Entre todas
las medidas que la expresidente tomó en el último año de su mandato para dejar
tierra arrasada al próximo gobierno, impulsó la norma que impide al Estado
vender acciones de la ANSES sin el aval de los dos tercios del Congreso, un
fuerte obstáculo que fue sancionado como ley el 23 de septiembre. Un cepo muy
perjudicial y pleno de ironía si tomamos en cuenta que la caja de dicho
organismo fue producto de innumerables saqueos por cifras cientos de miles de
veces millonarias que dejó en manos de los obsecuentes Massa, Boudou y Bossi
siempre fieles cumplidores de sus designios.
Fijaba
además la prohibición de su transferencia o de cualquier acción que limitara,
alterara, suprimiera o modificara su destino, titularidad, dominio o naturaleza
sin previa autorización del Congreso, por los votos de los dos tercios de sus
miembros.
Pasados más
de cuatro meses de su mandato, el presidente se encuentra con esta valla que le
impide disponer sobre las acciones de dicho organismo, razón por la cual, según
adelantó el nuevo titular del mismo, Emilio Basavilbaso, analiza la posibilidad de anular dicha ley
mediante un decreto de necesidad y urgencia. El propósito sería afrontar el
pago de los juicios de los jubilados por reajuste de haberes, como prometió
Macri en marzo pasado
A tales
efectos, la ANSES detenta acciones de más de medio centenar de empresas por
unos 90.000 millones de pesos.
El ombudsman
porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, elogió la decisión del presidente y
recordó que venían bregando desde hace años para que se pague la deuda por los
juicios previsionales, porque no resolverlo es caro para el sistema y mortal
para los jubilados-
Por su parte
Basavilbaso agregó que hay muchos adultos mayores que están esperando hace más
de diez años, que el volumen de los juicios es muy grande,”hay 50.000 con
sentencia firme, y los vamos a pagar este año, mientras otros 300.000 juicios
están dando vueltas”
Sería cruel
suponer que estas opiniones y afirmaciones provenientes de funcionarios del
nuevo gobierno sean falsas o simplemente declarativas y obedezcan a otros
motivos de distinta índole, probablemente indeseable.
Decimos esto
porque, sin ir más lejos, en nuestro artículo de ayer titulado ¡Los jubilados
son también ciudadanos”, destacábamos que hace tiempo venimos esperando una
respuesta a nuestros reclamos sobre el silencio impuesto a toda información
relacionada con la corrupción de ANSES y el estado en que fue transferido a las
nuevas autoridades.
Sospechábamos
y continuamos sospechando si no es que el apoyo de su ex titular Diego Bossio al nuevo
gobierno, al fracturar gran parte del
cuerpo de diputados del FPV, de fuerte impacto y motivo de elogios del
oficialismo, ha sido recompensado con un manto de impunidad a su muy cuestionada
actuación al frente del organismo. Y si la Caja de los jubilados sigue siendo
el apoyo económico al Tesoro Nacional, a Aerolíneas Argentinas y a otras
actividades oficialistas.
No puede haber más decepción y frustración para
los jubilados, el sector más vulnerable
a los constantes aumentos de los precios de los alimentos y sobre todo de los
medicamentos. El presidente debe hacer honor a su palabra promulgando el DNU
que posibilite el pago de los juicios este año.
Pero se
impone asegurar estas promesas con una cláusula que debe figurar en el DNU, la
condición de que el producto de la venta de las acciones de ANSES sea usado exclusivamente
al pago de las jubilaciones.