viernes, 24 de junio de 2016

EL GOBIERNO Y LA INDAGATORIA A MILANI


El juez Herrera Piedrabuena citó a declaración indagatoria acusado de delito de lesa humanidad al teniente general César Milani que fue jefe del ejército y espía favorito de Cristina Kirchner. 
Además, es un soldado traidor a su propia arma, pues ha dicho, sin solución de continuidad:
"Históricamente los militares han sido autoritarios y soberbios".
"Se creyeron dueños del mundo, de las personas y distintos."
"Los militares retirados tienen odio y resentimiento hacia las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos, mientras los que están en actividad las simpatizan."
Es curioso que durante un gobierno democrático se juzgue a un general por delitos de lesa humanidad de hace más de 40 años. El General Milani debió ser citado por otros delitos de importancia como su enriquecimiento ilícito.
Estamos ante un hecho de proyecciones desconocidas, ya que si los cambios observados en la administración pública se proyectaran hacia la justicia, el acusado debería ser dejado en libertad por el juez en un plazo no mayor a quince minutos. Ello si sus defensores solo alegaran la ilegalidad del delito y las penas, la violación de los principios de la irretroactividad penal y la prescripción. 
Dicha posible sentencia afectaría a los más de 2.100 juicios a que están sometidos los presos políticos. Es decir, sentaría una jurisprudencia que sería una terrible derrota a los falsos principios de los derechos humanos enarbolados políticamente por el matrimonio Kirchner para enquistarse eternamente en el poder y que extrañamente siguen vigentes con el nuevo gobierno.
Si ,por el contrario, se aceptara su enjuiciamiento y se le decretara prisión preventiva, que podría tener una duración sine die ,como las de sus viejos colegas en cautiverio, quedaría confirmada la decisión del gobierno de no entrar en el fangoso tema del curro de los derecho humanos y la consecuente integración de “tribunales especiales."
Como vemos, en ambos casos estamos considerando la actuación de jueces y fiscales con finalidades políticas que nada tienen que ver con la verdadera justicia imparcial basada en la Constitución. Por eso la encrucijada del gobernó se viene tornando cada vez más grave, y perentoria su definición.
Alguien tiene que advertirle al gobierno que los sensacionales descubrimientos de corrupción a un nivel jamás imaginado, que los enjuiciamientos de los más altos funcionarios del anterior gobierno y la promulgación de leyes por un congreso renovado en todo sentido, no consigue disipar las dudas pendientes de sus votantes  con respecto a la política de derechos humanos, a la que nos hemos referido y a la necesidad de una completa auditoría del organismo ANSES, cuyo ex titular se halla gozando de una insólita impunidad acerca de su delictuosa actuación al frente de la misma y que fuera auditada por la AGN en más de 16 informes que fueron archivados por orden de la ex presidente.

El ex presidente Leandro Despouy, único funcionario del anterior gobierno que cumplió honrosamente con sus funciones de control, ha declarado en varias entrevistas con el periodismo su satisfacción por haberse desenterrado dichos informes en la causa de los ferrocarriles, en las del PAMI, en las del Fútbol para Todos, en las del ministerio de Planeamiento, en las de Aerolíneas Argentinas, pero quedaron enterradas en la ANSES.  
Sigue flotando en en el ambiente una sensación desagradable. ¿Qué temor le asalta al gobierno para encarar con firmeza estos dos interrogantes?. Todo silencio genera dudas que deben aquietarse, va en ello el fracaso de la política de transparencia que se nos prometiera y por la cual hemos votado.