Una resolución del Ministerio castrense prohibió "la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar".
Girbone, actualmente en prisión, presentó un habeas corpus argumentando que esa restricción representaba, en los hechos, "un agravamiento en sus condiciones de detención", por los problemas de salud que padece. Sin embargo, la Corte declaró "inadmisible" el reclamo y dejó firme la resolución del Ministerio de Defensa.
Puedo equivocarme, pero no entiendo cómo el habeas corpus no argumentó "evidente discriminación". Como sea, por razones muy atendibles y humanas de salud o por discriminación, el fallo declaró "inadmisible" el reclamo. Me resulta insólito y de todos modos inexplicable esa decisión del tribunal supremo.
Cuando leí la noticia en La Nación del 16 de junio, escribí:
"Un caso patético -La Corte Suprema discrimina - Estimo que debe ser único en la jurisprudencia del tribunal. Abogados, acudan en mi auxilio, ¿estoy equivocado?"
Mi reacción no tuvo respuesta de los abogados, ni del periodismo.
Ahora que el Poder Judicial es atacado y la Corte Suprema convoca a jueces federales, arrinconada en la emergencia, ¿tendrá el mismo criterio sustentado en esa oportunidad, que me atrevo a calificar de obediencia por conveniencia a los deseos de Poder Ejecutivo?
Vuelvo a las fuentes de mi razonable preocupación. El recurrente Girbone, ¿era un sangriento criminal reincidente y peligroso por su delito? No señores, fue condenado a ocho años de cárcel por la apropiación de un hijo de desaparecidos. ¡Y le prohiben el derecho a hacer uso de su mutual, atenderse por sus propios médicos, en su hospital! Para el Poder Ejecutivo los derechos humanos son para un solo lado. Veo que el Poder Judicial, a través de su Corte Suprema de Justicia, lo acompaña mansamente en la doctrina.
Ante la angustiosa situación actual, en que el Estado de Derecho está en peligro, como bien lo señala el ex fiscal federal Gil Lavedra en su artículo de hoy en día en La Nación, y que ha removido las neuronas de los honorables jueces de la Corte, ¿qué decisiones tomará el máximo tribunal, ya en su propia telaraña de sentencias comprometidas o complacientes?
Honorables miembros del más alto tribunal del país, recuerden un precepto que hoy vale oro, el Código Penal les está gritando que "matar en defensa propia no es delito". ¿Serán capaces?
