En el noticiero A24 del 14 de agosto fue entrevistado a las 20:20 hs. un unvestigador de la UBA, de nombre Daniel, no entendí el apellido, acerca de la cantidad de dinero sobretasado en obras públicas en los años del gobierno hichnerista que llegó a los 36.000 millones de pesos. En un momento de su explicación pude escuchar por primera vez en un programa periodístico de la TV y no por la boca de un periodista, la mención de Anses. Cuando los periodistas participantes se refirieron al INDEC, a YPF, a AerolíneasArgentinas y a otros organismos estatales en cuanto a la corrupción, el analista sacó a relucir la maniobra de Bodou que le valió el premio de la vicepresidencia, que fue el negociado de la estatización de las AFJP pasadas a Anses.
Rafael dijo que se hace necesaria una profunda investigación en Anses, no sólo por la corrupción dentro del organismo, sino por el manejo de los fondos hasta ahora no investigados. Resultó ser, según su opinión, la caja más poderosa al servicio de varios gobiernos que la utilizaron en continuas extracciones en apoyo del Tesoro Nacional. Es un análisis que el gobierno debe realizar dijo.
Como mis más de 30 pedidos a este gobierno y al anterior para que se me informe si fueron realizadas auditorías a Anses no tuvieron respuesta porque jamás fueron realizadas, en virtud del área de impunidad que rodea al citado organismo, envié mi solicitud al señor Presidente, en estor términos
jueves, 29 de diciembre de 2016
SOLICITUD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN
"Solicitamos al señor Presidente su intervención para que el secretario de Derechos Humanos cumpla con la obligación de suministrar la información que viene negando sobre la nómina y pagos efectuados a terroristas. Vuestro gobierno ha dispuesto por ley, en nombre de la transparencias de sus actos, que sea proporcionada, a pedido de los ciudadanos la información que se solicite"
No sé si será de público conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la expresidenta a los terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también, la hizo extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
Interesante destacar que dicha ley establece:
“La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla perversa que se permitió la expresidente es fiel transcripción de la ley publicada en el Boletín Oficial..
El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado.
Como era de esperar, aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito, se declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de los derechos humanos.
Para los que ponen en duda esta veta que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra increíble disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta hemorragia financiera.
El Honorable tribunal falló que los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
Se puede uno imaginar la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene otorgando sin pruebas fehacientes.¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas con qué argumentos o antecedentes?
“Siguen los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya están cobrando jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares, que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario digital.
Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
Andrea manifiesta que solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
Todo esto contradice las promesas de Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los derechos humanos y hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno, en orden a la transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar en el Congreso la ley de Acceso a la Información.
El 30 de junio del corriente reiteramos este pedido pero nuevamente con resultado negativo. Se presenta ahora la oportunidad de insistir con una reiteración, número 33, en consideración de que media en un programa televisivo periodístico una sugerencia muy atendible para que pueda darse fin al suspenso de veinte años mantenido sobre la sospechosa impunidad otorgada casi oficialmente a la Aministración Nacional de la Seguridad Social, Anses.
