miércoles, 22 de noviembre de 2017

EL DERECHO PREVISIONAL


La opinión de los economistas es coincidente al considerar que la reforma previsional es la más complicada para el Gobierno porque está cosechando un amplio rechazo opositor. Estiman que lo que hará el Gobierno para seducir a potenciales aliados en la oposición, es mejorar la oferta conceptual del “plus” Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), que a priori no parece ser suficiente.
Las explicaciones que sobre este tema brindó el ministro Dujovne en el reportaje nocturno de TN no fueron muy claras, lo que contradecía su excelente y a veces brillante exposición sobre la necesidad de aprobar el Pacto Fiscal. Lo dijimos en un artículo días atrás, que el Gobierno busca compartir el costo político del cambio de movilidad, lo que equivale a reconocer que el ínfimo “plus” de 12 pesos sobre la tasa de inflación es otorgado por necesidad política, sin ningún estudio ni discusión responsable sobre un tema que por su gravedad merece ese tratamiento. Viene a ser una limosna a los miserables para convencer a los senadores.
El verdadero costo es del estómago de los jubilados y de sus familias, y no se trata de lograr un subsidio razonable, sino contemplar el derecho  que le asiste al jubilado para que sus haberes sean reajustados conforme a los salarios.
Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una situación de pobreza que no  llegue al hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente, está de acuerdo con la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de las ganancias.
Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes vienen de épocas atávicas.