viernes, 29 de mayo de 2020

FORMOSA EN "CUARENTENA"

El presidente viajó a Formosa para "mejorar el sistema" de compra o soborno de ciudadanos paraguayos que viajan de Clorinda regularmente para la recepción de documentos de identidad argentinos, tramitar jubilaciones en Anses, cobrar los suculentos subsidios IFE también otorgados por el instituto de Previsión Social y adquirir medicamentos con descuentos con la acreditación de PAMI. Esto al descubrirse de que al menos 130 ciudadanos paraguayos fueron denunciados por cruzar las fronteras a Formosa para poder cobrar los beneficios que otorga el Poder Ejecutivo como Ingreso Familiar de Emergencia, por medio de las oficinas de Anses.
El asunto se agravó cuando dos agentes aduaneros argentinos fueron detenidos en Encarnación al arribar a la cabecera paraguaya del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz” con cerca de 600.000 pesos en efectivo. ​El dinero correspondía a jubilaciones y planes sociales que entrega entidades argentinas a ciudadanos paraguayos de manera irregular.
Los funcionarios se habían encargado de realizar las extracciones a través de cajeros automáticos ante la imposibilidad de los beneficiarios de trasponer la frontera. Es decir, se trató de un fraude deliver
Estos últimos días hemos presenciado varios programas televisivos denunciando las irregularidades observadas en los datos de Anses al rechazar grades cantidades de solicitudes de IFE plagas de errores, algunos insólitos.Debo informarles que desde hace más de trece años vengo denunciando repetidamente las falsedades y defraudaciones que comete dicho organismo, entre ellas las jubilaciones entregadas a extranjeros, con varias finalidades delictivas, entre ellas las de reforzar con sobornos los votos de paraguayos, bolivianos y peruanos que, en época de elecciones cruzan al país con falsos documentos de identidad para votar como argentino
Millones de pesos malversados al Estado para sostener el inmoral "Clientelismo de Frontera" del Gildismo provincial, pues la prensa de los oaíses limítofes nos dan a conoce que más de 30.000 cruzan la frontera en época electoral.
Ningún efecto tuvieron las publicaciones en nuestro espacio "Habla la Experiencia," casi medio centenar, en las que solicitábamos una investigación y completa auditoría. Misión imposible toda vez que Anses goza de la más insólita impunidad, sostenida por cadenas de acero, remaches de fierro y pilares de cemento.
El gobierno se ha excedido en sus deleznables propósitos del "vamos por todo" enganchado a lograr la impunidad de la expresidente, en los juicios por corrupción, de modo que esperamos que se cumpla el refrán, "el pez por su boca muere"
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viernes, 22 de mayo de 2020

RESPETAR NUESTRA SOBERANÍA

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jueves, 21 de mayo de 2020

ESTADO EMPRESARIO (con virus)

He aquí los verdaderos motivos. A confesión de parte...
Trotta planteó (aprobó) que el Estado "debe participar" (afanar) en las empresas porque "se necesitan más recursos",(morlacos) ya que indicó que para el desarrollo (pillaje) del país no alcanza con lo que se recauda (arrasa) con impuestos. Dijo que esto permitiría robustecer (enriquecer) al sector público (cristinista) y que es un modelo (sistema) que se aplica en países asiáticos, como China. (y en otros países como Venezuela y Cuba)
Con estos proyectos, la reforma judicial y constitucional, los subsidios (coimas) que pagan los jubilados por medio de Anses, la seguridad "controlada", la impunidad también asegurada, ya no quedan dudas acerca del "cuaterno" virus que nos invadió.
El virus de la salud, el de la economía, el del populismo y el de la moral. ¿Podremos seguir escribiendo en la computadora? Acá se viene otro virus peligroso.
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martes, 19 de mayo de 2020

RETORCIDAS ESPERANZAS



Un castigo inmoral de un gobierno inmoral. 
Los jubilados vienen de perder su movilidad en virtud de las resoluciones del macrismo en el año 2017, siguen perdiendo con la congelación de esa tramposa movilidad, por los decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, y como escandaloso remate recibirán en junio un insignificante aumento del 6%,  por otro DNU del mismo presidente.
Todo premeditado con malicia, en virtud de la cuarentena durante la cual los tribunales permanecen cerrados, pero con el protocolo virtual de Anses que lo ayuda a continuar la masacre: Trampear, Demorar, Obstaculizar, Impugnar, Apelar y No pagar.
Parece que se mofaran de los fallos dictados por la Corte Suprema desde 1957 para que se concrete un justo índice de movilidad como fija la Constitución Nacional. La legislatura se lo pasa por el trasero, el ejecutivo no se da por enterado, el judicial goza como masoquista de la irreverencia y nulo interés que le prestan los dos poderes, el periodismo, atolondrado y temeroso, recién comienza a preocuparse de un latrocinio de años al que jamás denunció ni criticó. 
La sociedad ya colocó una impiadosa cortina que los excluye de su seno materialista, mezquino y codicioso  
Allá en la lejanía no se vislumbra ninguna posible solución a este drama que llena las páginas crueles de  nuestra reciente historia.
El recordado veto de la presidente Cristina Kirchner, hoy vicepresidente, a la ley del 82% móvil que aprobara  el Congreso en octubre de 2010, veto acompañado con los desagradables epítetos "cuervos y buitres" dirigidos a los jubilados, en nada contribuye a mantener una expectativa favorable a una justa solución. 

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lunes, 18 de mayo de 2020

ANEXO

 "Exclusivo: La historia secreta de la caída del secuestrador de Roberto Walsh", escito por el periodista FacundoPastor.
El represor avanzó con el paso cansino sabiendo que en pocos metros cruzaría la línea imaginaria que otra vez lo devolvería a la Argentina. Llevaba más de 43 años escapando de la justicia por delitos de lesa humanidad. La frontera estaba alborotada. Eran las dos de la tarde del jueves 14 de mayo cuando Gonzalo “Chispa” Sánchez, el hombre que secuestró al periodista Rodolfo Walsh en 1977, fue entregado a las autoridades argentinas.
Había recorrido los 489 metros del Puente Internacional Tancredo Neves custodiado por efectivos de la Policía Federal Brasileña. El paso fronterizo, que estaba cerrado por la pandemia, sólo se habilitó para el ingreso del genocida.
Antes de salir del territorio brasileño, Sánchez alcanzó a contemplar en silencio el río Iguazú y comenzó a rezar entre sollozos. Balbuceaba súplicas cuando los policías brasileños que lo escoltaban le exigieron cautela en dos oportunidades. Frente al fastidio del represor, los uniformados lo sujetaron con mayor firmeza temiendo que el exprefecto intentara fugarse.
Arriba del puente el despliegue policial comenzaba a exhibirse. Chispa Sánchez llevaba sus manos esposadas cubiertas de guantes de látex celestes, un barbijo ajustados en sus orejas y una máscara de plástico que cubría su rostro en forma completa. A metros del puesto fronterizo argentino, la caminata se desarrolló en un silencio sepulcral. Uno de los asesinos de Rodolfo Walsh estaba a segundos de regresar a la Argentina.
Por debajo de la cobertura facial sus lentes comenzaron a empañarse cuando logró divisar la bandera de su país de origen del que se había fugado a principios de los 2000 cuando el juez federal Sergio Torres dictó la primera orden de captura internacional. Estoicos, detrás del vallado que las autoridades argentinas pusieron para cerrar la frontera, lo esperaban los efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería para completar una extradición histórica.
A24.com accedió a documentos exclusivos que sirven para reconstruir la caída de uno de los hombres más buscados por la justicia Argentina. El exmiembro del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA fue parte de la patota operativa que emboscó a Walsh el 25 de marzo de 1977 en el barrio de San Cristóbal, donde el autor de "Operación Masacre" e integrante de la organización peronista Montoneros cayó acribillado tras resistir con una pistola calibre 22.
El nombre del represor Gonzalo “Chispa” Sánchez sonó por primera vez durante el juicio a las juntas militares en 1985. Pero nadie reparó mucho en su historia hasta que los detalles de su accionar sanguinario volvieron a ventilarse con la reapertura de la causa por los crímenes de la ESMA. Sánchez ya había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, pero cuando estaba todo listo para su extradición, logró que la justicia brasilera le otorgara en 2016 la prisión domiciliaria, de la que finalmente se escapó.
Ahora, su arresto había ocurrido en Paraty, una pequeña ciudad colonial del litoral sur de Rio de Janeiro donde Sánchez se había mimetizado con los lugareños y caminaba con total impunidad sobre las callecitas adoquinadas. Todo ese procedimiento fue monitoreado en forma personal por el canciller Felipe Solá quien le informó en tiempo real cada movimiento al presidente Alberto Fernández.
Sánchez había sido trasladado el martes 12 de mayo desde el aeropuerto Internacional Tom Jobim, de Rio de Janeiro hacia a Foz de Iguazú, en el estado sureño de Paraná. Una vez en manos de las autoridades argentinas, fue trasladado hasta la oficina de control de Sanidad de Fronteras a cargo de la doctora Carina Tourn. Ni bien el represor ingresó al recinto miró fijo a cada uno de los presentes y comenzó a saludar en portugués.
-Buenas tardes, bienvenido a la Argentina, replicó la médica de Migraciones sin vacilar. Le solicito que complete estas dos declaraciones juradas de sanidad, una terrestre y una aérea, agregó sin inmutarse.
-Eu não falo espanhol, respondió el represor frente al requerimiento, al tiempo que solicitó que sea ella quien complete los dos formularios oficiales.
La doctora Tourn se negó al pedido argumentando que el procedimiento se trataba de una declaración de puño y letra. “Es un trámite personal, señor Sánchez. Por otro lado le aclaro que no insista con este comportamiento ya que es imposible olvidarse de su lengua original”, completó la médica con fastidio.
Sin muchas alternativas, el represor extrajo del bolsillo de su pantalón azul marino un objeto fabricado manualmente con cartones que tenía pegado un cristal para ver de cerca. Con esa lupa improvisada y sus lentes con un leve aumento comenzó a llenar las dos fichas mientras ya balbuceaba en castellano.
Más tarde, realizó el ingresó migratorio donde presentó un pasaporte provisorio expedido por el consulado argentino en Río de Janeiro. A las pocas horas, Chispa Sánchez fue trasladado al aeropuerto local y, previo a un procedimiento de desinfección, abordó una aeronave de la Policía Federal marca Twin Otter 400 matrícula LQ-JKE. La comisión policial estaba a cargo del subcomisario Mariano Giglio de la División Federal de Fugitivos y Extradiciones.
Recién a las nueve de la noche, el vuelo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde a Sánchez se le exhibió la “ficha de captura internacional vigente” por interpol número A-3671/4-2020. Finalmente, el detenido fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio de Lugano para cumplir con una estricta cuarentena.
Sánchez conoce mejor que nadie los detalles del secuestro del célebre escritor y periodista Rodolfo Walsh que, tras caer en manos de los militares, fue conducido a la ESMA para luego engrosar la lista de los detenidos desparecidos. Entre sus pertenencias, el represor sólo llevaba un libro forrado en cuero marrón con una inscripción en letras doradas que decía "Santa Biblia".
El represor avanzó con el paso cansino sabiendo que en pocos metros cruzaría la línea imaginaria que otra vez lo devolvería a la Argentina. Llevaba más de 43 años escapando de la justicia por delitos de lesa humanidad. La frontera estaba alborotada. Eran las dos de la tarde del jueves 14 de mayo cuando Gonzalo “Chispa” Sánchez, el hombre que secuestró al periodista Rodolfo Walsh en 1977, fue entregado a las autoridades argentinas.
Había recorrido los 489 metros del Puente Internacional Tancredo Neves custodiado por efectivos de la Policía Federal Brasileña. El paso fronterizo, que estaba cerrado por la pandemia, sólo se habilitó para el ingreso del genocida.
Antes de salir del territorio brasileño, Sánchez alcanzó a contemplar en silencio el río Iguazú y comenzó a rezar entre sollozos. Balbuceaba súplicas cuando los policías brasileños que lo escoltaban le exigieron cautela en dos oportunidades. Frente al fastidio del represor, los uniformados lo sujetaron con mayor firmeza temiendo que el exprefecto intentara fugarse.
Arriba del puente el despliegue policial comenzaba a exhibirse. Chispa Sánchez llevaba sus manos esposadas cubiertas de guantes de látex celestes, un barbijo ajustados en sus orejas y una máscara de plástico que cubría su rostro en forma completa. A metros del puesto fronterizo argentino, la caminata se desarrolló en un silencio sepulcral. Uno de los asesinos de Rodolfo Walsh estaba a segundos de regresar a la Argentina.
Por debajo de la cobertura facial sus lentes comenzaron a empañarse cuando logró divisar la bandera de su país de origen del que se había fugado a principios de los 2000 cuando el juez federal Sergio Torres dictó la primera orden de captura internacional. Estoicos, detrás del vallado que las autoridades argentinas pusieron para cerrar la frontera, lo esperaban los efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería para completar una extradición histórica.
A24.com accedió a documentos exclusivos que sirven para reconstruir la caída de uno de los hombres más buscados por la justicia Argentina. El exmiembro del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA fue parte de la patota operativa que emboscó a Walsh el 25 de marzo de 1977 en el barrio de San Cristóbal, donde el autor de "Operación Masacre" e integrante de la organización peronista Montoneros cayó acribillado tras resistir con una pistola calibre 22.
El nombre del represor Gonzalo “Chispa” Sánchez sonó por primera vez durante el juicio a las juntas militares en 1985. Pero nadie reparó mucho en su historia hasta que los detalles de su accionar sanguinario volvieron a ventilarse con la reapertura de la causa por los crímenes de la ESMA. Sánchez ya había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, pero cuando estaba todo listo para su extradición, logró que la justicia brasilera le otorgara en 2016 la prisión domiciliaria, de la que finalmente se escapó.
Ahora, su arresto había ocurrido en Paraty, una pequeña ciudad colonial del litoral sur de Rio de Janeiro donde Sánchez se había mimetizado con los lugareños y caminaba con total impunidad sobre las callecitas adoquinadas. Todo ese procedimiento fue monitoreado en forma personal por el canciller Felipe Solá quien le informó en tiempo real cada movimiento al presidente Alberto Fernández.
Sánchez había sido trasladado el martes 12 de mayo desde el aeropuerto Internacional Tom Jobim, de Rio de Janeiro hacia a Foz de Iguazú, en el estado sureño de Paraná. Una vez en manos de las autoridades argentinas, fue trasladado hasta la oficina de control de Sanidad de Fronteras a cargo de la doctora Carina Tourn. Ni bien el represor ingresó al recinto miró fijo a cada uno de los presentes y comenzó a saludar en portugués.
-Buenas tardes, bienvenido a la Argentina, replicó la médica de Migraciones sin vacilar. Le solicito que complete estas dos declaraciones juradas de sanidad, una terrestre y una aérea, agregó sin inmutarse.
-Eu não falo espanhol, respondió el represor frente al requerimiento, al tiempo que solicitó que sea ella quien complete los dos formularios oficiales.
La doctora Tourn se negó al pedido argumentando que el procedimiento se trataba de una declaración de puño y letra. “Es un trámite personal, señor Sánchez. Por otro lado le aclaro que no insista con este comportamiento ya que es imposible olvidarse de su lengua original”, completó la médica con fastidio.
Sin muchas alternativas, el represor extrajo del bolsillo de su pantalón azul marino un objeto fabricado manualmente con cartones que tenía pegado un cristal para ver de cerca. Con esa lupa improvisada y sus lentes con un leve aumento comenzó a llenar las dos fichas mientras ya balbuceaba en castellano.
Más tarde, realizó el ingresó migratorio donde presentó un pasaporte provisorio expedido por el consulado argentino en Río de Janeiro. A las pocas horas, Chispa Sánchez fue trasladado al aeropuerto local y, previo a un procedimiento de desinfección, abordó una aeronave de la Policía Federal marca Twin Otter 400 matrícula LQ-JKE. La comisión policial estaba a cargo del subcomisario Mariano Giglio de la División Federal de Fugitivos y Extradiciones.
Recién a las nueve de la noche, el vuelo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde a Sánchez se le exhibió la “ficha de captura internacional vigente” por interpol número A-3671/4-2020. Finalmente, el detenido fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio de Lugano para cumplir con una estricta cuarentena.
Sánchez conoce mejor que nadie los detalles del secuestro del célebre escritor y periodista Rodolfo Walsh que, tras caer en manos de los militares, fue conducido a la ESMA para luego engrosar la lista de los detenidos desparecidos. Entre sus pertenencias, el represor sólo llevaba un libro forrado en cuero marrón con una inscripción en letras doradas que decía "Santa Biblia".
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UN ARTÍCULO CON ADORNOS

En varias oportunidades mencioné mi preferencia por la publicación de Tribuna de Periodistas, en especial por los artículos de su Director Christian Sanz, siempre salpicados de verdades con pruebas y fundamentos que obligan a su lectura. Por tal motivo y colocando mis opiniones en los dos platillos de la balanza, debo expresar la sorpresa que me causó el artículo "Exclusivo: La historia secreta de la caída del secuestrador de Roberto Walsh", escito por el periodista FacundoPastor.
El relato es un tanto novelesco sobre la llegada del preso y su cruce desde la frontera con Brasil, pero lo llamativo es el uso de los adjetivos aplicados al detenido, pues comienza con llamarlo "genocida", y luego, "asesino", "represor," "sanguinario" y secuestrador,  y al procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal y la Gendarmería lo calificó de "extradición histórica".
Al referirse al hecho motivo de su detención, dice que el 25 de marzo de 1977 fue parte de la patota operativa que emboscó a Walsh que cayó acribillado tras resistir con una pistola. Falsa afirmación  ya que se trataba de un Grupo de tareas que combatía a los Montoneros, no de una "patota."
Luego agrega que el montonero, tras caer en manos de los militares, fue conducido a la ESMA para engrosar la lista de los detenidos desparecidos.
El título habla de secuestrador y en la narración de asesino, pero el presunto cadáver no  apareció
Para los que leyeron el artículo,  lo transcribo como anexo.  Ver:



























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sábado, 16 de mayo de 2020

LA JUSTICIA PREVISIONAL EN CUARENTENA

La Justicia manca, renga, sorda y muda que figura como Poder Judicial y Ministerio de Justicia en un país llamado República Argentina, ha decidido poner en cuarentena los juicios previsionales.Allanándose a las órdenes emanadas por Decretos de Emergencia dictados por su hermano trillizo, el Poder Ejecutivo, y con la venia respetuosa de su otro hermano, el poder Legislativo, reculó de sus cómodos sillones e inició el juego de las cuarenta. Pero la ideología y la picardía asoma irreverente en las discriminadas excepciones aprobadas implícitamente por el silencio de sus pares.Mi caso, que es en verdad explícito, lo demuestra.Soy jubilado litigante que luego de 21 años de juicio previsional con sentencia favorable por el reajuste de mis haberes, tuve que recurrir a un embargo contra Anses para que finalmente se liquidara la sentencia. Se cumplió el embargo, contrariando los principios y el conocido protocolo de Anses, Trampear, Demorar, Impugnar, Obstaculizar, Apelar y No pagar, pero astutamente con sus idas y venidas el tramposo Organismo Oficial se quedó con "el vuelto" para obligarme a iniciar otro juicio para una correcta liquidación aprobada por el tribunal que ordenó su pago en un plazo de treinta días.La liquidación final conforme la sentencia de 1997, fue aprobada por el juez y la Cámara de Apelaciones recién en octubre de 2016, luego de muchas idas y venidas de Anses en todas las instancias, que demoró durante muchos años y la resolución nunca fue pagada como el juez lo ordenara.Por eso se llegó al extremo (impensado hace algunos años) de embargarle fondos a Anses para cobrar por la fuerza (judicial) la deuda que el juez ordenó, intimó y exigió que se pagara en sucesivos plazos que, una vez vencidos, se renovaban para dar nueva oportunidad al pago que jamás se efectuó.La liquidación final quedó firme incluyendo capital e intereses adeudados a octubre de 2016Finalmente, se cobró por depósito judicial dispuesto por la fuerza (contra la voluntad de Anses que llegó a impugnar el procedimiento hasta el último día, cuando el Oficio de transferencia de fondos ya había sido librado al Banco de la Nación Argentina con fecha junio de 2018.Como Anses nunca efectuó liquidación de una sentencia firme durante más de 20 años, y nunca aceptó la liquidación también firme, aprobada por un juez de la Nación, confirmada por la Excelentísima Cámara del Fuero, tampoco jamás se dio por enterada de que DEBÍA CUMPLIR LA SENTENCIA, vigente desde hace más de 20 años (1997)…Por eso, pese a la sentencia y a la liquidación firme que fijaban tanto el monto del retroactivo a pagar, como el del haber mensual previsional a partir de octubre de 2016; Anses tampoco ajustó el haber mensual conforme esa sentencia.Por lo que cada mes, se genera una nueva diferencia entre el haber fijado judicialmente y el que paga como se le da la gana a Anses.Ello obliga a reanudar periódicamente el proceso de ejecución de sentencia, efectuando liquidación de diferencias mensuales (capital) adeudado, con más los intereses desde que cada mes se debe, desde la liquidación firme anterior (la que dio origen al embargo y transferencia forzada de fondos al litigante), hasta la nueva (en este caso, con fecha marzo de 2019).Ello implica que, de continuar así las cosas, como desde hace más de veinte años (lo que es casi seguro), dentro de algunos meses, una vez cobrada la liquidación de marzo de 2019, habrá que efectuar nueva liquidación, intimación de pago, embargo y transferencia (lo que toma varios años en conjunto), y así ad infinitum.El hombre propone y Dios dispone, dice el refrán, pero esta vez, el plazo, la feria judicial, la cuarentena y la burocracia, son los que disponen.Entra ahora el juego de la burocracia y las excepciones. Al poco tiempo de asumir. el nuevo gobierno dispuso por DNU el congelamiento de los aumentos fijados por ley, anulando de ese modo la movilidad de los haberes jubilatorios, ineludible decisión de reclamar a la justicia que no pudo llevarse a la práctica por otro DNU que ordenó el estado de emergencia y la cuarentena por la pandemia del Corona virus. Se cerraron los tribunales .Sin embargo, como dijimos, la astucia prevalece y la Presidente del máximo tribunal penal del país recomienda a los tribunales orales con juicios en trámite por causas de lesa humanidad, proseguir con los procesos, aunque sea por vía remota.Posteriormente se abren nuevamente las cortinas, con mayor amplitud, puesto que jueces y funcionarios ordenaron la suelta de palomas presidiarias, por millares, lo que sacó de sopor a la misma Corte Suprema que se olvidó de la cuarentena.Mientras tanto,El Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz suspendió la audiencia por la emergencia del conoravirus. No hay fecha propuesta. Demás tribunales orales que llevan causas contra CFK y otros, en idéntica situación.La Oficina de Anticorrupción, también en cuarentena, corre la cortina metálica para tomar la insólita decisión de informar al tribunal que se aparta como querellante de los juicio de corrupción en contra de Cristina Fernández.En buen romance, podemos interpretar que los jubilados, me incluyo, no tienen derecho a la continuación de sus juicios porque debido a su edad están recluidos por la cuarentena, y aunque pudieran salir a consultar a sus abogados o para concurrir a los tribunales, se darían de narices contra los carteles "closed" por peste.Nadie, ni funcionarios, ni jueces, ni periodistas, ni la sociedad en su conjunto, tiene en cuenta el escaso tiempo de vida que les queda para que sean ignorados como si ya se hubieran muerto. ¿No merece excepción el caso de un jubilado de 96 años que ya no puede correr con plazos? Es indignante, pues lo único que tiene que hacer Anses es un depósito a mi cuenta bancaria.¿Acaso se puede creer que el virus invisible lo impide? Es tan monumental esta mentira que Anses gira y deposita mensualmente los pagos jubilatorios y los millonarios subsidios acreditados a más de 7 millones de favorecidos por un DNU del Poder Ejecutivo.
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NO VOLVERÁN

UN TROZO SINIESTRO DE LA HISTORIA
Comparto este editorial, pues constituye un alarmante y verídico resumen de una época siniestra. Los archivos no mienten.
EDITORIAL DE LA NACIÓN DEL 13/5/2020
APRENDER DEL PASADO
Aunque parezcan tan solo un extravío político y judicial, las indiscriminadas liberaciones de presos podrían anticipar la repetición de trágicos hechos.
A partir de la aparición de la guerrilla revolucionaria en la Argentina durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi, en 1959, su delictivo accionar fue reprimido en el marco de la ley por los Juzgados Federales de Sección, tanto en tiempos de gobiernos civiles como militares. Fue en 1971 cuando, ante la violencia armada que desataron distintos grupos guerrilleros, esos juzgados quedaron desbordados y el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación.
En poco más de un año y medio, este tribunal había sustanciado casi 9000 causas, procesado a alrededor de 2000 personas y condenado a casi 600, que pasaron a cumplir penas de prisión en distintas cárceles. Entre ellas se contaban los principales dirigentes y numerosos combatientes de las organizaciones terroristas de la época, entre las cuales se destacaban el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la agrupación Montoneros.
Cuando los militares entregaron el poder a Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, la primera decisión del nuevo presidente fue excarcelar a un gran número de condenados, incluidos violadores, narcotraficantes, ladrones y asesinos, además de los terroristas. Sin indulto ni amnistía, la historia registra que ganaron caóticamente la calle a medianoche por la presión de una marcha de organizaciones de izquierda hacia la cárcel de Devoto, ya tomada por más de 200 guerrilleros, en un episodio que se conoció como el "devotazo". Se trató de un aval político a la violencia terrorista, que se prolongaría hasta fines de aquella década.
"Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos", era la consigna revolucionaria y la promesa de Cámpora. La amnistía se formalizaría recién tres días más tarde, con la aprobación por amplia mayoría de votos del Congreso de la Nación. Unos días después, ambas cámaras legislativas disolverían el tribunal penal y derogarían la legislación antiterrorista vigente, hecho que fue celebrado con aplausos y con la entonación del Himno Nacional.
Los presos liberados no tardaron en retornar a sus organizaciones político-militares para enfrentar con armas al propio gobierno peronista que sucedió al que los había dejado en libertad, tal como ellos mismos habían anunciado. Su intención no era otra que continuar dirigiendo ataques contra las "empresas imperialistas y el ejército opresor", con el fin de golpear y desgastar al "enemigo" hasta lograr las condiciones para "asaltar el poder y establecer el gobierno revolucionario obrero y popular". Y cumplieron, a sangre y fuego. El período de máxima violencia de los amnistiados, integrantes del ERP, Montoneros y otras organizaciones guerrilleras, sucedió entre mayo de 1973 y marzo de 1976, durante los gobiernos constitucionales de Cámpora, Juan Domingo Perón y su viuda, María Estela Martínez de Perón, y se cobró las vidas de más de mil víctimas del terrorismo.
Entre ellos, un lugar especial ocupa el doctor Jorge Quiroga, integrante de aquella Cámara Federal Penal que se atrevió a juzgar a los terroristas. Resultó asesinado en 1974 de 14 disparos efectuados por dos integrantes del ERP montados en una motocicleta que, identificada, condujo a la detención de Raúl Argemí y Marino Amador Fernández, a quienes se condenó por asociación ilícita, tenencia de armas de guerra, acopio de munición y uso de documentación falsa. Dos décadas después, ambos, aún vivos, fueron indemnizados al amparo de la ley reparatoria 24.043, sancionada en 1991: Argemí, con un monto que, actualizado por inflación, rondaría hoy los 12 millones de pesos, y Amador Fernández, con lo que hoy equivaldría a 13 millones de pesos. En cambio, la única placa que homenajeaba al valiente juez en el frente del edificio de la calle Viamonte donde funcionaba el tribunal fue retirada en 2012, durante el gobierno kirchnerist
Otro integrante de aquel tribunal fue baleado en las piernas y un tercero salvó su vida de casualidad, a raíz de lo cual los ocho magistrados sobrevivientes se vieron obligados a exiliarse con sus familias.
Los trágicos efectos de la amnistía de 1973 y la derogación de leyes antiterroristas fueron determinantes tanto en la decisión de Perón y su viuda como en la de los militares que la derrocaron de pasar a combatir a las organizaciones guerrilleras en forma ilegal.
El último informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2015 habla por sí solo. A partir de tan irresponsable amnistía, durante el gobierno peronista, hubo, en casi tres años, 631 desaparecidos y 514 muertos, mientras que, en los casi ocho años de la última dictadura militar, según el mismo informe, se contabilizan 6447 desaparecidos y 754 muertos.
Aquellos hechos de un pasado trágico parecen reeditarse, una vez más, en el presente. Funcionarios del actual gobierno conmocionaron la agenda pública con acciones que solo pueden explicarse a partir de su clara ideología setentista.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hijo de dos combatientes montoneros, gestionó la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción; de Martín Báez, procesado por lavado de dinero y otros delitos económicos, y de Luis D'Elía, condenado por tomar una comisaría.
Tan injustificada como enojosa medida dio lugar a reclamos de infinidad de delincuentes comunes de todo el país y a revueltas violentas en algunos penales, como el de Devoto.
Roberto Cipriano García integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, organismo dedicado al patrullaje ideológico y a la militancia antisistema que los contribuyentes de una provincia quebrada pagan de sus bolsillos. Recordemos que esa comisión, a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, otro militante kirchnerista, presentó un informe, en 2019, en el que identificaba supuestas operaciones de acción psicológica por parte de periodistas, en un tan flagrante como vergonzoso ataque a la prensa independiente, cuya única finalidad era perjudicar los avances de la causa de los cuadernos de las coimas.
Días atrás, y en línea con Pietragalla, García en persona recorría los penales instando a los presos a presentar recursos de amparo. "El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posible. Han bajado desde enero unos 2100 detenidos. No alcanza, es poco, hay que sacar más", afirma peligrosamente.
Por su parte, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y defensora legal de Cristina Fernández de Kirchner y de Amado Boudou en causas de corrupción, amenazó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. En tuits de su autoría, expresó: "Vamos a escribir la historia con sangre o con razones". Y recomendó fijarnos "de qué lado de la mecha estamos".
Lo que debió superar ampliamente el mero escándalo político para derivar por sobradas razones en la expulsión de su cargo y su procesamiento por amenazas e incitación a la violencia no pasó a mayores en medio de una anomia ciudadana frente a cuestiones ligadas a preocupaciones propias de un tiempo de pandemia. Hemos de llamar la atención, precisamente por ello, respecto de los peligros que este tipo de amenazas encierran y los impredecibles riesgos de continuar violando la sana división de poderes que establece la Constitución. La historia nos enseña que, en un contexto de masivas liberaciones de presos en el marco de un incierto proyecto político que ya hizo sonar muchas cacerolas, episodios como los del crimen del juez Quiroga también podrían repetirse. Lo que hoy puede parecer solo un impropio extravío puede ser anticipo de trágicos hechos si no alzamos la voz para denunciarlos. Simple ejercicio de memoria.
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miércoles, 13 de mayo de 2020

LO QUE DEBE SABERSE

La abogada francesa, Sophie Tonont Wesfreid, es representante del gobierno argentina, como defensora de los derechos humanos en Francia, designada por el gobierno de Cristina Kirchner.
Además, es presidente de la organización comunista Asociación Francia-América Latina desde la cual ha solicitado la extradición del exdictador Pinochet en diciembre del 2001, sin éxito. Viaja seguido a Chile para conocer los procesos de los tribunales y defiende a los ex presos políticos y activistas latinoamericanos.
Ella logró condenar al marino Alfredo Astiz a cadena perpetua en 1990 en Francia, pero no se pudo cumplir porque Astiz no fue extraditado por el gobierno argentino. En ausencia, logró en 2010 la condena a 25 años de cárcel a José Octavio Riveiro.
El 16 de diciembre de 2013 fue homenajeada por el gobierno kirchnerista y condecorada por el Canciller Timerman​ con la "Orden de Mayo al Mérito en grado Comendador de la República Argentina". Al entregar la condecoración a Sophie Thonon, el Canciller aseguró que es un "orgullo condecorar" a una persona con un "compromiso inquebrantable en la lucha por los Derechos Humanos" y le agradeció su intervención en el juicio de extradición del profesor Mario Sandoval.
Ni lerda ni perezosa aprovechó la estadía para ser entrevistada por varios medios militantes, entre ellos , el Destape por Roberto Navarro, con quien se explayó durante media hora sobre sus actividades en apoyo de los terroristas refugiados en Europa.
Este artículo merece un párrafo especial.
Inexplicablemente, continuó en sus funciones, confirmada por el gobierno de Mauricio Macri, que se había comprometido en su campaña electoral de terminar con el "curro" de los derechos humanos, y se convirtió en gran opositora, con duras críticas a su gestión, públicamente y en forma abierta, con marchas y manifestaciones que lo comparaban con el dictador Videla . Organizó protestas en la torre Eiffel exigiendo la libertad de Milagro Sala, al igual que frente a la embajada argentina, cuyo embajador era Fauri, designado posteriormente canciller.
Por fin, en agosto de 2019 logró la extradición del pofesor Mario Sandoval, actualmente cautivo en Campo de Mayo y juzgado por delito de lesa humanidad. Ver:
La última proeza que le conocimos es la intervención que le cupo en el retiro de la condecoración otorgada por el gobierno francés al marino"represor" Ricardo Cavallo. Ver:
Esta es una prueba contundente de que el comunismo tiene ramificaciones en todo el mundo para la persecución y la cacería de los demócratas que combaten su ideología y su terrorismo.
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domingo, 10 de mayo de 2020

INTERESANTE ARTÍCULO

Cuando una publicación resulta muy atrayente, interesante y reúne todas las cualidades que nos impide interrumpir su lectura, es una tentación transcribirla para el conocimiento de nuestros amigos y contactos virtuales que mantenemos en las redes sociales, Esto es precisamente lo que hacemos:

LA IMPERDIBLE RADIOGRAFÍA DE LA TRABAJADORA DEL CONICET QUE SIEMBRA EL ODIO EN LAS REDES
     
En las redes sociales es conocida como Anita Zen, pero su verdadero nombre es Analía Coccolo. Quién es la militante comunista, acusada de espionaje, que se oculta detrás del relato del ”Capitán Beto”
Analía Coccolo saltó a la fama luego de un polémico video publicado en su cuenta de Twitter @AnitaZenOK, en el que realizaba duras acusaciones sobre las personas que salieron a reclamar a la calle en el marco de lo que se dio en llamar “la marcha de los barbijos”. Como resultado, tuvo que restringir su perfil.
“Voy a ser yo misma la que voy a tocar la cacerola cuando estén todos en cana. Y eso sí, ¿querés salir, papito? Vamos a ver, cruzamos tus datos con AFIP y vemos ingresos brutos, ganancias, cuánta guita tenés en el banco y vas a pagar una fianza de acuerdo a tus ingresos. Porque la fianza va a ser por portación de cara y por fortuna. Así que traten de salir los pobretones a la calle, no salgan los que tienen mucha plata porque esos son los que más guita van a pagar de fianza”, arengaba notablemente iracunda Coccolo.
“Me tienen harta. Merecen contagiarse y estar en el mismo nivel de mucha gente que la está pasando mal y que está hacinada porque Horacio Rodríguez Larreta no considera a la gente de la Villa 31 personas”, comentaba. Y agregaba: “Así que me tienen podrida. Salgan a la calle, contágiense y vayan a provocar, háganlo. Quiero ver cuánto van a durar en la calle. Quiero ver si se animan, si lo hacen (…) ¿Querés salir a la calle? Salí con el barbijo, te lo vas a meter en el orto”.  

UNA COMUNISTA EN EL CONICET

Detrás del seudónimo Anita Zen no se encuentra un simple militante. Aunque, vale aclarar, Coccolo se expone como una férrea defensora de la doctrina cubana.
De hecho, el año pasado participó del día de la Cultura Cubana presentando su libro “Cuba, una carta de amor al tiempo”, en donde realiza una síntesis del “amor de una época” a José Martí, el “Che” Guevara y Fidel Castro. Para la autora, ese “amor” en la actualidad se caracterizará por la recuperación de los gobiernos populares en el continente y en Argentina, “teniendo a Cuba como imagen a seguir”.
Además de comunista, monotributista y empleada en el Conicet, Coccolo mantiene un vínculo con el presidente Alberto Fernández, por ser la autora del relato bautizado “Capitán Beto”.
En el video extraído de la cuenta de Twitter de “Capital Beto”, el mandatario agradece a “Ana” y comenta haber grabado el video luego de compartir un café con la creadora.
Coccolo y la primera dama, Fabiola Yáñez, hicieron gala de uno de los productos de "Capitán Beto".
Aunque comunista, Coccolo también tiene su perfil empresario. En ese marco, mantiene varias marcas registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Pero, además, a fines del 2019, inició el registro de la denominación “Capitán Beto”, lo que le permitirá hacer uso exclusivo de la marca y la imagen animada de Alberto.

UNA INSÓLITA CAUSA DE ESPIONAJE

El estrecho vínculo de Coccolo con el gobierno nacional, ya sea como militante comunista o dueña del relato “Capitán Beto”, se completa con su desempeño como community manager de la Cooperativa de Trabajo Enredo Ltda. y del restaurante de San Telmo llamado “Lo De Néstor”. 
Pero a este perfil, es inevitable sumar otro polémico hecho denunciado en el marco de una causa por “espionaje”.
En el año 2009 un escándalo salpicó a la Universidad Católica (UCA), que fue acusada de difamar a través de un correo electrónico un posgrado de la Universidad del Salvador (USAL), dictado por un ex funcionario menemista, denominado Políticas Públicas de Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA).
En la denuncia firmada por Jorge Vanossi y patrocinada por Diego Pirota –casualmente abogado también de Claudio Uberti en la causa del “valijazo” del venezolano Antonini Wilson-, se apuntaba a cuatro ex empleados de EPOCA. Uno de ellos era Analía Coccolo.
Todos mantenían un factor común: renunciaron o fueron expulsados por la pésima relación laboral y personal que tenían con el ex menemista Roberto Dromi, quien luego se convirtiera en aliado de los Kirchner en su intento de capturar Telecom. La broma juvenil había tomado una magnitud impensada. 

(www.REALPOLITIK.com.ar)

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