UN DRAMA NACIONAL - ANSES

 

ES NECESARIO INSISTIR ANTE ESTE DRAMA NACIONAL

El sistema jubilatorio argentino está al borde del colapso y los juicios contra la entidad, basados en distintas leyes, aumentan cada día. Hay varios frentes y el órgano previsional apela para demorar el pago y lograr que resuelva la Corte Suprema

El tema jubilatorio está escalando posiciones en el ranking de preocupaciones del Gobierno.

Además del costo adicional que supondrá la inflación para el sistema, según la nueva fórmula de ajuste, hay otro factor que promete tener mayor impacto: la ola de juicios por parte de jubilados que están teniendo fallos a favor.

De hecho, para el macrismo se puede transformar en “la tormenta fiscal perfecta“.

Justo en un momento de enfriamiento de la economía, y cuando se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional a endurecer la disciplina fiscal, aparece la posibilidad de que la ANSES deba verse obligada a reconocer niveles jubilatorios muy superiores a los determinados en la “reparación histórica” y a los contemplados por la flamante ley de movilidad.

Según el consenso de especialistas, el sistema jubilatorio es la causa más importante de aumento del déficit y ese gasto crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones.

Además, el cambio de fórmula de fines del año pasado hace más difícil la estimación sobre cuántos miles de millones podría terminar costándole al Estado, porque el nuevo cálculo lleva a que los haberes se ajusten en consonancia con la inflación, que terminará muy por encima de las proyecciones oficiales que se trazaron en un inicio.

Así, el impacto de la devaluación de abril y mayo jugará en contra de la estrategia trazada por el macrismo ya que, al implementarse esta fórmula el incremento terminará siendo mayor al que hubiese surgido si se seguía tomando en cuenta sólo el crecimiento del PBI (como lo establecía la norma vigente hasta fines del año pasado).

Ahora, la fórmula pasó a tener en cuenta el 70% de la evolución trimestral de los precios y el 30% de la variación del índice salarial que se desprende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En paralelo, el Gobierno enfrenta tres potenciales focos de conflicto:

-Por un lado, cada vez hay más casos en que los tribunales hacen lugar a reclamos de jubilados que les permiten cobrar los montos otorgados por la denominada Reparación Histórica, al tiempo que realizan el juicio por reajuste de haberes.

-La Justicia, en tanto, intimó a la ANSES para que vuelva a liquidar un trimestre en el que se había generado un aumento y no se había pagado cuando se cambió la fórmula, una decisión que podría significar una erogación de miles de millones de pesos y que ahora debe confirmar la Corte Suprema.

-Además, quedan por resolverse aproximadamente 150.000 juicios por recomposición basados en dos fallos de la Corte Suprema, dictados hace poco menos de 10 años.

Primer frente
Hace unos días, la sala I de la Cámara de Seguridad Social, integrada por la camarista Victoria Pérez Tognola y la titular del juzgado 10 del fuero que actuó como subrogante Adriana Lucas, ordenó en el caso “Guarco, Oscar” -a través de una medida cautelar-, que el monto recibido por el programa de Reparación Histórica sea tomado a cuenta del mayor valor.

En los fundamentos, indican que el pago por Reparación Histórica significa que la ANSES reconoce una deuda que “se origina en idéntica causa que la que motivó que el jubilado promoviera el juicio de reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor”.

Y que ese pago se hizo “unilateralmente” sin que el jubilado diera su consentimiento a la propuesta del organismo.

En los hechos, si el caso es confirmado por la Corte Suprema, el mencionado reajuste se convertiría en un pago a cuenta y habilitaría a cientos de miles de jubilados que se acogieron a ese plan a reclamar las diferencias.

En enero, la Cámara Federal de La Plata admitió una medida similar en el caso “Bertrán, María Cristina”.

La resolución de este caso es determinante para más de un millón de personas que se adhirieron al plan de “Reparación Histórica”, que verían abierta las puertas para un eventual reclamo judicial, ya que tomarían los montos obtenidos como “pagos a cuenta”.

Segundo frente
La sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa “Fernández Pastor, Miguel c/ ANSES”, declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que se calculó en el 14,5%.

A fines del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.426, que cambió la fórmula jubilatoria, la cual pasó a estar conformada en base a un índice que toma el 70% de inflación y 30% de la evolución de los salarios.

El cuestionamiento sobre la retroactividad se originó porque para el primer aumento de la nueva ley se tomó en cuenta solo el cuarto trimestre de 2017.

En cambio, la norma anterior tomaba todo el segundo semestre. Así las cosas, lo que al no considerarse para los cálculos del ajuste los índices de esos tres meses, el aumento terminó siendo menor y perjudicando a los jubilados.

Puesto en cifras, con el primer aumento trimestral dispuesto por la nueva ley, el haber mínimo en marzo de 2018 pasó a ser de 7.660 pesos.

En cambio, si se hubiera aplicado la vieja fórmula, como reclamó Fernández Pastor, la mínima en marzo hubiese alcanzado los $8.303.

Esto significa que, durante el segundo trimestre de este año, los jubilados cobraron, en el acumulado de los tres meses, casi $2.000 pesos menos que con el cálculo anterior.

En caso de confirmarse la inconstitucionalidad, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales podrán reclamar la diferencia de haberes.

El organismo previsional ya apeló ante el máximo tribunal. Pero si la Corte valida el fallo “Fernández Pastor”, esto implica que la ANSES deberá desembolsar ese 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.

Cabe destacar que el cambio de fórmula que pasó a incluir al IPC y a la RIPTE suponía para el Gobierno un ahorro inicial para el fisco de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones privadas, podría evaporarse buena parte de dicho ahorro proyectado si la Corte Suprema finalmente ordena reponer el trimestre “borrado”.

Un detalle que hizo respirar un poco más aliviado al macrismo es que los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad. Sólo que la misma debe aplicarse hacia el futuro y no afectar derechos ya adquiridos.

Tercer frente
A pesar de las situaciones mencionadas, el frente de tormenta más importante que tiene la ANSES es la enorme cantidad de juicios por reajuste de haberes que existen en los tribunales de la Seguridad Social.

Hay aproximadamente 150.000 casos que esperan resolución o que ya la tienen, pero los montos surgidos en los distintos reclamos aun no fueron cancelados por el organismo previsional.

Si bien la ANSES, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, se había comprometido a no apelar las sentencias en contra para evitar dilaciones y perjuicios a los reclamantes (muchos de ellos de edad avanzada o que sufren un estado de salud vulnerable), esto no se terminó plasmando en la realidad.

Se estima que la cantidad de recursos de queja para que la Corte Suprema se expida supera los 1.000 casos por semana.

El más emblemático es el caso “Elliff”, dictado en agosto de 2009, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

En tanto, la Corte Suprema espera analizar el caso “Di Mario Carmelo c/ ANSES”, en el que el organismo previsional pide que reemplace el Isbic por el Ripte para actualizar el haber inicial, porque un fallo de segunda instancia se negó a modificar los índices por los de la Reparación Histórica.

El organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.

Pero las salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE y ordenan reemplazarlo por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular.

La diferencia entre ambos porcentajes es muy importante ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC fue del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%.

Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

Por Sebastian Albornos

 ¡Qué comentario puedo hacer a este artículo que confirma lo que vengo denunciando desde hace años.! ¿Qué importa más, la plata que el estado nos quiere robar con leyes anticonstitucionales, o lo que “lamentablemente” no puede ahorrar para los gastos fiscales a costa de los ancianos?

¿ Dónde están los inefables periodistas “sabelotodo” que no publican una sola línea sobre esta histórica estafa contra los más débiles e indefensos ciudadanos que trabajaron toda su vida para que ahora liquiden sus esperanzas y su ganado patrimonio de un plumazo asesino?
Somos defensores crónicos que difunden estos actos criminales y vergonzantes, pero sólo en las redes sociales, porque los medios no ganan rating ni “publicidad paga” para ocuparse de los graves problemas de nuestras víctimas del Estado.
Si los acaudalados y prestigiosos medios de comunicación no nos escuchan, llenemos todos los canales de las redes a nuestra disposición para que el mundo se entere de este saqueo inhumano por espurios intereses fiscales.
Me permito rectificar el título del artículo ya que esta ola de reclamos judiciales, no amenaza a Anses, ya que la digna institución social colabora alegremente para destrozar a los jubilados.
La amenaza es, fue, y será siempre contra ellos. Esto es historia.

LA VERGÜENZA NACIONAL, ANSES

 Para los que critican mi lucha contra el miserable organismo Anses, desde hace más de diez años. 
Maliciosos, no hay motivos políticos, ni falsas denuncias, es la trágica realidad que muchos no tienen fuerza ya para escribirla, como lo hace el ciudadano Francisco José Viotti desde mi querida Córdoba. Otros. la gran mayoría, se mueren antes.
No lucho por mi caso, que espera desde hace 21 años con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia en 1997. Fue recién el año pasado que di a conocer el estado de este juicio interminable con sabor a estafa, con la publicación de una carta al señor Presidente de la Nación, que fue ignorada. 
Lo hago por los millones, sí, millones de jubilados que han sido y siguen estafados desde el mismo momento en que solicitan su jubilación, al practicarse con toda premeditación una liquidación muy inferior a la que corresponde. Lo hago por los millares que han adherido, por necesidad extrema, a la mentirosa Ley de Reparación Histórica, una siniestra extorsión que les rebaja más del 50% de lo adeudado y les obliga a firmar un compromiso de que no le harán juicio al Estado. Lo hago para que se conozcan los procedimientos dilatorios del perverso organismo para "hacer tiempo hasta que el litigante se muera", como dice la carta que reproduzco con indignación y con la vergüenza de un ciudadano acreedor de un Estado moroso que roba a los más necesitados y vulnerables.
CARTA
En vista que la ANSeS sigue “ignorando” y por ende “estirando”, la ORDEN del Sr. Juez del Juzgado Nº 2 de Mar del Plata, como así también de lo ORDENADO por la Cámara Federal, también de Mar del Plata y puesto que ahora solicitó el envío de mi Juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo para “hacer tiempo hasta que yo muera” y así evitar pagar mi Juicio por Reajuste de Haberes, en el plazo próximo a vencer; solicito al Sr. Director Ejecutivo de ANSeS, D. Emilio Basavilbaso; quiera tener a bien ordenar que me sea adelantado con carácter de URGENTE y a cuenta del pago total de mi Juicio; sólo la suma necesaria para poder adquirir una Parcela en el Cementerio Parque de Villa Allende, Pcia. de Córdoba.
Respecto a los gastos de Sepelio; estoy pagando un Seguro en una Funeraria, por intermedio del Banco en el que tengo mi Cuenta Sueldo, puesto que no quiero estar dentro de un ataúd del PAMI en camino a mí sepultura y que más de uno de mis deudos, se queden con una o dos manijas rotas en sus manos, como ocurre en todos los entierros de PAMI, pero siempre se trata de disimular u ocultar ese hecho tan desagradable.
Esto obedece a que mis fuerzas y mi paciencia ya llegaron a su límite, por tanto, mi endeble salud continúa deteriorándose de forma vertiginosa y como estoy seguro que el inevitable desenlace es más que inminente, no quiero dejar a mi familia con la angustia de tener que tramitar todo de forma apurada y endeudada.
Ya que para ANSeS sólo soy un número de trámite Judicial y no les importa en absoluto mi vida, ni la de los demás Jubilados en similar situación; déjenme “Morir con algo de Dignidad”, teniendo al menos, un lugar dónde caerme muerto; pagado con “mi plata, la que ANSeS me debe” y se “regodea” con sus “apelaciones vergonzantes”, con el objeto de retrasar mi pago y que el mismo sea póstumo.

Francisco José Viotti

AVRUJ, EL PROTECTOR TERRORISTA

En un reciente artículo publicado por La Radio Judía de Latinoamérica y la agencia nacional de noticias Télam, el secretariode Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, efectuó las sigientes declaraciones: 
"Durante el lanzamiento del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri no dejó lugar a dudas: “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están garantizadas”. Fue en realidad la confirmación de una política de gestión que abordamos desde el comienzo de esta nueva etapa.

Es en ese sentido que hemos apelado la decisión de la justicia federal de La Plata que favorece a Teodoro Aníbal Gauto, a quien se le concede a exención de prisión y el levantamiento de la orden de captura internacional. Gauto fue acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1979, cuando se desempeñaba en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército.
Porque tenemos un férreo compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, seguiremos reclamando que el acusado comparezca ante la justicia argentina, instancia que no se pudo materializar hasta aquí, porque- entre otras cosas- se encuentra prófugo en Israel y fue declarado en rebeldía por no ajustarse a derecho. Queremos que la responsabilidad de Gauto en los hechos que se le imputan quede efectivamente delimitada, en el marco del debido proceso, con todas las garantías.
Frente a cargos tan graves de Lesa humanidad no puede haber atajos. Respetaremos lo que determine la Justicia Israelí, pero no dejaremos de exigir que la tragedia que representa aún hoy lo que fue el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, sea juzgada con la justicia que le fue denegada a sus víctimas."
Basado en los conceptos vertidos en un documento que el profesor Mario Sandoval, me envía desde Francia, respondo a esta insólita declaración de Avruj, que compromete la política internacional  de la república e interfiere indebidamente la soberanía de un país extranjero.
Bajo el título « Gauto: la necesidad de saber la verdad », el Sr Claudio Avruj, secretario de derechos humanos de la nación, se manifiesta como un militante y no como un alto funcionario encargado de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Su reivindicación es más ideológica que jurídica y es ahí que se encuentra la radicalización de su expresión porque cuando él habla es el gobierno que se expresa, es decir, el jefe del ejecutivo. Estamos, una vez más, en presencia por parte del Estado Argentino de una grave violación de los derechos humanos y de un intento sutil de intromisión en los asuntos internos de un gobierno extranjero. La responsabilidad internacional está en juego.

Cuando dice: «Queremos que la responsabilidad de Gauto en los hechos que se le imputan quede efectivamente delimitada, en el marco del debido proceso, con todas las garantías» son palabras más de intimidaciones que de garantías judiciales porque el proceso es ilegal desde su origen.
Ignora el Sr Avruj que ningún país adoptó «el modelo argentino en los ilegales procesos de lesa humanidad contra un solo sector de la sociedad y no contra los miembros de los grupos terroristas de los 70 que dejaron numerosas víctimas nacionales y extranjeras”
Cuando el Sr Avruj habla de «El debido proceso con todas las garantías », ¿hace referencia a la retroactividad penal, la analogía penal, la responsabilidad penal colectiva, la inversión de la carga ante la presunción de responsabilidad, el tiempo irrazonable de la acción publica, la excepcionalidad como regla, la inexistencia de delitos o crímenes al momento de los hechos, los desaparecidos considerados fallecidos por la justicia con la correspondiente indemnización que prohíbe ir a la justicia penal, el abandono del reconocimiento de las leyes de punto final y deber de obediencia, la ilegal participación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y otras violaciones al principio de legalidad, de la prescripción, del estado de derecho, que ningún gobierno ni convención internacional las aplican o las reconocen?Además, interviene en ámbitos del poder judicial y de la política extranjera, prohibidos por el articulo 109 de la CN y por las funciones asignados por la ley de ministerio.
Cuando dice: «Frente acargos tan graves de Lesa humanidad no puede haber atajos. Respetaremos lo que determine la Justicia Israelí, pero no dejaremos de exigir que la tragedia que representa aún hoy lo que fue el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, sea juzgada con la justicia que le fue denegada a sus víctimas», parece interesarse en los cargos tan graves de lesa humanidad. ¿Por qué no tiene la misma exigencia con los autores de parece interesarse en los cargos tan graves de lesa humanidad.los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinode lesa humtan graves de lesa humanidad» ¿por qué no tiene la misma exigencia con los autores de los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinode lesa humanidad» ¿por qué no tiene la misma exigencia con los autores de los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinos y extranjeros? ¿Por qué no recibe las victimas que dejaron los grupos terroristas y las reconoce públicamente? ¿qué le impide realizar ese acto en nombre de los derechos humanos del gobierno?

El señor Sandoval le contesta: "El ejemplo que usted menciona “en el marco del debido proceso, con todas las garantías”, sería muy pertinente que lo pueda exponer ante los miembros del G20 para que aprecien la seguridad jurídica en Argentina y que la apliquen en sus respectivos estados. Yo elegí defender los derechos humanos de todos los individuos por igual, denunciar los miembros de grupos terroristas que cometieron crímenes y delitos en los anos 70 en Argentina, a reconocer las victimas que ellos dejaron, el Sr Claudio Avruj no. 

Sr Secretario de Derechos Humanos de la Nación, usted no protege ni garantiza los principios del Estado de derecho, las Obligaciones positivas del Estado y los derechos humanos de un sector de la sociedad. Usted, viola impunemente, de forma pública, la Constitución Nacional y las Convenciones internacional de aplicación obligatoria para la Argentina, debe ser juzgado por esos hechos. Lamentablemente, no será hoy porque está protegido por el sistema y por los jueces corruptos que se benefician de su ilegal política pública, pero no podrá escapar todo el tiempo a la justicia de los hombres. También estarán en la misma situación los otros que actúan como usted. 

París.  Prof. Sandoval, marios46@hotmail.com, 14 junio 2018

Innecesario es aclarar que el Profesor Mario Sandoval, es el mismo ciudadano perseguido por el terrorismo todavía vigente en el país, de que dimos cuenta en nuestro último Blogspopt , "Francia y la Extradición de Mario Sandoval".

FRANCIA Y LA EXTRADICIÓN DE MARIO SANDOVAL

Cuando en enero de este año publicamos el blogger "El Che Guevara en París", abrimos la puerta para demostrar que nuestra afirmación sobre la propagación del populismo en Europa es una realidad. España, Italia, Francia y organismos internacionales de derechos humanos nos dan la pauta de una infiltración izquierdista innegable.
Por el caso que ha motivado nuestro comentario, nos referiremos a la ciudad de París donde la alcaldesa socialista Anne Hidalgo realizó un polémico homenaje en París al Che Guevara, al que calificó como una figura de la revolución, un ícono militante y romántico. La exposición se inauguró el 20 de diciembre de 2017 y se prolongó hasta el 20 de febrero.
Se supone que este evento fuera de lo común, fue pergeñado por el Foro de Sao Paulo, la organizació terrorista cubano comunista que  posteriormente difundió el acto con bombos y platillos. 
Nuestra embajada y nuestro ministerio de Relaciones Exteriores no elevaron protesta alguna y con el lamentable agravante que para esa fecha estuvo en París nuestro Presidente en visita a su colega Emmanuel Macron y luego a la misma alcaldesa del ridículo homenaje.
Traemos un ejemplo muy reciente que confirma lo antedicho Francia ha cambiado su jurisprudencia, acosada por los movimientos populistas de izquierda; la más alta instancia judicial del país, por primera vez en la historia confirmó recientemente la extradición de un ciudadano reclamado por la Argentina, en circunstancias insólitas muy difíciles de justificar.
Se trata de Mario Sandoval ciudadano argentino nacido en Buenos Aires, que a comienzos de los 80 se instala en Francia, donde continuó su formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo realizado funciones  en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional. Se hizo ciudadano francés el 1994 y regularmente brinda conferencias, asesorías de su especialidad. Es miembro de varias asociaciones y centros de investigaciones de carácter social. Varios de sus escritos fueron reproducidos y comentados e nuestro Blogspot. 
Una campaña de falsas acusaciones orquestadas por el terrorista Horacio Verbisky, reflejadas en el diario Página 12 a principios de marzo de 2008, le dieron oportunidad al fiscal
Eduardo Taiano y al juez federal sergio Torres, militantes kirchneristas, a promover un juicio por delito de lesa humanidad en contra de Sandoval e inician una persecusión penal por medio de una causa llamada "Abriata" ligando a Mario Sandoval a la causa ESMA, sin haber tenido en cuenta que nunca antes de esa fecha se mencionó  en más de tres décadas a Mario Sandoval. 
Fue y es una causa armada con una clara intención de venganza, pues nunca fue interrogado o convocado por la justicia, tanto argentina como francesa. Sandoval es ejeno a todos esos juicios, inocente y falsamente inculpado por la maquinaria de los derechos humanos montada por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. 
No nos detendremos en el  proceso judicial y en la defensa del acusado, sólo continuamos con el pedido de extradición del gobierno argentino que en 2012 fue aceptado por la corte de Versalles, pero luego detenido por apelación de Sandoval.
El daño moral y económico que le significó la persecusión de que era objeto, con el ataque a su familia y el bloqueo bancario a los bienes de su madre, en el más salvaje tratamiento recibido, sin causa y con perverversidad le obligó a efectuar una denuncia penal el 24 de septiembre de 2013, ante la justicia federal de Córdoba, Juzgado No. 3, contra las más altas autoridades del gobierno argentino por violación a los derechos humanos  por delitos de asociación ilícita, prevaricato y abuso de poder. 
A tal necesidad se llegó porque se trataba de causas políticas, preparadas por una central de inteligencia orientada por el reconocido agente Horacio Verbitsky que participó del terrorismo que azotó a la Argentina en los años 1960 y 1970.
Su abogado patrocinante manifestó en esa oportnidad a la prensa que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno se hallaban preocupados por garantizar su impunidad dada la gran cantidad de ilícitos que la implicaban en el robo al país de más de 100.000 millones de dólares.
Tal situación los llevó a decidir que la forma más correcta  no era defenderse sino atacar en un proceso de ruptura que pusiera en evidencia en el país y ante el mundo las flagrantes violaciones a los derechos humanos que, en su nombre, se venían cometiendo en la Argentina.
Las noticias que informaban del fallo de la Corte aceptando la extradición, fueron publicadas en las diarios de Buenos Aires La Nación, Clarín e Infobae, pero con una redacción lamentable y confusa que sindicaba a Sandoval como si fuera ya juzgado y culpable, y con el gratuito adjetivo de represor. 
Estas son las fallas que venimos observando en la mayoría de nuestros medios, cuyas informaciones inexactas ocasionan irreparables perjuicios a personas involucradas en ellas. 
Por tal razón, Sandoval se dirigió a dichos diarios asumiendo el derecho a réplica que le asiste a todo ciudadano y que los medios están legalmente obligados a otorgar. A pesar de las claras explicaciones dadas a cada uno de ellos, no obtuvo respuesta. 
Estos medios no cumplieron con la ley, pues el derecho a réplica está asegurado por el art. 19 de la ConstituciónPolítica de la República y el art. 14 de la C.A.D.H.
"Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley".

En Francia, llamó la atención de varios juristas la decisión de la Corte de Casación, pues los papeles que solicitaban la extradición no contenían pruebas precisas y concordantes, solo la declaración de dos o tres testigos. a cuarenta años de los hechos, que la víctima desapareció de su lugar de detención en el año 1976, lo que descarta el homicidio, que no haya comparecido ante ningún tribunal, que no se haya nombrado la prescripción y que se reitere luego  de pasar seis años desde su primera solicitud. 

El último recurso que le queda a Mario Sandoval para evitar esta injusta y deshonrosa extradición, como ciudadano  de nacionalidad francesa, es objetar la misma ante el Consejo de Estado. 
En un caso similar pero con mayor abundancia de pruebas documentales recordamos la negativa de la Audiencia Nacional de España en conceder la extradición solicitada por la Argentina del ex militar Pedro Wagner, acusado de supuestos delitos de "lesa humanidad", en razón de la prescripción legal para los hechos que se le adjudicaban muy anteriormente a la vigencia (2004) del Estaturo de Roma, que cró la figura de este tipo de delitos.  
Esta negativa fudada en el universal y básico principio de la irretroactividad de la ley penal, sumada a la denegación similar en el caso del ex médico naval Gori en el msmo año 2016, representa un ejemplo de seguridad jurídica, que si bien no será del agrado de los movimientos de derechos humanos, ocupados en la venganza del terrorismo, merecería ser imitada por la justicia de la República de Francia.

LA CORTE, ANSES Y EL FMI

..................................................1de junio 2018

1 DE JUNIO DE 2018

LA CORTE, ANSES Y EL FMI

La Corte Suprema de la Nación tiene en sus manos un tema más que sensible. Es porque Anses apeló y sigue apelando los juicios de jubilados con el planteo de aplicar otros índices de actualización a los fijados por la Justicia que implican una reducción de entre el 45% y el 55% de los montos de las sentencias. La pretensión de recalcular hacia abajo dichos índices sobre las sentencias ya firmes, tiene el deleznable propósito de perjudicar a más de 200.000 jubilados que están a la espera de una definición, muchos de ellos desde hace más de veinte años. 
Todas estas maquinaciones tienen por objeto la reducción del déficit fiscal en miles de millones de pesos absorbidos de la caja de Anses, organismo que está de acuerdo con esta modificación y de cualquier otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados, como la de aplicar el impuesto a las ganancias. Ya lo dijimos el 3 de noviembre 2017. En un aparente entendimiento, que parece cumplirse, de Anses con la Corte Suprema de Justicia, se está procurando que la aplicación del nuevo cálculo de los haberes jubilatorios fijados en la Ley de Revisión Histórica, desfavorable a los haberes en una sensible rebaja, se extienda a los juicios en marcha, en desacuerdo con los jueces previsionales que continúan usando la fórmula que había fijado la Corte Suprema, en varias oportunidades.
Estas arbitrarias medidas fueron denunciada, como una advertencia, en nuestra columna del 9 de octubre de 2017 bajo el título "La Corte y Anses - Estafa". Se está por producir el hecho insólito que Anses y la Corte se hayan unido para reducir el monto de las jubilaciones, con la finalidad de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo. Prevalece el concepto de política antes que el sagrado concepto de justicia. 
Anses apeló, apela y seguirá apelando las sentencias a favor de los jubilados. Anses no paga las sentencias firmes que ordenan una liquidación inmediata de los juicios. Anses ejerce la insensata apelación contra los fallos que declaran inconstitucional el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados, una actitud condenable que está fuera de sus funciones previsionales. Anses se declara, por medio de sus directores y representantes, el organismo defensor de los derechos del Estado contra el ataque de los jubilados.
Los conceptos vertidos por el distinguido abogado Ricardo Monner Sans en una carta publicada por el diario La Nación del día de la fecha, nos dan la pauta de una realidad que el Gobierno debe tener muy en cuenta, en relación a estas importantes definiciones que se hallan en trámite. 
"El pomposo nombre de reparación histórica debió ser precedido  de un estudio previo de contenido fuertemente humanitario, porque el derecho a la verdad  es más importante para los débiles que para los fuertes. Y cuando ya era cierto  que la ley por dictarse el año pasado implicaba un retroceso para esos jubilados frente a la norma anterior, no debió tampoco incurrirse en una apuesta a la inminencia de un futuro "que se estaba logrando" para calmar las angustias de los que no pueden hacer huelga. El resurgir económico borraría cualquier padecimiento circunstancial, se dijo.
Las angustias del tramo final de la vida de los que trabajaron esperando un descanso con ingreso parecido a lo ganado en actividad merecen evitar disensos circunstanciales o el vedettismo de ocasión. Mientras los responsables se abocan a esta gravedad escondida entre pliegues para resolverla, habrá que rogar para que el FMI no imponga para los débiles otro mayor retroceso."

ANSES Y EL DESVÍO DE SUS FUNCIONES

Las funciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, denominada Anses son las de otorgar jubilaciones y pensiones conforme a un justo sistema de liquidación de haberes, financiado por el Fondo Nacional de Empleo y con la obligación de implementar diversos programas de Seguridad Social. Para ello cuenta con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS) que le permite garantizar el pago en tiempo y forma de los haberes jubilatorios.
Analizadas las actividades de los últimos veinte años, se llega a la conclusión de que no cumplió con las funciones asignadas, en especial durante el gobierno anterior en que su principal dedicación consistió en la atención de programas ajenos a las mismas, como lo fueron Fútbol Para Todos, construcción de viviendas, nunca finalizadas, repartos indiscriminados de obsequios con fines proselitistas, notebooks y otros, además de la ilegalidad de otorgar jubilaciones falsas a extranjeros. 
Contrariamente a lo que se espera de un organismo de justicia social, sus actividades, decisiones y apelaciones la han constituido en un acérrimo enemigo de los jubilados, pues no sólo no asume su defensa, sino que se opone sistemáticamente a toda ley o resolución que los beneficie.
Apela y seguirá apelando los juicios previsionales aunque existía el compromiso oficial ante la OEA de no hacerlo. No paga las sentencias firmes que ordenan el pago inmediato de los fallos y que involucra a más de 150.000 jubilados con esperas que llegan a los veinte años. El caso inconcebible fue la apelación a fallos que alegaban inconstitucional el cobro del impuesto de Ganancias a los jubilados
Segun informa Clarín en su edición del día 9 del corriente, Anses está apelando a la Corte Suprema entre 1.000 y l.500 sentencias por semana de juicios favorables a los jubilados. Son fallos de las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social, que rechaza esas apelaciones, pero Anses interpone recursos de queja para que el alto tribunal revea los fallos de de la tres Cámaras. Esto llega al caso insólito de que por semana el 90% de 6.000 sentencias son apeladas.
Esta actitud lleva el aborrecible propósito de reducir en más de un 50% los valores de unos 150.000 juicios en curso o ya sentenciados por los jueces de primera o segunda instancia y de achicar los montos de los haberes mensuales corrientes.
La Corte Suprema de Justicia tiene entre sus manos un caso de extrema sensibilidad y entendemos que debe mantener su postura. La dignidad del Cuerpo lo impone. 
Es de público conocimiento el acoso que viene sufriendo por parte de Anses y del ministro de Justicia, para que su fallo pueda posibilitar el desesperado ajuste de cuentas exigido por el Poder Ejecutivo, una vez más a costa de los jubilados.
Debe prevalecer el sagrado concepto de justicia.

LA IMPUNIDAD DE ANSES

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) comunicó hoy 27/05 la apertura de sumarios, así como suspensiones, renuncias y desplazamientos, tras una denuncia anónima ante la Oficina Anticorrupción (OA) sobre supuestas irregularidades en la Gerencia de Asuntos Internacionales del organismo oficial.
Es decir que la OA atiende una denuncia "anónima" sobre supuestas irregularidades en un organismo nacional, pero no se ocupa de las 30 denuncias sobre irregularidades "comprobadas" que realizamos desde este espacio, desde el año 2016, contra Anses, único organismo que no ha sido investigado ni auditado, por lo que viene conservando una insólita impunidad en sucesivas
gestiones de los dos gobiernos.
El 23 de julio de 2017 enviamos una carta al señor Presidente señalando la total carencia de control del gobierno sobre Anses y a la Oficina Anticorrupción el blogspot "Anses-Acceso a la Información" solicitando investigación y auditoría y que se me informe si alguna vez se había dado entrada en esa dependencia denuncias contra Anses. Hubo rápida respuesta en los términos que copio: 

Sr. Denunciante: A fin de darle adecuado tratamiento a su presentación, deberá ingresar la denuncia a través del formulario web disponible en el sitio de la Oficina Anticorrupcion (http://complementos.jus.gov.ar/oadenuncias/default.aspx). El formulario le facilitará la individualización de los hechos, participantes y organismos intervinientes y le permitirá a la Oficina Anticorrupción contar con la mayor cantidad de elementos para la correcta investigación.

El tratamiento del tema por el organismo ha sido correcto , en especial su rapidez, pues se deben cumplir requisitos en formularios preparados al efecto, y eso se nos informa, pero en este caso especial vemos un exceso de burocracia. 

Los receptores del blogspot no repararon en que no es el caso de abrir un expediente. El contenido es una generalización del enorme caudal de malversaciones, estafas apropiaciones indebidas y otros hechos delictuales que en su momento fueron constatadas por la Auditoría General de la Nación y archivadas por orden del anterior gobierno, pero que pueden ser desenterradas como punto inicial de la investigación que exigimos.

Frente a la grave denuncia, tantas veces reiterada, la jefatura de la oficina debió asignarle la merecida importancia  y haber efectuado las consultas al más alto nivel, ya que involucra al mismo Poder Ejecutivo.

Al momento  de transferirse al nuevo gobierno la Anses, ¿no era obligatorio realizar una completa auditoría?. En concreto ¿se realizó? No es necesario llenar un formulario ad hoc para formular estas preguntas.
Hoy realmente nos sorprende que se dé curso a una denuncia anónima por "supuestas" iregularidades y no se preste atención a 30 denuncias "comprobadas" Hemos insistido hasta el cansancio sobre las dudas que deja este comportamiento por parte del Poder Ejecutivo y así lo informamos al señor Jefe de Gabinete. ¿"Existe por si acaso un pacto de impunidad que involucra al diputado Diego Bossio, en retribución a la cesión de 17 diputados de su partido que apoyaron al oficialismo en el voto de algunas leyes?"
Esta impunidad le fue asegurada también a su sucesor Basalvibaso como lo hemos señalado en varios escritos y la diferencia de tratamiento que estamos denunciando es un hecho auténtico como ha quedado demostrado.