El celo de la diputada Elisa Carrió en lograr la limpieza, transparencia y honestidad en la función pública, es altamente elogiable pero no deja de ser desproporcionado, con riesgo de caer en la excentricidad.
Acaba de solicitar que se investigue si tres altos funcionarios del
Estado cometieron el delito de negociaciones “incompatibles con la función
pública” por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y
otras petroleras.
Las negociaciones “incompatibles con la función pública”, se acreditan
si el funcionario presta servicios o asesora a una persona o empresa respecto
de la contratación o gestión de concesiones o si dichas entidades son
proveedoras del Estado.
En este caso, los impugnados ya han renunciado a sus anteriores
actividades y son ajenos a las mismas.
Ponemos el caso de profesionales abogados, contadores, ingenieros,
médicos, economistas que prestaron servicios en distintas empresas o compañías
y que renunciaron a sus cargos para desempeñarse en cargos públicos. ¿Tendría
que haber una investigación de cada uno de ellos, por posible conflicto de
intereses? Por el mismo concepto, habría que investigar a nuestra Canciller por
haber desempeñado funciones diplomáticas en Naciones Unidas. Al ministro de
Hacienda y Finanzas por haber asesorado económicamente a varias empresas. Al
Director Nacional de Vialidad por haber sido vicepresidente en Pluspetro. ¿No
tendrán todos ellos conflicto de intereses?
Es oportuno en esta circunstancia señalar que hay actualmente infinidad
de temas de corrupción, a investigar, de mayor gravedad que los traídos a
cuenta por la diputada, y que merecen primordial atención por su relación
directa con el Poder Ejecutivo.
No conocemos una formal denuncia o pedido de auditoría de la diputada
Elisa Carrió para una investigación a la Administración Nacional de Seguridad
Social. No se necesita ser “léido y entendido” para comprender que un organismo
nacional de esas proporciones, características y frondosa caja de recaudaciones,
la mayor del país, no puede dejarse en la impunidad más absoluta, con mayor
razón cuando es de público conocimiento que sufrió la más escandalosa
corrupción y saqueos de que se tenga noticia.
Si la causa de esta impunidad está claramente a nuestra vista como un
oscuro convenio que responde a conveniencias electorales y de las otras, ¿cómo
es posible que nuestra diputada no lo advierta y no lo coloque al frente de sus
justas denuncias?
Su reconocido prestigio de honestidad e integridad, su valiente defensa
de la República y sus instituciones, nos inclina a juzgar que su falta de
acción se debe a razones de fuerza mayor muy difíciles de explicar.
Desde estas columnas
seguiremos imperturbables la exigencia de una investigación y auditoría de
ANSES y sus ex titulares, hoy políticos de ocasión y oportunidad electoral,
señores Sergio Massa y Diego Bossio, a quienes considero con todo respeto los
adelantados jornaleros de la política autóctona argentina
