jueves, 23 de marzo de 2017

FRACASADOS INTENTOS DE LA CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pretendiendo producir la atención internacional en el caso de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy con intenciones claras y definidas de neto corte izquierdista y populista. Hay que reconocer que el esfuerzo y la perseverancia de los organismos izquierdistas han derivado en una delineada ramificación mundial que, en casos como el presente, funciona como aparato de relojería.
Hace cuatro meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que estas organizaciones tendieron al gobierno, y en la que éste ingenuamente cayó, según dijimos en el blog “El gobierno cayó en la trampa”. No menos de quince artículos hemos destinado a este asunto. 
El armado de esta causa es tan evidente que con sólo conocer  los funcionarios intervinientes se tiene una clara idea de los propósitos que encierra, Estos son los tentáculos del izquierdismo enquistado en organismos internacionales, los mismos que inflaron la cantidad de desaparecidos a 30.000 para obtener los beneficios pecuniarios que representaba el pago de la indemnización gubernamental a los subversivos.
El pedido de la intervención a la CIDH provino de nuestros conocidos Horacio Verbitsky en representación de CELS y Mariela Belski representando a Amnistía Internacional en Argentina. La nómina de funcionarios aplicados en acusar al gobierno argentino de una “arbitraria” detención: Eugenio Zaffaroni, hoy juez en la OEA, Carlos Zannini, Jorge Taiana, abogado de Milagro Sala ante la CIDH, Gustavo Cinosi, activo militante kirchnerista como Asesor de la OEA. Luis Almagro, Secretario General de la OEA que le debe su designación a Cristina Kirchner; fue ministro de RR.EE, en Uruguay. Este último cometió el error de enviarle una carta a la detenida, como Secretario de la OEA, manifestándole que creía en la injusticia de su detención.
Lo que la gente ignora es que estos organismos, potenciados por Verbitsky y Belski efectuaron presentaciones ante la Unión Europea requiriendo su intervención para obtener la libertad de Milagro Sala, con el agravante de solicitar la suspensión de las negociaciones del TLC con Mercosur hasta que el respeto de los derechos humanos estén asegurados por el gobierno. Como era de esperar, la respuesta de la Vicepresidente Mogheneenni en nombre de la Comisión fue clara y precisa al manifestar que incumbe al sistema judicial argentino aplicar la legislación de conformidad con las normas y convenciones nacionales e internacionales.
Primera derrota de la CIDH que nuestros ilustres y preclaros periodistas se cuidaron muy bien de informar.
En la reunión de la CIDH últimamente realizada en Miami, el caso Sala, fuera de agenda, fue sacado astutamente por Verbitsky ante autoridades de derechos humanos del continente, acusando “persecución” e “intolerable situación” en la provincia de Jujuy. Continúa la presión ejercida por estos movimientos desestabilizadores que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa que analizaremos más adelante.
El escenario en la sede den la CIDH estaba bien planeado y la voz cantante la llevó Verbitsky, quien denunció la privación de derechos en Jujuy a los que protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería, pidiendo a la CIDH que reclame al Estado argentino el cese de hostigamiento y la criminalización de la protesta.
La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el fiscal provincial Mariano Miranda, por Jujuy, que en su réplica manifestó que en su provincia se garantiza el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión, y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social, agregó.
Por su parte Avruj anunció como un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una disculpa, innecesaria e inoportuna,  que en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta. En realidad una estupidez pues el proyecto será objeto de fuertes discusiones y polémicas por tratarse de enmiendas al Código Penal. Completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se base en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.”
Un funcionario no debe dar explicaciones o pretextos sobre actos del Estado, propios de su soberanía y menos aún en una reunión o foro internacional. Por lo demás, prometer que iremos por el buen camino es un implícito reconocimiento de que en estos momentos no estamos transitando el camino que la CIDH tan gentilmente nos exige. Finalmente, olvida el secretario que hay otro compromiso asumido por el Presidente, que no ha cumplido, y es el de terminar con el curro de los derechos humanos.
No satisfecha la CIDH con las fuertes presiones y críticas al nuevo gobierno, intenta tantear otro camino, afín a sus objetivos y que también busca el apoyo de sociólogos y defensores de los refugiados. Declara su "extrema preocupación" por los proyectos y declaraciones del gobierno con referencia a la inmigración y dice que existe una “estigmatización” a los migrantes al vincularlos al crimen (teoría zaffaronista). Impedir la entrada desde los países fronterizos es una “regresión” que, indudablemente, decimos, coarta la financiación del narcotráfico en la Argentina. Y tienen razón, es una “regresión” a los fondos que recaudan del crimen, los secuestros y la droga.
Estamos en presencia de la segunda derrota de la CIDH, con el pronunciamiento trascendente de la Corte Suprema de la Nación que, a la postre, nos ha dado una sentencia que ningún organismo extranjero o internacional puede corregir. Rechazó una petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que se cumpla la sentencia condenatoria del Estado argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso "Fontececchia y D´Amico"
La Corte ha establecido firmemente que en la cuestión sometida a su consideración  hay cosa juzgada y, por lo tanto, no hay de su parte marcha atrás, como órgano supremo de la interpretación de nuestras leyes.
Hemos de suponer que la misma respuesta tendrá el mismo organismo de la CIDH  que tan irrespetuosa exigencia tiene hacia el gobierno argentino al requerir en términos inaceptables que el gobierno dé pronta respuesta al pedido de liberación de Milagro Sala.
A los contactos que tienen la paciencia de leer mis comentarios en mi blogspot "Habla la Experiencia", les diré que les agradezco por ser testigos de un trabajo informativo sobre un tema de enorme importancia para nuestro país, que vengo desarrollando desde hace cuatro meses y que el periodismo retacea inexplicablemente.
   








miércoles, 22 de marzo de 2017

EL FISCAL QUE HACE HONOR A SUS FUNCIONES



El 22 de octubre de 2016 en el blog "La justicia podrá redimir al país" publiqué:

:Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.
La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.
Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.
 El 7 de noviembre de 2016 publiqué otro artículo bajo el título "Al Cesar lo que es de César"; decía:
"Hace pocas horas condené las palabras del marxista Fernando Esteche, "Si a un juez se le ocurriera detener a Cristina, podría aparecer muerto" y agregaba, ¿no hay fiscales en la justicia que lo denuncien?
Acaba por ser denunciado por el fical Marcelo Carlos Romero, que transmitió sus fundamentos por el canal de televisión TN, el mismo magistrado que fue objeto de mi nota blogspot titulada "La justicia podrá redimir al país", y decíamos: "Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica´ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos. no habría por qué buscar una "reforma" de las instituciones. El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral, y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido. Lo ratifico".
 Hoy leemos la siguiente noticia que confirma mis comentarios:
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero presentó hoy una denuncia penal contra el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia colectiva, debido a las amenazas de anteayer del dirigente piquetero acerca de que la semana próxima iban a cortar las rutas de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª6 del Departamento Judicial de La Plata señaló en su presentación que el delito de apología del crimen, previsto en el artículo 213 del Código Penal establece penas de un mes a un año de prisión.
En tanto, el delito de incitación a la violencia colectiva, normado en el artículo 212 del Código Penal fija una pena de tres a seis años de prisión "al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".
El fiscal Romero cumple con su deber de magistrado, no merece premio ni medallas, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía que ve en él la justicia que espera desde hace muy largos años.





lunes, 20 de marzo de 2017

A LA PALESTRA EL CASO MILAGRO SALA

Todo está tomando el sesgo que habíamos previsto el 7 de diciembre de 2016 en el blog titulado” El armado del caso Milagro Sala que el gobierno ignoró”. Decíamos del esfuerzo y la perseverancia de los organismos izquierdistas, con un perfecto grado de entrenamiento que en este caso funcionó como un aparato de relojería. 
 Continúa la presión ejercida por el CELS de Horacio Verbitsky y Amnistía Internacional de Mariela Belski,  ambos promotores de la intervención de la ONU, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa cuando el Parlamento Europeo les rechazó las denuncias y pedidos de sanciones contra nuestro país.
En efecto, en una audiencia realizada ayer en la ciudad de Washington  por la CIDH, el caso Sala fue protagonista ante autoridades de derechos humanos del continente,  ya que organizaciones sociales denunciaron “persecución e intolerable situación” en la provincia de Jujuy.
 El escenario en la sede de la CIHD se hallaba bien planeado y la voz cantante de los denunciantes estuvo a cargo de Verbitsky en nombre del CELS, quien afirmó la privación de derechos en Jujuy a los que protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería. Pidió que la CIHD reclame al Estado argentino que ”advierta a Jujuy que debe cesar el hostigamiento y la criminalización de la protesta.
La delegación oficial argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, y por Jujuy su fiscal provincial Mariano Miranda, que en su réplica manifestó firmemente que en su provincia “se garantiza  el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social".
Por su parte, Avruj anunció como  un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una innecesaria e inoportuna disculpa, que en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta.  En realidad una estupidez pues es sólo un proyecto que como reforma al Código Penal será objeto seguramente de de fuertes discusiones y polémicas.
El secretario completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se base en el respeto. la convivencia  y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”  Es un reconocimiento de que en estos momentos no estamos transitando ese camino que la OEA, CIDH y CELS  tan gentilmente nos exige.  Olvida el secretario Avruj que hay otro compromiso asumido por el Presidente, el de “terminar con el curro de los derechos humanos" que hasta ahora no ha cumplido,
La habilidad y la astucia de estas organizaciones izquierdistas se plasma en esta oportunidad, pues en teoría el caso de Milagro Sala no podía mencionarse en la reunión, porque dentro de la CIDH ya existen medidas cautelares que reclaman su inmediata liberación y es en ese marco donde debería expresarse. Por eso evitaron referirse a Sala, pero he aquí que el tema fue sacado insolitamente por el comisionado Paulo Vannuchi, agradeciendo que no se la hubiera nombrado, pero de esa manera abriendo el juego para invocar su situación, lo que sorprendió ingratamente a los representantes del Gobierno.
 Un asunto bien armado y capitalizado por Horacio Verbitsky que de inmediato tomó la palabra para decir que “no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en toda la provincia y el Gobierno ha intentado demonizar a una persona exponiéndola como el ejemplo de todos los males”.
Llegó la estocada final ejecutada con maestría por el comisionado de la CHID, el brasilero Paulo Vannuchi que agradeció el “clima respetuoso y sereno” entren las partes, y a la Argentina por la invitación a organizar en Buenos Aires el período de sesiones del organismo, donde seguramente el caso Sala volverá a ser protagonista.
Hace cuatro meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que organizaciones izquierdistas pusieron al gobierno y en la que éste ingenuamente cayó, según lo dijimos en el blog "El gobierno cayó en la trampa" Nada menos que diez artículos hemos publicado y que más abajo detallamos, y nuevamente nuestros funcionarios se ven atrapados en su irremediable ingenuidad.
Ya lo dijo una vez el gobernador de Mendoza Carlos De Casas enfrentando a esta gente que la CIDH estaba tomada por Zaffaroni y Verbitsky. 


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sábado, 18 de marzo de 2017

LA LEY DE REPARACIÓN HISTÓRICA


La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo.
De modo que se hacía necesaria la promulgación de una ley con un rimbombante título para que se reconozca el derecho de los jubilados a entablar juicio contra la Anses, lo que vendría a significar que los veinte o más años de litigio para la actualización de los haberes mal liquidados no estaban amparados pòr ninguna legitimidad y fueron en balde. ¡ Recién ahora, el gobierno me dice que tengo derecho a exigir en los tribunales la actualización de mis haberes!  Considero que esto sí, es una innovación jurídica revolucionaria de carácter histórico. Pero hay un agregado original en esta ley reparadora, pues consiste en una propuesta de aceptación voluntaria, mediante la firma de un acuerdo, lo  que viene a dar al traste con mis derechos. Es decir, no hay derecho absoluto sino condicionado a la propuesta. El desarrollo de esta saga continúa al establecer la ley que los acuerdos deben homologarse en sede judicial, el jubilado con su abogado,  y Anses, ante un juez acordando el ingreso al Programa (¿qué programa?) y consecuentemente el fin del juicio.
Y finalmente aparece el verdadero móvil de este asombroso perfeccionamiento jurídico al resolverse que, quienes deciden rechazar la propuesta o no ingresar al Programa (qué programa?), seguirán cobrando su haber actual y una vez concluido el juicio Anses acatará la sentencia.
Se ha dilucidado el enigma de la propuesta, que radica en una quita porcentual que llega hasta el 50% de lo ordenado en sentencia, lo que equivale lisa y llanamente a una explícita extorsión, sobre la que volveremos seguidamente.
En buen romance, la Reparación Histórica me dice que por decisión unilateral el Estado deja en suspenso la tramitación del juicio y si acepto la propuesta lo da por finalizado aplicando la quita, en otras palabras cumple con la sentencia pero con ”rebaja”. Y si no acepto, el juicio continúa y al concluir acatará la sentencia. La más disparatada contradicción jurídica que se me ha presentada en mi larga vida, pues en mi caso tengo ya sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en el año 1997 que nunca fue acatada. Entonces, ¿qué juicio espera el gobierno que finalice para que, como se establece, Anses acate la sentencia? ¿la de 1977 o espera otra sentencia clonada?
Estimo y califico como delito de extorsión la llamada propuesta en esta ley, ya que entra en la definición jurídica que dice: “La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo”
El Estado es el sujeto activo que utiliza la intimidación sobre el jubilado, sujeto pasivo al decirle prácticamente”si aceptas la quita porcentual, te pago la sentencia, si no la aceptas no te pago y continúa el juicio”per secula seculorum”. Lleva fines de lucro al quedarse con dinero de la sentencia y produce un gran perjuicio patrimonal al jubilado que, si no acepta, no cobra más.
Quizá lo más inhumano de esta cacareada reparación lo vemos en que se incluye en el artículo 9º. de la ley, un orden de prelación que establece que tienen prioridad los beneficiarios mayores de 80 años, cuando precisamente son los que están al final del Programa, pues se están pagando actualizaciones a recién jubilados, en grandes cantidades, con gran despliegue publicitario y de los prioritarios no cobró todavía ninguno, con el agravante de que hay varios mayores de 90 y 100 años con la mayor antigüedad de espera que llega hasta más de veinte años.
En la carta abierta al señor Presidente del 22 de febrero le decía que hay una gran cantidad de jubilados de 80, 90, y más de 100 años que me consta siguen reclamando su pago, varios de ellos con carta dirigidas a Anses y a los diarios, y deduzco razonablemente que si a diario leemos estos reclamos, cuántos estarán en la misma situación sin decidirse a escribir y cuántos habrán fallecido durante esa angustiosa espera. Pues bien, este clamor aumentó drásticamente en todos los medios y redes sociales y destaco al diario Clarín que publica columnas especiales dedicadas a dar a conocer de los propios estafados, la falacia de un Plan de Revisión Histórica de evidente extorsión.
Transcribiré una de las cartas, dramático paradigma  de la justa indignación que provoca esta intolerable actitud del gobierno, que fue dirigida al titular de Anses Emilio Basavilbaso  el 17/3/17 : 

"Señor director de Anses, Emilio Basavibaso, no tiene ninguna necesidad de mentir cuando ha elegido la arbitrariedad en el manejo de la cosa pública bajo el paraguas de impunidad que le da el poder y la mansa, silenciosa complacencia de fiscales y jueces que miran para el otro costado. 
Cuando se actúa con prácticas totalitarias no se puede hablar de estado de derecho.
Lamento tener que decir que yo aposté al cambio, y la frustración que me produce tener que ver y ser objeto de más de lo mismo. Algún día se sabrá cuánto ha sido el ahorro que le significó a la caja de Anses la baja de los jubilados que murieron esperando que se los tuviera en cuenta como humanos y ciudadanos argentinos. Y también lo que le significó el mentiroso plan de Reparación Histórica, con lo que se autocalifican a lo pavo real. 
Señor Basavilbaso, lamento comunicarle que no he muerto, pese a estar próximo a cumplr 90 años 
¿Porque es eso lo que esperan para eliminar la carga económica que representamos los viejos jubilados a los que consideran de descarte, no? No le pregunto por qué no cumple con los fallos judiciales, porque la respuesta también resulta obvia: todo es cuestión de reducir el presupuesto del organismo que dirige demorando su cumplimiento hasta la llegada de nuestro inexorable final. Y un par de últimas noticias: usted está incumpliendo sus deberes de funcionario público, lo cual es delito que más tarde o más temprano tendrá que purgar; otra, pienso resistir hasta que se haga justicia, aún más alle del momento de su reemplazo. Después volveré a mi tiempo de espera para saludarlo en el lugar en que vamos a parar todos los seres vivos. ¡Allá usted con su conciencia y aquí con la Justicia que, aunque tarde, siempre llega,!  Juan Carlos Mirabella"

En todos los contactos que mantengo desde hace muchos años me encuentro con una gran confusión, producto de la gran variedad de sugerencias intercambiadas para formar grupos, pues es enorme la cantidad de involucrados en este gravísimo problema y es imposible aunar acuerdos y métodos, todo se diluye en un mar de buenas intenciones que nunca llega a nada. Conspira también el hecho de que los más de medio millón de jubilados, en estas condiciones, se hallan diseminados a lo largo y ancho del país.
La razón que nos asiste en esta emergencia es indiscutible, desde cualquier punto de vista, pero las quejas e indignados reclamos no llegan a oído del gobierno y de la gran mayoría de periodistas. Ellos están en otra cosa, la noticia caliente de crímenes secuestros, sexo, fútbol y política corrupta.
Aunque parezca increíble he recibido serias propuestas para organizar corte de calles y avenidas, sentadas, con carteles alusivos, diríamos piquetes, ya como recursos desesperados que son inviables para gente de la tercera edad, de por sí pacífica, estoica y tolerante.

La experiencia nos demuestra que en estos casos la manera más eficaz de obtener resultados  es la perseverancia de difundir constantemente la injusticia que se viene cometiendo, apelando a todos los medios periodísticos, gubernamentales, parlamentarios, judiciales y redes sociales, éstas cada vez más accesibles a los problemas sociales.
A continuación brindamos un caso muy interesante que es nuestra misión difundir al máximo, como hemos dicho anteriormente. 
El juez de la Seguridad Social Juan Fantini homologó un acuerdo en el marco de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados, pero dejó en claro que la función de los magistrados "no debería limitarse o quedar reducida a un simple "click", Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación "no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículo 1641 y162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas y que la misma produce los efectos de la coa juzgada "sin necesidad de homologación judicial".
En ese punto, el juez federal se preguntó "por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados".
Esa es la pregunta que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años que tienen varias sentencias a su favor con una insólita antigüedad de 20 años, la última de la Corte Suprema debido a las sucesivas apelaciones sin fundamento del perverso organismo Anses. El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta constituye una impúdica ironía que no podemos aceptar, suena casi como una burla.

Para los que están en duda con respecto a mi afirmación de que la Ley es extorsiva, tengan en cuenta por si se les ha ocultado, que los jubilados que acepten por vergonzante necesidad el acuerdo, podrán cobrar antes, pero con recortes que varían entre el 40% y el 70%, según el estado del juicio y los reajustes de haberes. En ese marco, el especialista Guillermo Jáuregui sostiene que el reajuste podría oscilar entre el 30% y el 45%.
Pero aquí no terminan los beneficios extorsivos de Anses pues los jubilados con sentencia firme anterior al 30 de mayo, entre 50.000 y 70.000, que deberían cobrar un promedio de $ 350.000  y que de acuerdo a la ley percibirían el 100% de la retroactividad dentro de los 120 días anteriores al reclamo. si aceptan el acuerdo, se les pagará el 50% del retroactivo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales, sin intereses.
Como se podrá apreciar´, es una reparación histórica que si se cumple, será pagada por un delivery especial de Anses destinado a los cementerios.









viernes, 17 de marzo de 2017

LA CORTE SUPREMA Y LOS DD.HH.



La Corte Suprema de Justicia está desorientada al solicitar un informe actualizado sobre el estado de los juicios sobre derechos humanos por crímenes cometidos durante la dictadura, invocando el pedido de organismos de derechos humanos como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, entre otros, ¿Qué otros? ¿Serán el CIDH, CELS y Amnistía Internacional?
 Llama la atención que reproduzca, entre comillas, los móviles de la preocupación que asalta a dichos organismos para efectuar el pedido, pues, si se analizan con detenimiento, no son otros que los que circularon últimamente a raíz de opiniones vertidas públicamente por funcionarios que manifestaron no estar de acuerdo con que existió un plan “sistemático” de eliminación de ciudadanos y tampoco un “terrorismo de Estado”, lo que ha sido tachado como declaraciones “negacionistas” de funcionarios públicos, inclusive con proyectos de legisladores de promover acción judicial por considerarlas delitos de opinión.
La comunicación dirigida por la Corte con las firmas de todos sus miembros a la Cámara Federal de Casación Penal, aparenta tener un especial interés en conocer las sentencias condenatorias, ya que  enumera la cantidad de ellas durante el año 2016 y desde el 2008 y solicita la "estimación del dictado de la sentencia de los juicios" con referencia a todos los tribunales federales del país, como una presión destinada a apresurar las sentencias.
Nada habla de los pedidos de organismos internacionales sobre el análisis referente a la ilegalidad de los juicios, que han llegado a su estrado en varias oportunidades con fundamentos muy sólidos de prestigiosos juristas y desprovistos de tendencia política.
Ya decíamos en nuestro blog del 5 de agosto de 2016, bajo el título “La hora de la justicia”, que si el Consejo de la Magistratura aprobó la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el país, un primer paso de mucha importancia, era la oportunidad de dar cabida a la auditoría de los jueces y fiscales federales que intervinieron e intervienen en los juicios llamados de “lesa humanidad”.  La investigación sobre el carácter netamente político de la sustanciación de los mismos, permitiría lograr el ordenamiento tan deseado de la justicia y el juicio político a los que cometieron prevaricato en el ejercicio de sus funciones por patente y manifiesta inobservancia de las leyes y procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.
Dicha revisión contaría con la opinión favorable de muchos magistrados que por sus antecedentes de probidad prestarían un apoyo inapreciable a la renovación de un Estado de derecho respetable y confiable. Pasaron siete meses desde que sugerimos dar cabida a una auditoría para los casos de juicios de lesa humanidad, cuando nos llega la información de que el 14 de marzo el General de Brigada (R) Juan Miguel Giuliano y el Coronel (R)  Guillermo César Viola, presentaron ante el Honorable Consejo de la Magistratura un "Pedido de auditoría a los jueces y fiscales Federales por la comisión de delitos en su desempeño en los denominados juicios de lesa humanidad", lo cual coincide con nuestra opinión que ahora es sustentada en los estrados judiciales. Resaltamos un convincente párrafo del pedido, que lo justifica plenamente.
"Señalamos enfáticamente la ilegalidad, anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad del inicio, desarrollo y resoluciones de estos juicios, la vulneración sistemática de nuestras leyes y de la Constitución Nacional, lo que no admite siquiera discusión. En punto a la violación de acuerdos internacionales cabe señalar que los tan blandidos tratados para justificar el atropello, todos ellos respetan explícitamente, a rajatabla, el principio de legalidad. De lo que resulta de que para juzgar treinta o cuarenta años después supuestos delitos que a todo evento estaban prescriptos, se atentó y se sigue atentando contra el orden jurídico. De tal modo que no caben dudas que, ab initio, nuestros presos son Presos Políticos y víctimas de delitos y abuso del poder por parte del Estado."

La Corte Suprema ha observado siempre la tendencia del gobierno en sus acordadas y sentencias, vicio arrastrado desde hace muchos años y que conspira con la independencia de su actuación como tercer poder del Estado.  En los doce años del kirchnerismo esta modalidad complaciente se acentuó manifiestamente, en especial con respecto a la fuerte presión del Poder Ejecutivo para una interpretación unilateral y política de los derechos humanos, bandera que el partido gobernante tomó para justificar “legítimamente” la venganza llevada a cabo contra los uniformados.
Tan decisiva fue esta influencia que todavía persiste no obstante la derrota del gobierno en el acto eleccionario del 2015 y la promesa del electo primer mandatario de terminar con el “curro” de los derechos humanos, según sus propias palabras.
Sabemos que es una tarea dificultosa procurar la desratización de la justicia cuando inexplicablemente se mantiene un gran sector de la misma afiliado al partido político "Justicia Legítima" fundado por la misma Procuradora Gils Carbó. Si esta situación, expresamente prohibida por la Constitución, no es erradicada, y ni intención conocemos de hacerlo, ¿qué confianza podemos tener del organismo máximo de la Justicia, malgrado la reciente incorporación de dos nuevos miembros?
Muy poca esperanza deben tener los que a ella acuden para defender sus derechos, cuando los "cambios" no han llegado luego de quince meses del nuevo gobierno. 
















lunes, 13 de marzo de 2017

RECUERDOS DE UNA JUEZA DESAPARECIDA

Con razón el batuta de los Derechos Humanos, Claudi Avruj, distinguido miembro de la quinta columna desestabilizadora del gobierno, insiste frenética y tozudamente en reconocer como simbólica, aunque más no sea, la cifra de los 30.000 desaparecidos. Hace tres años y dos meses escribíamos en nuestro blogspot  lo siguiente:

Silvio Pedro Pizarro .
13 de marzo de 2014 16:51
NO CREE EN DIOS PERO ES
CREYENTE DE LOS DÓLARES

La Jueza atea Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, es un botón más de la muestra de corrupción imperante en el pais. Su religión son los dólares mal habidos. Deben haber 30.000 clones de esta ilustre "magistrada".
. Lo más llamativo es, sin ninguna duda, que la Jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Carmen Argibay, figura en el libro Nunca Más y como tal cobró la indemnización.
Argibay percibió por ser “desaparecida” la nada despreciable suma de u$s 650.000, si, leyó bien, seiscientos cincuenta mil dólares por figurar como desaparecida; pero lo que resulta realmente inaudito es cómo una persona puede cobrar una suma semejante por estar desaparecida cuando no lo está, y que, además, es juez de la nación,
La siguiente pregunta es, ¿cuándo se va a decidir a devolver los u$s 650.000 que cobró por estar “desaparecida”?
Sucede que los cobró por estar erróneamente desaparecida, y como podemos apreciar, no lo está. Cuando le hicieron ver el error dijo: “estoy pensando cómo devolverlos”.
Sin palabras.
Como se comprenderá, con motivo de la obligada publicación de la lista y cifras pagadas a los desaparecidos, nuestro amigo Avruj  se las estará viendo en figurillas. Si una ministra de la Corte que últimamente se ha negado a renunciar por su edad, se apropió de la menuda cantidad de u$s 650.000 y está haciendo malabares “para no devolverla”, ¿Cuántos problemas tendrá que enfrentar Claudio Avruj con su cifra simbólica de 30.000?  El resultado nos lleva a la cifra de u$s 19.500 millones que ha sido pagada al terrorismo setentón.  Lápiz y papel señor Secretario y al trabajo.

Estamos actualizando noticias escabrosas, el tiempo apremia y los archivos no mienten.

domingo, 12 de marzo de 2017

SEÑOR PRESIDENTE

Estimado Presidente:
El 23 de febrero le envié una carta abierta, con copia a la Jefatura de Gabinete, bien explícita y respetuosa, con referencia  a la situación de cientos de jubilados mayores de 90 años que vienen siendo engañados desde hace muchos años en el trámite de sus juicios de reajustes de haberes,  al no efectivizarse el pago  de las sentencias ordenado por los jueces de las causas.
Ninguna respuesta he recibido, a pesar de los razonables argumentos invocados, que sería ocioso repetirlos,.
La intención que usted debe ver reflejada en dicha carta, no es sólo una necesidad angustiosa de que se escuchen los justos reclamos en busca de una humana solución a los mismos, sino una sincera colaboración a su gestión frente a los nuevos tiempos que, felizmente gracias a su consagración como presidente, estamos enfrentando.
Me atrevo a dirigirme a Usted con la confianza que me merece su personalidad de hombre de bien, francamente intencionado a terminar con un largo proceso  de demencia y corrupción que llevó a nuestro país a un paso de una hecatombe total.
En esa confesada ubicación, me atrevo a preguntarle:
-¿Tomó conocimiento, directa o indirectamente de mi carta?
-¿Sabía que es totalmente falso el pago de las sentencias?
-¿Está al tanto de que la publicitada Reparación Histórica es una extorsión que reviste mayor gravedad por ser del Gobierno?
-¿Nadie le ha informado que la respuesta de ANSES a nuestras consultas es una explícita extorsión? Nos dicen:
“Ud. aún no recibió una propuesta de “Reparación Histórica” porque continuamos analizando su caso. En la primera semana de abril nos estaremos comunicando con Ud. para indicarle como prosigue el trámite y la fecha estimada en la cual estará resuelto. Recuerde tener actualizados sus datos para poder aceptar el acuerdo de “Reparación Histórica”, una vez que ANSES le efectúe la propuesta.”
La propuesta consiste señor Presidente en una quita porcentual que llega al 50% de lo ordenado por la justicia.
En mi caso, luego de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de julio de 1997, luego de 20 años de burocráticas y perversas obstaculaciones, ¿necesitan unos días más para analizar mi caso? ¿Y hacerme una propuesta, cuando la  majestad de la ley y el máximo tribunal ordenan el pago de la sentencia?
-¿Le acercaron a Usted semejante resolución para un ser humano de 93 años que queda descartado de la justicia y de la cacareada asistencia social?  No, señor Presidente, a Usted lo engañan con lo que llaman “políticamente correcto” y que para mí es“definitivamente inhumano”
¿Llegará a su conocimiento, se lo llevarán, se lo soplarán al oído, se lo ocultarán, lo harán partícipe de la extorsión a un anciano?  Estoy ansioso por conocer una respuesta a estos  interrogantes quizá “políticamente incorrectos”.
Lo saludo con el merecido  respeto y el aprecio que le tengo,

Silvio Pizarro

(Mis datos ya los tiene)