POBREZA INTELECTUAL

En los programas políticos de TN anoche 4 de mayo, Juego Limpio y Código Político se pudo apreciar la pobreza intelectual de que gozan los responsables de su transmisión. Los espacios dedicados a la repercusión del fallo de la Corte denotaron una carencia lamentable de los conocimientos necesarios para un tratamiento competente de un caso jurídico de importancia.

El primero, Nelson Castro, se refirió al mismo con una crítica inesperada por su contenido. Expresó textualmente: “debemos marcar (un verbo que utiliza permanentemente) que el fallo de la Corte fue sorpresivo ¿? y absolutamente malo, es un retroceso. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e indudablemente quedan afuera para beneficiar al procesado”, esto último con la autoridad de un prestigioso tratadista de Derecho Penal.

El segundo. Código Político, puso el tema en el tapete con una breve exposición de un minuto y medio respecto a la repercusión que tuvo la decisión del alto tribunal. Pero lo curioso resultó que las cinco o seis opiniones escogidas en el segmento, fueran todas desfavorables y recogidas de fuentes políticas, militantes y asociaciones similares que poco podían aportar al conocimiento del televidente. Se descartaron las opiniones favorables de entendidos en la materia, necesarias para la comprensión integral del asunto en discusión.

En el periodismo escrito la evaluación que hacemos no es menor, ya que la mayoría de los artículos que leemos se refieren a las críticas desfavorables del fallo, en bocas de personas de buena fe pero de carencia de autoridad para rebatir una decisión del máximo tribunal. Se cita al ministro de Justicia que se contradice cuando por un lado afirma respetar y no criticar el fallo, y por el otro lado lo califica como “uno de los peores engendros.” Como frutilla al postre, agregó esta errónea observación: “no es justo que se aplique la ley del “2x1” a cualquier condenado.” Extraña por su carácter de abogado.

Nos informan la posición desfavorable del presidente Macri, ya que le ordenó a su ministro de Justicia marcar ante la prensa una postura oficial dura para evitar el costo político de quedar asociados al fallo de la Corte y enfrentados a los organismos de derechos humanos y a vastos sectores progresistas de la sociedad, que podrían perjudicar al Gobierno, justo en un año electoral. Una muestra más del miedo cetrino que le inspiran al gobierno las organizaciones de derechos humanos.

No tiene explicación valedera el hecho de que si tanto rechazo produce en el gobierno y ciertos periodistas la vigencia del “2x1” que beneficia a los presos sin sentencia, nunca lo exteriorizaron en los últimos años, para saltar ahora todos al unísono porque se aplica a un militar acusado de delitos de lesa humanidad, que fuera condenado a trece años de prisión. Qué duda cabe de que no priva el sentido de una crítica generalizada a dicha ley, sino razones de orden político ajenas al contexto del derecho en sí.

Tanto los medios televisivos, como radiales y escritos se han mostrado reacios a brindar una explicación comprensiva de la interpretación de los textos de las leyes y su aplicación en los tribunales, como debía haberse realizado en este caso en particular fallado por la Corte Suprema, en donde hallamos que sólo se trató de la aplicación de una ley, conforme a derecho.

Se tuvo presente que el Código Penal consagra el principio de la benignidad de la  ley penal, que comporta la aplicación, en todos los casos, de la ley penal permanente más favorable al acusado. Nótese que especifica, “en todos los casos.”

Esta última información, aclaración o explicación resulta suficiente para mostrar la otra cara de la moneda que se mantuvo oculta por los medios periodísticos.

SE ABRE UN PANORAMA

Hace un año, el 4 de mayo de 2016, decíamos con respecto a los denominados juicios de lesa humanidad que “la parte querellante la conforma el gobierno bonaerense en la persona del  secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, recientemente designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al hacerse cargo de la función expresó textualmente:

 “El Estado bonaerense a través de esta secretaría se presentará como querellante en los procesos de lesa humanidad. Existe la firme voluntad de la gobernadora Vidal de continuar con estos juicios y con la política de memoria, verdad y justicia. No habrá marcha atrás con estos temas.”

Se da la curiosa coincidencia de que estas últimas siete palabras de la declaración fueron también pronunciadas por el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, delante del presidente Macri, y por  Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, en nombre del presidente.

Queda por tanto firme la política kirchnerista de la memoria, verdad y justicia, con el sesgo remanido que rige para unos  y no para todos, es decir, tuerta, renga y manca.

Las dos secretarías de los derechos humanos le marcan la cancha a nuestro presidente, contradiciendo su promesa electoral de “terminar con el curro de los derechos humanos”, según sus propias palabras.  

Gran intérprete del tema es el periodismo que calla y habla conforme a los “interese creados”,  al decir de Jacinto Benavente, que ahora solloza por la carestía de la vida que hiere a los más vulnerables, que critica desbocadamente políticas laborales del gobierno, que en aras de la empalagosa independencia periodística se complace en dar cabida en sus notas y reportajes a los causantes de la anarquía y corrupción por ellos dejadas, a la entronización de los sinuosos gatopardistas, adalides de la mercenaria política ejercida con una prodigiosidad digna de mejor causa. 

Con el mayor respeto, reconozcan señores periodistas que el tema encarado en este breve pero sincero artículo, es totalmente ignorado y silenciado en vuestros prestigiosos medios.” 

Hasta aquí el citado artículo que ahora vemos actualizado a raíz de la correcta decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable  el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de lesa humanidad. El fallo se ajusta a derecho y es justicia. Sin embargo, la declaración final pone el acento en el leitmotiv del asunto al decir: “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad,  y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”.  Aparentemente, no se reparó en que esto no se cumple en la sustanciación de los juicios de lesa humanidad, donde son ignorados todos los principios del Derecho Penal, y los acusados son sometidos a ordalías, donde deben atravesar duras pruebas para demostrar su inocencia. A contrario sensu de lo  establecido en la legislación penal.

Nos preguntábamos en el blogspot de ayer  ¿Se abre un panorama?  La respuesta es positiva pues todos los medios dieron amplia publicidad a las opiniones favorables y críticas del fallo. La sociedad entró en ebullición y, como es su costumbre, el periodismo busca exacerbar las pasiones opuestas  difundiendo declaraciones  ofensivas y violentas de los que no comulgan con el fallo, y las razonables y mesuradas,  las menos, que acompañan la sentencia con argumentos netamente jurídicos.

Es innegable que, a pesar de la posición comprometida del gobierno,  que ha venido manteniendo el relato de la memoria, verdad y justicia con un sesgo que rige para unos y no para otros, es decir, tuerta, renga y manca, como dijimos anteriormente,  se aproxima el momento de una definición que coloque en blanco y negro, la legalidad o la ilegalidad de los juicios de lesa humanidad, que ya nadie puede dudar de sus propósitos de venganza.  La ideología,  la parcialidad y la política han dejado avanzar demasiado  a través de los años estos procedimientos que el terrorismo  de izquierda, derrotado en lucha armada,  implantó con un sello inaceptable de legalidad.

Es tan grande el mal que nos ha dejado tanto tiempo de relato, corrupción y mentiras, que la decantación va a ser prolongada, pero sin pausa, hasta llegar a la ansiada paz y reconciliación que el gobierno debe lograr con el apoyo de toda la sociedad.

¿SE ABRE UN PANORAMA? FALLO DE LA CORTE

La Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad

La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La tremenda confusión que se manifiesta en los ámbitos de nuestra Justicia, no tiene parangón, pues esta plausible y correcta decisión de la Corte Suprema se contradice con la declaración final que, mencionando a los delitos de lesa humanidad, llama al estricto cumplimiento de las leyes y los principios que caracterizan el Estado de Derecho. Precisamente, señores jueces, esto no se cumple en la sustanciación de los juicios de lesa humanidad, donde son olímpicamente ignorados todos los principios del Derecho Penal y los acusados son sometidos a ordalías, donde deben atravesar duras pruebas para demostrar su inocencia. A contrario sensu de las leyes penales.

Esto dice la Corte en su párrafo final: “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”

¿Llegaremos alguna vez a unificar los criterios que rigen plenamente en nuestros Códigos y leyes, dejando de lado las ideologías y las interpretaciones que los políticos, periodistas, gremialistas y seudos especialistas invocan, siempre conforme a sus intereses? 

LA SED DE LA VENGANZA VII

  

Inicio mi blogspot con un admirable artículo de un amigo que nunca fue tan oportuno, y que por eso transcribo. A continuación, la carta de una víctima de “El placer de la venganza”, de la cual he publicado VI artículos,  esta vez en apoyo de un héroe militar condecorado con medallas por heridas en combate, todas en batallas libradas por su patria, el Tte, Coronel ® Emilio Guillermo Nani, a quién me he referido en ni blog, bajo el link

http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2015/11/nuestros-presos-politicos.html

  

 PERSECUCIÓN JUDICIAL

 Parece que los jueces federales siguen la guerra revolucionaria por otros medios, iniciada por las organizaciones subversivas/terroristas -ERP, Montoneros, FAR...-, que fueron adoctrinadas y entrenadas tácticamente por el peón de brega de la Unión Soviética, Fidel Castro, bajo el impulso de ese país, contra todas las naciones latinoamericanas, salvo México-. Entre 1969/1979 cometieron 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados. No se entiende que el juez federal Nº 3, Santiago Inchausti, de Mar del Plata (perteneciente a la organización kirchnerista "justicia legítima", haya ordenado la captura del Tcnel. D. Emilio Guillermo Nani, por presuntos "delitos" durante durante la guerra contra la subversión en los años '70 en esa jurisdicción, relacionada con los derechos humanos de terroristas; quien es de la escuela "garantista" del abolicionista del Código Penal, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, siendo aquél veterano de la Guerra de Malvinas, y que el 23 de enero de 1989 combatió para recuperar el Regimiento de Infantería Blindada 3 "General Belgrano", de La Tablada, perdiendo su ojo derecho, que había sido copado por unos 45/50 subversivos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por el erpiano Enrique Gorriarán Merlo (que luego fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde), en cuyas acciones de combate murieron 39 personas, entre ellas nueve oficiales, suboficiales, soldados del Ejército (incluyendo el conscripto Roberto T. Taddía, que a las 06:15 de ese día se encontraba en la guardia barriendo con una escoba, siendo masacrado a tiros).

       Considero que ese miembro del colectivo "justicia (il)legítima" kirchnerista, infiltrada en el Poder Judicial (según el fiscal federal Germán Moldes habría que "desratizar" la Justicia), deberá dar explicaciones sobre la persecución del alto jefe del Ejército, luego de 46 años de los hechos de la década del '70. Sabe perfectamente, que la ex presidente María E. Martínez de Perón, mediante Decreto Secreto Nº 261/75 del 5-1-1975 ordenó al Ejército neutralizar y/o aniquilar el accionar terrorista en Tucumán, lo que  el Presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Lúder, mediante Decreto 2772/75 del 6-10-1975, ordenó a las Fuerzas Armadas extender la neutralización y/o aniquilamiento a todo el país.

       Relacionado con lo expuesto, no nos olvidemos todos los enjuiciamientos en que sedicentes inculpados deben probar su inocencia, con reversión de pruebas, y con violación de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, que se supone es tarea de los fiscales que deben probar sus acusaciones. Y jueces y fiscales cometen prevaricación, que con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y las pseudo organizaciones (madres y abuelas de Plaza de Mayo) preparan centenares de testigos apócrifos, que con una memoria prodigiosa, recuerdan los más nimios pormenores y detalles, teniendo en cuenta al lapso de tiempo de 46 años por hechos de la década del '70.

       De ese modo, violan el derecho de defensa, condenando a militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que combatieron a la subversión/ terrorista, siendo condenados a prisión perpetua, aunque la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, por lo cual no es aplicable a los hechos de la década del '70 (repito); y, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori y no a priori de su ratificación. Por otro lado, los crímenes cometidos por los terroristas Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky..., quedaron impunes, siendo indultados, amnistiados e indemnizados.

       A la luz de lo consignado, todos los "presos políticos" deben ser liberados, por la inconstitucionalidad manifiesta de sus condenas; teniendo que lamentar las muertes de unos 400 militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que padecieron malos tratos, inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz, Campo de Mayo y el interior del país, y cuyos derechos humanos desconocieron las autoridades de los tres poderes del Estado (que es una rémora insalvable para jueces y fiscales federales, camaristas, la Corte Suprema de la Nación, los gobiernos kirchnerista y el actual, que no hace nada para cesar el sufrimiento de los "presos políticos", que superan los 76 años de edad en promedio).

Alfredo Nobre Leite

SOLITUD DE ASILO POLÍTICO

BUENOS AIRES, 02 de Mayo de 2017

SER

Monseñor Emil Paul Tscherring

Nuncio Apostólico

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento que he tomado la decisión de solicitar asilo diplomático ante la Sede del Estado Vaticano, en su doble condición de Estado soberano y Sede de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, debido a la ausencia casi absoluta, en mi país, de garantías constitucionales y procesales para quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista, ordenada por gobiernos democráticos, para liberar a la Nación Argentina del flagelo del terrorismo, impidiendo que se instalara en ella un régimen de tinte totalitario comunista. 

Esta decisión se debe a que he tomado conocimiento que el Juez Federal Penal Nro. 1 y 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti habría resuelto ordenar mi captura para procesarme por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad.- Es decir que una misma persona, aprovechando la circunstancia de estar a cargo de dos Juzgados Federales Penales, sugestivamente, y luego de más de 12 años del reinicio de la persecución penal contra los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles, por su participación en la citada guerra contraterrorista, ha encontrado, vaya uno a saber qué curioso motivo, para sustanciarme dos causas – una en cada juzgado – buscando lograr mi privación de libertad.

Hablo de “curioso motivo” debido a que la experiencia que he recogido a lo largo de casi 14 años, en los que si algo ha caracterizado a la Justicia, es su poco apego al Derecho y sí demasiado a la prevaricación, violentando cuanta norma legal existe, incluido el Artículo 18 de nuestra Constitución Nacional (adjunto el listado de las normas violentadas), para consumar una larga sed de venganza contra quienes hemos tenido la responsabilidad de participar en la guerra contrarrevolucionaria.

Avalo mi decisión amparándome en lo establecido en el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en las decisiones de tribunales de otras naciones, como las que detallaré a continuación, que han rechazado las absurdas pretensiones de la politizada justicia federal argentina.- Esto me permite soslayar con causa las disposiciones que rigen el asilo diplomático, en el sentido que pueda ser negado en casos de existir una citación judicial.

Fundamento lo solicitado, en los siguientes aspectos:

1.     A lo largo de toda mi vida y, en especial, en estos últimos 35 años, siempre me he ajustado a derecho respetando las instituciones republicanas y democráticas.

2.     No he participado en ninguna de las asonadas militares de los años ’80 y ’90, en las cuales, si bien tengo muchos amigos entre quienes las llevaron a cabo, no estuve de acuerdo con la metodología ni con la oportunidad.- Pasados los años, al comprobar la corrupción del aparato político-judicial, con muchísima tristeza y, lamentablemente tarde, me he dado cuenta de cuánta razón tuvieron al intentar llamar la atención de la sociedad argentina respecto del peligro que se cernía sobre ella.- Los resultados están a la vista.

3.     El 23 de Enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsin y en oportunidad de participar de las acciones de recuperación de los cuarteles de La Tablada, atacado a sangre, fuego y destrucción por la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP), una mutación del Ejército Revolucionario del Pueblo, que tanta sangre de argentinos derramó en lo años ’70, fui gravemente herido.- Junto conmigo fueron asesinados 9 miembros del Ejército Argentino (entre ellos 4 Soldados Conscriptos) y otros 60 fueron heridos, muchos de gravedad..- Como consecuencia de ello, fui condecorado por el Congreso de la Nación, con la Medalla “La Nación Argentina al Herido en Combate”.

4.     En el año 2003, debido a mi compromiso con la Patria, quise hacer un aporte más a ella, fundando el partido político Movimiento por la Recuperación de la República (MORERA), participando en los procesos electorales de los años 2003, 2005, 2007, 2009 y 2011.

Lo que relataré a continuación, son algunos de los aspectos por los cuales tengo la total convicción de la ausencia absoluta de garantías procesales y constitucionales en la Argentina, en causas judiciales, como las que ahora se me pretende enrostrar:

1.     En estos días se ha llevado a cabo una reunión encabezada por las organizaciones ultrakirchneristas Carta Abierta y Justicia Legítima.- Dicha reunión estuvo dirigida por el terrorista montonero Horacio González, ex Director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno anterior.- Este embrión de un nuevo espacio político-cultural alineado al kirchnerismo, tiene como objetivo inmediato acompañar el creciente estado de movilización y convulsión social existentes en el país, para lanzar una "batalla cultural" contra el gobierno, fomentando su desestabilización y caída.- Es decir que, como en los ’70, los sectores vinculados a las otrora organizaciones terroristas, han cambiado la metodología, pero no sus ambiciones de toma del poder, por fuera de las normas republicanas establecidas en nuestro país.- “Justicia Legítima” es una organización de jueces y fiscales de reconocida militancia política que entienden en causas denominadas de “lesa humanidad”, que son los que pretenden juzgarme. ¿Ud. cree posible un juicio justo con personas de tales características?.

2.     Por disposición del gobierno nacional se ha emitido una estampilla para rendir homenaje al cumplirse 50 años de la muerte de uno de los mayores carniceros latinoamericanos, Ernesto Guevara de la Serna (a) El Ché y, nada menos que en la Biblioteca Nacional, se ha rendido homenaje al terrorista montonero Rodolfo Walsh, quien, junto con Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso, entre otros crímenes, fueron los responsables de la colocación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó un saldo de 22 muertos y 60 mutilados.- Un gobierno que así actúa, mientras que pretende ignorar las aberraciones judiciales cometidas contra mis camaradas, ¿qué garantía de juicio justo me puede asegurar?.

3.     En los denominados “juicios de lesa humanidad”, son querellantes los estados nacional y provinciales, querellas que, con total cinismo, ignoran sistemáticamente las violaciones constitucionales y jurídicas que aquí cito, mientras que –en representación de sus mandantes- apoyan el avasallamiento de los derechos humanos de ancianos septua, octo y hasta nonagenarios detenidos, a los que, sin ningún pudor, llevan a la muerte como ha sucedido con la mayoría de los 400 presos políticos ya fallecidos.

4.     Ricardo Lorenzetti, además de estar sospechado de graves hechos de corrupción, tal como lo vienen denunciando la diputada nacional Elisa Carrió y la periodista Natalia Aguiar, en su libro “El señor de la Corte” (en cuyos capítulos 2 y último, además lo acusa de haber pertenecido a la organización terrorista Montoneros), presentó su libro “Derechos humanos: justicia y reparación” junto al conocido terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo¸ Eduardo Anguita, responsable, entre otros crímenes, del ataque al Comando de Sanidad, en el que fue asesinado el 2do. Jefe del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, Teniente Coronel D. Raúl Juan Duarte Ardoy. En este libro fija una clara posición respecto de su pensamiento condenatorio respecto de los llamados juicios de lesa humanidad.- Con estos antecedentes, ¿se puede pretender de él algún dejo de imparcialidad y objetividad, siendo nada menos que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia?.

5.     Muchos de los que agredieron a la Nación y la sociedad argentinas en los años ’60, ’70 y ’80, como integrantes de las organizaciones terroristas que asolaron nuestra Patria o bien sus apologistas, ocuparon y ocupan privilegiados cargos en los poderes del Estado, incluso en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en los tribunales federales penales y en los medios de comunicación, cargos que utilizan como verdaderos puestos de combate para consumar una venganza anhelada.- No me detengo a nombrarlos para no hacer aún más larga esta nota y porque, supongo, V.E. no ignorará de quienes se trata.- Nuevamente me pregunto, ¿puedo pretender alguna garantía de imparcialidad en dichos tribunales federales?.

6.     Ni en el seno de la Santa Iglesia Católica hemos encontrado cobijo, contención y seguridad en la búsqueda de la reconciliación y la concordia que tanto estamos necesitando.- Así como en el pasado existió el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tantos jóvenes envió a matar y morir, en el presente fue reemplazado por el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, liderados por Eduardo de la Serna, cuyas “homilías” (???) y Cartas, lejos de cumplir con el mensaje de amor y paz de Nuestro Señor Jesucristo, constituyen verdaderas proclamas cargadas de odio y violencia, llegándose al extremo que en el Año de la Misericordia, la única ausente para nosotros fue, precisamente, la misericordia.- Su Eminencia: como católicos buscamos de nuestra Madre lo que hasta ahora se nos ha venido negando.

7.     Países que se destacan por su apego al estado de Derecho, como Italia, España y Estados Unidos, han negado la extradición de militares a los que se los ha acusado de la comisión de “delitos de lesa humanidad”, por considerar que los mismos constituyen figuras inexistentes, toda vez que la norma que los establece, el Estatuto de Roma, no estaba vigente en el momento de la comisión de los hechos que se les imputan, por lo que se les estaría aplicando la norma en forma retroactiva. Vea los casos del Coronel Jorge Pedro Wagner (1); del Teniente Coronel Carlos Luis Malatto (2) y del Teniente de Navío Guillermo Roberto Bravo (3), citados al pie de esta nota y compare la diferencia de proceder entre una Justicia que se ajusta al respeto por el Derecho y otra que se encuentra muy lejana de hacerlo.

Podría seguir mencionando decenas de ejemplos que demuestran, como expresara anteriormente, la falta de garantías constitucionales en Argentina para quienes se encuentran encarcelados (o en vías de serlo) bajo el falso título de “lesa humanidad”, pero, los expresados, son sobrados fundamentos.

Llama la atención que pocos días después que hiciera mi denuncia pública, emitida bajo el título de “Desazón y bronca” (que le adjunto a la presente nota), en el que intento poner sobre el tapete la realidad de nuestra reciente historia pasada, haya aparecido un juez decidido a disponer mi captura, sustanciando dos causas, en los dos juzgados a su cargo.

Toda mi vida la he dedicado al servicio de nuestra Patria, tal como ha quedado acreditado con mi participación en la Guerra de Malvinas como en la recuperación de los cuarteles de La Tablada.- En ambas acciones fui herido y por ambas acciones fui condecorado. Y como yo, los más de 2000 presos políticos que hoy se encuentran privados de su libertad y los 400 que ya han muerto como consecuencia de la desidia político judicial, quienes con sus aciertos y errores, pero con su entrega y sacrificio, impidieron que nuestro país cayera en las garras del comunismo.- ¿Será ése el “pecado” que estamos pagando?. 

La Argentina debe ser uno de los pocos países que encarcela a quienes le aseguraron la libertad y premia a quienes quisieron conculcarla. 

Ante este patético panorama, ¿Ud. cree posible que pueda aspirar tener un juicio justo?.

De ser capturado por el aparato estatal, lo único que tengo garantizado es una muerte segura, sin en el menor auxilio espiritual, como ha sucedido con la mayoría de los 400 ya fallecidos, que no tuvieron acceso, siquiera, a los Santos Oleos y en condiciones vejatorias para nuestras familias.

Por todo lo expresado es que solicito a Su Eminencia su cristiana protección, la que sinceramente anhelo que pudiera ser extendida a todos los que hoy padecen injusta, ilegal e ilegítima privación de su libertad por haber cometido el “delito” de haber defendido a la Patria, tal como juramos cuando abrazamos la carrera de las armas.

Sin otro particular, lo saludo con mis expresiones de respeto y consideración,

Emilio Guillermo Nani

Teniente Coronel (R)

Veterano de Guerra

EL "RELATO" DE MAURICIO MACRI

La historia se repite, aunque hay muchos críticos con respecto a esta frase polémica. Nada más cierto que en esta ocasión, donde lo comprobamos con disgusto. Macri tiene su “relato” como Cristina, en la perversa Ley de Reparación Histórica. La semejanza es notable, pues contiene los mismos ingredientes de mentiras, engaños, promesas y repetición constante que finalmente termina por ser creída por propios y extraños y hasta por sus mismos redactores. Tiene una preparación más rebuscada, cierta elegancia en su redacción, aunque realmente incomprensible, que la coloca en un rango muy superior y con un título que se acomoda a la cacareada doctrina de “revisión histórica” de su corrupta antecesora.

La finalidad coincidía con la necesidad de hacer justicia a los jubilados, especialmente a los mayores de edad que vivían apaleados  por Massa, Boudou y Bossio y últimamente por Basavilbaso con cientos de obstrucciones, apelaciones y malos tratos adornados con insultos que tuvieron su origen histórico con la señora que ocupaba el cargo de Presidente, que supo lanzarles con voz destemplada el alarido de “caranchos y buitres.”

En una palabra, se los estafaba y no se le pagaban las sentencias, ni aún las dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

La solución consistía simplemente, conforme a las leyes que rigen una república democrática, ordenar el cumplimiento del pago de las sentencias como en cualquier país civilizado del mundo.

Aquí comienza la saga de ANSES, ya que el nuevo gobierno le dedica un tratamiento especial, dado su carácter de organismo  pudiente que maneja la mayor caja del país, y comienza por otorgarle la excepcional ventaja, reñida con la función pública, de omitir imprudentes investigaciones y auditorías sobre las anteriores administraciones, que habían desvirtuado su finalidad y usaban de ella como cosa propia según las órdenes de saqueo de la señora.

El procedimiento se hizo extensivo al tratamiento que recibían los prisioneros, maquinando a la perfección un sistema bien aceitado de características kafkianas que dio por resultado la ley del relato histórico macrista.

Resulta inconcebible que, en lugar de una ley de un artículo, como decíamos anteriormente, se haya promulgado una ley, la 27260, el 29 de junio de 2016, de 97 artículos y otros tantos incisos, un fárrago de disposiciones confusas y con varias interpretaciones jurídicas al servicio de sabios leguleyos.

Nadie mejor que Kafka hubiera fijado los procedimientos que justamente para gente de mayor edad, en condiciones de reducida movilidad y menor entendimiento, les significara un martirio agregado a sus problemas de trámites previsionales, pues ellos son:  Una vez aceptada la propuesta en forma electrónica. el jubilado y su abogado firmarán un acuerdo con sus huellas digitales en forma terminal de datos biométricos, algo que puede hacerse en una sede de ANSES o en alguna sucursal bancaria que cuente con ese recurso. Ese acuerdo es remitido al organismo previsional y es firmado por el director ejecutivo y por un abogado. Y luego, el documento es remitido al Poder Judicial, ya que un juez debe homologar el pacto para que quede formalizado. Al dar su acuerdo, el jubilado renuncia a su juicio por los conceptos involucrados (si es que había iniciado una demanda) o bien se compromete a no reclamar por vía judicial (si es que no lo había hecho). Lo inadmisible del compromiso es que constitucionalmente nadie puede renunciar a su derecho previsional, pero nadie habrá caído en la cuenta de este menor detalle.

No es necesaria mucha imaginación para ponerse en los zapatos de un viejo jubilado que esperaba pacientemente la orden del nuevo mandatario para que se cumpla con el pago que ANSES le niega, y se encuentra ahora bailando por todos los pasillos de las oficinas públicas sin el mínimo conocimiento de lo que sucede a su alrededor, mientras su expediente debe estar dando vueltas como en un lavarropa para conocer el sorteo digital de su caso que ahora sólo depende del relato de Macri.

Fíjense que la enunciación de la ley por parte de ANSES era esta fiel transcripción:

“La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo”.

Nada dice de los litigantes que tienen sentencia firme, y con respecto a los demás les propone un acuerdo que a nuestro entender sería un arreglo extrajudicial con la conformidad de ambas partes, pero resultó constituir una extorsión con una clara advertencia, “si usted acepa el 50% de descuento sobre la reactroactividad, le pagamos el otro 50%,  pero en cuotas trimestrales.”

Queremos destacar la actitud del Juez de la Seguridad Social, Juan Fantini que al homologar un acuerdo en el marco de la Reparación Histórica dejó en claro que la función de los magistrados “no debería limitarse a un simple click”. Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación “no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículos 1641 y 162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar el litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas o que la misma produce el efecto de la cosa juzgada “sin necesidad de homologación judicial”

En este punto el juez se preguntó “por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados”

Esa es la preguntas que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años con sentencia de la Corte a su favor.

El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta es una ironía inaceptable, suena casi como una burla.

Estamos, pues, ante el “relato” del presidente Mauricio Macri, la Ley de Reparación Histórica.

DOCUMENTOS SECRETOS

He recibido de uno de mis apreciados contactos un artículo de sumo interés y de actualidad con respecto a la controvertida interpretación de los “derechos humanos”, que ha tomado un giro parcial y arbitrario desde la apropiación que hizo de los mismos el fallecido ex presidente Néstor Kirchner como bandera proselitista política, y que hasta la fecha no supo, no pudo o no quiso rectificar, pese a la  promesa formulada durante su campaña eleccionaria, nuestro nuevo presidente Ingeniero Mauricio Macri.

Los ataques directos de los llamados organismos internacionales de derechos humanos para la libertad de delincuentes satélites del kirchnerismo populista, las encuestas políticas que dan  resultados sorprendentes de una amplia mayoría a favor de la ex presidente, (algo inaudito), el silencio inexplicable del periodismo sobre el restablecimiento de la relaciones con el mundo civilizado que el gobierno está llevando a cabo, con el apoyo y beneplácito de la diplomacia mundial, todo contribuye a la necesidad de enfrentar con firmeza estos propósitos marxistas destinados a destituir a un gobierno democrático elegido por el pueblo en sanas y legítimas elecciones.

Por tal motivo, me permito reproducir el citado artículo que merece ser difundido en todas las redes sociales, ya que, lamentablemente, nuestros instrumentos periodísticos se han mostrado reacios a publicar verdades.

DOCUMENTOS SECRETOS...

 En el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Estados Unidos (EE.UU.),  y a su pedido "...el presidente Trump entregó una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura", reza la crónica periodística. Es de lamentar que, del mismo modo, el primer mandatario no haya requerido, también,  al Departamento de Estado, la documentación sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión Soviética contra todas naciones latinoamericanas (salvo México que tenía un pacto con su peón de brega, Fidel Castro), como patio trasero de EE.UU., pues el 3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia "Tricontinental" reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia, África y América Latina y grupos radicalizados conformando las bases para la insurgencia en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y 10 de agosto de 1967, se realizó en la misma ciudad la "Primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases para la organización de esas formaciones subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas (Montoneros, ERP, FAR...) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados, cuyas consecuencias seguimos sufriendo.

       Es procedente que el jefe de Estado encare con urgencia la situación de los "presos políticos" de la democracia, unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que exceden los dos años, violando la ley, como también los condenados a prisión perpetua, cuya edad promedio es 75 años, y de los ancianos mayores de 90 años que se mueren de inanición y sin atención médica en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas condenas son inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en el año 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los hechos de la década del '70 del siglo pasado; asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no apriori, por lo cual todos los presos políticos deben ser liberados, Han muerto unos 400 presos políticos en prisión, cuyos derechohabientes jamás fueron reconocidos por los supuestos adalides de los derechos humanos endógena y exógenamente.

     Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé, de 80 años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8 -Pabellón "C"- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo. Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa humanidad". Pese a su avanzada edad y gravísimos problemas de salud, no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, y le negaron sistemáticamente la posibilidad de acceder a la Prisión Domiciliaria. Los responsables de su muerte -por una afección cardíaca- son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación, Sala 2.

      ¡De facto, los jueces federales y camaristas estarían siguiendo la guerra revolucionaria por otros medios, transformando la justicia en venganza, revancha y persecución judicial, ignorando que el derecho positivo deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo, es decir, de Dios!  

       A contrario sensu, los presuntos desaparecidos -8.960, según la Conadep-, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en Australia, reduciéndose en unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem (que se autoindemnizó), mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada individuo supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos aparecieron, como el juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).

      Del mismo modo, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que los enjuiciamientos por sedicentes violaciones a los derechos humanos es política del Estado, debería reabrir las causas contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbistky, entre otros, cuyos crímenes quedaron impunes.

       Para pacificar el país, la Justicia debe reinar(y sin Justicia no hay República), dando a cada uno lo que le corresponde, recordando que la paz es la tranquilidad en el orden, según San Agustín, para terminar con la rémora de la guerra revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron premiados e indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de los tiempos, fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo prohíben el Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Alfredo Nobre Leite

CONTINUAMOS DENUNCIANDO A ANSES

En un artículo que publicamos el 26 de abril de 1916, es decir justo hace un año, le decíamos al señor Basavilbaso, a propósito de sus manifestaciones de apoyo al Presidente por su dedicación a la niñez.

“LOS JUBILADOS TAMBIÉN SON CIUDADANOS"
"Con la serie de medidas que llevamos adelante desde el primer día de gobierno, podemos decir con orgullo que la gran mayoría de los chicos de nuestro país reciben algún tipo de beneficio", expresó el titular de ANSES

Es muy loable la dedicación del gobierno hacia la niñez y la exposición que de ella hace el señor Basavilbaso. Más aún, compartimos plenamente sus conceptos dirigidos al ingreso universal a la niñez.

La sorpresa que nos deparó la publicación de este editorial se exteriorizó por el hecho de que su autor es el llamado a propiciar y ejecutar medidas de apoyo, protección y justicia a los ancianos , y cuando expresa que el Estado debe ser el garante de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos se nos hace imperativo recordarle que los jubilados son también ciudadanos.

Desde este combativo espacio se viene solicitando desde hace varios años una intervención a ANSES, no sólo por la impericia, mala fe y perverso tratamiento a la tercera edad con el abominable procedimiento de entorpecer el manejo de los juicios por ajuste de haberes y negar sistemáticamente el pago de las sentencias, con lo que ha llegado a una monstruosa deuda, sino también por el silencio que se guarda sobre la herencia recibida del anterior gobierno con respecto a la cuantiosa malversación de fondos observadas por la AGN en más de 60 auditorías, los saqueos continuos por sumas millonarias a la caja de jubilados y el abandono total de las funciones naturales de su creación. La entrega al nuevo gobierno fue con un déficit de 58.000 millones de pesos. En un artículo que publicamos el 26 de abril de 1916, es decir justo hace un año, le decíamos al señor Basavilbaso, a propósito de sus manifestaciones de apoyo al Presidente por su dedicación a la niñez.

Respeto y comparto la dedicación del señor Basavibaso a los niños y valoro su artículo en La Nación, pero le recuerdo que el organismo a su cargo se ocupa de los jubilados, la mayoría de ellos ancianos.

Estamos a la espera de la información solicitada por carta abierta del 13 de febrero y que nos redacte un editorial periodístico sobre ella. Resumo:

-Estado financiero con que recibió ANSES.

-Si ha solicitado o realizado auditorías y balances, como corresponde.

-Si ha tomado vista  de las más de 60 auditorías realizadas por la AGN.

-Si en los meses que lleva de gestión analizó los recursos humanos a su –cargo, en cuanto a du idoneidad y cantidad.

-Si tiene razones valederas para haber mantenido el silencio sobre la información que le estoy requiriendo, lo que contradice y contraría las garantías de transparencia y acceso del ciudadano a todos los actos de la Administración Pública que prometiera el Presidente.

-Si con gesto de “nobleza obliga” ha tendido un manto de impunidad a su antecesor Diego Bossio, en consideración a su reciente apoyo al gobierno.”

Como ya han transcurrido 14 meses y no hemos recibido una respuesta del referido funcionario, nos permitimos agregar a nuestro pedido una información explícita sobre el significado social y jurídico del llamativo título que lleva la ley “Reparación Histórica” para jubilados y pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016, pues hay cientos de jubilados mayores de 90 años, con sentencia del más alto tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, que hace veinte (20) años están a la espera del pago ordenado.

Por razones del más elemental sentido común, además del consabido sentido humanitario, nos parece un plazo un poco exagerado, que los va acercando irremediablemente al festejo del centenario.

En consideración a las expresiones de transparencia que el gobierno ha difundido para que se difundan los actos de gobierno, es necesario que el señor Basavilbaso aclare si avala y continúa la política de ANSES seguida por su antecesor Diego Bossio, al recordarle que la Corte Suprema se pronunció contra el mismo al decir que “La pretensión de la demandada ANSES de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los jubilados” y que por otra parte desconoce las sentencias que ordenan el pago. A lo cual respondió en forma insolente, basado en su impunidad, “El fallo de la Corte no tiene ninguna implicancia, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Hay fallos de la Corte que, de alguna manera, cuestionan nuestra política jubilatoria pero entendemos que tenemos una política acertada”.

Se refirió así a las más de 42.000 apelaciones que el organismo realizó durante ese año, contra sentencias de primera instancia que favorecían los reclamos de los jubilados y que era la estrategia utilizada por el Gobierno para alargar el tiempo de los juicios y evitar el pago de las sentencias.

 En su desatinada  respuesta se justificó con un despropósito que constituye la frase más funesta de su malograda gestión, al decir:

“Sólo queremos que se respete nuestro legítimo derecho a defender al Estado. Somos una parte y tenemos derecho a defendernos” Es decir, el organismo de los jubilados que tengo a mi cargo, ANSES, actúa contra ellos con maniobras ilícitas, para favorecer al Estado.

Conteste, señor Basavilbaso, conteste por favor.