UN JUEZ DESHONESTO

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima, dictó una precautelar contra las designaciones en comisión de Rosatti y Rosenkrantz. Esto fue informado por el periodismo sin mayores comentarios, como una noticia de importancia , pero nadie reparó en los antecedentes del inmoral magistrado que dictó la medida.
Nombrado como juez de Dolores en 2011, tiene 38 años, está vinculado a la agrupación oficialista “Justicia Legítima”, es cercano a la Procuradora Alejandra Gils Carbó y cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos humanos por ser durante años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El concejo de la Magistratura lo designó durante su reunión plenaria como juez subrogante del juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, luego de que organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores reclamaran que “no se ratifique” la designación de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, cuestionados por su desenvolvimiento en causas en las que se investigan delitos de Lesa Humanidad. La designación del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla fue aprobada tras una votación que arrojó 6 votos a favor y 6 votos en contra, y que debió ser desempatada por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura.
El juzgado Federal 1 de Bahía Blanca estaba subrrogado por Martinez y Pontet, ambos cuestionados por obstaculizar el avance de causas que investigan delitos de Lesa Humanidad.
A la reunión concurrió una nutrida representación de organismos y funcionarios de Derechos Humanos para pedir que Martínez y Pontet no sean ratificados en el cargo y que  su lugar sea ocupado por Ramos Padilla.
La actividad en el Consejo de la Magistratura se realizó con la presencia  de Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional.
Además. la presencia de los organismos se vio respaldada por funcionarios y legisladores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos como el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos; el fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresne.
Como se sabe, el magistrado tiene una reconocida afinidad con el kirchnerismo. Fuentes de Tribunales sostienen que el interés en que cubra ese lugar radica en que allí se tramitan causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como la que se cursa contra el empresario de medios Vicente Gonzalo Massot por presunta complicidad con el terrorismo de Estado.
La maniobra para nombrarlo en ese juzgado choca con lo estipulado en el artículo 8 de la ley de Reglamento para la Justicia, que establece para los funcionarios la obligatoriedad de "residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio que no exceda los 40 kilómetros".,cuando su residencia es en Dolores a más de 500 kilómetros del lugar donde prestará funciones.
En mi blog del 3 de julio de 2015 decía: "La remoción de jueces, medida inconstitucional de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura ha entrado ahora en el terreno de suplantar jueces a cargo del procesamiento a militares acusados por delitos de lesa humanidad.
El kirchnerismo dio el primer paso para remover al juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, que tiene a su cargo, entre dichas causas, un expediente sobre las facturas falsas donde se investiga al empresario Lázaro Báez.
En virtud de la ilegalidad de su nombramiento realizado con el claro y manifiesto propósito de dictar sentencias de condena ordenadas por el oficialismo, algunos procesados recusaron al juez.
En diversas oportunidades el juez Ramos Padilla realizó públicos comentarios sobre distintas personas sometidas a estos procesos para que a ninguna de ellas le fuera concedido el arresto domiciliario.  Pidió la detención de Smart y también la de otros cinco civiles: el abogado de Juan Carlos Blumberg, Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y fiscal de Estado bonaerense durante la dictadura; el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; el ex fiscal bonaerense Alberto Rodríguez Varela; el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich y el ex subsecretario de Gobierno Juan María Torino Olivier . Dicha situación demuestra que pesa sobre las personas sometidas como imputados a este tipo de procesos una enemistad manifiesta que aconseja el apartamiento del juez del entendimiento de la causa".
La Corte Suprema de Justicia en fallo reciente, declaró  nula la designación del juez Alejo Ramos Padilla como subrogante del juzgado federal de Bahía Blanca, por lo que el inconstitucional subrogante renunció en Bahía Blanca para asumir su anterior cargo en Dolores.
Pero aquí sucede un hecho condenable producto de la venganza indisimulada del magistrado. Antes de retirarse ordenó el proceso del  ex tenientecoronel Enrique Stel que ya lo había recusado por imparcialidad manifiesta. Queda la duda sobre la validez de esta decisión tomada ya como declarado subrogante inconstitucional. El fallo de la Corte no aclara la legalidad de sus fallos una vez declarada su remoción y aparentemente , con el fin de evitar graves problemas de orden judicial la jursiprudencia aconseja respetar dichos fallos. Es un caso digno de estudio, con mayor razón cuando va en ello la libertad de una persona.
Luego, continuando su sed de venganza, no bien llega a Dolores dicta una precautelar contra las designaciones en comisión de jueces de la Corte por el Presidente.
No puede aceptarse por imperio de la ley, de la constitución y de la moral la continuidad de un juez político militante que, a pesar de haber perdido la protección y el apoyo de corruptos gobernantes,
siga alegremente en sus funciones despachando sentencias a su libre albedrío. Debe tomarse en consideración la precedente ilegitimidad de su designación y la manifiesta parcialidad en todas sus decisiones como funcionario judicial.
Este es otro de los desafíos que debe afrontar con determinación el nuevo gobierno del Presidente Mauricio Macri, la probidad de la Justicia.