jueves, 3 de noviembre de 2016

SUEÑOS COMPARTIDOS PARA MALENA


Acuerdo político e inmoral, como el mantenido secretamente con ANSES, para la impunidad de Massa y Bossio, delincuentes “previsionales”. El lobo en el gallinero, ja, ja, Habitat. ¿No recuerda el Gobierno la denuncia bien documentada del abogado Jorge Vitale por la complicidad del matrimonio Massa en “Sueños Compartidos”?
La señora de Massa, secretaria de Desarrollo Social en Tigre, está como bien lo dice el nombre, en su hábitat natural de construcción de casitas de cartón. “Todo tiene que ver con todo”. Las 760 viviendas a construir (papita pa´el loro) serán ubicadas en el barrio “El Ahorcado”, apodo que viene como un guante para Sergio Massa.
La trastienda de la política
LANACION.COM.AR

miércoles, 2 de noviembre de 2016

OPINIONES SOBRE LEGALIZAR CUPO FEMENINO


El 7 de octubre en el artículo “Ley de cupo femenino “me referí a la “inclusión” que con el relato incorporó el cristinismo a la vida pública del país y que se viene concretando mediante leyes discriminatorias que imponen cupos femeninos en perjuicio de la idoneidad y del derecho que tiene todo ciudadano a competir libremente para el ejercicio de un cargo público. Adelanto que ésta es uno de las tantas “inclusiones” e “igualitarismos” surgida del citado relato que brega por imponer una igualdad que en la realidad no existe.
Se han producido y se siguen produciendo con mayor frecuencia polémicas que giran alrededor de opiniones a favor y en contra de estas disposiciones legales que, por nuestra parte, catalogamos de fuerte extracción populista. Estas diversas opiniones nos permiten observar una curiosa incoherencia que se manifiesta en el hecho de hay hombres que apoyan la ley de cupo femenino y mujeres que se oponen a la misma. Nuestra opinión ya es conocida por anteriores artículos publicados en este Blogspot.
Es muy interesante leer y analizar los variados argumentos que se exponen para dar valorización a los criterios sustentados, teniendo en cuenta que algunos provienen de gente común y otros de personas letradas, de organizaciones públicas o centros de estudios. Precisamente esta diversificación nos permite comprobar que muchas veces el sentido común es más convincente que explicaciones de carácter didáctico o basadas en razonamientos engorrosos.
Comenzamos con la opinión del profesor de Derecho Constitucional de la UBA José Miguel Onaindia que manifiesta:
“Hoy la Corte, que ha vuelto a su número original de cinco miembros, sólo está integrada por una mujer y en la cobertura de vacantes producida este año por el nuevo gobierno, no se tuvo en cuenta el género ni en el Presidente. que propuso y designó, ni en el Senado que prestó el necesario acuerdo para los nuevos integrantes. La situación evidencia una injusticia flagrante pues es el derecho una de las áreas del saber que cuenta con una presencia de mujeres descollantes en sus diferentes ramas. Basta observar el importante número de titulares de cátedra de las múltiples facultades de derecho, la cantidad de matriculadas en los colegios públicos que ejercen la profesión de abogadas con destacada eficacia y las magistradas que ocupan cargos en los tribunales inferiores.
Esta injusticia debe cesar. Las fuerzas políticas deben comprometerse a respetar la paridad de género en la Corte.”
Antes de continuar con lo que opina la lectora Inés Menéndez Behety queremos señalar que no nos parece coherente que un profesor de Derecho Constitucional proponga la implementación de leyes que son inconstitucionales. Inés nos dice:
“La llamada ley de cupo femenino es un verdadero insulto a la mujer. Desconociendo la posibilidad de que pueda acceder a un cargo sobre la base de sus aptitudes profesionales e intelectuales, por su capacidad, en sana competencia con los hombres, se la desvaloriza y subestima otorgándole el "beneficio" de poder hacerlo sólo por su condición de mujer. Esto sin duda es una ofensa, un menoscabo, un desprecio hacia todas las mujeres. Es creer que no pueden equipararse al hombre cuando tanto se habla de equiparación. Angela Merkel o Michelle Bachelet, por citar sólo algunos ejemplos, no necesitaron de ningún "cupo" para llegar a donde están.
Lamento que los legisladores pierdan su tiempo tratando temas como éste, cuando hay otros mucho más importantes que reclaman su atención.”
Es una opinión personal de buen sentido común expresada con sencillez. El editorial del diario La Nación emite un juicio negativo:
“El caso de la ampliación -del actual 30% al 50%- del cupo femenino en Diputados, vuelve a agitar un debate nunca del todo cerrado e incluso callado durante mucho tiempo por considerárselo políticamente incorrecto. Nos referimos a qué es lo que se debe privilegiar a la hora de postular un candidato a la Cámara baja como a cualquier otro cargo público o privado: si el género o la idoneidad. En 1991, cuando se sancionó la denominada "ley de cupos" se llegó a hablar de "discriminación positiva" para justificar esa supuesta necesidad de incorporar un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales, con la aclaración de que se las debía incluir en lugares expectables, es decir, con posibilidades de resultar elegidas. Temían por entonces las defensoras del cupo que sus compañeros varones concentraran ese porcentaje hacia el final de las nóminas, sin posibilidad cierta de acceder a cargos.
Ya para entonces, desde estas columnas decíamos que ninguna discriminación puede ser considerada positiva. Poner un piso mínimo de bancas termina traduciéndose en un techo, pues, cumplida la exigencia, muchos podrían pensar que el objetivo ya fue alcanzado. Que no hace falta que sean más. O podría transformarse en una injusticia: si el día de mañana hay más mujeres que hombres en Diputados, ¿se deberá poner un cupo para que no se discrimine a los varones?”
Trascribimos por último otro criterio desfavorable publicado en Cartas de Lectores, correspondiente a la señora Zulma H. Hernández:
“En la Legislatura bonaerense se propone la obligatoriedad del 50% de cupo femenino en las cámaras. Jamás me sentí más humillada. Siempre pensé que los logros debían obtenerse por mérito, no por sexo. No me importaría tener un Congreso conformado por un 100 por ciento de mujeres o un 100 por ciento de varones si fuesen los mejores. En la Argentina, por ejemplo, ni Alicia Moreau de Justo, ni Lilita Carrió, ni Margarita Stolbizer, ni Graciela Camaño, ni María Eugenia Estenssoro, ni Norma Morandini, ni Florentina Gómez Miranda, ni Graciela Ocaña, ni María Eugenia Vidal necesitaron cupo para ocupar espacios. La peor discriminación que he visto es la que se hace por sexo. ¿Tendremos un Congreso formado por mujeres cuyo mérito será el parentesco?
Pido por favor que no aprueben semejante mamarracho y que, si lo hacen, la gobernadora lo vete, para que no borre con el codo el cambio que prometió en campaña.”
Dice sentirse humillada por la peor discriminación que se hace por sexo y basa en el mérito la obtención de logros.

Pensamos que la decadencia del populismo como política de gobierno abre camino a la libre expresión de ideas despojadas de tal sistema, programa o partido. Es así como paulatinamente veremos ir anulándose o modificándose leyes que fueron promulgadas al calor de un progresismo engañoso que no responde a la realidad social y política de un país democrático.

lunes, 31 de octubre de 2016

ANSES UN ORGANISMO PERVERSO


Todos mis contactos son testigos de los cuatro años de lucha que vengo manteniendo en mis espacios de Facebook y en mi columna Blogspot “Habla la Experiencia”, con más de cincuenta artículos, denuncias y cartas abiertas exigiendo la intervención de ANSES por la ineficacia de sus gestiones, sus anteriores defraudaciones, saqueos y estafas, jamás investigadas y auditadas y el maltrato constante que brinda a los jubilados muy en especial en la obstaculización de los juicios previsionales. Todo esto con el anterior corrupto gobierno y con el actual prometedor de “Cambio”.
Hoy me encuentro con una clara, si dramática demostración de un amigo virtual que dirige el espacio “Jubilados al ataque”, Don Horacio Guido Dupuy que se manifiesta con estas breves pero aplastantes líneas que sin su conocimiento me permito transcribir. Nos dice:


“Hoy intenté obtener un certificado de supervivencia para que se pueda hacer efectivo el pago de a jubilación de mi esposa.
Si llego a faltar, no tenemos familares que se encarguen de los tramites para verificar QUE ESTA VIVA.... ¿Perdería su jubilación?
Hoy envié esta carta al diario La Nación:
Sr. Director:
Mi esposa y yo estamos internados en un geriátrico, ambos contamos con sendos certificados oficiales de la SNR por discapacidad, ella con una enfermedad progresiva e incurable y yo por movilidad reducida...
Me dirigí a la ANSES Morón, Castelar donde vivimos, no tiene agencia, tan solo con el fin de averiguar los trámites necesarios para certificar que mi esposa vive...
Al parecer la ANSES no está configurada para hacer la vida más fácil a los que ya no somos jóvenes y su legión de empleados, con sus jefes a la cabeza no se encuentran para solucionar problemas, sino para seguir el "procedimiento" y decir NO SE PUEDE.
El trámite se debe iniciar en el Registro Civil (Registro Provincial de las Personas) donde se exige:
Supervivencia pacientes sin movilidad
Requisitos para tramitar certificado de supervivencia:
1) Certificado médico que no debe tener mas de 24 hs. con:
Apellido y nombre completo y N° de DNI
No aceptan los certificados de discapacidad
2) Presentar DNI Originales y fotocopias
3) Fotocopia del último recibo de sueldo
Yo lo único que pretendía es que alguien constate que, gracias a Dios, mi esposa está viva.
¿Recibo de sueldo? Tendré que ir al banco, luego al Registro Civil, posteriormente a la Anses y regresar al Banco todo con plazos perentorios...
Se supone que la Anses (que se encuentra en deuda conmigo, tengo fallo firme desde el 2009 y posterior juicio por ejecución de sentencia, ambos sin ser satisfechos) debiera estar para hacer más fácil la vida de los que ya no somos jóvenes, pero no es así, además los requisitos del Registro Civil, son ridículos, ya que se supone cuentan con una base de datos que da de baja a los que fallecen...
Recuerdo un sketch por TV donde se mostraban las penurias de un señor que quería plantar un arbolito, al empleado del Registro solo le faltó decir "preséntese a las 6 de la mañana en la calle Zabaleta en ayunas"
Es probable, amigo Dupuy, que si usted fuera uno delos tantos jubilados paraguayos, bolivianos y peruanos que ANSES cobijó en su senocon un trato privilegiado que incluía su traslado pago, desde y hacia sus países y con la inapreciable ayuda de sus afables y bondadosos funcionarios para el llenado de los formularios y el rapipago de sus ilícitas jubilaciones, su problema hubiera logrado una rápida solución, pero quiso el destino de que ustedfuera un anciano ciudadano argentino casi discapacitado y con domicilio actualen la lejana ciudad de Castelar que no cuenta con oficinas en el lugar. Le aconsejo asumir la triste realidad que nos acosa, obtener ciudadanía paraguaya y radicarse en Formosa.





sábado, 29 de octubre de 2016

INTERESANTE COMENTARIO SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA


Los artículos publicados en este blogspot Habla la Experiencia, bajo los títulos  “El Vaticano, la iglesia y el terrorismo” del 25/10/2016 y “La apertura de los archivos de Francisco” del 27/10/2016 merecieron una razonable difusión en las redes sociales, lo cual marca un renovado interés popular en traer a la memoria una historia reciente de varios años de enfrentamiento armado que nunca fue digno de un análisis imparcial y verídico.
La decisión papal de Francisco y la Conferencia Episcopal Argentina que dispuso la desclasificación y apertura de los archivos existentes en la Santa Sede, en la Nunciatura, en las iglesias y parroquias de nuestro país, trajo como lógica consecuencia un inesperado interés en el estudio de ese infausto y doloroso acontecimiento que dividió y divide a los argentinos.  
Nos ha llegado una declaración de un organismo “Colectivo para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y acceso a la justicia”,  así denominado, que nos resulta  muy interesante por su ponderable  contenido social y jurídico  que,  precisamente, hace referencia a las diversas interpretaciones  que merece la decisión eclesiástica.
Autorizan su libre difusión, por lo que lo transcribimos para conocimiento de nuestros lectores y contactos.
Conferencia episcopal Argentina: comentarios sobre la apertura de los archivos del período de la dictadura militar (1976-1983)
En dos documentos, que asignan a la información el carácter de oficial, la Conferencia Episcopal Argentina y de la Santa Sede, hacen mención de la apertura de los archivos relacionados con la última dictadura militar. Uno es el Comunicado conjunto Santa Sede - Conferencia Episcopal Argentina[U1] y el otro, el artículo publicado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), titulado: Archivos de la dictadura: la CEA asegura que servirá para la reconciliación[U2]
La presentación realizada por el episcopado sobre la apertura de esos archivos abre muchas esperanzas pero también numerosas inquietudes. Si bien podrán tener acceso las “víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores”, en ese mismo acto la Iglesia ignora a otras personas que fueron víctimas de las organizaciones terroristas en los períodos 70’. Esas “otras víctimas”, olvidadas y silenciosas, no son reconocidas ni por la justicia, ni por el gobierno argentino, ni por la Iglesia Católica. La declaración “No hay que tenerle miedo a los archivos de la dictadura” debe hacerse realidad porque lo contrario significaría que verdad, paz y justicia no tienen el mismo valor o no son iguales para todos los ciudadanos ante las autoridades religiosas.
La preocupación mayor es que las informaciones parciales, selectivas, determinadas en un espacio preciso[1], de imposible validación, pueden contribuir aún más a dividir la sociedad. Para algunos confortará su comprensión cristina, humanista, y para otros aumentará la idea de injusticia y de revancha. Es un futuro incierto y nadie puede asegurar lo contrario. Numerosas fueron las reservas, críticas [U3] negativas y hasta acusaciones[U4] de representantes de las ONG autodenominadas de derechos humanos con la apertura de esos archivos.
La agencia Aica, precisa que Monseñor Malfa, puntualizó: “Hemos privilegiado la relación entre la documentación que se dispone, el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”. ¿Cuál es el significado de esas afirmaciones? Sabiendo que las personas a quien están destinados estos archivos, ya se beneficiaron de reparaciones económicas, se les reconoció socialmente su historia y hasta su verdad judicial, sin las exigencias que requieren las ciencias jurídicas y sociales. ¿Es una deuda que la Iglesia tiene únicamente con un sector de la sociedad argentina?
Si bien esa metodología, determina un tratamiento de diferenciación con las “otras víctimas” que no están integradas como beneficiarias en esta apertura de los archivos, la Iglesia Católica (CEA/Vaticano), puede unilateralmente reconocerlas como víctimas para que sus historias, sus vidas, puedan encontrar un sentimiento de justicia, que tendrá un valor mucho más profundo, que las indemnizaciones que los beneficiarios de estos archivos de la dictadura, recibieron por parte del gobierno. Ese reconocimiento, sería hacer realidad las palabras de Monseñor Arancedo: “Es una historia que está por hacerse”, fijemos los primeros pilares, pasando al acto.
El comunicado CEA-Vaticano, dice: “Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”. En ese documento los firmantes reconocen un contexto conocido por todos pero que los gobiernos sucesivos niegan: existe un desencuentro del pueblo argentino por una situación jurídica y política de mentira, de injusticia y de conflicto social. La división de la sociedad es una realidad, entre el poder judicial, el gobierno nacional y numerosos prisioneros políticos (agentes del estado, sacerdotes, magistrados, profesiones liberales, esposas…) representando la sociedad y las instituciones del Estado de los años 70’ a quienes se les violan sus derechos humanos y son ilegalmente perseguidas por la justicia. El silencio de la iglesia es preocupante porque también conciernen valores de justicia, que contribuirán a la verdad de la historia.
Además, el comunicado declara un deseo, porque no se puede afirmar de continuar con algo que jamás se inició. No existe públicamente con la CEA-Vaticano un diálogo que involucre todas las partes del conflicto (incluyendo los prisioneros políticos), que se reúnan para conversaciones directas, sin condiciones, con el objetivo verdadero de pacificar la sociedad argentina y así poner en práctica la cultura del diálogo y del encuentro.
Monseñor Arancedo declaró que no se puede hablar de “complicidad” de la Iglesia con la dictadura militar, pero reconoce que “la Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”. Nadie puede poner en duda la acción pastoral de la Iglesia, el aporte de valores humanos, morales, educativos…en la construcción del Estado-Nación, y del pueblo argentino. Pero, tampoco se puede afirmar la ausencia de una complicidad pasiva, involuntaria o por omisión. Además, fuera de un análisis bíblico, filosófico o jurídico, el auto-perdón no exculpa de responsabilidades, ni es causalidad en un proceso de falta-justicia. Si perdonar tiene un significado de disculpar a alguien que nos ofendió, el perdón viene del otro, que deja pasar una ofensa ¿A quién la Iglesia solicita el perdón y cuáles son las faltas o actos cometidos? Hacemos votos para que las víctimas en general otorguen el perdón solicitado.
Finalmente, si la verdad es un camino a la justicia y a la reconciliación:
·         Porque los archivos no pueden ser públicos, generales, que incluyan períodos de gobiernos democráticos de los 60-70, donde se ponga a disposición la documentación correspondiente a la relación de la CEA, de las autoridades eclesiásticas, con el gobierno militar del período que menciona los archivos.
·         Así como la iglesia tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia que la sociedad y la historia debe conocer, también en nombre de "un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos", se debe conocer los miembros de la iglesia católica que participaron en la lucha armada o apoyando a organizaciones armadas clandestinas. En otros países de América Latina muchos fueron los casos conocidos.
·         Que impide a la CEA/Vaticano, la iglesia católica, desde sus valores éticos, morales, reconocer como víctimas a las personas que fueron el blanco de las organizaciones terroristas de los años 70’. No sería ni un reconocimiento jurídico ni político.
·         Porque si el Vaticano y las autoridades de la iglesia católica en sus respectivos países, intervienen en los conflictos internos, por ejemplo Venezuela, el acercamiento de Cuba con USA, esas mismas autoridades no tienen análogas voluntades en el caso argentino.
“…la verdad siempre ilumina, aunque duela” siguiendo las palabras del Cardenal Poli.
Buenos días, 27 octubre 2016
[1] Se ignora por ejemplo los archivos de la CEA/Vaticano en relaciona a las victimas que dejó la violencia armada durante los diversos gobiernos (de facto y constitucionales) de los 70’.
[U2]Archivos de la dictadura: la CEA asegura que servirá para la reconciliación http://www.aica.org/25738-archivos-de-la-dictadura-cea-asegura-que-servira-para-reconciliacion.html

[U4]Carlotto: "El Vaticano tuvo nefasta complicidad en la entrega de personas" http://www.clarin.com/politica/Carlotto-Vatican

jueves, 27 de octubre de 2016

LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE FRANCISCO



No fue improvisado el acto de abrir los archivos de la dictadura que el Papa Francisco dispuso últimamente. Ya desde hace cuatro años viene trabajando pausada y pacientemente con esta finalidad.
El Episcopado argentino adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder y a seguir colaborando con la justicia.
Cinco meses después de ese documento, Jorge Bergoglio se convirtió en papa Francisco y, desde el lugar de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia, comenzó a impulsar en el Vaticano la decisión de la Iglesia argentina de desclasificar los archivos y ponerlos a disposición de los interesados, tal como se anunció oficialmente.
El 11 de julio de 2013 el Papa Francisco publicó un 'Motu Proprio' por el que elimina la cadena perpetua en el Vaticano, que es sustituida por una pena máxima de 30 a 35 años, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.Otros capítulos especifican y establecen penas a los delitos de pedofilia. También se han introducido figuras criminosas relativas a los delitos de lesa humanidad a los que se dedica un título aparte.
En medio de esa larga lista de modificaciones, se incluyeron apartados fundamentales para echar luz sobre la dictadura argentina. En varios artículos cambiados se prevé una asistencia especial a la justicia. Por lo tanto, con una solicitud judicial de Argentina se puede ingresar a los archivos llamados secretos, aunque en realidad son privados del Vaticano; ahí se puede obtener información sobre algún caso preciso.
En junio la Santa Sede aportó dos documentos en su poder relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en 1976. Se trató de una carta y un informe enviados por el propio prelado al entonces nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Laghi, pocos días antes de su muerte el 4 de agosto.
Los papeles custodiados por casi 40 años en los archivos vaticanos y sacados a la luz a instancias de Francisco, se convirtieron en pruebas clave que aseguraron la condena de prisión perpetua a los militares Luciano Menéndez y Luis Estrella.
Luego de las visitas de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al papa Francisco en el Vaticano, el Sumo Pontífice se comprometió a ordenar la apertura de los archivos secretos de la Santa Sede para ayudar en la búsqueda de datos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Las precisiones sobre esta apertura fueron acordadas el 6 de febrero de 2014, luego de una audiencia privada, promovida por la cancillería, donde el Papa recibió a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, junto a otros 4 funcionarios, para establecer mecanismos de cooperación a partir del decreto firmado por Francisco.
En este contexto, resulta interesante conocer los comentarios del profesor Lori Zanatta, prestigioso ensayista italiano de la universidad de Bologna y un estudioso de la historia argentina y latinoamericana. Sólo citaremos tres párrafos de un reporta
“El peronismo es una traducción secularizada de una visión del mundo, y por eso el peronismo percibe la secularización como un daño, como un mal, se percibe a sí mismo no como una ideología o un partido entre ideologías, sino como "la" ideología de la Nación, y por lo tanto, tiene una legitimidad superior. Por eso le cuesta muchísimo al Papa aceptar que los argentinos votando en elecciones eligieron otro Gobierno.
La idea de pueblo para el Papa es una idea de comunidad orgánica, donde el individuo está sometido a la colectividad. Los gobiernos de tipo populistas reflejan una identidad histórica del pueblo en la visión del Papa, porque tienen virtudes evangélicas. Nunca ocultó que tiene mayor simpatía, casi excluyente, a favor de estos modelos populistas
Por suerte el Papa en Europa y en el mundo está visto como un gran líder universal, el jefe de la Iglesia Católica, por lo que sus pequeños desvíos son para ocuparse de la política argentina. Por supuesto, eso a nadie le interesa ni le parece importante en Europa."
Retomando finalmente la ilación que sobre la inédita decisión del Parpa Francisco estamos analizando, podemos señalar que en los años 1976/83 se registraron numerosas entrevistas con miembros de la curia, y solicitudes de audiencias en el Vaticano por parte de asociaciones de derechos humanos, abogados, y familiares de las víctimas del terrorismo buscando ayuda espiritual.
Es de público conocimiento de que durante el terrorismo desplegado en todo el país, el pánico de los habitantes por los crímenes, secuestros y bombardeos indiscriminados, influyó para la búsqueda de refugio y ayuda en la iglesia. Se elevaron oraciones en misas celebradas en las parroquias, rogando a Dios misericordia para las víctimas y su divina intervención para la finalización de la extrema violencia.
Es de suponer que esto debe figurar en los archivos de nuestras iglesias, parroquias, Episcopado, Nunciatura y Vaticano. Sería del caso abrir estos archivos, de modo que se utilicen los dos platillos de la balanza de la Justicia y de ese modo cumplir con el precepto de dar a cada uno lo suyo.
Con el comienzo de los juicios de lesa humanidad durante los primeros años del siglo XXI, a los militares que habían derrotado al terrorismo, los presos políticos, denominación debida a la polémica desatada por la alegada ilegalidad de los juicios, sus familiares, colegas, amistades y víctimas del terrorismo, se manifestaron solicitando justicia y trato humano a los confinados en cárceles insalubres y sin atención médica.
Las visitas a numerosos miembros prominentes de la curia eclesiástica por delegaciones y familiares, que prosiguen hasta nuestros días, se supone deben estar asentadas en los libros, expedientes y archivos de las distintas oficinas y organismos católicos. Una oportunidad más de la iglesia y el Vaticano para que en un plano de igualdad e imparcialidad, ordenen su apertura, que también pueden necesitarla los jueces y fiscales.

Es un principio de justicia que el Papa Francisco no ignora desde el momento que uno de sus primeros sorprendentes actos en la Santa Sede fue la modificación del Código Penal, suprimiendo la pena de muerte y fijando penas severas para la pedofilia.

martes, 25 de octubre de 2016

EL VATICANO. LA IGLESIA Y EL TERRORISMO


Llama la atención que el Papa Francisco decidiera desclasificar los archivos de hace más de 30 años correspondientes a la guerra de subversión desatada en pleno gobierno constitucional.
Los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe, el cardenal Mario Poli y monseñor Carlos Malfa brindaron una conferencia de prensa, destacando que “el Papa está muy contento con esta apertura” y señalando, inesperadamente, que existió un genocidio de Estado.
Lo que resulta un tanto extraño e inexplicable es la decisión de habilitar el acceso a los archivos solamente a las víctimas y familiares de la última dictadura militar.
Es de público conocimiento de que durante el terrorismo desplegado en todo el país, el pánico de los habitantes por los crímenes, secuestros y bombardeos indiscriminados, instigó a la búsqueda de refugio y ayuda en la iglesia. Se elevaron oraciones en misas celebradas en las parroquias, rogando a Dios misericordia para las víctimas y su divina intervención para la finalización de la extrema violencia. Es de suponer que en los archivos de nuestras iglesias y parroquias se habrán registrado estos antecedentes que deben contar con archivos más numerosos que los que se abrirán ahora para los terroristas.
"Esta idea de desclasificar los archivos tiene que ver con que la verdad es un camino a la justicia y a la reconciliación", señaló Arancedo, pero notamos que se vuelve al relato y a la revisión histórica, con dudosos procedimientos tendientes siempre a inclinar los platillos de la balanza para un solo lado.
En los últimos diez años se registran numerosos pedidos y entrevistas con miembros de la curia, por parte de asociaciones de derechos humanos, abogados, y familiares de los presos políticos que vienen siendo juzgados en interminables procedimientos por delitos de lesa humanidad, solicitando justicia y no venganza para ellos, todo lo cual figuró en las noticias de los medios. Si se habla de reconciliación, ¿por qué no abrir estos archivos de la iglesia a “todo” el que lo solicite, sin ninguna discriminación?.
Es probable que tanto el Vaticano, que es decir el Papa Francisco, como la iglesia de nuestro país, no hayan caído en cuenta que de esta parcial decisión surjan verdades inesperadas que contraríen las intenciones tenidas en mira y que podemos deducir, tomando como base las propias declaraciones del Episcopado en boca de monseñor Malfa, que explicaba: "En general se trata de alrededor de 3.000 cartas que se recibían y contestaban solicitando conocer el paradero de detenidos desaparecidos o alguna gestión en ese sentido.” ¿Y si de de tales indagaciones e inspecciones nos encontramos con solamente aparecen tres mil o cinco mil desaparecidos en vez de los treinta mil “simbólicos” aducidos por nuestra secretaría de derechos humanos?
El comunicado de prensa dice textualmente: “Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino.”

El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Interpretamos este conocido refrán con el azaroso pensamiento de que la posibilidad del diálogo abierto a la cultura del encuentro, se transforme en la rediviva de un nuevo enfrentamiento.

sábado, 22 de octubre de 2016

LA JUSTICIA PODRÁ REDIMIR AL PAÍS



Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.
La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.
Condenó los fallos absurdos de Zaffaroni citanto los más relevantes como por ejemplo en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de 7 años a una “fellatio”, se adujo que la luz apagada era un atenuante. En otro fallo brillante se resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es considerado delito porque “un cuchillo no es un arma”. En otro de sus iluminados fallos se dictaminó que un auto estacionado es una "cosa perdida o abandonada por su dueño" (ya que el propietario no estaba presente) y por ende el delincuente no habría incurrido en robo, sino en "apropiación indebida". Podrían citarse más, pero será el último fallo referenciado el posterior al allanamiento de un laboratorio de droga donde se requisaron elementos probatorios como balanzas, droga, un molino y los dediles, ocasión en que dictaminó que aquel no debía ser considerado un local de venta de droga puesto que no se encontraba en el lugar comprador alguno...
Cuando ya jubilado el ex juez fue postulado por el gobierno a ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal Romero no tuvo ningún reparo en informarle que sumó dos veces su voto a las campañas de impugnación a su candidatura.
Siempre dio a conocer su sabiduría, honesta, imparcial y valiente en defensa de sus opiniones. En el caso que nos ocupa hoy día habla de la independencia de los fiscales y apoya la limitación al mandato del Procurador General de la Nación sin que ello implique poner en riesgo la independencia del Ministerio Público. En una magistral exposición afirma que la independencia de los fiscales está en riego, cuando:
“Exista un procurador, procuradora, fiscal general, o como quiera llamarse al jefe o jefa del Ministerio Público de la República, militante de un partido o espacio político, defensor de un relato o de un proyecto, y que anteponga sus convicciones ideológicas por sobre el respeto irrestricto a la Constitución y la ley.
Se persigan fiscales por investigar a funcionarios de otros poderes (o a sus amigos y sus allegados), se les inicien sumarios administrativos o —directamente— juicios políticos con características de escándalo, comosucedió con el fiscal porteño José María Campagnoli.
Se intente disciplinar a los miembros del Ministerio Público Fiscal, prohibiéndoles solapadamente que se expresen públicamente (el que firma estas breves reflexiones fue reiteradamente sumariado por la ProcuraciónGeneral de la provincia de Buenos Aires por haber cometido el pecado mortal de expresar sus ideas por la prensa).
Existan fiscales subrogantes ad hoc, designados por simple resolución de la Procuración General, sin la evaluación del Consejo de la Magistratura, sin la propuesta del Poder Ejecutivo y sin el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Existan fiscales designados para determinada jurisdicción que sean trasladados a otras por cuestiones "operativas" o de "gestión", lo que contrariaría el mandato constitucional para el cual juraron al asumir sus cargos.
Se exija, para aprobar los exámenes de admisión en el Consejo de la Magistratura, la adhesión lisa y llana, sin posibilidad de objeción alguna, a la nefasta pseudodoctrina del abolicionismo penal.
Existan fiscales que le pidan al ministro de Justicia de la Nación que se "lave la boca" cuando este funcionario osó criticar al gurú del penalismo argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni".

Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.
El Poder Legislativo adhirió al “cambio” desde el momento que se producen debates y cambio de opiniones en el tratamiento de las leyes para su correcta promulgación. Se deslizarán errores, producto de un populismo no del todo desarraigado, como el voto de la ley de cupos, lamentable, pero pasible de enmienda basada en la experiencia. Ya no es más la escribanía del poder omnímodo ejercido por el Poder Ejecutivo en el anterior gobierno.
Sólo resta que el Poder Ejecutivo comprenda que el “cambio” consiste fundamentalmente en el cumplimiento estricto de las leyes y de los fallos judiciales. El absurdo de querer promulgar leyes para que se cumplan las leyes , es un espectáculo continuado que venimos observando desde el mismo 10 de diciembre del 2015. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de Justicia que era necesaria la promulgación de la ley que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica paraJubilados y Pensionados? Disponiendo ipso facto la aplicación de la ley y la obediencia irrestricta a los fallos judiciales, quedaba solucionado el grave problema de los jubilados. ¿Cree el señor Presidente y su ministro de Justicia que un litigante que firma renunciar a sus derechos ante ANSES y representantes de distintos organismos, no será capaz de hacer valer sus derechos en el futuro? ¿Puede alguien renunciar legítimamente a sus derechos previsionales?
El “cambio” prometido de terminar con el curro de los derechos humanos, ¿no tendría rápida solución con este principio del respeto a las leyes penales en los juicios de lesa humanidad? Si se dispusiera cumplir sagradamente con las leyes, se desbaratarían todas las causas que por venganza se aplican a los presos políticos.

No deseo comprometer la opinión del fiscal Marcelo Carlos Romero en los casos expuestos como ejemplos, sólo he dado mi opinión libremente como la ha dado él. Me resta felicitarlo por la excelencia de sus escritos. Y así lo hago.