Por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibirá a asociaciones defensoras de nuestros presos políticos, Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y a un delegado del gobierno argentino en un encuentro en Estados Unidos a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.
Lamentablemente se ha informado que esta reunión se circunscribirá al tema del tratamiento de los detenidos de mayor edad, de conformidad con la Protección de los detenidos mayores de 65 años. Es decir que no será posible alegar la injusticia de los armados juicios de lesa humanidad que es el verdadero fondo de este asunto que nos preocupa desde hace años.
Las denuncias de estas asociaciones se limitarán a los excesos que se cometen en los procesos judiciales, como prisiones preventivas extendidas sobre los plazos fijados por la ley, en nuestro caso 3 años. y que superan diez años sin sentencia. En el constante rechazo sin argumentos ni causa de las prisiones domiciliarias que deben ser concedidas por ley a lo 70 años de edad, y que se niegan sistemáticamente, incluso a ancianos y enfermos lo que ha provocado el fallecimiento de màs de 450 enjuiciados-. A la denegatoria de excarcelaciones y a los obstáculos e inconvenientes que se oponen a tratamientos médicos, intenaciones y provisión de remedios. A las vejaciones a que son sometidos los familiares y visitantes.
Lo esencial sobre la ilegitimidad de los juicios, sobre el curso de los procedimientos, la preparación y adoctrinamiento de falsos testigos, por denuncias de posibles delitos cometidos hace cuarenta años, la violación de las garantías fundamentales en juicio, la prescripción y el trato discriminatorio, nada de eso podrá elevarse a consideración de la CIDH.
Es vergonzoso que debamos recurrir a tribunales extranjeros ya que el gobierno no ha querido realizar el cambio prometido durante su propaganda electoral. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70.
Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto armado para alcanzar todo el ámbito cultural.
Hace muchos años que venimos luchando en este espacio, contra esta injusticia, contra la ilegalidad de los juicios de lesa humanidad. Contra esta venganza del derrotado terrorismo. Ni siquiera con juicios inventados, tribunales especiales, testigos preparados y recompensados, se ha podido a llegar a sentencias. Por eso se recurre a las prisiones preventivas que se prolongan indefinidamente para llegar a constituir cadenas perpetuas, o penas de muerte. Más de 450 cautivos en condiciones infrahumanas han fallecido a edades que superan los ochenta años.
Deseo el mayor éxito a esta sagrada misión, pero no puedo menos que expresar mi desconfianza al organismo que ha intervenido siempre a favor del izquierdismo, pues es el mismo que asumió la descarada defensa de Milagro Sala, en nuestro propio país, alentando y casi ordenando su liberación, agraviando a nuestra soberanía con el cobarde silencio o complicidad de la Corte Suprema, que siempre consideró este criminal atropello a los derechos humanos, como "política de estado"
Tengo fuerte sospechas de que es un acto de hipocresía y que limitarán la consideración de los argumentos solamente a la protección de ancianos, sin tomar en cuenta las violaciones de los derechos humanos en falsos juicios
