lunes, 30 de marzo de 2020

ANSES Y LA PESTE


El diario Clarín sigue brindando su espacio para las cartas de los jubilados que reclaman justicia ante la defraudación permanente de Anses sobre sus haberes, liquidados intencionada y deliberadamente por debajo de lo establecido por las leyes.
Es el único medio conocido que da entrada a la gente más vulnerable del país que encuentra un espacio generoso, compasivo y gratuito como vía de escape a sus tribulaciones que nadie escucha ni presta la mínima atención. Prescindiendo de la privacidad que debo mantener en los actos de mi vida, me permito escribir a todos mis colegas una carta de adhesión que confirma mi lucha de varios años, condensada en los más de 100 artículos publicados en este blogspot "Habla la Experiencia"
Estimados colegas, ustedes se unen a los que hemos sufrido, y ahora volvemos a sufrir, la injusticia de todos los gobiernos desde hace añares con respecto a la fraudulenta liquidación de sus haberes y su permanente persecución por parte del Estado.
Lamento decirles que el verdugo utilizado para esa finalidad se llama Anses. Nada esperen de él, por el contrario, es la herramienta elegida para hundirnos todos los años en el abuso y en la arbitrariedad. El citado organismo responde al protocolo no escrito que ustedes desconocen, a saber:
Trampear, Demorar, Impugnar, Apelar, No pagar.
Efectivamente, las sentencias firmes le ordenan a Anses proceder a pagar los importes, en ellas fijados, en un plazo de 120 días, que se transforma en años, debido al referido protocolo. Mi caso es parecido al de vosotros pero es de mayor calidad ejemplificadora, si se me permite la expresión. Aquí va la narración de una increíble odisea "jubilatoria"
Me jubilé el 31 de julio de 1990.
El 4 de agosto de 1992 efectué un reclamo administrativo ante ANSES por mala liquidación de mis haberes, Expediente Número 997-51686761-001, que fue rechazado oir el organismo.
Apelé ante la Cámra Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, Expediente Número 21054/93.
Obtuve primera sentencia favorable de la Cámara 2l 20/09/93 sentencia 41470.
ANSES apeló ante la Corte Suprema de Justicia que falló a mi favor sentencia firme del 15 de julio de 1997.
ANSES ajustó mi jubilación, pero erróneamente y en una medida mucho menor de lo que correspondía de acuerdo a la sentencia.
El 22 de diciembre de 2008 se inició la "ejecución de sentencia" porque nunca se se cumplió correctamente. Reclamé la diferencia entre lo que marcaba la sentencia y el ajuste incorrecto en menos, efectuado por ANSES.
Presenté seis liquidaciones que eran impugnadas con extralimitada demora a medida que se iban presentando. Cinco de las seis quedaron sin efecto por no aprobadas o porque por el transcuso del tiempo quedaron desactualizadas y tuve que volver a hacerlas.
La última liquidación fue presentada a fines de noviembre de 2016, y ANSES volvió a impugnarla en febrero de 2017.
Con cierta reluctancia me decidí entonces a proceder al embargo de Anses, un organismo del Estado, para que en definitiva, doblegado, en 24 horas hiciera efectivo el pago.
Pero no se asombren, pues tuve que iniciar otro juicio para ajustar la liquidación de la retroactividad, trámite que nuevamente se vio afectado por las argucias del monstruo previsional. Y aquí también, tuve que embargarlo con éxito, en una sentencia que lo obliga a cumplir con el pago, además de castigar al organismo estatal, inéditamente, con un fuerte reto por la apelaciones irrazonables y errores aritméticos cometidos en el escrito de sus apelaciones e impugnaciones.
Sin embargo, esta vez por razonables motivos originados por la obligada cuarentena, debo esperar la finalización de la misma para cobrar el reajuste ordenado.
Coincidimos con respecto a la Ley de Castración Histórica que consistió en una insólita farsa de una verdadera extorsión, lo vengo denunciando desde su sanción. Vean:
https://silviopedropizarro.blogspot.com/2020/03/nostradamus-previsional.html
Es imparajitable que una catarata de juicios caerá sobre la inconstitucionalidad del decreto que canceló los índices de reajuste de los haberes que debieron respetarse a partir del mes de marzo, por lo que un cálculo optimista de la situación, en consonancia con la odisea expuesta más arriba, nos daría un plazo aproximado de 200 años de espera.
Luego de este desalentador breviario, llegamos a una ventajosa conclusión, toda vez que si somos capaces de chapucear contra la injusticia de una tremenda realidad que nos viene azotando duramente, a esta altura de nuestra vida, adquirimos una experiencia que nos permitirá enfrentar prolongadas cuarentenas en la lucha contra la peste

Cumplamos con la consigna--
               --Quedémonos en casa--

lunes, 23 de marzo de 2020

CUBANOS EN ARGENTINA

Ha llegado a nuestro conocimiento un Comunicado del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires referente a contrataciones de médicos cubanos en las provincias La Pampa y el Chaco.
Se hace necesario un informe del Gobierno Nacional por medio del ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se clare debidamente la veracidad de es esta insólita noticia, inoportuna por razones conocidas de orden internacional que no es menester explicar. 
Venezuela recibió más de 30.000 médico cubanos. Se adivina cuál es el propósito de este programa de una lenta invasión de profesionales cubanos en Latinoamérica.
Además de la defensa de nuestros médicos enfrentados a una desleal competencia, debemos afirmar que no permitiremos infiltraciones ideológicas en nuestro sistema democrático republicano.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández.

COMUNICADO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Hace pocos días se difundió públicamente que las autoridades de las provincias de La Pampa y del Chaco están llevando a cabo gestiones con el Gobierno de la República de Cuba, con el objeto de contratar médicos cubanos para trabajar en las jurisdicciones de esas provincias argentinas. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresa su preocupación y se solidariza con los médicos y sus instituciones representativas frente a la posible contratación de profesionales extranjeros para desempeñarse en nuestro país, por los motivos que se exponen a continuación: No hay convenio entre la República Argentina y la de Cuba para el reconocimiento de los títulos de médicos cubanos que aspiren a ejercer en nuestro país. Por lo tanto, para poder trabajar en la Argentina deben realizar la reválida universitaria del título de médico obtenido en Cuba. Las condiciones de trabajo que difundieron las autoridades de La Pampa y del Chaco representan una afrenta para los colegas argentinos, una discriminación y una competencia desleal, ya que se les pagarían alrededor de $ 36.000 (U$ 4.100), vivienda y otras prebendas. Si existen los recursos deben utilizarse ahora y para los médicos argentinos. En la República Argentina hay médicos suficientes y con excelente capacitación para desempeñarse en las provincias que pretenden contratar a médicos cubanos. No es cierto que los médicos argentinos no quieran trabajar en determinadas jurisdicciones, siempre y cuando se brinden las condiciones laborales y salariales acordes a la tarea, del mismo modo que se ofrecen para los médicos cubanos. En función de lo expuesto, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se opone a la contratación de médicos cubanos para trabajar en nuestro país y advierte a la población que, de no cumplirse con las leyes y reglamentaciones vigentes, nadie podrá garantizar la idoneidad de los profesionales, lo que representará un serio riesgo para la salud de la comunidad.

Dr. Rubén H. TUCCI Secretario General    Dr. Salvador LO GRASSO Presidente


miércoles, 18 de marzo de 2020

EL CAUTIVO MARIO SANDOVAL ESCRIBE

Cada sector reivindica “sus presos políticos”, los del gobierno actual tienen una lista con nombres y apellidos (Boudou, Delia, Báez, Jaime, López, Suarez…), los del gobierno pasado tendrán pronto sus primeras figuras encarceladas, y hay un sector socio-profesional de los 70 que también tiene mas de 3000 víctimas, mal llamadas de lesa humanidad. 
La persecución política jurídica, la politización de la Justicia, medidas de excepcionalidad jurídica, detenciones arbitrarias, son características de estos hechos ante la sociedad sin necesidad de atribuirles un reconocimiento jurídico de ese estatus. No son ni prisioneros comunes, ni de guerra. Tienen una categorización de excepción.
Uno de estos “presos políticos”, el ex ministro de planificación de gobierno Kirchnerista, el Sr. Julio de Vido, se benefició de una resolución exprés de la Justicia argentina. La velocidad de tratamiento y resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) n°1, merecen el reconocimiento de haber tramitado el proceso de una manera que debería ser un modelo de jurisprudencia en otras causas. Pero la realidad, es que la justicia es muy diferente para la mayoría de los enjuiciados en este país.
Los abogados de este “preso político” presentaron ante TOF n°1, el pedido de su excarcelación, y en pocas horas el Fiscal Osorio, dictamino a favor de la demanda, y rápidamente los jueces de ese Tribunal (Adrián Grunberg, José Antonio Basilico, Ricardo Michellini), firmaron el fallo a favor del Sr. De Vido. La diligencia llevo cuatro horas, entre la presentación y la decisión judicial ( La Nación 05/03/2020).
Intervinieron en esa causa : los jueces federales Julián Ercolini, Sebastián Casanello, y los magistrados del TOF n°1, quienes recompensaron un régimen Kleptocratico, aunque el Sr. De Vido declaro : “No hubo corrupción en el Kirchnerismo” (diario Clarín 06 de marzo de 2020).
Otro ejemplo de corrupción e inseguridad jurídica es el caso del Sr. Martin Sabatella, quien pese a ser condenado a seis meses de prisión en suspenso, por el delito de abuso de autoridad, e inhabilitación para ejercer un cargo publico por el término de un ano, podrá continuar ejerciendo el cargo al frente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Pero esta medida no se hará efectiva hasta tanto la sentencia no quede firme (la Nación 04 de marzo de 2020), otro premio a la politización de la justicia y la corrupción. Se agrega a ello, que la política amenaza e influye en la justicia, con el respaldo del gobernador Kicillof al imputado Sabatella (Clarín 05 de marzo de 2020).
Es sorprendente que los TOF, sus fiscales y jueces inferiores no aplican las mismas reglas procesales y temporales en las ilegales acusaciones de lesa humanidad, mueren en prisión esperando justicia.
El juez Federal Ariel Lijo, y el Fiscal Federal Eduardo Taino, son participes necesarios de la corrupción jurídica y política en esta causa.
Mario Sandoval

lunes, 16 de marzo de 2020

LESA HUMANIDAD EN CHILE


El ministrode Justicia de Chile, Hernán Larraín, informó que durante la semana el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley que beneficia a los reos adultos mayores y que forma parte de los anuncios del presidente Sebastián Piñera para enfrentar el coronavirus.
El secretariode Estado explicó que se busca establecer un indulto general "para las personas mayores de 75 años, y aquellos que tengan entre 65 y 74 años,y que les reste menos de un año para cumplir con su condena", con el finde proteger su salud."Puede ser más razonable que esto se haga bajo arresto domiciliario y ciertamente con control telemático", añadió Larraín, quien también justificó la exclusión del beneficio a los condenados por delitos graves y violaciones a los derechos humanos.
Al respecto,Larraín dijo que si se incluye en el beneficio a los autores de crímenes de lesa humanidad, "sería contraproducente al objetivo de la justicia".
Por su parte,el abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentará este lunes un recurso de protección en contra del presidente Sebastián Piñera, por "vulnerar flagrantemente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria". De esa forma se refirió a la exclusión del beneficio de arresto domiciliario a los internos adultos mayores condenados por causas de derechos humanos.
Meza presentará el recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.
Según la información recibida, para el ministro de Justicia la excepción dice... "ésos que se mueran".
Hasta dónde ha llegado el odio, el resentimiento y la venganza alimentados por los comunistas y chavistas del izquierdismo fanático acunado por los cubanos en el Foro de Sao Paulo, que nunca tuvo la merecida respuesta de los gobiernos democráticos de Macri y Piñera, amedrentados por el populismo imperante en América Latina.
El proyecto de ley es a todas luces inconstitucional en ambos países, discriminatorio y atentatorio de los derechos humanos fijados universalmente en distintas asambleas internacionales.
¿En qué campo vemos ubicados a los verdaderos "criminales" de ayer, de hoy y de mañana?








NOSTRADAMUS PREVISIONAL


En su carta del 31 de enero el doctor Luis René Herrero afirma que todos los gobiernos desde 1983 han usado las jubilaciones como variables de ajuste en sus programas económicos, y la endémica crisis económica, lejos de superarse, se profundiza por la inoperancia y la falta de ideas de los gobiernos que se sucedieron.  Las reiteradas emergencias previsionales y los centenares de miles de juicios por reajustes de haberes que son su corolario no existían antes de 1983.  
Esta opinión es rebatida por el doctor Alejandro G. Chiti con el argumento de que el programa de Reparación Histórica implementado desde 2016 ha permitido la recuperación de haberes de los jubilados, sin necesidad de iniciar un juicio contra Anses.
Previo a colocar las cosas en su lugar, debemos señalar que el doctor Chiti, con anterioridad a su nombramiento, junio de 2016, en el cargo de Secretario de Seguridad Social en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, fue Director de Sentencias de la Anses, lugar en que trabajaba en la implementación de dicho Programa.
El referido Plan aprobado como Ley de Reparación Histórica, resultó ser una auténtica extorsión pues se ofrece el pago inmediato de las sentencias, con una sustancial rebaja, bajo la condición de que el demandante acepte una quita del 50% sobre la suma  que correspondiera a la retroactividad y con el agravante de que se comprometa a la renuncia de futuros juicios previsionales contra el Estado, respecto a su caso. Inconstitucional, pues nadie puede ser obligado por coerción a renunciar a sus derechos.
Fue un engaño mayúsculo que se basó en las demoras que la misma Anses provocaba en los juicios, de 10 a 20 años, lo que obligaba por necesidad  a obtener la aceptación del litigante. Pero no se detuvo aquí el cruel embuste, sino que, sorpresivamente, Anses comenzó a pagar las sentencias, con la aludida rebaja, sin la aprobación del litigante, pero siempre con la condición de mantener ese aumento ya otorgado a la espera de la rendición del jubilado con la aceptación del Programa mediante abogados, y funcionarios de Anses. 
Se dio una fecha de vencimiento de varios meses, postergada tres o cuatro veces a la espera de la recepción del documento que diera conformidad al Programa, pero si a esa fecha no se recibía la respuesta, el aumento acordado sería anulado con el descuento de lo abonado.
Los jubilados menos avisados que continuaban los juicios en la creencia de que ese pequeño aumento obedecía a un reajuste menor, se vieron sorprendidos con la disminución de sus haberes y el descuento progresivo de lo recibido, al vencer la fecha fijada sin que hubieran manifestado su adhesión.
Como un agregado contundente a nuestra afirmación, es oportuno recordar el comentario de Alberto Cibils Madero publicado en La Nación en el año 1986, titulado "La Increíble Estafa del Sistema Jubilatorio Argentino," donde manifiesta sin ambages que este Sistema es la estafa más profunda, más hábilmente disfrazada y más regresiva que los argentinos hayan soportado nunca. 
Estimamos que hoy, a 34 años, se expresaría en iguales términos lo  que, a no dudar,  lo han convertido en el Nostradamus "previsional argentino" 

jueves, 12 de marzo de 2020

EL EX JUEZ LUIS RENÉ HERRERO


En diversos artículos publicados en este espacio blogspot "Habla la Experiencia", nos hemos referido a un juez previsional, intachable, imparcial, consecuente con sus principios, jubilado recientemente, que ha hecho honor a su magistratura. Perseguido por el kirchnerismo, al punto de amenazar con su cesantía, nunca cejó  en su lucha por la verdad y la justicia y pudo imponer su conducta a través de sus fallos, ejemplos de jurisprudencia previsional.



Debemos destacar un párrafo del artículo publicado el 13 de julio de 2017, en este espacio por su importancia.
“Días pasados un fallo judicial de segunda instancia del fuero de la Seguridad Social, declaró inconstitucional que los haberes jubilatorios estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Los jueces Luis René Herrero y Nora Dorado de la sala II de la Cámara Social así lo resolvieron. Es oportuno señalar que el honorable juez citado en primer término fue suspendido por varios meses y con el riesgo de ser sometido a juicio politico por la administración kirchnerista, afortunadamente sin éxito, bajo la absurda acusación de que favorecía a los jubilados en sus sentencias. 
Aunque resulte increíble Anses apeló a favor del Estado, en beneficio del Tesoro Nacional y en contra de sus millones de jubilados.
Hoy 12 de marzo, leemos en La Nación un artículo del citado juez, recientemente jubilado que se titula :
¡Alerta roja!. El proyecto de modificación de la ley 24,018, de jubilación de los jueces, conlleva una falacia y una verdad oculta. Lo agregamos y recomendamos, puede leerse en Link:
https://silviopedropizarro.blogspot.com/2020/03/importante-opinion.html







IMPORTANTE OPINIÓN



12 de marzo de 2020  
• 02:43


¡Alerta roja! El proyecto de modificación de la ley 24.018, de jubilación de los jueces, conlleva una falacia y una verdad oculta.
La falacia : El déficit que, según el Gobierno, produciría la ley 24.018 motivó la decisión política de reducir los derechos de sus destinatarios (magistrados y funcionarios de la justicia nacional y de las provincias adheridas). Pero al déficit del sistema "contributivo" que administra la Anses (destinado a los trabajadores que aportaron) no lo produjo ni la ley 24.018 ni ninguna otra parecida, sino la violación sistemática del artículo 187 de la ley 24.241 (Régimen previsional general), que establece: "A partir de la sanción de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas se atenderá por rentas generales".
De 6,9 millones de jubilaciones y pensiones que paga la Anses, 3,6 millones fueron obtenidas con "moratorias" (que, según el artículo 187, debieron haberse atendido con rentas generales). Las jubilaciones mínimas equivalen al 65% del padrón: 7 de cada 10 jubilados que perciben la jubilación mínima la obtuvieron con moratorias . Además, la Anses destina por año $60.000 millones al pago de la AUH (prestación "no contributiva", que debió atenderse por rentas generales), que alcanza a 4 millones de niños; también la Anses financia una veintena de planes sociales (prestaciones no contributivas), como los programas "Hogar", "Reparación para hijos víctimas de violencia familiar", "Plan Progresar", "Becas para todos los niveles de estudios", "Pensión universal para el adulto mayor", etcétera.
De esta manera, todos los gobiernos que se sucedieron a partir de la salida de la convertibilidad desfinanciaron el sistema contributivo y achataron, en perjuicio de los trabajadores que aportaron, la pirámide previsional , tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (2007) , con la trágica consecuencia de que los pobres (es decir, los jubilados que aportaron al sistema contributivo) financian a los pobres que no contribuyeron a su sostenimiento (los excluidos, los desempleados, los indigentes, las víctimas de la destrucción sistemática de la "cultura del trabajo"). Esta "injusticia social" contra los trabajadores aportantes es lo que pretendió evitar el artículo 187 de la ley 24.241, al imputar a rentas generales los pagos de las prestaciones "no contributivas".
La verdad oculta : La pretendida derogación del artículo 16 de la ley 24.018 (a propuesta del diputado Leopoldo Moreau) termina con la "carga pública" que pesa sobre los jueces jubilados, de presentarse cuando fueren convocados por las respectivas cámaras para cubrir vacancias transitorias en ambas instancias, hasta la designación del juez titular (algo que puede demorar años). Esta "carga pública" (lo contrario a un privilegio) evita que la justicia se paralice mientras en el Consejo de la Magistratura "politizado" se demoran las designaciones de los nuevos jueces, algo que es público y notorio (las demoras suelen ser de dos, de tres y hasta de cinco años).
Los jueces subrogantes jubilados, al no estar concursando ni integrar ternas (porque concluyeron su carrera judicial), no necesitan subordinarse a los políticos de turno. Los secretarios subrogantes (la mayoría concursantes que aspiran ser designados jueces) carecen, en principio, de esta independencia (se hace difícil pensar que fallarían en contra del Gobierno que los debe nombrar como jueces titulares).
Es evidente que el objetivo inconfesable que busca el Gobierno con la derogación del artículo 16 de la ley 24.018 (que instituyó el "estado judicial"), es evitar que retornen a la Justicia para cubrir estas vacantes transitorias, como jueces subrogantes, los "Bonadios" que se hubieran jubilado (que me perdone el fallecido colega), es decir, los que los procesaron o mantuvieron como "presos políticos", y no como "políticos presos". El gobierno procura, con esta derogación del artículo 16, designar él mismo a los jueces subrogantes (secretarios o abogados de la matrícula), especialmente en la justicia penal, que es la que más le interesa.
El objetivo inconfesable que busca el Gobierno con la derogación del artículo 16 de la ley 24.018 (que instituyó el "estado judicial"), es evitar que retornen a la Justicia para cubrir estas vacantes transitorias, como jueces subrogantes, los "Bonadios" que se hubieran jubilado, es decir, los que los procesaron o mantuvieron como "presos políticos" y no como "políticos presos"
El "estado judicial" que establece el artículo 16 de la ley 24.018, le impone al juez la "carga pública" de aceptar una convocatoria a cubrir una vacancia transitoria que no le reporta ningún beneficio económico. Por el contrario, si no aceptara sin tener un motivo fehacientemente acreditado (por ejemplo, una enfermedad), podría ser sancionado con la privación de su régimen jubilatorio especial.
El riesgo de destrucción de la justicia, como puede advertirse de lo anterior, es inmenso, si se repara en que hay en la actualidad un 40% de cargos vacantes de jueces.
El poder político había intentado politizar y dominar el Consejo de la Magistratura mediante la patética ley de "democratización de la justicia", la 26.855 (Boletín Oficial del 24 de mayo de 2013), que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en la causa "Rizzo, Jorge Gabriel" (sentencia del 18 de junio de 2013). Hoy pretende hacer lo mismo, pero no con el Consejo de la Magistratura, sino con la justicia en general, mediante la eliminación del "estado judicial de los jueces", institución que fue establecida para evitar la paralización de la justicia por falta de cobertura de las vacantes transitorias que se producen en forma permanente, y también para evitar las graves consecuencia que esta paralización irrogaría a las partes, esto es, la conculcación de las garantías de la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal.
En definitiva, la que perdería con la "impunidad" que en última instancia se pretende lograr si la derogación del artículo 16 de la ley 24.018 se concretara, sería la sociedad en su conjunto.
El autor fue juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social

domingo, 8 de marzo de 2020

DECLARACION PÚBLICA DE TRABAJADORES JUBILADOS

     jubiladosaportantes
DECLARACION PÚBLICA DE  TRABAJADORES JUBILADOS
La Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, ejerciendo  la representación genuina de trabajadores que resignaron parte del fruto de su trabajo al Estado para que lo administre y reintegre a través de prestaciones dignas, confiando en la Constitución y en los derechos consagrados en ella, en el imperio de las leyes vigentes, en el rigor e independencia de la Justicia, en la integridad ética y moral de legisladores, funcionarios  y políticos que irían a administrar dichos fondos, preservan-dolos con el objeto de puedan ser reintegrados como jubilaciones y pensiones dignas, hoy se ve en la imperiosa necesidad y en la gran responsabilidad de emitir una opinión que, por provenir de quienes son los verdaderos titulares de la llamada clase pasiva resulta sin lugar a dudas la más autorizada, a fin de esclarecer debidamente los hechos que vienen confundiendo deliberadamente a algunos de los mayores retirados y por cierto, a muchos de la opinión pública que, por diferentes circunstancias, se muestran indiferentes, pretendiendo hacerles creer que a los jubilados se les están otorgando beneficios que no son tales, mientras se les miente con descaro e hipocresía y se los distrae con dádivas que humillan y que dilatan perversamente el reconocimiento de sus derechos.
Hoy, A.A.J.A. y los jubilados y pensionados damnificados podrían expresar su clamor con todo rigor y derecho, precisando cada una de las irregularidades, omisiones y despojos incurridos a los que fueron y son sometidos durante muchos años por el Estado, empleando la famosa frase YO ACUSO.
Sin embargo, nos reservamos el derecho de hacerlo en su momento, amparados y confiando nuevamente en la Justicia Independiente, y en el reconocimiento de los patriotas y estadistas que aspiramos revaliden los atributos de la Argentina que alguna vez fue; mientras tanto nos limitamos a decir:
EXIGIMOS, que sea aplicada la Ley que asigna el 82% móvil y la actualización de los haberes jubilatorios que estén por arriba de la mínima, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, casos Badaro, Sanchez, Ellif y otros y que fuera votada y aprobada ante las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y vetada en forma autoritaria y dictatorial por la Ex Presidente y que además se modifique la falsa y mal llamada ley de movilidad solidaria actual, ajustando el procedimiento al criterio constitucional sobre el que se basaron los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
EXIGIMOS declarar la intangibilidad de los fondos de la ANSeS, para que dichos fondos previsionales sean aplicados a sus fines específicos, transparentados en cuanto a su conservación, utilización y rendimientos, mediante el control establecido por las leyes y con la participación activa de los propios jubilados, tanto en ANSeS como en el PAMI.
EXIGIMOS que se establezca un orden prioritario para regularizar la deuda con la clase pasiva, comenzando por reconocerla y documentarla formalmente.
EXIGIMOS que se abonen sin más trámite todas las sentencias firmes por recomposi-ción de los haberes y que se cumpla la promesa ante la CIDH de la OEA, de no apelar los fallos consagrados haciendo uso, como es norma, de chicanas de toda índole para no seguir acumulando Expedientes a los mas de 300.000 juicios, en los juzgados de la Seguridad Social.
EXIGIMOS que no se continúe usurpando nuestros dineros de ANSeS en beneficio de todos aquellos que exigen subsidios, vivienda, alimentación, educación, salud, maternidad y demás prebendas en beneficio del clientelismo político y prebendario.
Que se depure el padrón de jubilados y pensionados engrosado improcedentemente por las moratorias con individuos que nunca aportaron, tal el caso de los indigentes,  ciudadanos que viven en el exterior y hasta con oportunistas, para que todas esas prestaciones que no se corresponden con aportes efectivos realizados, que el Estado se haga cargo de las mismas y que sean atendidas por Rentas Generales del Tesoro Nacional o el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el carácter de prestaciones asistenciales.
EXIGIMOS que se resuelvan por vía administrativa y en forma sumaria los pedidos de reajuste de haberes y el pago de retroactividades, sin que deba recurrirse a la vía jurídica para lograrlo. Igual responsabilidad debería asumir en su conjunto el Poder Judicial que no puede seguir haciendo declaraciones mientras los juicios crecen y los jubilados se mueren.
EXIGIMOS que se apliquen con el mayor rigor por la Justicia las sanciones que correspondan por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y que se castigue con el máximo de las penas previstas cuando se incurra en malversación de los caudales destinados a atender prestaciones de la Seguridad Social.
EXIGIMOS que se nos respete por lo que fuimos y por lo que somos: trabajadores dignos y auténticos, que no queremos que se nos utilice demagógicamente, ni como variable de ajuste para encubrir déficits de administración o lograr ventajas electoralistas.
AYER APORTAMOS, HOY RECLAMAMOS Y MAÑANA VOTAMOS
Omar Martínez                              
             Presidente

domingo, 1 de marzo de 2020

LA VENGANZA DEL TERRORISMO


Una prueba más de la anestesia inmoral que sufre el pueblo, las instituciones y el periodismo con su cobarde silencio ante el relato, la corrupción y el poder sin límite ejercido por el actual gobierno kirchnerista.
El 10 de febrero se realizó un acto en la ciudad de Santa Fe para homenajear a dos policías, Oficial Enesto Olivera y Cabo 1º Roque,Farías muertos en cumplimiento del deber, víctimas de la explosión de una bomba que iban a desactivar, dejada por terroristas en la vía pública.
Con sufuciente anticipacón se cursaron invitaciones al señorGobernador de la Provincia, al señor Ministro de Seguridad, al señor Jefe de Policía y al señor Jefe de la Unidad Regional I. El Gobernador y el Jefe de Policía se excusaron por razones de agenda, pero ninguno de ellos se hizo presente en el homenaje.
Al señor jefe de policía de la provincia se le solicito la participación de la banda de música de la repartición por tratarse de dos policías muertos en acto de servicio, la que naturalmente se hizo presente con sus marchas.
Pero el odio y la venganza del izquierdismo continúa a través de los años y aunque cueste creerlo, repudiaron el acto y exigieron explicaciones por la presencia de la Banda de Música de la Policía.
Y aquí surge la "política correcta"o la cobardía humillante del Jefe de Policía Víctor Sarnaglia que respondió al repudio de la canalla con el relevo de la funcionaria Claudia Baella. Directora General de la repartición por considerarla responsable del envío de la Banda.
Jamás pudo ignorar el Jefe Sarnaglia la actuación de los músicos policías, dándose por enterado recién al recibir la protesta terrorista para cortar de cuajo el problema con la medida tomada contra una funcionaria de 30 años de servicio.
El sindicato de policías de Santa Fe, Apropol, cuyo atractivo lema es "Proteger al que Protege"criticó fuertemente la repudiable actuación de la Jefatura Policial con este comunicado:


"En principio decimos desde APROPOL que repudiamos la actitud asumida por la conducción de la fuerza por motivos claros. El primero es reivindicar los homenajes a nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber sin importar distinción.
Filialmente la funcionaria fue “relevada” del cargo y enviada a esperar destino a la División personal con otros cuarenta oficiales más.
Por otra parte decimos con claridad que nuevamente “la cadena se vuelve a cortar por el eslabón mas débil” y esees Baella.
Orgánicamente la Banda de Música depende del Departamento Relaciones Policiales, donde es jefa la Directora General Claudia Baella, con lo cual JAMAS pudo haber brindado un servicio sin su autorización, y la del mismísimo Jefe de Policía Victor Sarnaglia, siempre fue así"

Si todavía nos queda valor, difundamos este suceso que nos ha provocado tremenda indignación por la perversidad que encierra en todo su desarrollo.

Como dijimos al principio de esta nota, el silencio del periodismo debe ser condenado, ante el humano significado que adquiere un hecho muy grave desconocido por la sociedad. Su obligación es informar no callar.
Así lo hacemos nosotros desde este humilde espacio de las redes sociales.

HABLA EL ÚLTIMO PRESO


Habla el último preso por delito de lesa humanidad que fuera expatriado de Francia en octubre del año pasado, nacionalizado francés con residencia en ese país de más de 30 años

Sí, copresidente Alberto Fernández, hay presos políticos en las fauces de la mafia populista. El sojuzgado pueblo argentino lo sabe y lo calla, pero los archivos no mienten y la verídica  historia argentina lo grabará con letras de oro en sus páginas gloriosas.