La misma política continuó con el actual gobierno, donde las apelaciones, demoras injustificadas, y obstaculizaciones se hallan a la orden del día. Pero no termina ahí el ensañamiento del organismo, pues ahora se ha dedicado a apelar todas las sentencias de juicios jubilatorios de la Cámara Federal de la Seguridad Social para llevarlos a la Corte Suprema. Pretende aplicar parámetros menores también a los juicios.
La defensa del Ripte por parte de Anses tiene falacias que pretenden esconder el fin de economizar en favor del Estado, a costa de los jubilados. Esto a pesar de que el director del organismo afirmó textualmente: "A partir de ahora la Anses no apela más y empieza a pagar los juicios a los jubilados"
Recientemente el Gobierno ordenó a Anses retomar los pagos suspendidos de las pensiones por invalidez, respondiendo a un pedido de la Justicia. Del mismo modo, podría ordenar a Anses los pagos suspendidos hace años de las sentencias de más de 200.000 jubilados, ancianos en su gran mayoría.
La táctica que emplea el gobierno en el orden judicial para torcer las leyes y procedimientos, es perversa y está en abierta contradicción con los derechos humanos que prometió enderezar. En efecto, en los juicios de lesa humanidad, alarga los plazos de prisión preventiva, con desprecio de lo establecido en las leyes penales y de procedimiento, a un límite que se traduce en una prisión perpetua sin condena, hasta la muerte del enjuiciado, ya cercana por la avanzada edad de los presos políticos.
Lo mismo sucede con los juicios de los jubilados cuyas sentencias no son cumplidas.
Al prolongar la duración de los procedimientos con falsas apelaciones, con demoras injustificadas, con toda clase de obstáculos y ardides, se cumple el propósito buscado ya que la mayoría, debido a su edad, fallece en el intento.
Es de esperar que, luego de las elecciones de octubre, el resultado de las mismas nos lleve al Cambio por el cual lo hemos votado.
