No sé si será de público conocimiento que nosotros, todos, continuamos
pagando, por intermedio de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la
expresidenta a los terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron
y torturaron a cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la
macabra finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del
comunismo. En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por
ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también, la hizo
extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión hereditaria que las
instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad idiotizada aceptaron como
un mandato inapelable de la voluntad personal de una orate.
Interesante destacar que dicha ley establece:
“La Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses) que atesora fondos previsionales destinados a
jubilados, aportará el dinero necesario. La Secretaría de Derechos Humanos, que
depende del Ministerio de Justicia, lo administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a
los terroristas, y esta burla perversa que se permitió la expresidente es fiel
transcripción de la ley publicada en el Boletín Oficial..
El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial
estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la
ayuda de Amnesty International y otros pseudos organismos de derechos humanos
ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado.
Como era de esperar, aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en
el exterior sin mayor éxito, se declararon desaparecidos o perseguidos
políticos con lo que resulta incalculable la cantidad de favorecidos, colgados
de las tetas argentinas de los derechos humanos.
Para los que ponen en duda esta veta que viene drenando la economía del
país, les vamos a sumar otra increíble disposición de la Corte Suprema de
Justicia, que abre aún más esta hemorragia financiera.
El Honorable tribunal falló que
los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar que
hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres, tienen
derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
Se puede uno imaginar la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a
la ley, ya que se viene otorgando sin pruebas fehacientes.¿Quién lo puede
demostrar? ¿Con qué pruebas con qué argumentos o antecedentes?
“Siguen los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no reconoce
límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el Informador
Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya están cobrando
jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas
millonarias al Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares,
que se hallan desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma
macabra, lean el artículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario
digital.
Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de
Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es
el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este
vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus
habitantes.
Andrea manifiesta que solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la
lista de los que habían cobrado las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043,
25.914, 26.564 y 26.913 por desaparición de personas y otras indemnizaciones
similares, pero obtuvo una respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
Todo esto contradice las promesas de Cambiemos, en el sentido de
terminar con el curro de los derechos humanos y hacer públicas las actuaciones
de las oficinas del gobierno, en orden a la transparencia de las mismas, máxime
cuando se acaba de sancionar en el
Congreso la ley de Acceso a la Información.
Es una tarea que el gobierno no ha emprendido y que en este delicado
tema de los derechos humanos llega hasta el aparente desconocimiento de la ilegalidad
de los juicios de lesa humanidad, instrumento del kirchnerismo para desatar su
perversa venganza de la derrota sufrida por el terrorismo en mano de los
militares. La muerte en cautiverio de más de 350 presos políticos luego del
hacinamiento en mazmorras insalubres, negados de todo asistencia sanitaria, y
del derecho a prisión domiciliaria por su edad, es el colofón de una política
inhumana y revanchista que continúa en manos del nuevo gobierno.
Se siguen sumando artículos y opiniones de juristas y sociólogos,
argentinos y extranjeros, condenando una situación de extrema injusticia que
las nuevas autoridades gubernamentales se niegan a reconocer. El último,
difundido en el Informador Público, es terminante en sus conceptos. Su autor es
Mauricio Ortín y dos de sus párrafos dicen:
“Existen pocas dudas acerca de que, aunque aparenten un proceso legal,
los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina
constituyen una violación de los derechos humanos de los acusados. No sería la
primera vez que un Estado abusara del inmenso poder que dispone para enmascarar
persecuciones políticas con vicios formales. Los regímenes comunistas han
descollado como ningún otro en este arte del simulacro de justicia.
El presidente Macri se hizo cargo de la nefasta política de “Derechos
Humanos” del kirchnerismo y sus cómplices.
Si las cosas avanzan en el sentido en que la ex jueza Marcotullio y
Alberto Solanet advierten, cuando los argentinos recuperemos la justicia,
Macri,Avruj, Peña y Vidal, deberán acompañar al krchnerismo a rendir cuentas
por la comisión de delitos de lesa humanidad.”
Por su parte, el Obispo
Benemérito de San Luis, Monseñor Jorge Luis Lona se dirigió a sus Hermanos en
el Episcopado, hablando de la Justicia en el Año de la Misericordia con referencia
explícita a este grave problema, expresando, entre otras cosas, lo siguiente:
“De manera imprevisible, quienes detentaban el poder tan anhelado y
gozado, lo perdieron por voluntad del pueblo a fines de 2015. Pero desde mucho
antes, aquel poder del odio había logrado conformar una justicia federal penal,
sistemáticamente negadora de justicia para “los procesados por las vicisitudes
políticas de la década de los 70.
Señalaremos algunos aspectos de esa negación de justicia:
Son más de trecientos cincuenta los muertos en la cárcel pasados los
setenta años. Como únicos penados en el país a quienes se les niega el derecho
a la prisión domiciliaria.
De un modo igualmente arbitrario, se prolonga su prisión preventiva
mucho más allá de los tres años permitidos por ley
Se los trata con reiterada violación del Código Procesal Penal.
Se les aplica el concepto de “delito de lesa humanidad” sin tener en
cuenta la normativa de vigencia mundial al respecto.
Se avalan y apoyan durante los juicios testimonios escandalosamente
falsos.
Hay en la Argentina juristas cuyo renombre académico va unido a una
conducta intachable. Hoy su intervención sería iluminadora y es posible
lograrla.”
Fuimos testigos del nazismo, del facismo, del castrismo, del peronismo,
del kirchnerismo, del cristinismo, por favor
no formemos el macrismo. Digo esto porque artículos de este tenor son
criticados como inestabilizadores por mucha gente partidaria de Cambiemos,
saliendo en defensa fanática de quien ahora quieren convertir en “líder”. No
señores, lo que triunfó es la democracia. Restaurada por un partido denominado
Cambiemos la vimos resurgir entre las ruinas por un conjunto de voluntades
reunidas por el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a quien
votamos esperanzados en el cambio prometido y que seguiremos apoyando con
críticas como la presente de extraordinaria importancia institucional.
El presidente no busca la popularidad, el honor, ni la gloria, sólo
aspira a unir a los argentinos con sanas políticas democráticas de diálogo,
distintas opiniones y polémicas libremente expresadas, que son la base ignorada
ex profeso durante más de una década por un gobierno corrupto hasta sus raíces.
Estamos en ese camino y por eso lo queremos ayudar en el cumplimiento de
sus promesas que, en tan corto tiempo de su mandato, las viene haciendo
efectivas.
En este escrito queda asumida nuestra sincera voluntad de colaboración
para que el gobierno tome conciencia de que los derechos humanos es la materia
pendiente. Si se lee atentamente y sin ningún prejuicio, letra por letra, se
comprenderá que no aparece ningún pedido de indulto, de absolución, de gracia,
ni de perdón, sólo pedimos justicia, estrictamente, justicia.
