Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario
de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que
viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro
gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que
sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite.
Los antecedentes, claramente expuestos, se brindan a continuación.
LA NACION
A pesar de haberle escrito tres cartas al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la señora Jovina Luna no encuentra una respuesta satisfactoria a su reclamo.
Ella es hermana del soldado Hermindo Luna, quien en 1975 cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento Monte 29, de Formosa, y estaba de guardia el día en que una formación de Montoneros copó el cuartel, en una ofensiva guerrillera que dejó 13 soldados y policías muertos. En el ataque al regimiento, durante plena vigencia de un gobierno constitucional, también murieron 15 miembros de la organización armada.
"Esos asesinos les gritaron a los soldados de la guardia que se rindieran. Hermindo tenía 20 años y les gritó: «¡Acá no se rinde nadie, carajo!», y lo ametrallaron", relató a LA NACION la hermana del soldado, quien se dirigió a Avruj para conocer, a través de un pedido de acceso a la información, si los que ejecutaron a su hermano recibieron indemnizaciones por las leyes reparatorias.
Con esa finalidad, solicitó por escrito el 11 de marzo y, luego, en una carta documento enviada el 23 de abril, que se le permitiera acceder al listado completo y actualizado de las personas que recibieron el beneficio. "Tengo el derecho de conocer los nombres de todos los montoneros que cobraron", le escribió Luna al secretario de Derechos Humanos.
En julio recibió como respuesta del organismo una negativa, con el fundamento de que se trata de "datos sensibles", reveló la hermana del soldado, frustrada con la explicación. El 26 de octubre pasado volvió a plantear su reclamo a Avruj en una carta manuscrita.
Según varias denuncias, el pago de indemnizaciones a combatientes de organizaciones guerrilleras y sus familiares se extendió particularmente durante los doce años del gobierno kirchnerista. En el libro Mentirás tus muertos, el autor José D'Angelo estimó que el total de indemnizaciones abonadas por asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ascendió a US$ 1850 millones
"Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero saberlo, quiero que me lo digan. Y que se hagan responsables", relató Luna, que reside en la localidad bonaerense de Mechita, partido de Bragado.
A la espera de que se le permita acceder a la lista, la hermana del soldado Luna quiere conocer si "es verdad que han indemnizado a los montoneros que mataron a todos esos jóvenes soldados que defendieron el cuartel".
"Hace tiempo les reclamo a las autoridades de este gobierno lo que antes era imposible. Yo creí que este gobierno me iba a entender, pero se ve que me equivoqué", arriesgó la señora Luna. cuyos padres murieron "con la tristeza de saber que sus asesinos son tratados como héroes y premiados por haber hecho lo que hicieron
viernes, 20 de mayo de 2016
PELIGROSA CUÑA EN EL GABINETE NACIONA
No sé si será de público
conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio de ANSES,
los premios que, como pensiones, otorgó la expresidenta a los terroristas que
asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a cientos de miles de
inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra finalidad de poner de
rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En el propio gobierno
hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos se benefició con
esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de
Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus
descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las
instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como
un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
Interesante destacar que dicha ley
establece:
“La Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a
jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que
depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores
“atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla perversa que se
permitió la expresidente es fiel transcripción de la ley publicada en el
Boletín Oficial..
El resultado de estas incongruencias
fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra
irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros
pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de
un país desquiciado.
Como era de esperar, aquellos
emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito, se
declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta
incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de
los derechos humanos.
Para los que ponen en duda esta veta
que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra increíble
disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta hemorragia
financiera.
El Honorable tribunal falló que
los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que
hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen
derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
Se puede uno imaginar la cantidad de
hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene otorgando sin
pruebas fehacientes.¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas con qué
argumentos o antecedentes?
“Siguen los azotes en la casa de
Caifás”, pues la rapiña no reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas
Alarcón publicado en el Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas
militantes que ya están cobrando jugosas indemnizaciones, han
iniciado demandas millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos
de sus familiares, que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata
de una broma macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en
dicho diario digital.
Hay una cuña muy peligrosa en el
gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de
Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y
las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen registros ni antecedentes
con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía
del país a costa de todos sus habitantes.
Andrea manifiesta que solicitó por nota
al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado las leyes
reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición
de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una respuesta
negativa aduciendo excusas sin sustento.
Todo esto contradice las promesas de
Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los derechos humanos y
hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno, en orden a la
transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar en el Congreso
la ley de Acceso a la Información.
Es una tarea que el gobierno no ha
emprendido y que en este delicado tema de los derechos humanos llega hasta el
aparente desconocimiento de la ilegalidad de los juicios de lesa humanidad,
instrumento del kirchnerismo para desatar su perversa venganza de la derrota
sufrida por el terrorismo en mano de los militares. La muerte en cautiverio de
más de 350 presos políticos luego del hacinamiento en mazmorras insalubres,
negados de todo asistencia sanitaria, y del derecho a prisión domiciliaria por
su edad, es el colofón de una política inhumana y revanchista que continúa en
manos del nuevo gobierno.
Se siguen sumando artículos y opiniones
de juristas y sociólogos, argentinos y extranjeros, condenando una situación de
extrema injusticia que las nuevas autoridades gubernamentales se niegan a
reconocer. El último, difundido en el Informador Público, es terminante en sus
conceptos. Su autor es Mauricio Ortín y dos de sus párrafos dicen:
“Existen pocas dudas acerca de que,
aunque aparenten un proceso legal, los juicios por crímenes de lesa humanidad
que se sustancian en la Argentina constituyen una violación de los derechos
humanos de los acusados. No sería la primera vez que un Estado abusara del
inmenso poder que dispone para enmascarar persecuciones políticas con vicios
formales. Los regímenes comunistas han descollado como ningún otro en este arte
del simulacro de justicia.
El presidente Macri se hizo cargo de la
nefasta política de “Derechos Humanos” del kirchnerismo y sus cómplices.
Si las cosas avanzan en el sentido en
que la ex jueza Marcotullio y Alberto Solanet advierten, cuando los argentinos
recuperemos la justicia, Macri,Avruj, Peña y Vidal, deberán acompañar al
krchnerismo a rendir cuentas por la comisión de delitos de lesa humanidad.”
Por su parte, el Obispo
Benemérito de San Luis, Monseñor Jorge Luis Lona se dirigió a sus Hermanos en
el Episcopado, hablando de la Justicia en el Año de la Misericordia con
referencia explícita a este grave problema, expresando, entre otras cosas, lo
siguiente:
“De manera imprevisible, quienes
detentaban el poder tan anhelado y gozado, lo perdieron por voluntad del pueblo
a fines de 2015. Pero desde mucho antes, aquel poder del odio había logrado
conformar una justicia federal penal, sistemáticamente negadora de justicia
para “los procesados por las vicisitudes políticas de la década de los 70.
Señalaremos algunos aspectos de esa
negación de justicia:
Son más de trecientos cincuenta los
muertos en la cárcel pasados los setenta años. Como únicos penados en el país a
quienes se les niega el derecho a la prisión domiciliaria.
De un modo igualmente arbitrario, se
prolonga su prisión preventiva mucho más allá de los tres años permitidos por
ley
Se los trata con reiterada violación
del Código Procesal Penal.
Se les aplica el concepto de “delito de
lesa humanidad” sin tener en cuenta la normativa de vigencia mundial al
respecto.
Se avalan y apoyan durante los juicios
testimonios escandalosamente falsos.
Hay en la Argentina juristas cuyo
renombre académico va unido a una conducta intachable. Hoy su intervención
sería iluminadora y es posible lograrla.”
Fuimos testigos del nazismo, del
facismo, del castrismo, del peronismo, del kirchnerismo, del cristinismo, por
favor no formemos el macrismo. Digo esto porque artículos de este tenor
son criticados como inestabilizadores por mucha gente partidaria de Cambiemos,
saliendo en defensa fanática de quien ahora quieren convertir en “líder”. No
señores, lo que triunfó es la democracia. Restaurada por un partido denominado
Cambiemos la vimos resurgir entre las ruinas por un conjunto de voluntades
reunidas por el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a quien
votamos esperanzados en el cambio prometido y que seguiremos apoyando con
críticas como la presente de extraordinaria importancia institucional.
El presidente no busca la popularidad,
el honor, ni la gloria, sólo aspira a unir a los argentinos con sanas políticas
democráticas de diálogo, distintas opiniones y polémicas libremente expresadas,
que son la base ignorada ex profeso durante más de una década por un
gobierno corrupto hasta sus raíces.
Estamos en ese camino y por eso lo
queremos ayudar en el cumplimiento de sus promesas que, en tan corto tiempo de
su mandato, las viene haciendo efectivas.
En este escrito queda
asumida nuestra sincera voluntad de colaboración para que el gobierno tome
conciencia de que los derechos humanos es la materia pendiente. Si se lee
atentamente y sin ningún prejuicio, letra por letra, se comprenderá que no
aparece ningún pedido de indulto, de absolución, de gracia, ni de perdón, sólo
pedimos justicia, estrictamente, justicia