GOBIERNO Y EXAMEN DE CONCIENCIA

La Argentina está viviendo un  largo período en donde la justicia está ausente. Mientras funcionarios corruptos, juzgados por graves delitos de defraudaciones millonarias al Estado, en sumas de tal magnitud que casi lo llevaron a la quiebra, gozan de una injusta e insólita libertad que les permite, no sólo obstruir fácilmente la acción de la justicia, sino hasta ocupar cargos electivos con pleno ejercicio de sus funciones y realizar abierta política subversiva, nos encontramos con un panorama totalmente contrario en los casos de los denominados juicios de lesa humanidad, en que seres humanos juzgados por tribunales especiales, son mantenidos en prisión preventiva durante años, que sobrepasan considerablemente los plazos fijados por ley. 
La mayoría sin que se le inicie siquiera un proceso y con el agravante de les es negada la prisión domiciliaria establecida expresamente en el Código Penal para los mayores de 70 años.

El nuevo gobierno surgido de una democrática y limpia elección, tuvo que encarar una difícil tarea para volver a la restauración total del país, destrozado económicamente, institucionalmente, moralmente y culturalmente. Se comprende su dedicación primordial a la economía, la herencia de un país quebrado por la desatinada política llevada a cabo por sus incapacitados antecesores, cuya única finalidad fue el robo sistemático de los bienes del Estado bajo la dirección de una asociación ilícita encabezada por sus primeros mandatarios. Una corrupción jamás vista en los anales de nuestra historia.

La importancia otorgada a ese sector, cuya marcha es mucha más lenta de lo planeado, descuidó fatalmente la política de los derechos humanos, con la que se había comprometido el Presidente durante la campaña electoral. Ello ha provocado un sensible deterioro de este fundamental eje en la vida de un país democrático, cuyas consecuencias se comprueban en los hechos relatados al principio y que se viera acrecentado por una inexplicable manifestación pública del gobierno justificando y elogiando la gestión del kirchnerismo, precisamente en este renglón que fue el leitmotive de su condenable política partidista que le permitió complacer a un electorado populista para gobernar a voluntad, apoyado por piqueteros, izquierdistas, marxistas, largamente beneficiados con generosas subvenciones.

El fallo que hoy nos brinda el periodismo sobre la revocación domiciliaria de que gozaba Miguel Etchecolatz es otro paso al prevaricato.Le había sido concedida en diciembre 2017, por tener 88 años y padecer de varias enfermedades, hipertensión arterial, trastornos neurológicos, problemas prostáticos. Está en silla de ruedas. Todo el diagnóstico es de evolución crónica e irreversible. Organismos de derechos humanos y la fiscal María Angeles Ramos a cargo de la “Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado” objetaron la decisión y apelaron. La Cámara les dio la razón y revocaron la prisión domiciliaria.

Como dijimos en varios de nuestros artículos, nuestro país continúa inmerso en una situación de grave inseguridad jurídica y una notoria politización e ideologización de los miembros del poder judicial en los procesos a los acusados de combatir el terrorismo subversivo, donde se violan pilares esenciales de la justicia, principios de la prescripción, la irretroactividad penal, la inculpación penal colectiva, los relatos testimoniales y la prisión preventiva abusada para convertirse en perpetua.

Insistimos en la afirmación de que la falta de seguridad jurídica es una de las principales causas del fracaso que se observa en la inversión de firmas y empresas extranjeras, y el gobierno parece no advertirlo. Este es un factor negativo de fácil comprensión. El inversor no confía que en un caso de juicio laboral o de orden inanciero, su empresa sea tratada con imparcialidad y sabe de la excesiva demora en la sustanciación de las causas. 

También entra en duda con respecto a un fallo favorable que la favorezca y perjudique al Estado, toda vez que es de público conocimiento la negativa del gobierno al pago de miles de sentencias firmes a favor de jubilados,  que lo ha convertido en deudor moroso. En esa situación, vence el temor a la inversión y por ende la demora a la espera de una situación política y jurídica más favorable, o bien la cancela y orienta hacia países más confiables.

Por primera vez se ha elegido a nuestro país para presidir el organismo económico internacional G20 y el Fondo Monetario nos visita en estos días. La visión objetiva de estos organismos estará puesta no solamente en las leyes laborales, en la influencia ejercida por los sindicatos, en las leyes previsionales, en  el debido respeto a la competencia, en la inflación y en la situación del mercado, sino también en la comentada seguridad jurídica y en la voluntad del nuevo gobierno en honrar sus compromisos.