viernes, 11 de noviembre de 2016

LA EX PROCURADORA DEL TESORO PROCESADA



La ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona mantiene una amistad de larga data con la familia Kirchner y el Dr. Zannini, con quien integró la agrupación Vanguardia Comunista.
Durante ocho años fue Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz durante el mandato como gobernador del luego presidente Néstor Kirchner. Su estrecha amistad con la ministra Alicia Kirchner llevó a que en 2004 fuera nombrada auditora interna del Ministerio de Desarrollo Social. Regresó a la actuación pública santacruceña con el gobernador Daniel Peralta, que en 2007 la designó presidenta del Tribunal de Cuentas.
El 22 de diciembre de 2010 fue designada Procuradora del Tesoro, con jerarquía ministerial ratificada por decreto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Durante su actuación se ha destacado por la carencia de conocimientos y responsabilidades para tan alto cargo que la llevaron a a graves problemas con la justicia, que no tuvieron mayor relevancia en la época kirchnerista, pero a los pocos meses del nuevo gobierno, la Justicia dejó de lado las distracciones y ya tiene por lo menos tres causas que pasaremos a detallar.
1.- El 14 de febrero de 2015 escribía en mi blog que “En el escrito remitido al juez Daniel Rafecas, que investiga la denuncia de Nisman, la Procuración defiende la política de la Presidente y critica en duros términos la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, denuncia a la que dio curso el fiscal Gerardo Pollicita. "Entramado ficcional", "Supuestas pruebas que no soportan siquiera un mínimo test", "Intrincada trama de interpretaciones subjetivas", "Argumento jurídicamente pueril". son las gr otescas expresiones con que descalifica la denuncia.
¿Puede este organismo a cargo de la fiscal Angelina Abbona que depende directamente del Presidente de la Nación y tiene jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo asumir la defensa de la Presidente? Sus funciones son las de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio e intervenir en el planeamiento, organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la República Argentina en causas que tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales, extranjeros o internacionales, y participar en la representación de la República Argentina ante dichos tribunales.
A nuestro entender sus funciones son las de de asumir la defensa del Estado y no de la persona acusada que ocupa el cargo de Presidente. Por supuesto que está en manos de los jueces y fiscales el dirimir esta afirmación personal, lo que no obsta a que pueda expresar mi extrañeza por la falta de opiniones que advierto sobre este particular.”
El 25 de febrero me anoticio que el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes denunció a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por peculado, al utilizar la estructura del Estado para defender a la presidenta Cristina Kirchner de las acusaciones que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman cuando lo acusó de encubrir a Irán en la causa por el ataque a la AMIA.
Para Moldes, Abbona y los denunciados subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, firmantes de un escrito en el que defendieron la postura de la Presidenta antes de que el fiscal Gerardo Pollicita decidiera imputarla, hicieron "una suerte de ostentación superflua de compromiso militante".
Agregó que su presentación constituyó una "sobreactuada identificación de subordinación político-partidaria o tal vez un simple exceso entusiasta derivado de la devoción personal" por Cristina Kirchner o el resto de los denunciados.
Para Moldes, ese escrito de Abbona es "judicialmente inoportuno", máxime cuando "ni siquiera existía una causa legalmente promovida" para investigar el hecho denunciado por Nisman, pues aún Pollicita no había realizado el requerimiento de instrucción.
A su entender, que sean funcionarios "no explica ni justifica" la actuación de la Procuración del Tesoro, que emprendió parece una "embestida un poco torpe y a destiempo contra la actuación libre" del fiscal Pollicita que debía decidir sobre la denuncia contra la Presidenta.
La denuncia es por peculado, que castiga con penas de entre dos y diez años al funcionario que emplee su provecho o de un tercero los servicios pagados por la administración pública.
Me satisfizo comprobar que mi opinión tenía su fundamento, compartida, nada menos que con la denuncia del fiscal Moldes.
Casanello había desestimado a fines de marzo dicha denuncia, que había realizado el fiscal federal Moldes, pero la sala II del tribunal de apelaciones resolvió apartar del caso al juez federal Sebastián Casanello y designó en su lugar al juez federal Sergio Torres para que quede a cargo de la denuncia contra Abbona.
La Cámara Federal porteña ordenó seguir la investigación contra la Procuradora y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament denunciados por el fiscal federal Germán Moldes, por el delito "peculado".
Hoy 10 de noviembre, el juez federal Sergio Torres citó a declaración indagatoria para diciembre próximo a Angelina Abbona, a raíz de haber elaborado en el organismo y por fuera de su competencia un informe en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández para presentarlo en la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA.
El informe cuestionado fue presentado en el 2015 ante el juez federal Daniel Rafecas, cuando en ese juzgado se tramitaba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la ex presidenta y otros denunciados, y que el magistrado desestimó.
Abbona fue citada para el próximo 13 de diciembre y los dos ex subprocuradores del Tesoro Javier Pargament Mariasch y Horacio Diez para el 6 y el 7 de ese mes respectivamente.
"Se encuentra reunido el grado de sospecha respecto de la participación en relación a los hechos que se investigan", consideró Torres y aludió a "probanzas colectadas como informes de diferentes carteras ministeriales" y también "de la propia Procuración del Tesoro de la Nación y diversas declaraciones testimoniales".
La ex funcionaria había sido denunciada por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, quien aludió a posibles delitos como "peculado de funciones" y "malversación de caudales públicos",a raíz del uso de la estructura de la Procuración del Tesoro para realizar un informe que buscaba defender de manera particular a la entonces presidenta Kirchner.
2.- La ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona fue procesada por “incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento” en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración de Aerolíneas Argentinas cuando estaba en manos del grupo español Marsans.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Luis Rodríguez, quien además le trabó un embargo por un millón de pesos a la ex funcionaria kirchnerista. Abbona está acusada de “no denunciar la perpetración de un delito” presuntamente cometido por Marsans en la administración de la aerolínea, a la que llevó al borde de la quiebra.
Rodríguez considera que la ex funcionaria kirchnerista incumplió sus deberes de funcionaria pública en la auditoría sobre la aerolínea de bandera, y sospecha que encubrió los delitos cometidos por el grupo español. Por hechos similares están siendo investigados el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional, Julio de Vido, y ex presidente de AA y diputado de La Cámpora, Mariano RecaldeL
La inacción en contra de los responsables y el propio grupo empresario MARSANS, resulta notorio", señala la resolución del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, que fue reproducida por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Lejos de avanzar contra aquella empresa, el Estado le pagó a la firma española 832.897.800 de dólares por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos y se hizo cargo de 500 millones de pesos de pasivo post concursal,
3.- La situación judicial de la ex Procuradora Angelina Abbona se complica cada vez más, pues se halla investigada de ocultar a la Justicia tres años de intercambio de información con el estudio de los abogados argentinos contratados en los Estados Unidos que revelaba el lavado de dinero de prominentes kirchneristas. Fue acusada y es investigada por su sucesor el Procurador del Tesoro Carlos Balbín.
Al finalizar su mandato hurtó los discos rígidos cuyo contenido es clave porque la ex procuradora recibía información privilegiada sobre las transferencias millonarias de Lázaro Báez y otras personas ligadas a los Kirchner. Los datos surgieron en el marco del discovery, una acción judicial que inició el fondo NML, de Paul Singer, para rastrear los fondos del empresario patagónico y del Estado argentino. Abbona y el ex subprocurador Horacio Diez recibían los mails con el avance de la causa a través de los abogados del estudio contratado por el gobierno argentino en Nueva York, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Los devolvió pero con torpes borratinas.
La información sobre las transferencias nunca llegó a la Justicia, y esa maniobra es investigada por Sebastián Casanello, el mismo que tiene a su cargo la “ruta del dinero K”. El fiscal Guillermo Marijuán pidió también la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex ministro Axel Kicillof porque habrían sido parte del encubrimiento.

Todo este cuantioso y complejo entramado fue descubierto por Jorge Lanata y difundido con enorme cantidad de pruebas en su programa “Periodismo para Todos".

domingo, 6 de noviembre de 2016

CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD DE ANSES


La vicepresidente Gabriela Michetti y la delegación argentina que durante esta semana está en Medio Oriente buscando inversiones y promocionando el país, acompañados por el jeque Mohammed bin Saud Al Thani firmaron un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que pondrá en marcha un fondo conjunto para distintas inversiones por 1300 millones de dólares, que había anunciado el propio Mauricio Macri .
El fondo qatarí invertirá mil y los 300 restantes estarán a cargo del FGS de la ANSES, a desembolsarse en un plazo de tres años, en principio, para obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía.
Antes de continuar con los reparos y las dudas con respecto a la autoridad que reviste la Vicepresidente para la firma de un acuerdo internacional de extraordinaria impostancia y relevancia como el citado, transcribiremos la noticia que se publicara en el diario La Nación hace dos meses  que,  a pesar de la tremenda responsabilidad que involucraba a funcionarios delgobierno anterior , no obtuvo la transcendencia que realmente merecía.
La Nación
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses dejó de ganar entre 1000 y 1500 millones de pesos entre 2014 y 2015 por mantener en cuentas a la vista miles de millones de pesos en vez de colocarlos en instrumentos de inversión que podían reportarle ganancias, según reconstruyó LA NACION en base a documentos y fuentes oficiales, como así también de fuentes del sector financiero. En la actual conducción de la Anses señalan que la práctica sería cuestionable pero no ilegal.
La decisión del fondo soberano de inversión implicó, por el contrario, beneficios directos para dos bancos privados: el Macro, de Jorge Brito, y el Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain. A ellos se sumó un banco público, el Nación. Los tres pudieron fondearse con el dinero del sistema previsional argentino y, según el caso, generar réditos para sí.
Es decir, un lucro cesante potencial para el sistema previsional de entre 1000 y 1500 millones de pesos.
"Por supuesto que Brito ganó dinero con esto, pero esa es su función, ¿no?", contextualizó Bossio, quien también planteó que las actuales autoridades del FGS, en particular Blaquier, mantendrían algún tipo de disputa por negocios inmobiliarios con Brito y con Elsztain.
El ex titular de la Anses también planteó que optó por el Macro y el Hipotecario ante el riesgo de embargos de los holdouts. "Teníamos al Citibank como custodio, pero tuvieron algo con los fondos buitre, y el Nación era malísimo por entonces como banco custodio por lo que tuvimos algunos problemas, así que optamos por el Hipotecario y el Macro -dijo-. No soy amigo de Brito y no tengo nada con él". 
Los depósitos a la vista alcanzaron un pico máximo en noviembre de 2015, cuando orillaron los 16.000 millones de pesos para, desde diciembre, iniciar un paulatino descenso con altibajos y llegar, hoy, a su virtual desaparición, según un documento oficial que las nuevas autoridades presentaron ante el "Consejo del FGS", uno de los órganos de control dispuestos por ley.
Transcurridos poco más de 10 meses de aquel pico máximo, sin embargo, los responsables de la Anses y del FGS, Emilio Basavilbaso y Luis Blaquier, no han dado indicios de que vayan a radicar una denuncia penal por aquella operatoria. Colaboradores suyos dicen que la práctica sería "cuestionable", pero no "ilegal". Aún así tomaron medidas. Entre ellas, excluyeron al Macro y al Hipotecario del listado de "bancos custodios" del sistema previsional, que también incluye al BBVA Francés, el Galicia y el HSBC.
Hubo otras medidas. También giraron casi todo el remanente que quedaba "a la vista" al Banco Nación, para a su vez invertirse en parte en sus fondos Pellegrini, con tasas de interés en ciertos casos cercanas a las ofrecidas por las letras Lebac, del Banco Central.”
Estas noticias de suma importancia fueron producto de una intensa averiguación del periodismo, en especial de Alconada Mom, un especialista en esta materia. Sin embargo, no han tenido la necesaria difusión ni se tomaron las medidas que las circunstancias exigían . Aquí volvemos al caso ANSES profusamente tratado en este blog con más de veinte denuncias y publicaciones que el gobierno ignora completamente, en una actitud francamente reprobable.
La sola lectura de esta bien fundada nota periodística, nos lleva a preguntarnos qué razones tuvo el gobierno para recibir uno de los organismos más esenciales y poderosos de la administración pública sin investigaciones ni auditorías previas, cuando se han realizado profundas revisiones en todos los demás ministerios, secretarías y oficinas estatales con una profusa divulgación y revelación de la desorganización y actos corruptos descubiertos en las mismas. Es inútil insistir con este tema que lo hemos etiquetado con la simple pregunta “¿Y ANSES? cabecera titular de veinte denuncias que jamás tuvieron respuesta.
Por esto nos resulta altamente preocupante la alegre noticia de la firma de nuestra vicepresidente de un convenio, en lejanas tierras árabes que compromete nada menos que al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, con una ceguera total de las condiciones económicas en que lo ha dejado el anterior titular Diego Bossio, hoy diputado nacional que goza de doble impunidad, la de su actual función legislativa y la negociada con el nuevo gobierno, en términos que ignoramos, pero que tienen probablemente  una base espuria.
Para los que no conocen acabadamente este tema, diremos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como su nombre parece indicarlo, tiene su objetivo final en constituirse como fondo de reserva para una adecuada inversión financiera del sistema de seguridad social, garantizando el carácter previsional de la misma. Precisamente las auditorías que en número de quince realizara la Auditoría General de la Nación, en años anteriores , señalaban que las autoridades del organismo cumplían funciones ajenas a esta importante premisa, con el peligro de que en un futuro cercano podría afectar el pago de las jubilaciones.
¿Conoce el actual gobierno algo de estas auditorías archivadas en su momento por orden superior? ¿Tiene idea de los desfalcos, saqueos y malversaciones que en cantidades multimillonarias realizó el anterior gobierno con la mayor impunidad, y que ahora podría conocer de haber actuado conforme a las leyes y normas vigentes que lo obligaban a ello y que desaprensivamente omitió?

Todo lo que hemos detallado y los interrogantes finales colocan al gobierno en la grave situación de caer en el mal desempeño de sus funciones y ameritan la imprescindible necesidad de abocarse de inmediato a la terea desafortunadamente omitida: ANSES

jueves, 3 de noviembre de 2016

SUEÑOS COMPARTIDOS PARA MALENA


Acuerdo político e inmoral, como el mantenido secretamente con ANSES, para la impunidad de Massa y Bossio, delincuentes “previsionales”. El lobo en el gallinero, ja, ja, Habitat. ¿No recuerda el Gobierno la denuncia bien documentada del abogado Jorge Vitale por la complicidad del matrimonio Massa en “Sueños Compartidos”?
La señora de Massa, secretaria de Desarrollo Social en Tigre, está como bien lo dice el nombre, en su hábitat natural de construcción de casitas de cartón. “Todo tiene que ver con todo”. Las 760 viviendas a construir (papita pa´el loro) serán ubicadas en el barrio “El Ahorcado”, apodo que viene como un guante para Sergio Massa.
La trastienda de la política
LANACION.COM.AR

miércoles, 2 de noviembre de 2016

OPINIONES SOBRE LEGALIZAR CUPO FEMENINO


El 7 de octubre en el artículo “Ley de cupo femenino “me referí a la “inclusión” que con el relato incorporó el cristinismo a la vida pública del país y que se viene concretando mediante leyes discriminatorias que imponen cupos femeninos en perjuicio de la idoneidad y del derecho que tiene todo ciudadano a competir libremente para el ejercicio de un cargo público. Adelanto que ésta es uno de las tantas “inclusiones” e “igualitarismos” surgida del citado relato que brega por imponer una igualdad que en la realidad no existe.
Se han producido y se siguen produciendo con mayor frecuencia polémicas que giran alrededor de opiniones a favor y en contra de estas disposiciones legales que, por nuestra parte, catalogamos de fuerte extracción populista. Estas diversas opiniones nos permiten observar una curiosa incoherencia que se manifiesta en el hecho de hay hombres que apoyan la ley de cupo femenino y mujeres que se oponen a la misma. Nuestra opinión ya es conocida por anteriores artículos publicados en este Blogspot.
Es muy interesante leer y analizar los variados argumentos que se exponen para dar valorización a los criterios sustentados, teniendo en cuenta que algunos provienen de gente común y otros de personas letradas, de organizaciones públicas o centros de estudios. Precisamente esta diversificación nos permite comprobar que muchas veces el sentido común es más convincente que explicaciones de carácter didáctico o basadas en razonamientos engorrosos.
Comenzamos con la opinión del profesor de Derecho Constitucional de la UBA José Miguel Onaindia que manifiesta:
“Hoy la Corte, que ha vuelto a su número original de cinco miembros, sólo está integrada por una mujer y en la cobertura de vacantes producida este año por el nuevo gobierno, no se tuvo en cuenta el género ni en el Presidente. que propuso y designó, ni en el Senado que prestó el necesario acuerdo para los nuevos integrantes. La situación evidencia una injusticia flagrante pues es el derecho una de las áreas del saber que cuenta con una presencia de mujeres descollantes en sus diferentes ramas. Basta observar el importante número de titulares de cátedra de las múltiples facultades de derecho, la cantidad de matriculadas en los colegios públicos que ejercen la profesión de abogadas con destacada eficacia y las magistradas que ocupan cargos en los tribunales inferiores.
Esta injusticia debe cesar. Las fuerzas políticas deben comprometerse a respetar la paridad de género en la Corte.”
Antes de continuar con lo que opina la lectora Inés Menéndez Behety queremos señalar que no nos parece coherente que un profesor de Derecho Constitucional proponga la implementación de leyes que son inconstitucionales. Inés nos dice:
“La llamada ley de cupo femenino es un verdadero insulto a la mujer. Desconociendo la posibilidad de que pueda acceder a un cargo sobre la base de sus aptitudes profesionales e intelectuales, por su capacidad, en sana competencia con los hombres, se la desvaloriza y subestima otorgándole el "beneficio" de poder hacerlo sólo por su condición de mujer. Esto sin duda es una ofensa, un menoscabo, un desprecio hacia todas las mujeres. Es creer que no pueden equipararse al hombre cuando tanto se habla de equiparación. Angela Merkel o Michelle Bachelet, por citar sólo algunos ejemplos, no necesitaron de ningún "cupo" para llegar a donde están.
Lamento que los legisladores pierdan su tiempo tratando temas como éste, cuando hay otros mucho más importantes que reclaman su atención.”
Es una opinión personal de buen sentido común expresada con sencillez. El editorial del diario La Nación emite un juicio negativo:
“El caso de la ampliación -del actual 30% al 50%- del cupo femenino en Diputados, vuelve a agitar un debate nunca del todo cerrado e incluso callado durante mucho tiempo por considerárselo políticamente incorrecto. Nos referimos a qué es lo que se debe privilegiar a la hora de postular un candidato a la Cámara baja como a cualquier otro cargo público o privado: si el género o la idoneidad. En 1991, cuando se sancionó la denominada "ley de cupos" se llegó a hablar de "discriminación positiva" para justificar esa supuesta necesidad de incorporar un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales, con la aclaración de que se las debía incluir en lugares expectables, es decir, con posibilidades de resultar elegidas. Temían por entonces las defensoras del cupo que sus compañeros varones concentraran ese porcentaje hacia el final de las nóminas, sin posibilidad cierta de acceder a cargos.
Ya para entonces, desde estas columnas decíamos que ninguna discriminación puede ser considerada positiva. Poner un piso mínimo de bancas termina traduciéndose en un techo, pues, cumplida la exigencia, muchos podrían pensar que el objetivo ya fue alcanzado. Que no hace falta que sean más. O podría transformarse en una injusticia: si el día de mañana hay más mujeres que hombres en Diputados, ¿se deberá poner un cupo para que no se discrimine a los varones?”
Trascribimos por último otro criterio desfavorable publicado en Cartas de Lectores, correspondiente a la señora Zulma H. Hernández:
“En la Legislatura bonaerense se propone la obligatoriedad del 50% de cupo femenino en las cámaras. Jamás me sentí más humillada. Siempre pensé que los logros debían obtenerse por mérito, no por sexo. No me importaría tener un Congreso conformado por un 100 por ciento de mujeres o un 100 por ciento de varones si fuesen los mejores. En la Argentina, por ejemplo, ni Alicia Moreau de Justo, ni Lilita Carrió, ni Margarita Stolbizer, ni Graciela Camaño, ni María Eugenia Estenssoro, ni Norma Morandini, ni Florentina Gómez Miranda, ni Graciela Ocaña, ni María Eugenia Vidal necesitaron cupo para ocupar espacios. La peor discriminación que he visto es la que se hace por sexo. ¿Tendremos un Congreso formado por mujeres cuyo mérito será el parentesco?
Pido por favor que no aprueben semejante mamarracho y que, si lo hacen, la gobernadora lo vete, para que no borre con el codo el cambio que prometió en campaña.”
Dice sentirse humillada por la peor discriminación que se hace por sexo y basa en el mérito la obtención de logros.

Pensamos que la decadencia del populismo como política de gobierno abre camino a la libre expresión de ideas despojadas de tal sistema, programa o partido. Es así como paulatinamente veremos ir anulándose o modificándose leyes que fueron promulgadas al calor de un progresismo engañoso que no responde a la realidad social y política de un país democrático.

lunes, 31 de octubre de 2016

ANSES UN ORGANISMO PERVERSO


Todos mis contactos son testigos de los cuatro años de lucha que vengo manteniendo en mis espacios de Facebook y en mi columna Blogspot “Habla la Experiencia”, con más de cincuenta artículos, denuncias y cartas abiertas exigiendo la intervención de ANSES por la ineficacia de sus gestiones, sus anteriores defraudaciones, saqueos y estafas, jamás investigadas y auditadas y el maltrato constante que brinda a los jubilados muy en especial en la obstaculización de los juicios previsionales. Todo esto con el anterior corrupto gobierno y con el actual prometedor de “Cambio”.
Hoy me encuentro con una clara, si dramática demostración de un amigo virtual que dirige el espacio “Jubilados al ataque”, Don Horacio Guido Dupuy que se manifiesta con estas breves pero aplastantes líneas que sin su conocimiento me permito transcribir. Nos dice:


“Hoy intenté obtener un certificado de supervivencia para que se pueda hacer efectivo el pago de a jubilación de mi esposa.
Si llego a faltar, no tenemos familares que se encarguen de los tramites para verificar QUE ESTA VIVA.... ¿Perdería su jubilación?
Hoy envié esta carta al diario La Nación:
Sr. Director:
Mi esposa y yo estamos internados en un geriátrico, ambos contamos con sendos certificados oficiales de la SNR por discapacidad, ella con una enfermedad progresiva e incurable y yo por movilidad reducida...
Me dirigí a la ANSES Morón, Castelar donde vivimos, no tiene agencia, tan solo con el fin de averiguar los trámites necesarios para certificar que mi esposa vive...
Al parecer la ANSES no está configurada para hacer la vida más fácil a los que ya no somos jóvenes y su legión de empleados, con sus jefes a la cabeza no se encuentran para solucionar problemas, sino para seguir el "procedimiento" y decir NO SE PUEDE.
El trámite se debe iniciar en el Registro Civil (Registro Provincial de las Personas) donde se exige:
Supervivencia pacientes sin movilidad
Requisitos para tramitar certificado de supervivencia:
1) Certificado médico que no debe tener mas de 24 hs. con:
Apellido y nombre completo y N° de DNI
No aceptan los certificados de discapacidad
2) Presentar DNI Originales y fotocopias
3) Fotocopia del último recibo de sueldo
Yo lo único que pretendía es que alguien constate que, gracias a Dios, mi esposa está viva.
¿Recibo de sueldo? Tendré que ir al banco, luego al Registro Civil, posteriormente a la Anses y regresar al Banco todo con plazos perentorios...
Se supone que la Anses (que se encuentra en deuda conmigo, tengo fallo firme desde el 2009 y posterior juicio por ejecución de sentencia, ambos sin ser satisfechos) debiera estar para hacer más fácil la vida de los que ya no somos jóvenes, pero no es así, además los requisitos del Registro Civil, son ridículos, ya que se supone cuentan con una base de datos que da de baja a los que fallecen...
Recuerdo un sketch por TV donde se mostraban las penurias de un señor que quería plantar un arbolito, al empleado del Registro solo le faltó decir "preséntese a las 6 de la mañana en la calle Zabaleta en ayunas"
Es probable, amigo Dupuy, que si usted fuera uno delos tantos jubilados paraguayos, bolivianos y peruanos que ANSES cobijó en su senocon un trato privilegiado que incluía su traslado pago, desde y hacia sus países y con la inapreciable ayuda de sus afables y bondadosos funcionarios para el llenado de los formularios y el rapipago de sus ilícitas jubilaciones, su problema hubiera logrado una rápida solución, pero quiso el destino de que ustedfuera un anciano ciudadano argentino casi discapacitado y con domicilio actualen la lejana ciudad de Castelar que no cuenta con oficinas en el lugar. Le aconsejo asumir la triste realidad que nos acosa, obtener ciudadanía paraguaya y radicarse en Formosa.





sábado, 29 de octubre de 2016

INTERESANTE COMENTARIO SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA


Los artículos publicados en este blogspot Habla la Experiencia, bajo los títulos  “El Vaticano, la iglesia y el terrorismo” del 25/10/2016 y “La apertura de los archivos de Francisco” del 27/10/2016 merecieron una razonable difusión en las redes sociales, lo cual marca un renovado interés popular en traer a la memoria una historia reciente de varios años de enfrentamiento armado que nunca fue digno de un análisis imparcial y verídico.
La decisión papal de Francisco y la Conferencia Episcopal Argentina que dispuso la desclasificación y apertura de los archivos existentes en la Santa Sede, en la Nunciatura, en las iglesias y parroquias de nuestro país, trajo como lógica consecuencia un inesperado interés en el estudio de ese infausto y doloroso acontecimiento que dividió y divide a los argentinos.  
Nos ha llegado una declaración de un organismo “Colectivo para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y acceso a la justicia”,  así denominado, que nos resulta  muy interesante por su ponderable  contenido social y jurídico  que,  precisamente, hace referencia a las diversas interpretaciones  que merece la decisión eclesiástica.
Autorizan su libre difusión, por lo que lo transcribimos para conocimiento de nuestros lectores y contactos.
Conferencia episcopal Argentina: comentarios sobre la apertura de los archivos del período de la dictadura militar (1976-1983)
En dos documentos, que asignan a la información el carácter de oficial, la Conferencia Episcopal Argentina y de la Santa Sede, hacen mención de la apertura de los archivos relacionados con la última dictadura militar. Uno es el Comunicado conjunto Santa Sede - Conferencia Episcopal Argentina[U1] y el otro, el artículo publicado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), titulado: Archivos de la dictadura: la CEA asegura que servirá para la reconciliación[U2]
La presentación realizada por el episcopado sobre la apertura de esos archivos abre muchas esperanzas pero también numerosas inquietudes. Si bien podrán tener acceso las “víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores”, en ese mismo acto la Iglesia ignora a otras personas que fueron víctimas de las organizaciones terroristas en los períodos 70’. Esas “otras víctimas”, olvidadas y silenciosas, no son reconocidas ni por la justicia, ni por el gobierno argentino, ni por la Iglesia Católica. La declaración “No hay que tenerle miedo a los archivos de la dictadura” debe hacerse realidad porque lo contrario significaría que verdad, paz y justicia no tienen el mismo valor o no son iguales para todos los ciudadanos ante las autoridades religiosas.
La preocupación mayor es que las informaciones parciales, selectivas, determinadas en un espacio preciso[1], de imposible validación, pueden contribuir aún más a dividir la sociedad. Para algunos confortará su comprensión cristina, humanista, y para otros aumentará la idea de injusticia y de revancha. Es un futuro incierto y nadie puede asegurar lo contrario. Numerosas fueron las reservas, críticas [U3] negativas y hasta acusaciones[U4] de representantes de las ONG autodenominadas de derechos humanos con la apertura de esos archivos.
La agencia Aica, precisa que Monseñor Malfa, puntualizó: “Hemos privilegiado la relación entre la documentación que se dispone, el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”. ¿Cuál es el significado de esas afirmaciones? Sabiendo que las personas a quien están destinados estos archivos, ya se beneficiaron de reparaciones económicas, se les reconoció socialmente su historia y hasta su verdad judicial, sin las exigencias que requieren las ciencias jurídicas y sociales. ¿Es una deuda que la Iglesia tiene únicamente con un sector de la sociedad argentina?
Si bien esa metodología, determina un tratamiento de diferenciación con las “otras víctimas” que no están integradas como beneficiarias en esta apertura de los archivos, la Iglesia Católica (CEA/Vaticano), puede unilateralmente reconocerlas como víctimas para que sus historias, sus vidas, puedan encontrar un sentimiento de justicia, que tendrá un valor mucho más profundo, que las indemnizaciones que los beneficiarios de estos archivos de la dictadura, recibieron por parte del gobierno. Ese reconocimiento, sería hacer realidad las palabras de Monseñor Arancedo: “Es una historia que está por hacerse”, fijemos los primeros pilares, pasando al acto.
El comunicado CEA-Vaticano, dice: “Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”. En ese documento los firmantes reconocen un contexto conocido por todos pero que los gobiernos sucesivos niegan: existe un desencuentro del pueblo argentino por una situación jurídica y política de mentira, de injusticia y de conflicto social. La división de la sociedad es una realidad, entre el poder judicial, el gobierno nacional y numerosos prisioneros políticos (agentes del estado, sacerdotes, magistrados, profesiones liberales, esposas…) representando la sociedad y las instituciones del Estado de los años 70’ a quienes se les violan sus derechos humanos y son ilegalmente perseguidas por la justicia. El silencio de la iglesia es preocupante porque también conciernen valores de justicia, que contribuirán a la verdad de la historia.
Además, el comunicado declara un deseo, porque no se puede afirmar de continuar con algo que jamás se inició. No existe públicamente con la CEA-Vaticano un diálogo que involucre todas las partes del conflicto (incluyendo los prisioneros políticos), que se reúnan para conversaciones directas, sin condiciones, con el objetivo verdadero de pacificar la sociedad argentina y así poner en práctica la cultura del diálogo y del encuentro.
Monseñor Arancedo declaró que no se puede hablar de “complicidad” de la Iglesia con la dictadura militar, pero reconoce que “la Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”. Nadie puede poner en duda la acción pastoral de la Iglesia, el aporte de valores humanos, morales, educativos…en la construcción del Estado-Nación, y del pueblo argentino. Pero, tampoco se puede afirmar la ausencia de una complicidad pasiva, involuntaria o por omisión. Además, fuera de un análisis bíblico, filosófico o jurídico, el auto-perdón no exculpa de responsabilidades, ni es causalidad en un proceso de falta-justicia. Si perdonar tiene un significado de disculpar a alguien que nos ofendió, el perdón viene del otro, que deja pasar una ofensa ¿A quién la Iglesia solicita el perdón y cuáles son las faltas o actos cometidos? Hacemos votos para que las víctimas en general otorguen el perdón solicitado.
Finalmente, si la verdad es un camino a la justicia y a la reconciliación:
·         Porque los archivos no pueden ser públicos, generales, que incluyan períodos de gobiernos democráticos de los 60-70, donde se ponga a disposición la documentación correspondiente a la relación de la CEA, de las autoridades eclesiásticas, con el gobierno militar del período que menciona los archivos.
·         Así como la iglesia tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia que la sociedad y la historia debe conocer, también en nombre de "un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos", se debe conocer los miembros de la iglesia católica que participaron en la lucha armada o apoyando a organizaciones armadas clandestinas. En otros países de América Latina muchos fueron los casos conocidos.
·         Que impide a la CEA/Vaticano, la iglesia católica, desde sus valores éticos, morales, reconocer como víctimas a las personas que fueron el blanco de las organizaciones terroristas de los años 70’. No sería ni un reconocimiento jurídico ni político.
·         Porque si el Vaticano y las autoridades de la iglesia católica en sus respectivos países, intervienen en los conflictos internos, por ejemplo Venezuela, el acercamiento de Cuba con USA, esas mismas autoridades no tienen análogas voluntades en el caso argentino.
“…la verdad siempre ilumina, aunque duela” siguiendo las palabras del Cardenal Poli.
Buenos días, 27 octubre 2016
[1] Se ignora por ejemplo los archivos de la CEA/Vaticano en relaciona a las victimas que dejó la violencia armada durante los diversos gobiernos (de facto y constitucionales) de los 70’.
[U2]Archivos de la dictadura: la CEA asegura que servirá para la reconciliación http://www.aica.org/25738-archivos-de-la-dictadura-cea-asegura-que-servira-para-reconciliacion.html

[U4]Carlotto: "El Vaticano tuvo nefasta complicidad en la entrega de personas" http://www.clarin.com/politica/Carlotto-Vatican

jueves, 27 de octubre de 2016

LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE FRANCISCO



No fue improvisado el acto de abrir los archivos de la dictadura que el Papa Francisco dispuso últimamente. Ya desde hace cuatro años viene trabajando pausada y pacientemente con esta finalidad.
El Episcopado argentino adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder y a seguir colaborando con la justicia.
Cinco meses después de ese documento, Jorge Bergoglio se convirtió en papa Francisco y, desde el lugar de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia, comenzó a impulsar en el Vaticano la decisión de la Iglesia argentina de desclasificar los archivos y ponerlos a disposición de los interesados, tal como se anunció oficialmente.
El 11 de julio de 2013 el Papa Francisco publicó un 'Motu Proprio' por el que elimina la cadena perpetua en el Vaticano, que es sustituida por una pena máxima de 30 a 35 años, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.Otros capítulos especifican y establecen penas a los delitos de pedofilia. También se han introducido figuras criminosas relativas a los delitos de lesa humanidad a los que se dedica un título aparte.
En medio de esa larga lista de modificaciones, se incluyeron apartados fundamentales para echar luz sobre la dictadura argentina. En varios artículos cambiados se prevé una asistencia especial a la justicia. Por lo tanto, con una solicitud judicial de Argentina se puede ingresar a los archivos llamados secretos, aunque en realidad son privados del Vaticano; ahí se puede obtener información sobre algún caso preciso.
En junio la Santa Sede aportó dos documentos en su poder relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en 1976. Se trató de una carta y un informe enviados por el propio prelado al entonces nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Laghi, pocos días antes de su muerte el 4 de agosto.
Los papeles custodiados por casi 40 años en los archivos vaticanos y sacados a la luz a instancias de Francisco, se convirtieron en pruebas clave que aseguraron la condena de prisión perpetua a los militares Luciano Menéndez y Luis Estrella.
Luego de las visitas de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al papa Francisco en el Vaticano, el Sumo Pontífice se comprometió a ordenar la apertura de los archivos secretos de la Santa Sede para ayudar en la búsqueda de datos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Las precisiones sobre esta apertura fueron acordadas el 6 de febrero de 2014, luego de una audiencia privada, promovida por la cancillería, donde el Papa recibió a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, junto a otros 4 funcionarios, para establecer mecanismos de cooperación a partir del decreto firmado por Francisco.
En este contexto, resulta interesante conocer los comentarios del profesor Lori Zanatta, prestigioso ensayista italiano de la universidad de Bologna y un estudioso de la historia argentina y latinoamericana. Sólo citaremos tres párrafos de un reporta
“El peronismo es una traducción secularizada de una visión del mundo, y por eso el peronismo percibe la secularización como un daño, como un mal, se percibe a sí mismo no como una ideología o un partido entre ideologías, sino como "la" ideología de la Nación, y por lo tanto, tiene una legitimidad superior. Por eso le cuesta muchísimo al Papa aceptar que los argentinos votando en elecciones eligieron otro Gobierno.
La idea de pueblo para el Papa es una idea de comunidad orgánica, donde el individuo está sometido a la colectividad. Los gobiernos de tipo populistas reflejan una identidad histórica del pueblo en la visión del Papa, porque tienen virtudes evangélicas. Nunca ocultó que tiene mayor simpatía, casi excluyente, a favor de estos modelos populistas
Por suerte el Papa en Europa y en el mundo está visto como un gran líder universal, el jefe de la Iglesia Católica, por lo que sus pequeños desvíos son para ocuparse de la política argentina. Por supuesto, eso a nadie le interesa ni le parece importante en Europa."
Retomando finalmente la ilación que sobre la inédita decisión del Parpa Francisco estamos analizando, podemos señalar que en los años 1976/83 se registraron numerosas entrevistas con miembros de la curia, y solicitudes de audiencias en el Vaticano por parte de asociaciones de derechos humanos, abogados, y familiares de las víctimas del terrorismo buscando ayuda espiritual.
Es de público conocimiento de que durante el terrorismo desplegado en todo el país, el pánico de los habitantes por los crímenes, secuestros y bombardeos indiscriminados, influyó para la búsqueda de refugio y ayuda en la iglesia. Se elevaron oraciones en misas celebradas en las parroquias, rogando a Dios misericordia para las víctimas y su divina intervención para la finalización de la extrema violencia.
Es de suponer que esto debe figurar en los archivos de nuestras iglesias, parroquias, Episcopado, Nunciatura y Vaticano. Sería del caso abrir estos archivos, de modo que se utilicen los dos platillos de la balanza de la Justicia y de ese modo cumplir con el precepto de dar a cada uno lo suyo.
Con el comienzo de los juicios de lesa humanidad durante los primeros años del siglo XXI, a los militares que habían derrotado al terrorismo, los presos políticos, denominación debida a la polémica desatada por la alegada ilegalidad de los juicios, sus familiares, colegas, amistades y víctimas del terrorismo, se manifestaron solicitando justicia y trato humano a los confinados en cárceles insalubres y sin atención médica.
Las visitas a numerosos miembros prominentes de la curia eclesiástica por delegaciones y familiares, que prosiguen hasta nuestros días, se supone deben estar asentadas en los libros, expedientes y archivos de las distintas oficinas y organismos católicos. Una oportunidad más de la iglesia y el Vaticano para que en un plano de igualdad e imparcialidad, ordenen su apertura, que también pueden necesitarla los jueces y fiscales.

Es un principio de justicia que el Papa Francisco no ignora desde el momento que uno de sus primeros sorprendentes actos en la Santa Sede fue la modificación del Código Penal, suprimiendo la pena de muerte y fijando penas severas para la pedofilia.