DECLARACION PÚBLICA DE TRABAJADORES JUBILADOS
La Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, ejerciendo la representación genuina de trabajadores que resignaron parte del fruto de su trabajo al Estado para que lo administre y reintegre a través de prestaciones dignas, confiando en la Constitución y en los derechos consagrados en ella, en el imperio de las leyes vigentes, en el rigor e independencia de la Justicia, en la integridad ética y moral de legisladores, funcionarios y políticos que irían a administrar dichos fondos, preservan-dolos con el objeto de puedan ser reintegrados como jubilaciones y pensiones dignas, hoy se ve en la imperiosa necesidad y en la gran responsabilidad de emitir una opinión que, por provenir de quienes son los verdaderos titulares de la llamada clase pasiva resulta sin lugar a dudas la más autorizada, a fin de esclarecer debidamente los hechos que vienen confundiendo deliberadamente a algunos de los mayores retirados y por cierto, a muchos de la opinión pública que, por diferentes circunstancias, se muestran indiferentes, pretendiendo hacerles creer que a los jubilados se les están otorgando beneficios que no son tales, mientras se les miente con descaro e hipocresía y se los distrae con dádivas que humillan y que dilatan perversamente el reconocimiento de sus derechos.
Hoy, A.A.J.A. y los jubilados y pensionados damnificados podrían expresar su clamor con todo rigor y derecho, precisando cada una de las irregularidades, omisiones y despojos incurridos a los que fueron y son sometidos durante muchos años por el Estado, empleando la famosa frase YO ACUSO.
Sin embargo, nos reservamos el derecho de hacerlo en su momento, amparados y confiando nuevamente en la Justicia Independiente, y en el reconocimiento de los patriotas y estadistas que aspiramos revaliden los atributos de la Argentina que alguna vez fue; mientras tanto nos limitamos a decir:
EXIGIMOS, que sea aplicada la Ley que asigna el 82% móvil y la actualización de los haberes jubilatorios que estén por arriba de la mínima, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, casos Badaro, Sanchez, Ellif y otros y que fuera votada y aprobada ante las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y vetada en forma autoritaria y dictatorial por la Ex Presidente y que además se modifique la falsa y mal llamada ley de movilidad solidaria actual, ajustando el procedimiento al criterio constitucional sobre el que se basaron los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
EXIGIMOS declarar la intangibilidad de los fondos de la ANSeS, para que dichos fondos previsionales sean aplicados a sus fines específicos, transparentados en cuanto a su conservación, utilización y rendimientos, mediante el control establecido por las leyes y con la participación activa de los propios jubilados, tanto en ANSeS como en el PAMI.
EXIGIMOS que se establezca un orden prioritario para regularizar la deuda con la clase pasiva, comenzando por reconocerla y documentarla formalmente.
EXIGIMOS que se abonen sin más trámite todas las sentencias firmes por recomposi-ción de los haberes y que se cumpla la promesa ante la CIDH de la OEA, de no apelar los fallos consagrados haciendo uso, como es norma, de chicanas de toda índole para no seguir acumulando Expedientes a los mas de 300.000 juicios, en los juzgados de la Seguridad Social.
EXIGIMOS que no se continúe usurpando nuestros dineros de ANSeS en beneficio de todos aquellos que exigen subsidios, vivienda, alimentación, educación, salud, maternidad y demás prebendas en beneficio del clientelismo político y prebendario.
Que se depure el padrón de jubilados y pensionados engrosado improcedentemente por las moratorias con individuos que nunca aportaron, tal el caso de los indigentes, ciudadanos que viven en el exterior y hasta con oportunistas, para que todas esas prestaciones que no se corresponden con aportes efectivos realizados, que el Estado se haga cargo de las mismas y que sean atendidas por Rentas Generales del Tesoro Nacional o el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el carácter de prestaciones asistenciales.
EXIGIMOS que se resuelvan por vía administrativa y en forma sumaria los pedidos de reajuste de haberes y el pago de retroactividades, sin que deba recurrirse a la vía jurídica para lograrlo. Igual responsabilidad debería asumir en su conjunto el Poder Judicial que no puede seguir haciendo declaraciones mientras los juicios crecen y los jubilados se mueren.
EXIGIMOS que se apliquen con el mayor rigor por la Justicia las sanciones que correspondan por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y que se castigue con el máximo de las penas previstas cuando se incurra en malversación de los caudales destinados a atender prestaciones de la Seguridad Social.
EXIGIMOS que se nos respete por lo que fuimos y por lo que somos: trabajadores dignos y auténticos, que no queremos que se nos utilice demagógicamente, ni como variable de ajuste para encubrir déficits de administración o lograr ventajas electoralistas.
AYER APORTAMOS, HOY RECLAMAMOS Y MAÑANA VOTAMOS
Omar Martínez
Presidente
