Hay una cuña muy peligrosa en el
gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de
Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y
las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen registros ni
antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra
la economía del país a costa de todos sus habitantes.
Continuamos pagando los premios que,
como pensiones, otorgó la ex presidente a los terroristas que asesinaron,
secuestraron y torturaron a miles de inocentes, niños, ancianos, y mujeres con
la finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo
En el propio gobierno hay
legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos se benefició con
esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de
Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus
descendientes, una paradójica y monárquica decisión que la Justicia aceptó sin
reparos
El resultado de estas incongruencias
fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra
irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros
pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de
un país desquiciado. Es conocida la polémica con el secretario Avruj sobre esta
cifra que, aunque reconoce que es casi diez veces menor, afirma que debe
mantenerse porque es una cifra simbólica. Es una estafa simbólicamente aceptada
por el funcionario con un grave perjuicio al Estado.
Ratificamos que los organismos del
Ministerio de Justicia son una peligrosa cuña abierta en el Gobierno Nacional,
a la cual se unen organismos del Poder Judicial
La Jueza Federal María Servini de
Cubría debe fallar sobre un reclamo de US$ 140 millones que el empresario
Saiegh exige, ahora basado en un fraguado delito de lesa humanidad, pero la
decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado del mismo.
Este caso comenzó cuando el dueño del
Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981, Saiegh, demandó al
Estado por daños y perjuicios. Encontró apoyo en Osvaldo Guglielmino, titular
de la Procuración del Tesoro, pero la propuesta fue rechazada por el Ministro
de Economía.
Ante este fracaso convirtió la
liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva de crímenes
de lesa humanidad ignorados hasta 2009.
Como no quedaron registros en la
Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas de las torturas,
ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de sus lesiones, ni
declaraciones notariales, alegadas por el farsante, la denuncia del banquero
fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a impulsar la acción
penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que el relato carecía
de seriedad. Pero la "justicia legítima" actuó de inmediato en favor
de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo, fueron apartados.
Pero le quedaba la invalorable
connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.
Todos los organismos del Estado
recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140 millones de
dólares. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y
también se alinearon tras Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la
Procelac, ahora procesado por prevaricato; el entonces titular de la UIF, José
Sbatella, ahora procesado por violación de secreto; el entonces presidente de
la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de
autoridad, y el entonces director del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado
en la causa por el dólar futuro. También pusieron sus medios de prensa al
servicio de Saiegh beneficiarios de la pauta oficial, como el grupo Szpolski y
Página 12, además de 6,7,8 en el canal oficial. Como se puede apreciar una
alineación de verdaderos delincuentes. El ex banquero nunca logró convencer a
las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia,
prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje.
El nuevo fiscal, Eduardo Taiano,
impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la desilusión de
Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era falso y rechazó
la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la "justicia
legítima" actuó en favor de Saiegh , y Oyarbide fue recusado y apartado.
La Cámara Federal no se atrevió a revocar ese fallo contundente, pero, ante la
presión política, ordenó una investigación más profunda, que conduce la jueza
María Romilda Servini.
El juicio ordinario contra el Estado
nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión está en suspenso
hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa humanidad. El tribunal se
encuentra dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo
Estado nacional, aun durante la gestión de Cambiemos. Indudablemente, los
escollos son el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y Justicia
Legítima.
El apoyo obtenido de la Secretaría de
Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su reclamo, por más
que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano fue vaciado con
"autopréstamos" a más de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.
Advirtiendo que debe aprovechar
cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el trámite
para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación que
conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su
fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.
