EL MOTIVO DE LA FIRMA DEL ACUERDO

El presidente Macri acaba de lograr el ansiado consenso de los gobernadores para llevar adelante su proyecto de reforma económica. Hacía más de veinte años que no se firmaba un acuerdo Fiscal, hecho de características históricas que lo catapulta a mayores éxitos en su ardua gestión
El camino para arribar a un acuerdo hacia la reducción del déficit se inició con la garantía del gobierno nacional a las provincias del otorgamiento de un bono del 15% para compensar las deudas con la Nación. 
Entre los 11 puntos acordados, la mal llamada reforma previsional consistió en: Impulsar “inmediatamente” la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación. No se especificó qué plus se utilizaría para el referido aumento. 
Impulsar (no inmediatamente) la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio, sin especificar fecha, modo, jurisdicción y estudio del tratamiento.
Sin entrar a un análisis crítico de los once puntos que comprende un tema tan complejo que abarca negociaciones muy difíciles y un polémico debate en el congreso, nos adelantamos a observar un detalle que juega un rol muy importante en la anhelada búsqueda de inversiones extranjeras en el país. 
Se trata de una circunstancia que hemos reflejado en nuestro anterior Blog, referida a la inseguridad jurídica. Decíamos del mal ejemplo que dábamos al mundo por el incumplimiento por parte del Estado, moroso desde hace varios años, al pago de las sentencias judiciales de los 250.000 juicios de los jubilados.   http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2017/11/somos-una-variable-de-ajuste.html
La feliz resolución alcanzada en este acuerdo se debió a que todas las Provincias renunciaron a los juicios emprendidos contra el Estado ante la Corte Suprema de Justicia, para conformarse con sumas sensiblemente menores a las demandadas. 
El caso de la provincia de Buenos Aires podría ser encuadrado en los alcances de la Ley de Reparación Histórica, pues al adherir al acuerdo, sacrifica casi la mitad de los 65 mil millones que el alto tribunal se hallaba pronto a fallar favorablemente. ¿Cuál fue el motivo de tan plausible decisión? Pues, simplemente, el Gobierno no lo pagaría. La elegante y disimulada extorsión que efectuara el Gobierno con la citada ley, prendió rápidamente en sus adversarios en la justicia, las provincias. 
Pero en verdad no existe ninguna garantía de que las provincias reciban lo pactado, pues ya tenemos una lamentable experiencia de los jubilados que, sacrificando sus derechos y el 50% de lo adeudado, adhirieron a la ley por necesidad y desde hace un año tampoco cobran el restante 50% que por el articulado de la ley se les debía pagar en tres años y en cuotas trimestrales.