sábado, 18 de enero de 2020

UNA PIEZA PERIODÍSTICA

A MÁS PRUEBAS JUDICIALES, MÁS RELATO
18 de enero de 2020
Hace cinco años, la Argentina amanecía bajo el impacto de una noticia muy difícil de digerir. El fiscal que acababa de acusar de traición a la patria a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes sindicados como autores del atentado contra la AMIA, en el que perdieron la vida 85 personas, apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Ese lunes, según lo previsto, iba a exponer los fundamentos de su denuncia en el Congreso. En medio de la conmoción, altos funcionarios del gobierno salieron a desestimar la acusación con ataques ad hominem al fiscal que acababa de morir. La supuesta fragilidad de la denuncia de un hombre "desesperado" fortalecía, de paso, la versión del suicidio. Cinco años después, las cosas siguen igual. ¿Por qué aquel gobierno, hoy de nuevo en el poder, insiste en la idea de que el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida?
A falta de respuestas, los interrogantes se multiplican. En una cancha deliberadamente embarrada, todavía se discute si el fiscal se suicidó o lo mataron y aún no hay sentencia definitiva sobre el pacto que habría apuntado a ofrecer impunidad a quienes volaron la mutual judía. Las dos causas representan un peso grande sobre la actual vicepresidenta. Ahora, sin embargo, cuenta con la voluntad y el poder de un gobierno -el suyo- para desactivarlas. Y en eso está. El Presidente, para quien años atrás el encubrimiento y la traición a la patria de su socia electoral eran más que evidentes (así lo dijo en TV y lo escribió en este diario), está hoy comprometido con el mismo afán. Ahora sospecha que el fiscal se suicidó.
El nuevo aniversario de la muerte de Nisman podría servir para tomar conciencia de lo que está ocurriendo mientras el país debate las urgencias de la economía. Cristina Kirchner todavía tiene nueve procesamientos, pero las causas de corrupción que se le siguen están siendo esmeriladas desde el Gobierno y van camino de caer. Se trata de una batalla que el oficialismo encara desde varios frentes, cuidando la táctica y la estrategia, y apostando a crear las condiciones para que la desactivación de esos juicios, algunos en estado avanzado, pueda ser vendida como una reparación desinteresada de las instituciones de la democracia. Kirchnerismo puro.
Para eso han estado preparando el terreno con una teoría que apunta a tender un velo sobre la apabullante cantidad de prueba incriminatoria reunida. Otra vez la palabra, la construcción verbal sin asidero, pulverizando los hechos. El ariete conceptual con el que se arremeterá contra la ley y la división de poderes en nombre de la Justicia es el lawfare, presunta confabulación de periodistas y jueces para encarcelar políticos probos que aman al pueblo. Todos, del Presidente para abajo, hablan de lawfare. Desde el excanciller Bielsa, con un libro sobre el tema, hasta Kicillof, en un decreto que justificó el nombramiento de dos funcionarios procesados. Y todos, desde Cristina Kirchner hasta Milagro Sala, son ahora víctimas de lawfare, que en verdad no es otra cosa que la coartada "moral" tendida por el Gobierno para aplicar el poder en contra de las instituciones republicanas. Incluso están montando un "tribunal ético de lawfare", que pretende juzgar la conducta de jueces, fiscales y periodistas que investigaron casos de corrupción de los gobiernos de Cristina Kirchner, Lula y Rafael Correa. La confianza del kirchnerismo en el relato es infinita. Y no le va mal.
La señora ha colocado soldados incondicionales en puntos claves. Los organismos de control, muchos de los cuales son querellantes en las causas por corrupción del kirchnerismo, ahora le pertenecen. La lista es muy larga. Digamos solo que Carlos Zannini (procesado por encubrimiento junto a la expresidenta) es el jefe de los abogados del Estado y que Daniel Rafecas, el juez que desestimó la denuncia de Nisman en un abrir y cerrar de ojos, es el candidato oficial para ser el jefe de todos los fiscales.
Alineado, el Presidente volvió a hablar de "los malos jueces que terminaron ensuciando a toda la Justicia federal". Se dispone a sanear el sistema, claro. Es curioso que quienes son parte esencial del problema se presenten como la solución. El partido del Gobierno y la vicepresidenta son los grandes acusados de la corrupción del kirchnerismo. Lo que está en marcha es un autoindulto encubierto que, además de consagrar la impunidad, colonizará la Justicia.
¿De qué sirve hablar de economía si peligra la Justicia? Cualquier combate contra la pobreza y la desigualdad está perdido de antemano allí donde buena parte de lo que se recauda vía impositiva -es decir, la plata de todos- queda en manos de una elite privilegiada de políticos y empresarios que se dedica a saquear impunemente al Estado. Si no hay Justicia, volverá a ocurrir. De allí la necesidad de defender los valores republicanos, una tarea que hoy le cabe a la oposición y a ese importantísimo porcentaje de la ciudadanía que cree en ellos. © LA NACION


Por: Héctor M. Guyot

LA REFORMA JUDICIAL


Una breve introducción a un asunto tan importante como es la reforma judicial de un país, nos recuerda que el poder legislativo promulga las leyes, el poder judicial tiene la facultad de administrar la justicia y tutelar el cumplimiento de la Constitución Nacional y el poder ejecutivo es el encargado de ejecutar y hacer cumplir las leyes y las  sentencias del poder judicial.

Es indudable que la reforma de una institución de significativa trascendencia en el país, como lo es la judicial,debe encararse con seriedad, imparcialidad, conocimiento y un análisis exhaustivo que permita debatir opiniones y propuestas, en un marco de mutuo respeto. 
Debe propiciarse una previa convocatoria de foros en las universidades con la intervención de abogados especialistas en distintas disciplinas, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, todo lo que conduzca a un conocimiento integral de los proyectos y modificaciones propuestas, siempre con el tiempo necesario para que decante y se justifique la reforma final que se apruebe.
Sin embargo esto no se materializa actualmente, desde el momento que el poder ejecutivo nos sorprende con un llamado de convocatoria urgente en sesiones extraordinarias.
¿Será tan urgente la necesidad de la reforma    judicial, para que sea debatida a un mes de la asunción del nuevo gobierno en coercitiva convocatoria a sesiones extraordinarias?
Es un explícito reconocimiento de que se procura lograr la impunidad en los juicios de corrupción que fuertemente involucran a la Vicepresidente y funcionarios cómplices de la misma. 
Una reforma judicial propuesta por un nuevo gobierno debe ser tratada con los recaudos formulados anteriormente.
Reuniones apuradas, improvisadas,  en feria judicial y legislativa, en época de vacaciones, demuestran indudablemente que se busca la distracción de la ciudadanía para lograr una aprobación sobre tablas de una ley espurea pergeniada por el Poder Ejecutivo para liberar a los acusados y decretar su impunidad.
Aquí yace una cuestión política que escuchamos del presidente  Alberto Fernández cuando se expresó imprudentemente sobre la revisión de los fallos de jueces que citó expresamente, en especial los que actúan en los juicios por corrupción. Sostuvo además que las sentencias contra la expresidente deberán se revisadas y que Cristina logrará demostrar el infundio de las acusaciones sobre la obra pública.
Estas declaraciones asumen una gravedad inusitada en boca del Presidente por cuanto están claramente desvirtuando la división de los tres poderes establecida en la Constitución Nacional.
Trascendidos hablan de la preparación confidencial, a puertas cerradas, de un proyecto del Ejecutivo que apunta a unificar el fuero Criminal y Correccional Federal donde están basadas las causas de corrupción de la expresidente, con el fuero Penal Económico, lo cual quitaría la importancia que ahora tienen en Comodoro Py y nos hablan también de una imprevista demora, debido a la necesidad de evitar contradicciones con el nuevo Código Procesal Penal.
Es necesario señalar que no queremos la presentación de proyectos secretos surgidos de mentes iluminadas. Debemos exigir que todo sea ventilado abiertamente y sacar a la luz todos los intercambios de opiniones y sugerencias sin ningún encasillamiento.
No es infundada entonces nuestra opinión de que el llamado a la reforma judicial atenta contra los principios de ética y de imparcialidad, al conocerse de antemano los vicios que hemos señalado, razón por la cual debe ser impugnado.
Si no lo fuera y se llegara al deseado y urgente tratamiento, es probable que por el simple y aritmético procedimiento del recuento de votos se consiga la aprobación de la reforma. Así se logró en sólo 48 horas la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productuva en el Marco de la Emergencia Pública, que le cedió al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, previsional, energética, tarifaria, sanitaria y social.
De esta manera y ante la indiferencia de la sociedad y del periodismo sectario, que informa pero no emite opinión, en dos meses y con dos leyes, el gobierno entrante plasmaría la venganza prometida al manejar la Justicia y la Administración del Estado en forma autoritaria y con etiqueta de democracia.