jueves, 1 de noviembre de 2018

LOS CUADERNOS DE ANSES - 15 a. Parte .

Septiembre de 2017
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la cátedra de Cultura Jurídica y la Universitat de Girona organizan del 12 al 14 del actual el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se celebrará bajo el lema "Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción". Será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y disertarán, entre otros, el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el economista Juan Llach; el síndico de la Nación, Ignacio González García; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex procurador de Italia, Antonio Di Pietro, y el director de la cátedra de Cultura de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán.
Celebramos la organización de este Congreso en nuestro país, que hace ya casi dos años restableció la democracia en elecciones libres que lo salvaron de entrar en la cubanización a que nos llevaba el anterior gobierno.
Dada la cercanía de su iniciación, lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para la presentación de un trabajo sobre la seguridad jurídica de los jubilados litigantes que en juicios contra Anses ya tienen sentencias firmes a su favor, que no son honradas por el referido organismo.
Afirmamos que la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el ciudadano, otorgada por el Estado, de que su situación jurídica será respetada y que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia le será negada.
En el caso que teníamos en preparación denunciábamos que las sentencias que no se cumplen por parte de Anses, rompen el orden legal y jurídico de que gozaba el demandante y el significado moral de la "cosa juzgada".
Cuando el jefe de gabinete presentó en Diputados, el 31 de Agosto, el segundo informe del gobierno, requisito que era desconocido por el anterior gobierno, se expresó muy firmemente por el respeto a las leyes al decir: "Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya alejado un centímetro de la ley".
Al sobreentender que “persona”, involucra tanto a una persona física, cono a una sociedad, institución, entidad, sindicato, gremio, etc. tenemos por cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un ente de la administración pública nacional que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Pues bien, ANSES no cumple con la ley al no pagar, en tiempo y forma, las sentencias del Poder Judicial .
Para mayor abundamiento diremos que la Cámara Federal dictaminó que el Estado, en ese caso la ANSES, no se encuentra fuera del orden jurídico al que está obligado a tutelar, ni está exento de acatar los fallos judiciales en tiempo y forma.
Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de que no se pueden desconocer los derechos tutelados por las leyes y las “sentencias judiciales”, y que se debe actuar sin incurrir en excesos formales que conduzcan al incumplimiento de la verdad jurídica.
Notamos que entre los participantes no figuran el jefe de gabinete ni el titular de Anses, cuando era el momento oportuno de introducir el problema en las sesiones del Congreso, pues estas consideraciones se las hice llegar al primero de ellos, que supongo podría haberlas utilizado.
Decimos momento oportuno porque no hemos escuchado o leído ningún comentario sobre un asunto de relevancia como el que hemos encarado. ni por profesionales versados en la materia, ni por abogados en conferencias jurídicas, ni por el periodismo escrito, radial y televisivo que debe estar al tanto, por su oficio, de la tribulación por la que están pasando 300.000 jubilados que, con sentencia judicial, no reciben el pago ordenado, la mayoría desde hace varios años, por parte de Anses.
Debemos hacer mención de que muchas veces se atribuye a la justicia una situación de arbitrariedad que no le corresponde, por cuanto aún cuando existen demoras en los procesos judiciales, que son bien conocidas y criticadas, en estos casos la justicia cumplió con su misión y dictó sentencia. Acá irrumpe la responsabilidad de los órganos del Poder Ejecutivo, toda vez que no se da cumplimiento a una sentencia judicial. Esto está claro y es de una flagrancia por demás evidente.
En lo que respecta a los motivos o razones que puede tener el Poder Ejecutivo para demorar indefinidamente el debido acatamiento a una sentencia judicial, no es el objeto de nuestro trabajo y es un tema de suma gravedad que debe ser analizado. Lo realmente importante es que existe un estado de anomalía que atenta contra la seguridad jurídica, principal tema de las discusiones en el seminario del II Congreso.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el mercado internacional las inversiones se hallan siempre pendientes de la observancia y el respeto que el gobierno presta a este rubro, esencial para el desenvolvimiento económico de un país democrático.