La jefa de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, planteó la necesidad de reanudar juicios de lesa humanidad suspendidos por la cuarentena, lo cual mereció la adhesión de Pablo Llonto, letrado querellante en varias causas, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y el Movimiento Ecuménico Por los Derechos Humanos.
La respuesta no se hizo esperar y la presidenta del máximo tribunal penal del país, Ángela Ledesma firmó de inmediato la siguiente recomendación:
"Se recomienda a los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas sanitarias”
En los últimos días ya se retomaron al menos dos grandes juicios de lesa humanidad que estaban en instancias finales: uno en Mar del Plata y otro en Rosario.
"Hay 22 juicios suspendidos y, en los que están cerca de formularse la sentencia, puede darse una conclusión por medios electrónicos; queremos analizarlo con los querellantes, las defensas y los organismos del Estado que protegen a los testigos", había indicado la fiscal en ese entonces.
Mientras tanto,El Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz suspendió la audiencia por la emergencia del conoravirus. No hay fecha propuesta. Demás tribunales orales que llevan causas contra CFK y otros, en identica situación.
Nada más explícito que esta discriminación que pone en evidencia el avance de la venganza kirchnerista contra los combatientes, soldados y civiles, que por orden del gobierno constitucional del país derrotaron a terroristas entrenados y armados por el comunismo cubano, y que siguen cautivos para enfrentar un ilegal proceso judicial por jueces prevaricadores y falsos testigos debidamente adiestrados para testificar sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años. El subrayado del párrafo anterior es elocuente al decir "los orgenismos del Estado que protegen a los testigos".
Pero los crímenes de corrupción que involucran a ex funcionarios del anterior gobierno kirchnerista, incluida la actual vice presidente, que ya se hallan en adelantado proceso judicial, son suspendidos sin fecha propuesta de reiniciación.
No quedan dudas de la clara intención de anularlos.