miércoles, 29 de julio de 2020

ASOMBROSO PARALELO

España y Argentina nos muestran un sorprendente paralelo histórico en el avance de la izquierda, su política, sus métodos, ideología y relatos.
Zapatero estuvo en el poder siete años y los Kirchner doce años (primero Néstor, después Cristina) Durante ese lapso han desarrollado una política marcada por su ideología de izquierda. En la economía, la política exterior y el estilo de gobernar, entre otros aspectos, se dan numerosos paralelismos entre estos dos gobiernos.
José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de la llamada "Memoria Histórica", el recuerdo de los crímenes cometidos por uno de los dos bandos de la Guerra Civil, una de las banderas de su Gobierno, una visión revanchista de la historia.
Néstor Kirchner impulsó los juicios de lesa humanidad contra los militares que derrotaron al comunismo terrorista de los 70 y 80 e hizo de los derechos humanos su proselitismo político, misma visión revanchista de la historia.. Y desarrolló también una política similar de recuperación de la "memoria histórica".
La similitud persiste actualmente en los movimientos destituyentes en ambos países por los derrotados izquierdistas que no cejan en su empeño de imponer sus falsos relatos con la intención de reabrir heridas y provocar las grietas en la sociedad.
Así lo tenemos a Pablo Iglesias, ex "Indignados" y cofundador del partido "Podemos", hace seis años, hoy tercera fuerza política en España, admirador de Hugo Chavez, financiado por él y por Nicolás Maduro a través
s del Centro de Estudios Políticos y Sociales, fue investigado al descubrirse un giro de cuatro millones de Euros de Venezuela que no rindió ante su propio partido. Fue el exportador a España de la ideología bolivariana y en sus declaraciones a favor de dicha dictadura, de disfraz democrático, afirmó: “No existe un régimen bolivariano, existe un país bolivariano donde hay elecciones democráticas que se llama Venezuela”, y comparó al expresidente venezolano con Bolívar."
Nuestro presidente acaba  de declarar su admiración por Chávez a quien dice extrañar y manifestado su opinión de que Maduro preside un país democrático.
Este chavista español ha presentado una propuesta para reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio «para la memoria democrática " y, entre otras cosas, plantea la demolición de la cruz y la espada que preside el conjunto monumental, y dar a Patrimonio Nacional el control de la basílica.
Estas propuestas que ha presentado con su partido Podemos se suman a la proposición de ley integral de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. En dicha iniciativa, se planteó, entre otras cosas, derribar la gran cruz, monumento de 145 metros que corona el complejo del Valle de los Caídos y sacar del mismo no sólo los restos del dictador Francisco Franco, sino también los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera.
La venganza por la derrota en campos de batalla del comunismo en ambos países, se muestra en forma paralela, y no tardaremos en ver el homenaje a los asesinos y violadores de monjas y sacerdotes, a los incendiarios de templos e iglesias, que se realizará con el arrojo de flores al Guadalquivir, en su memoria, por mandatarios extranjeros llevados a sus orillas por expresa invitación del gobierno español.
En los dos países la historia se escribe para un solo lado, se olvidan las víctimas del terrorismo y se premian a sus verdugos con prebendas, indemnizaciones, cargos públicos y leyes a su favor, todo en nombre de una venganza sanguinaria ejecutada irónicamente en países democráticos, o así denominados.
En los momentos actuales la similitud se acrecienta al acceder el PSOE al control del gobierno por un estrecho margen de dos votos (167 a 165) con una mayor inclinación hacia la izquierda, dado que gobernará en coalición con Unidos Podemos.
Al ex Presidente de España, Felipe González, le preocupa que se «legisle abundantemente por decreto ley». En este sentido, recomienda a Pedro Sánchez que, para «preservar el buen funcionamiento a futuro del estado de derecho», decaiga la fórmula del decreto-ley para ir al debate ordinario del Parlamento.  
En Argentina estamos siendo gobernados por decretos de necesidad y urgencia, DNU. Las protestas de la oposición por el cierre obligado del Poder Legislativo, que cedió al Ejecutivo la suma del poder pública, son ignoradas.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha denunciado que en el Estado español se practica el espionaje político.
En la Argentina el espionaje político se viene practicando desde hace 17 años, sin intermitencias conocidas, y recién ahora los tribunales se  inundan de demandas.
El Gobierno español tiene a la firma la propuesta de la Asociación para la Recuperación Histórica vinculada a Podemos y al PSOE, que es un nuevo intento de acabar con todo lo que une a España y que forma parte de su historia.
En nuestro país también existe un intento similar de Revisión Histórica comenzado por la ex Presidente Cristina Kirchner y fomentada por su socio el presidente actual Alberto Fernández, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos y ya tenemos un gran Parque de la Memoria (comunista).
Nuestros soldados están siendo juzgados con leyes técnicamente retroactivas, alejadas de los principios fundamentales del derecho penal, nacional e internacional, por hechos acaecidos hace más de 40 años.
En el año 2006 la Asociación por la Recuperación de la Memoria denunció delitos cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil 1939-1945 que el juez Baltazar Garzón se declaró competente para llevar adelante.Sin éxito, el juez fue destituído, por arrogarse facultades que no correspondían.
Los terroristas argentinos denunciaron 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Pudieron comprobarse casi menos de 5.000.
Por su parte la Recuperación de la Memoria española denunció 140.000.
En el año 2019 se inicuó la denominada "querella argentina" cuando la jueza argentina Servini de Cubría pretendió iniciar acciones jujdiciales contra el franquismo, pero el Tribunal Supremo español las rechazó anulando todas las posibilidades de abrir acceso a la justicia a las víctimas del régimen. 
Las organizaciones izquierdistas españolas, al igual que las de nuestro país matenían similar vocabulario. Ambas llamaban "represores" a las fuerzas armadas, desaparecidos a sus combatientes, terrorismo de Estado, ganocidas, Memoria, Revisión Histórica.
Lamentablemente, la madre y la hija van por el mal camino rumbo al populismo chavista. Esperemos que una de ellas reúna fuerzas para retroceder a tiempo, y que la otra la siga en paralelo...
  




viernes, 24 de julio de 2020

ASÍ CONTINÚA LA VENGANZA

Nada ni nadie detiene la venganza inhumana desatada por el terrorismo derrotado por las fuerzas armadas y que se ha encaramado al poder con morboso resentimiento.
Por las noticias del Corona virus que ahora leemos en los medios, nos enteramos horrorizados de que hay centenares de ancianos de un promedio de 75 años de edad detenidos en condiciones infrahumanas por delitos de "lesa humanidad" vaya ironía, cuyas solicitudes de prisión domiciliaria les son negadas.
https://silviopedropizarro.blogspot.com/…/derechos-inhumano…
Este es un cuadro dantesco que se presenta en nuestro país ante el silencio, la indolencia y la ingratitud de la sociedad, del periodismo, de sus mismos colegas que los han dejado abandonados, con un espíritu de cuerpo ejemplar, de la iglesia y de otros credos.
Los ruegos elevados al Papa por el mismo Obispo Castrense en el Vaticano. por asociaciones civiles, de derechos humanos, por dignos abogados en nombre de la Justicia, por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, por los dignos abogados Alberto Solanet y Carlos Bosch al Presidente y al Secretario de la Corte Suprema, fueron desoídos.

https://silviopedropizarro.blogspot.com/2019/10/los-presos-politicos-no-son-genocidas.html
Después hablamos de solidaridad, ayuda, concordia, precisamente las virtudes de que carecemos, tan necesarias para el agradecimiento y atención de nuestros presos políticos que defendieron la libertad y la democracia, ferozmente atacadas por el comunismo apátrida que azotó el país.
Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de un preso político a quien le rendimos honor y condolencias a sus familiares.
+ RIP - Suboficial Mayor (R) Juan Domingo Salerno (Policía de la Provincia de Buenos Aires), Preso Político en cautiverio
Ya son 570 (quinientos setenta) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles. Un verdadero Genocidio que quedará grabado con letras de bronce en nuestra historia

jueves, 23 de julio de 2020

REFORMA JUDICIAL IIº


En nuestro anterior artículo sobre la proyetada reforma judicial, decíamos en el último párrafo:
Todavía quedamos al acecho de una quincuagésima postergación, nada inusitado en el mar proceloso en que navega el gobierno con sus idas y vueltas, demoras, contradicciones, postergaciones, e incertidumbre que venimos sufriendo. https://silviopedropizarro.blogspot.com/…/la-reforma-de-la-…
Se cumplió. Hoy nos enteramos de que el Presidente decidió postergar la prometida entrega, para la semana próxima. No hubo definición tampoco si habría presentación oficial del texto o si ingresaría al Congreso. En Diputados, el bloque opositor ya le hizo saber al titular de la Cámara, Sergio Massa, que no está dispuesto a tratar la reforma judicial en forma virtual, lo que indicaría que el acuerdo que ayer alcanzó el oficialismo en el Senado facilitaría que el proyecto ingrese por ahí, como lo exigia la vicepresidente, según lo habíamos previsto.
Una ley de esta naturaleza debió ser previamente discutida con juristas, políticos y asociaciones afines al bien público, lo que fue ignorado, decíamos el 21 de julio, y esa opinión la vemos ratificada por la AsociaciónCivil por la Igualdad la Justicia (ACIJ) que considera saludable que las instituciones públicas avancen en diagnósticos y propuestas para fortalecer el mejor funcionamiento del Poder Judicial en el marco de la democracia constitucional. Resulta fundamental que iniciativas de esta dimensión se evalúen con un amplio proceso participativo, de deliberación y recepción de puntos de vista, críticas y propuestas por parte de los diversos actores del sistema político/institucional, las organizaciones de la sociedad civil especializadas, las universidades y centros de estudio, el periodismo y la ciudadanía interesada en general.
https://silviopedropizarro.blogspot.com/…/acij-solicita-del…
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMF JN) manifestó que hay mucha actividad en el Poder Ejecutivo tendiente a modificar la Justicia, reformas, designaciones, ampliaciones de miembros de la Corte Suprema temas que por la forma y tiempos en que se están haciendo, no son los adecuados.
Seguiremos paso a paso este tortuoso proceso que no lleva otro propósito que cancelar los juicios por corrupción en que está procesada la vicepresidente, por todos sabido, pero por todos callado.
Estoy por derrar este escrito cuando leo que el diputado nacional Joge Enríquez sostuvo que "No es necesario esperar los proyectos para advertir cuál es su propósito: lograr la impunidad de la familia Kircher y sus cómplices, y subordinar al Poder Judicial a ese clan"
SILVIOPEDROPIZARRO.BLOGSPOT.COM

ACIJ SOLICITA DELIBERACIÓN

NoticiasJudiciales.INFO 
“La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se manifiesta en relación con los proyectos presentados ante el Congreso de la Nación sobre diversas reformas en el Poder Judicial de la Nación, así como en distintos aspectos de las normas procesales actualmente vigentes.
ACIJ considera saludable que las instituciones públicas avancen en diagnósticos y propuestas para fortalecer el mejor funcionamiento del Poder Judicial en el marco de la democracia constitucional. Resulta fundamental que iniciativas de esta dimensión se evalúen con un amplio proceso participativo, de deliberación y recepción de puntos de vista, críticas y propuestas por parte de los diversos actores del sistema político/institucional, las organizaciones de la sociedad civil especializadas, las universidades y centros de estudio, el periodismo y la ciudadanía interesada en general. Proyectos de tamaña relevancia, que impactan en el diseño de las instituciones básicas de la república, no deben ser debatidos exclusivamente por los representantes legislativos en el marco de instancias formales, sino que deben abrirse a ser enriquecidos, cuestionados y/o legitimados por la sociedad en su conjunto.
Sólo en la medida en que todos los interesados puedan considerar que cuentan con una oportunidad equitativa de que sus puntos de vista e ideas sean seriamente considerados, y que sus razones pueden hacer una diferencia, se asegurará la legitimidad que brinda el debate y la decisión democráticas y que son imprescindibles para la adecuada implementación de reformas institucionales.
En relación con el contenido de las propuestas en particular, ACIJ expresa que este grupo de proyectos incluye algunas iniciativas sumamente valiosas que diversas organizaciones de la sociedad civil venimos impulsando y reclamando hace tiempo, junto a otras tantas que significan, a nuestro entender, un grave retroceso para el acceso a la justicia, y la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, que constituyen la razón de ser fundamental del poder judicial.
En términos específicos:
La iniciativa relativa a promover el acceso por mérito y sin privilegios a todos los cargos del Poder Judicial mediante concursos públicos, abiertos y transparentes representaría un importante avance en el sentido correcto.
Asimismo, consideramos sumamente saludable la publicidad y accesibilidad a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los miembros del las diversas ramas del Poder Pùblico, incluído el Judicial, así como la implementación de sistemas de publicidad de los expedientes judiciales, el trámite de las causas y las resoluciones que en ellas se adopten.
Contrariamente:
En cuanto a las iniciativas relativas a la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, y más allá de las objeciones constitucionales que formarán parte del debate al respecto, desde ACIJ manifestamos nuestra preocupación en relación a la propuesta de canalización de las candidaturas de Consejeros/as (jueces/zas, abogados/as, académicos/as) en forma exclusiva por parte de los partidos políticos y su solapamiento con las elecciones presidenciales, lo que, sumado a la distribución por mayorías y minorías que prevé el proyecto puede dar lugar a que la fuerza coyunturalmente mayoritaria cuente con hasta 13 de los/as 19 Consejeros/as, y en consecuencia maneje a su arbitrio la totalidad de las decisiones del Consejo. En consecuencia, requiere que el órgano que tiene a su cargo dicha función sea diverso y permita un adecuado control de las circunstanciales mayorías.
El Consejo de la Magistratura no es sólo el administrador de los recursos de un Poder del Estado, sino que tiene entre sus competencias más relevantes la de designar o proponer funcionarios judiciales, ejercer facultades disciplinarias, suspender y promover la remoción de magistrados/as.
La garantía de independencia del Poder Judicial, en consecuencia, requiere que el órgano que tiene a su cargo dicha elevada función se componga en forma diversa entre actores/as provenientes de la política partidaria, junto con otros diversos tipos de agrupamiento que no necesariamente respondan a la orgánica de dichas fuerzas. Jueces/zas, abogados/as y académicos/as con vocación de servicio respecto de la administración del Poder Judicial no deberían verse obligados a canalizar forzosamente la misma a través de fuerzas partidarias respecto de las cuales podrían no profesar una adhesión general. A su vez, esta iniciativa se complementa con la reducción de las mayorías necesarias para adoptar las resoluciones más relevantes del Consejo -elaborar las ternas de candidatos/as y promover la remoción de magistrados/as-, lo cual facilitaría notablemente la posibilidad de que una sola fuerza política adopte decisiones de suma relevancia institucional.
Vemos con suma preocupación las iniciativas tendientes a limitar el otorgamiento de medidas cautelares de protección de derechos en juicios contra el Estado. Las medidas cautelares - innovativas o no innovativas - resultan, en muchos casos -y no solamente en aquellos en que está en riesgo la vida, la salud y/o derechos alimentarios- imprescindibles para garantizar que el mero paso del tiempo en el transcurso de un proceso judicial no torne ilusorio el objeto de la demanda, y con ello vea frustrada la necesidad de proteger y garantizar un derecho determinado.
Reglas como las que establecen el carácter suspensivo de los recursos en esta materia, así como plazos generales de validez ajenos a las particularidades de cada causa, portan el riesgo de desnaturalizar esta valiosa institución, y afectar el derecho a una respuesta judicial oportuna. Los abusos que en muchos casos se producen en la utilización de
las cautelares deben remediarse mediante una evaluación del comportamiento de los jueces y litigantes en el caso de que se trate, pero en modo alguno justifican la imposición de restricciones en el derecho a peticionar y obtener medidas de protección cautelar, especialmente cuando los juicios duran varios años debido a la falta de tribunales y la burocracia de los procedimientos –y ningún proyecto para cambiar esta situación está en la discusión pública.
En cuanto a la creación de Tribunales de Casación de los fueros Contencioso Administrativo Federal, “Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social” y “Nacional y Federal en lo Civil y Comercial”,  desde ACIJ sostenemos que no se advierte ninguna falla vinculada a la democratización, independencia, ni celeridad de los procesos que reciba remedio con esta medida.
Al contrario, la inclusión de una nueva instancia judicial ordinaria obligatoria en todos los asuntos relativos a la justicia nacional implica inevitablemente una grave dilación en los procesos judiciales, de impacto negativo para los derechos que la justicia debe proteger. Asimismo, tal como fue formulada, la propuesta acarrea una complejidad adicional que
podría afectar el proceso de transferencia de competencias en materia judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los tribunales nacionales deben ser traspasados a la órbita local, lo cual se vería -cuanto menos- dificultado por estas nuevas Cámaras.
Especialmente grave es la introducción de una nueva instancia ordinaria en los casos en que se discuten cuestiones constitucionales (las más importantes en nuestra democracia) en las que se demora aún más la definición sobre qué es lo que la Constitución dispone sobre diversos asuntos.
Finalmente, y más allá de los distintos posicionamientos que pudiera suscitar cada una de las medidas propuestas en particular, creemos que la discusión sobre las mejoras en la función del poder judicial debe profundizarse en relación con otras iniciativas que no tienen estado parlamentario aún, como ser:
La implementación de mecanismos que garanticen una verdadera transparencia en los concursos de acceso, y la eliminación de la intermediación del Poder Ejecutivo en el proceso de selección de magistrados; la profundización de un acceso amplio e irrestricto a la información pública que produce el Poder Judicial, a través de la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública que aborde el problema de la opacidad del Poder Judicial de manera orgánica y sistemática, y que prevea la generación de estadística confiable con el mayor nivel de desagregación posible;  la modificación de los Códigos de Procedimiento que incluya la oralización y desburocratización general de los procesos; el fortalecimiento del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables; la ampliación de la legitimación para ser querellante y/o tener acceso a las actuaciones en las que se investigan casos de corrupción o de alto interés público; la implementación de canales adecuados para la participación ciudadana en los procesos judiciales de interés público; la regulación de las acciones ordinarias para la defensa de derechos de incidencia colectiva; la definitiva escisión de la función jurisdiccional de la administrativa; la regulación integral de los procedimientos administrativos ycontencioso-administrativos a tono con los principios democráticos y republicanos;  el avance en criterios de horizontalidad en la organización de los/as jueces/zas; el reconocimiento de diversas administraciones de justicia con criterios del pluralismo jurídico; la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas de la gestión, tanto jurisdiccional como administrativa, del Poder Judicial; Es largo y desafiante el camino hacia un Poder Judicial genuinamente independiente, transparente, democrático, menos conservador, menos  elitista, menos corporativo, idóneo para defender los mandatos constitucionales en favor de quienes día a día ven vulnerados sus derechos fundamentales”.





martes, 21 de julio de 2020

LA REFORMA DE LA JUSTICIA

Durante su campaña electoral y el mismo 10 de diciembre de 2019, día en que asumió la primera magistratura, el presidente Alberto Fernández prometió una reforma judicial y la revisión de las sentencia de jueces a los que acusó nombrándolos, como un paso directo a restringir la autonomía del Poder Judicial y con el velado propósito de anular los juicios de corrupción en que se halla procesada la vicepresidente.
A los pocos días citó al Congreso a sesiones extraordinarias en época de feria, para el tratamiento del proyecto de ley de la Reforma Judicial, mientras lo preparaba a puerta cerrada con Beliz, la ministra de Justicia Marcela Losardo y Vilma Ibarra a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.
Una ley de esta naturaleza debió ser previamente discutida con juristas, políticos y asociaciones afines al bien público, lo que fue ignorado.
Es posible que la ampliación de los miembros de la Corte se vea incluído en la reforma, pues aunque manifestó su opinión contraria, el presidente cedió ante la fuerte presión de la vicepresidente y aceptó la discusión del tema en un consejo consultivo.
En una entrevista televisiva del 8 de marzo el fiscal Carlos Rivolo dijo que el Gobierno nunca los consultó sobre los cambios que impulsa. "A la política no le gustan las resoluciones de los jueces", agregó. Por su parte, el fiscal Stornelli expresó su peocupación ante la semejanza del proyecto con el aumento de lo miembros de la Corte a nueve, realizado por Menem, con lo que obtuvo la mayoría automática.
Aparentemente la imprudencia evidenciada por el Presidente de tratar con urgencia la reforma judicial con llamado a sesiones extraordinarias, alentado o exigido por su Vicepresidente, se ha visto contenida, posiblemente advertido de la gravedad que encierra un asunto de gran importancia institucional.
Pasó el tiempo, y continuaron las presiones de Cristina, una de ellas que el proyecto ingresara por el Senado, donde ella tiene mayoría, en lugar de Diputados, lo que obligaba a que el Presidente postergara la presentación, una vez más.
En una entrevista con C5N, el Presidente afirmó: "Estamos trabajando sobre la reforma de la Justicia. Es un tema complejo y delicado. Queremos una Justicia Federal más activa. Estamos evaluando cómo podemos construir una nueva Justicia Federal. Estoy trabajando personalmente en el tema".
Las contradicciones del presidente, repetidas al cansancio, la demora en tomar decisiones, diversas postergaciones, provocan una confusión y un cansancio en el Gobierno. asediado por la pandemia y los sucesivos vencimientos sobre el tema de la deuda, con el peligro de default.
De los comentarios de las conversaciones mantenidas por componentes del oficialismo surgía la existencia de una discrepancia de criterios en el área presidencial, que se iba inclinando a favor de la vicepresidenta obsesionada con desplazar a los jueces y fiscales que están al frente de los juicios por corrupción.
Era sabido que la redacción del proyecto había corrido con la autoría de Beliz con el que Cristina no simpatizaba y no lo disimulaba.
La reforma judicial, con siete años de demora es el mejor ejemplo de lo dicho. Por quinta vez el presidente Fernández anuncia hoy el envío esta semana al Congreso Nacional del ajetreado proyecto, que nadie conoce.
Sabedor el cristinismo duro de la inminencia que ello implica, adelantó el ataque con la propuesta en el Consejo de la Magitratura del desplazamiento de más de 30 magistrados, barrida que se encontró con la fuerte negatica de la oposición. El asunto debe pasar por una reñida votación.
No es procedente ni aconsejable que en estos cruciales momentos económicos y de cuarentena interminable, se lleve a cabo el tratamiento y discusión de un tema de tanta magnitud y trascendencia que merece un estudio serio y responsable, en un ambiente sosegado, libre de presiones políticas.
Por lo demás, se adelantó la propuesta de la formación de 23 nuevos juzgados para llegar a un total de 46, con los consiguientes gastos que ello implica, frente a la caótica situación de la economía.
Todavía quedamos al acecho de una quincuagésima postergación, nada inusitado en el mar proceloso en que navega el gobierno con sus idas y vueltas, demoras, contradicciones, postergaciones, e incertidumbre que venimos sufriendo.

viernes, 17 de julio de 2020

LA PENA DE MUERTE EXISTE

Llama la atención que el abogado Guillemo Fanego haya sido acusado por los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires de ejercer una "defensa técnica" y, en su lugar, ejercer el "negacionismo del terrorismo de Estado" (¿?), en nota firmada por Yanina Michelena, apoderada de la Subsecretaría de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires, habiendo el Centro de Estudios de Salta manifestado que: "El verdadero negacionismo es el del Estado argentino que niega la guerra declarada por el terrorismo marxista. En el caso del gobierno actual, dada su naturaleza peronista, el cinismo es doble: puesto que niega su participación terrorista a través de Montoneros y, también, a través de la Triple A. Es evidente que las Secretarías de DD.HH. de la Nación y de la Provincia tienen como función, a través del falso relato y de su accionar judicial, conculcar los derechos humanos de las personas que los designan como responsables de haber ganado la guerra contra la subversión. El ataque a Fanego es un claro ejemplo de negación del derecho de defensa de los perseguidos" (sic).
        En el artículo "Penas de muerte encubiertas", (Ecos de los setenta), por Agustín de Beitia (La Prensa, 25.6.20), el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, asegura que enfrentan juicios que están resueltos por anticipado, y que "afecta también a otros que no son sus fieles, como el caso emblemático del comisario Miguel Etchecolatz, un hombre muy mayor, que está deteriorado en la cárcel, con una enfermedad seria y porque algunos se oponen a que se le conceda la prisión domiciliaria (la Cámara de Casación Penal se la sigue negando) sigue detenido. Esa un caso que clama al cielo" (sic).
          Tampoco se puede ignorar que toda Latinoamérica fue atacada por la Unión Soviética, como patio trasero de Estados Unidos, a través de su peón de bregas, Fidel Castro, y Montoneros, ERP, FAR Y FAP, entre 1969 y 1979, cometieron 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.181 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados.
        Asimismo, todos los juzgamientos de los miembros de las FF.AA., de Seguridad y Policiales son inconstitucionales, dado que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de lesa Humanidad fue ratificada por la Argentina en 2003, mediante al ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los hechos de la década del '70, en virtud de que el Estatuto de Roma dispone su aplicación a posteriori de su ratificación.
        Recordemos que unos 2.400 militares y policías están sometidos a una inicua persecución judicial, presos en las mazmorras de Marcos Paz, Ezeiza e interior, con hasta 10 años no respetando los términos de prisión preventiva a la espera de ser juzgados, y ancianos mayores de 80 años están muriéndose de inanición y sin atención médica; y los condenados a prisión perpetua mayores de 90 años con enfermedades terminales, también se mueren, negándoles los beneméritos jueces la prisión domiciliaria, quienes carecen de derechos humanos, cuando los mismos jueces conceden ese beneficio a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores, al cumplir los 70 años de  edad; como también a funcionarios políticos corruptos (peronistas)...
        Ya murieron en presidio unos 566 presos políticos de la democracia, después de pasar por ese martirio, quienes no cometieron ningún crimen o delito, sino que lucharon por Dios y la Patria, impidiendo que se instalara un régimen comunista, salvando a la Argentina de desaparecer en la noche oscura de los tiempos, y de ser una nueva Cuba, Nicaragua o Venezuela, que gracias a las Fuerzas Armadas..., vivimos en democracia (¡serán reivindicados por la Historia!), teniendo presente que el artículo 18 CN, dice: "Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas"...; lo que es impropio de una nación civilizada y cristiana (¿lo somos?) mantener a ancianos de 80 años en prisión, violando el Decálogo y la Constitución Nacional.
        Recordemos que Bartolomé Mitre dijo;  "Debe haber paz (la tranquilidad en el orden, según San Agustín) en los espíritus y orden en las ideas"; para enterrar el pasado. 

 Alfredo Nobre Leite

lunes, 13 de julio de 2020

EL NUEVO ORDEN

Resulta reconfortante advertir que lo que se viene anunciando como una tendencia social, sea política, racista, sexual o costumbrista, se va concretando cotidianamente en muchos lugares, pero dentro de los cánones previstos, como por ejemplo en este caso que se publica en los diarios:
"El equipo de fútbol americano Washington Redskins ("Los pieles rojas") confirmó este lunes que cambiará su nombre y su logo después de 87 años de historia, tras un resurgimiento de la polémica en Estados Unidos por el racismo y la ola de protestas tras el crimen de George Floyd".
Esta noticia irritó a los fans del equipo, al igual que a los hinchas de River o Boca si ocurriera lo mismo con sus clubes.
Lo curioso es que el nombre del equipo americano venía a ser un elogio a los pieles rojas por su reconocida fama de luchadores.
Esperemos que la industria del cine no retire las películas de pieles rojas que tanto nos divertían hace años.
Tener en cuenta que la muy famosa “Lo que el viento se llevó” una épica del cine americano fue retirada de los carteles de HBO, pese que el American Film Institute la eligió "La mejor película norteamericana de toda la historia" porque en ella se mostraban esclavos negros,
Lo curioso es que Hattie McDaniel, la impagable Mammy, en ese film, fue la primera actriz negra que ganó un Oscar.
Viene a colación también que la fiebre antirracista llegó a Europa, si recordamos los disturbios y destrucción de bustos de próceres ingleses en Londres.
Una famosa firma francesa, que no vamos a citar, retiró de todas las vidrieras de sus sucursales la publicidad y venta de un producto porque promocionaba un artículo de belleza que en los carteles y en sus envases llevaba la leyenda “su piel más blanca”.
En verdad estas manifestaciones son alentadas con la finalidad de imponer un falso “igualitarismo” que somete a juicio la cultura occidental para fomentar el pensamiento único de que todos somos iguales, hasta en la difusión de un lenguaje inclusivo que pretende igualarnos en el sexo, que ya sufre los embates de la pretendida educación sexual que ignora la biología para afirmar la autodeterminación de cada persona para elegir su sexo.
"Si todo el mundo se arrodilla ¿Quién se alzará en defensa de la historia y la cultura de Occidente"?