La opinión de los economistas es coincidente al considerar
que la reforma previsional es la más complicada para el Gobierno porque está
cosechando un amplio rechazo opositor. Estiman que lo que hará el Gobierno para
seducir a potenciales aliados en la oposición, es mejorar la oferta conceptual
del “plus” Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15%
aproximadamente), que a priori no parece ser suficiente.
Las explicaciones que sobre este tema brindó el ministro
Dujovne en el reportaje nocturno de TN no fueron muy claras, lo que contradecía
su excelente y a veces brillante exposición sobre la necesidad de aprobar el
Pacto Fiscal. Lo dijimos en un artículo días atrás, que el Gobierno busca
compartir el costo político del cambio de movilidad, lo que equivale a
reconocer que el ínfimo “plus” de 12 pesos sobre la tasa de inflación es
otorgado por necesidad política, sin ningún estudio ni discusión responsable
sobre un tema que por su gravedad merece ese tratamiento. Viene a ser una
limosna a los miserables para convencer a los senadores.
El verdadero costo es del estómago de los jubilados y de sus
familias, y no se trata de lograr un subsidio razonable, sino contemplar el
derecho que le asiste al jubilado para
que sus haberes sean reajustados conforme a los salarios.
Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar
que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una
situación de pobreza que no llegue al
hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego
de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un
derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser
penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que
tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de
la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente, está de acuerdo con
la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados
y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de
las ganancias.
Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del
déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de
privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el
Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y
económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes
vienen de épocas atávicas.
