El Director de IDEA y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco comenta en un editorial del 27 de febrero del diario La Nación que la marcha ciudadana de hoy 28 tiene por objetivo peticionar a los miembros del Consejo de la Magistratura para que tengan a bien profundizar los trabajos de auditoría originalmente requeridos, verificando los datos reportados, ya que aquellos fueron realizados a través de encuestas a cada uno de los juzgados, para luego difundir los resultados a fin que se sepa cómo se desempeñó cada uno de los juzgados auditados y, en su caso, qué medidas se dispusieron en caso de confirmarse que alguno de los jueces incurrió en mal desempeñ
La sociedad tiene derecho a conocer cómo se desempeñaron los jueces durante los últimos 20 años en causas en las que se investigaban posibles hechos de corrupción. El Consejo de la Magistratura tiene las herramientas para satisfacer dicha demanda.
Tiene razón señor Blanco, pero la sociedad también tiene derecho a conocer cómo se desempeñaron los jueces federales en las causas por delitos de lesa humanidad
La propuesta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el país, fue aprobada por el Consejo de la Magistratura. Se basó en las demoras injustificadas de las causas de la corrupción contra la administración pública que en la mayoría de los casos terminaban en la prescripción.
Si el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías en juzgados y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país para analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y confiable.
Esta es la razón de la Convocatoria de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que adhiere al acto convocado por varias entidades para el jueves 28 de febrero de 2019, a las 18.30, frente a la sede del Consejo de la Magistratura, con el fin de reclamar se “vaya a fondo en la auditoría y aplicación de sanciones a los jueces federales corruptos”, según ha dicho uno de los organizadores.
Nuestra participación, dice, tendrá como finalidad principal insistir en lo que venimos sosteniendo hace más de diez años, esto es, que la gravísima violación que la Corte Suprema y los jueces federales cómplices hicieron del orden jurídico en sus principios más básicos, subordinándose al poder político y sustituyendo la misión de hacer justicia por la ejecución de una venganza, debía necesariamente conducir a la ruina y corrupción de la república.
Ese prevaricato colectivo, insólita y reiteradament proclamado como “política de estado” y que continúa a pesar de las promesas en contrario, fue la siembra de los frutos podridos que hoy cosechamos entre lamentos tardíos.
El hecho de que el pedido de asistencia al acto, publicado en La Nación, se refiera exclusivamente a los juicios por corrupción, puede llamar a engaño a la opinión pújblica que frecuentemente es desinformada cuando se trata de reclamos contra la realización de juicios de lesa humanidad considerados unánimamente como inconstitucionales.
Para un mayor entendimiento del tema, aconsejamos la lectura contenida en el link:
La sociedad tiene derecho a conocer cómo se desempeñaron los jueces durante los últimos 20 años en causas en las que se investigaban posibles hechos de corrupción. El Consejo de la Magistratura tiene las herramientas para satisfacer dicha demanda.
Tiene razón señor Blanco, pero la sociedad también tiene derecho a conocer cómo se desempeñaron los jueces federales en las causas por delitos de lesa humanidad
La propuesta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el país, fue aprobada por el Consejo de la Magistratura. Se basó en las demoras injustificadas de las causas de la corrupción contra la administración pública que en la mayoría de los casos terminaban en la prescripción.
Si el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías en juzgados y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país para analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y confiable.
Esta es la razón de la Convocatoria de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que adhiere al acto convocado por varias entidades para el jueves 28 de febrero de 2019, a las 18.30, frente a la sede del Consejo de la Magistratura, con el fin de reclamar se “vaya a fondo en la auditoría y aplicación de sanciones a los jueces federales corruptos”, según ha dicho uno de los organizadores.
Nuestra participación, dice, tendrá como finalidad principal insistir en lo que venimos sosteniendo hace más de diez años, esto es, que la gravísima violación que la Corte Suprema y los jueces federales cómplices hicieron del orden jurídico en sus principios más básicos, subordinándose al poder político y sustituyendo la misión de hacer justicia por la ejecución de una venganza, debía necesariamente conducir a la ruina y corrupción de la república.
Ese prevaricato colectivo, insólita y reiteradament proclamado como “política de estado” y que continúa a pesar de las promesas en contrario, fue la siembra de los frutos podridos que hoy cosechamos entre lamentos tardíos.
El hecho de que el pedido de asistencia al acto, publicado en La Nación, se refiera exclusivamente a los juicios por corrupción, puede llamar a engaño a la opinión pújblica que frecuentemente es desinformada cuando se trata de reclamos contra la realización de juicios de lesa humanidad considerados unánimamente como inconstitucionales.
Para un mayor entendimiento del tema, aconsejamos la lectura contenida en el link:
