martes, 2 de mayo de 2017

EL "RELATO" DE MAURICIO MACRI

La historia se repite, aunque hay muchos críticos con respecto a esta frase polémica. Nada más cierto que en esta ocasión, donde lo comprobamos con disgusto. Macri tiene su “relato” como Cristina, en la perversa Ley de Reparación Histórica. La semejanza es notable, pues contiene los mismos ingredientes de mentiras, engaños, promesas y repetición constante que finalmente termina por ser creída por propios y extraños y hasta por sus mismos redactores. Tiene una preparación más rebuscada, cierta elegancia en su redacción, aunque realmente incomprensible, que la coloca en un rango muy superior y con un título que se acomoda a la cacareada doctrina de “revisión histórica” de su corrupta antecesora.
La finalidad coincidía con la necesidad de hacer justicia a los jubilados, especialmente a los mayores de edad que vivían apaleados  por Massa, Boudou y Bossio y últimamente por Basavilbaso con cientos de obstrucciones, apelaciones y malos tratos adornados con insultos que tuvieron su origen histórico con la señora que ocupaba el cargo de Presidente, que supo lanzarles con voz destemplada el alarido de “caranchos y buitres.”
En una palabra, se los estafaba y no se le pagaban las sentencias, ni aún las dictadas por la Corte Suprema de Justicia.
La solución consistía simplemente, conforme a las leyes que rigen una república democrática, ordenar el cumplimiento del pago de las sentencias como en cualquier país civilizado del mundo.
Aquí comienza la saga de ANSES, ya que el nuevo gobierno le dedica un tratamiento especial, dado su carácter de organismo  pudiente que maneja la mayor caja del país, y comienza por otorgarle la excepcional ventaja, reñida con la función pública, de omitir imprudentes investigaciones y auditorías sobre las anteriores administraciones, que habían desvirtuado su finalidad y usaban de ella como cosa propia según las órdenes de saqueo de la señora.
El procedimiento se hizo extensivo al tratamiento que recibían los prisioneros, maquinando a la perfección un sistema bien aceitado de características kafkianas que dio por resultado la ley del relato histórico macrista.
Resulta inconcebible que, en lugar de una ley de un artículo, como decíamos anteriormente, se haya promulgado una ley, la 27260, el 29 de junio de 2016, de 97 artículos y otros tantos incisos, un fárrago de disposiciones confusas y con varias interpretaciones jurídicas al servicio de sabios leguleyos.
Nadie mejor que Kafka hubiera fijado los procedimientos que justamente para gente de mayor edad, en condiciones de reducida movilidad y menor entendimiento, les significara un martirio agregado a sus problemas de trámites previsionales, pues ellos son:  Una vez aceptada la propuesta en forma electrónica. el jubilado y su abogado firmarán un acuerdo con sus huellas digitales en forma terminal de datos biométricos, algo que puede hacerse en una sede de ANSES o en alguna sucursal bancaria que cuente con ese recurso. Ese acuerdo es remitido al organismo previsional y es firmado por el director ejecutivo y por un abogado. Y luego, el documento es remitido al Poder Judicial, ya que un juez debe homologar el pacto para que quede formalizado. Al dar su acuerdo, el jubilado renuncia a su juicio por los conceptos involucrados (si es que había iniciado una demanda) o bien se compromete a no reclamar por vía judicial (si es que no lo había hecho). Lo inadmisible del compromiso es que constitucionalmente nadie puede renunciar a su derecho previsional, pero nadie habrá caído en la cuenta de este menor detalle.
No es necesaria mucha imaginación para ponerse en los zapatos de un viejo jubilado que esperaba pacientemente la orden del nuevo mandatario para que se cumpla con el pago que ANSES le niega, y se encuentra ahora bailando por todos los pasillos de las oficinas públicas sin el mínimo conocimiento de lo que sucede a su alrededor, mientras su expediente debe estar dando vueltas como en un lavarropa para conocer el sorteo digital de su caso que ahora sólo depende del relato de Macri.
Fíjense que la enunciación de la ley por parte de ANSES era esta fiel transcripción:
“La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo”.
Nada dice de los litigantes que tienen sentencia firme, y con respecto a los demás les propone un acuerdo que a nuestro entender sería un arreglo extrajudicial con la conformidad de ambas partes, pero resultó constituir una extorsión con una clara advertencia, “si usted acepa el 50% de descuento sobre la reactroactividad, le pagamos el otro 50%,  pero en cuotas trimestrales.”
Queremos destacar la actitud del Juez de la Seguridad Social, Juan Fantini que al homologar un acuerdo en el marco de la Reparación Histórica dejó en claro que la función de los magistrados “no debería limitarse a un simple click”. Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación “no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículos 1641 y 162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar el litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas o que la misma produce el efecto de la cosa juzgada “sin necesidad de homologación judicial”
En este punto el juez se preguntó “por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados”
Esa es la preguntas que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años con sentencia de la Corte a su favor.
El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta es una ironía inaceptable, suena casi como una burla.
Estamos, pues, ante el “relato” del presidente Mauricio Macri, la Ley de Reparación Histórica.



viernes, 28 de abril de 2017

DOCUMENTOS SECRETOS

He recibido de uno de mis apreciados contactos un artículo de sumo interés y de actualidad con respecto a la controvertida interpretación de los “derechos humanos”, que ha tomado un giro parcial y arbitrario desde la apropiación que hizo de los mismos el fallecido ex presidente Néstor Kirchner como bandera proselitista política, y que hasta la fecha no supo, no pudo o no quiso rectificar, pese a la  promesa formulada durante su campaña eleccionaria, nuestro nuevo presidente Ingeniero Mauricio Macri.
Los ataques directos de los llamados organismos internacionales de derechos humanos para la libertad de delincuentes satélites del kirchnerismo populista, las encuestas políticas que dan  resultados sorprendentes de una amplia mayoría a favor de la ex presidente, (algo inaudito), el silencio inexplicable del periodismo sobre el restablecimiento de la relaciones con el mundo civilizado que el gobierno está llevando a cabo, con el apoyo y beneplácito de la diplomacia mundial, todo contribuye a la necesidad de enfrentar con firmeza estos propósitos marxistas destinados a destituir a un gobierno democrático elegido por el pueblo en sanas y legítimas elecciones.
Por tal motivo, me permito reproducir el citado artículo que merece ser difundido en todas las redes sociales, ya que, lamentablemente, nuestros instrumentos periodísticos se han mostrado reacios a publicar verdades.

DOCUMENTOS SECRETOS...

 En el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Estados Unidos (EE.UU.),  y a su pedido "...el presidente Trump entregó una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura", reza la crónica periodística. Es de lamentar que, del mismo modo, el primer mandatario no haya requerido, también,  al Departamento de Estado, la documentación sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión Soviética contra todas naciones latinoamericanas (salvo México que tenía un pacto con su peón de brega, Fidel Castro), como patio trasero de EE.UU., pues el 3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia "Tricontinental" reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia, África y América Latina y grupos radicalizados conformando las bases para la insurgencia en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y 10 de agosto de 1967, se realizó en la misma ciudad la "Primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases para la organización de esas formaciones subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas (Montoneros, ERP, FAR...) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados, cuyas consecuencias seguimos sufriendo.
       Es procedente que el jefe de Estado encare con urgencia la situación de los "presos políticos" de la democracia, unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que exceden los dos años, violando la ley, como también los condenados a prisión perpetua, cuya edad promedio es 75 años, y de los ancianos mayores de 90 años que se mueren de inanición y sin atención médica en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas condenas son inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en el año 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los hechos de la década del '70 del siglo pasado; asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no apriori, por lo cual todos los presos políticos deben ser liberados, Han muerto unos 400 presos políticos en prisión, cuyos derechohabientes jamás fueron reconocidos por los supuestos adalides de los derechos humanos endógena y exógenamente.
     Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé, de 80 años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8 -Pabellón "C"- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo. Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa humanidad". Pese a su avanzada edad y gravísimos problemas de salud, no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, y le negaron sistemáticamente la posibilidad de acceder a la Prisión Domiciliaria. Los responsables de su muerte -por una afección cardíaca- son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación, Sala 2.
      ¡De facto, los jueces federales y camaristas estarían siguiendo la guerra revolucionaria por otros medios, transformando la justicia en venganza, revancha y persecución judicial, ignorando que el derecho positivo deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo, es decir, de Dios!  

       A contrario sensu, los presuntos desaparecidos -8.960, según la Conadep-, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en Australia, reduciéndose en unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem (que se autoindemnizó), mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada individuo supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos aparecieron, como el juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).
      Del mismo modo, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que los enjuiciamientos por sedicentes violaciones a los derechos humanos es política del Estado, debería reabrir las causas contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbistky, entre otros, cuyos crímenes quedaron impunes.

       Para pacificar el país, la Justicia debe reinar(y sin Justicia no hay República), dando a cada uno lo que le corresponde, recordando que la paz es la tranquilidad en el orden, según San Agustín, para terminar con la rémora de la guerra revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron premiados e indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de los tiempos, fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo prohíben el Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Alfredo Nobre Leite

miércoles, 26 de abril de 2017

CONTINUAMOS DENUNCIANDO A ANSES


En un artículo que publicamos el 26 de abril de 1916, es decir justo hace un año, le decíamos al señor Basavilbaso, a propósito de sus manifestaciones de apoyo al Presidente por su dedicación a la niñez.
“LOS JUBILADOS TAMBIÉN SON CIUDADANOS"
"Con la serie de medidas que llevamos adelante desde el primer día de gobierno, podemos decir con orgullo que la gran mayoría de los chicos de nuestro país reciben algún tipo de beneficio", expresó el titular de ANSES
Es muy loable la dedicación del gobierno hacia la niñez y la exposición que de ella hace el señor Basavilbaso. Más aún, compartimos plenamente sus conceptos dirigidos al ingreso universal a la niñez.
La sorpresa que nos deparó la publicación de este editorial se exteriorizó por el hecho de que su autor es el llamado a propiciar y ejecutar medidas de apoyo, protección y justicia a los ancianos , y cuando expresa que el Estado debe ser el garante de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos se nos hace imperativo recordarle que los jubilados son también ciudadanos.
Desde este combativo espacio se viene solicitando desde hace varios años una intervención a ANSES, no sólo por la impericia, mala fe y perverso tratamiento a la tercera edad con el abominable procedimiento de entorpecer el manejo de los juicios por ajuste de haberes y negar sistemáticamente el pago de las sentencias, con lo que ha llegado a una monstruosa deuda, sino también por el silencio que se guarda sobre la herencia recibida del anterior gobierno con respecto a la cuantiosa malversación de fondos observadas por la AGN en más de 60 auditorías, los saqueos continuos por sumas millonarias a la caja de jubilados y el abandono total de las funciones naturales de su creación. La entrega al nuevo gobierno fue con un déficit de 58.000 millones de pesos. En un artículo que publicamos el 26 de abril de 1916, es decir justo hace un año, le decíamos al señor Basavilbaso, a propósito de sus manifestaciones de apoyo al Presidente por su dedicación a la niñez.
Respeto y comparto la dedicación del señor Basavibaso a los niños y valoro su artículo en La Nación, pero le recuerdo que el organismo a su cargo se ocupa de los jubilados, la mayoría de ellos ancianos.
Estamos a la espera de la información solicitada por carta abierta del 13 de febrero y que nos redacte un editorial periodístico sobre ella. Resumo:

-Estado financiero con que recibió ANSES.
-Si ha solicitado o realizado auditorías y balances, como corresponde.
-Si ha tomado vista  de las más de 60 auditorías realizadas por la AGN.
-Si en los meses que lleva de gestión analizó los recursos humanos a su –cargo, en cuanto a du idoneidad y cantidad.
-Si tiene razones valederas para haber mantenido el silencio sobre la información que le estoy requiriendo, lo que contradice y contraría las garantías de transparencia y acceso del ciudadano a todos los actos de la Administración Pública que prometiera el Presidente.
-Si con gesto de “nobleza obliga” ha tendido un manto de impunidad a su antecesor Diego Bossio, en consideración a su reciente apoyo al gobierno.”

Como ya han transcurrido 14 meses y no hemos recibido una respuesta del referido funcionario, nos permitimos agregar a nuestro pedido una información explícita sobre el significado social y jurídico del llamativo título que lleva la ley “Reparación Histórica” para jubilados y pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016, pues hay cientos de jubilados mayores de 90 años, con sentencia del más alto tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, que hace veinte (20) años están a la espera del pago ordenado.
Por razones del más elemental sentido común, además del consabido sentido humanitario, nos parece un plazo un poco exagerado, que los va acercando irremediablemente al festejo del centenario.
En consideración a las expresiones de transparencia que el gobierno ha difundido para que se difundan los actos de gobierno, es necesario que el señor Basavilbaso aclare si avala y continúa la política de ANSES seguida por su antecesor Diego Bossio, al recordarle que la Corte Suprema se pronunció contra el mismo al decir que “La pretensión de la demandada ANSES de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los jubilados” y que por otra parte desconoce las sentencias que ordenan el pago. A lo cual respondió en forma insolente, basado en su impunidad, “El fallo de la Corte no tiene ninguna implicancia, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Hay fallos de la Corte que, de alguna manera, cuestionan nuestra política jubilatoria pero entendemos que tenemos una política acertada”.
Se refirió así a las más de 42.000 apelaciones que el organismo realizó durante ese año, contra sentencias de primera instancia que favorecían los reclamos de los jubilados y que era la estrategia utilizada por el Gobierno para alargar el tiempo de los juicios y evitar el pago de las sentencias.
 En su desatinada  respuesta se justificó con un despropósito que constituye la frase más funesta de su malograda gestión, al decir:
“Sólo queremos que se respete nuestro legítimo derecho a defender al Estado. Somos una parte y tenemos derecho a defendernos” Es decir, el organismo de los jubilados que tengo a mi cargo, ANSES, actúa contra ellos con maniobras ilícitas, para favorecer al Estado.
Conteste, señor Basavilbaso, conteste por favor.


domingo, 23 de abril de 2017

COINCIDENCIA SOBRE ANSES



Coincidiendo con una publicación de La Nación de hace justo dos años, el 23 de abril de 2015, y el artículo de misma fecha en mi blog “Habla la experiencia,” referidos al organismo Anses, hoy, el mismo diario y mi blog, casualmente vuelven a referirse al tema. Es tan admirable esta coincidencia, no sólo en sus términos y en sus argumentos,  sino en su actualidad, pese al tiempo transcurrido, que me permito su reproducción.

jueves, 23 de abril de 2015
CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD ARGENTINA


Hoy 23 de abril de 2015 el diario La Nación publica en su principal editorial un artículo bajo el siguiente titular "CONTINÚA EL SAQUEO DE LOS FONDOS JUBILATORIOS" que viene a resumir y a resaltar conceptos vertidos frecuentemente en este espacio "Habla la experiencia".
Al decir que el Gobierno sigue financiando el gasto desmedido con el dinero de la Anses, comprometiendo así el presente y el futuro de los jubilados no hace más que emitir un alerta que hace más de un año es objeto de nuestras denuncias y que por dicho motivo exigíamos y continuamos exigiendo la inmediata intervención de la Anses, ya que es necesario terminar con el genocidio a la clase pasiva, a mi entender el mayor crimen de lesa humanidad cometido por este gobierno.
Todos los que siguen este blog tienen conocimiento de nuestro pedido que ya es un ultimatum para que se proceda a la intervención de la Anses, dado el peligro de la quiebra de su caja que provocaría el derrumbe dela clase pasiva. Lo venimos intuyendo, pero la Auditoría General de la Nación lo manifiesta claramente en duros términos censurando aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. Ha cuestionado la utilización de fondos de la Anses para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.
Se produce en forma notoria la descapitalización de este patrimonio público, asignado por ley en forma exclusiva y excluyente al sistema de la seguridad social, y que comprometen gravemente su solvencia futura.
Me pregunto para qué existe un organismo cuyas auditorías son desoídas o archivadas por órdenes emanadas de la Casa Rosada.
Dice el editorial, mientras tanto, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, hace profusa propaganda en su campaña como precandidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, basándose en su gestión. En otro país, esto sería un argumento para no confiarle el voto. No le importa a Bossio que, para cubrir "deficiencias estacionales de caja", el Gobierno ha renovado un préstamo de 5000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Esto último es reciente y se agrega a la información del Ministerio de Economía, la semana pasada, en que difundió el negativo resultado fiscal de enero, que arrojó un déficit primario de $ 1457,4 millones, pese al fuerte aporte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Tesoro nacional. El aporte de Anses fue de $ 2.942 millones en el año 2014 y de $4.387 millones en este año.
En la actualidad, de los 450.000 millones de pesos del FGS de la Anses, nada menos que el 65 por ciento son papeles del Gobierno -Letras y Bonos- que deben renovarse debido al creciente déficit del Tesoro que es financiado contrayendo más deuda.
Esta defraudación del Poder Ejecutivo a la clase pasiva, además de constituir un acto ilícito, lleva el sello de inmoral, pues afecta a los mayores indefensos.
Sufrimos el maltrato y la desconsideración del Gobierno porque ya estamos en el período de la vejez, no somos útiles a sus propósitos, no tenemos fuerzas, no podemos obviamente hacer huelgas, no tenemos otros recursos que puedan ayudarnos a llamar la atención de una sociedad sorda y egoísta.
Los años que hemos trabajado para el engrandecimiento del país, aportando además, de nuestros haberes, el dinero necesario para asegurar nuestra vejez, la experiencia ganada que nos da bondad y sabiduría, todo es vilmente despreciado por una generación ambiciosa y corrupta. Es la triste verdad que venimos afrontando.
El ciudadano, al momento de jubilarse, es defraudado deliberadamente, al efectuarse una liquidación menor a lo que corresponde por ley. No tiene otra opción que iniciar por via judicial una acción tendiente a obtener el reajuste de sus haberes. Así ingresa a la dolorosa cofradía delos jubilados. Y así también comienza el via crucis de más de 15 “estaciones”. Los juicios se demoran, se paralizan, se obstruyen maliciosamente, se apelan cuando existe un compromiso internacional de no hacerlo, se desoyen las sentencias judiciales, incluso de la Corte Suprema y no se pagan las sentencias.
Reconforta leer un editorial que defiende nuestros derechos, pero entendemos que ello no basta. El periodismo, todos los medios, no deben solamente difundir esta verdadera tragedia, están obligados dentro de la sociedad a "exigir" la adopción de medidas extremas como la intervención inmediata de un organismo corrupto que, traicionando su función previsional, se ha transformado en un agente financiero del Estado.
Asumimos plenamente el agobio de una ciudadanía sometida a una infinidad de gravísimos problemas, en vísperas de elecciones. A los males conocidos, se agregan encolumnados la muerte dudosa de un fiscal que solicitaba la investigación de encubrimiento a la Presidente y a su Canciller, las trabas que torpemente interponen magistrados de la denominada Justicia Legítima para lograr la impunidad de los funcionarios, el abierto ataque del Poder Ejecutivo al Judicial para someterlo a su voluntad y todos los demás aspectos ligados a la seguridad, al narcotráfico, a la indigencia.
Todo ello no es obstáculo para que le endilguemos a la sociedad su indolencia y desinterés, por no decir su culpabilidad, en haber abandonado la protección de sus mayores.
El Papa Francisco ha dicho que Los ancianos son el tesoro de la sociedad.
"Un pueblo que no respeta a los abuelos es un pueblo sin memoria y por tanto sin futuro"
Levantemos un clamor popular en todo el territorio nacional, para que se ordene sin más trámite la intervención y saneamiento de la Anses.

AUDITORÍA A ANSES ¿PARA CUÁNDO?




30 de mayo 2016 -  ver:  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1202130866887171017#editor/target=post;postID=7297316298894682929;onPublished

Con todas las consecuencias que pueda acarrear, con todas las preocupaciones que le trae al Gobierno, en trance del tratamiento de las leyes de mayor importancia para su gestión, la impunidad de los anteriores funcionarios de la caja que acapara los fondos más grandes del país, no podía dilatarse luego de cinco meses de gestión. Dieciseis auditorías llevadas a cabo por la AGN sobre las graves irregularidades, estafas, saqueos y malversaciones que fueron archivadas por orden de la ex Presidente, deben ahora desenterrarse como valiosos antecedentes de la próxima auditoría.   Este es el último párrafo del blog arriba citado.
Y a continuación nuestro comentario sobre la noticia aparecida hoy 23 de abril en el diario La Nación. Es una burla que hablen de deficiencias en los expedientes cuando es de público conocimiento la total corrupción comprobada y denunciada desde todas las redes sociales.
No hemos votado a este gobierno para que nos continúe engañando con la insólita impunidad a ANSES.



¡ATENCIÓN!
La comedia más irrisoria del gobierno. Después de 16 meses del mandato descubren algunas "irregularidades" en ANSES. Hace cuatro años que a través de 36 notas y artículos venimos pidiendo auditoría al organismo más corrupto de la administración nacional. Cientos de miles de millones se han evaporado en saqueos y defraudaciones, no vengan ahora con el maquillaje de irregularidades en la campaña. ¡Por favor!, terminen con la impunidad de Massa, Bossio, Basavilbaso y compañía. Desentierren los informes, más de 15, de la AGN y tienen para divertirse largo rato.


La Sigen auditó el dinero de la publicidad del organismo y encontró medios inexistentes y deficiencias en los expedientes
LANACION.COM.AR

viernes, 21 de abril de 2017

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA



La Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió revocar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto el arresto domiciliario del  coronel retirado  Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, condenado por sentencia no firme por crímenes de lesa humanidad, por considerar que "carecía de fundamentación, disponiendo el dictado de un nuevo pronunciamiento".
Téngase en cuenta que la intervención del máximo tribunal se debió a un recurso extraordinario deducido por la defensa del militar, referido exclusivamente a la negación del arresto domiciliario. Sin embargo, la comunicación oficial en cuanto al referido fallo, alude a que la Corte ratificó que el Estado tiene el “imperativo impostergable de investigar y sancionar las gravísimas violaciones masivas de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.(sic)
El fallo contó con la firma favorable de  los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sobre cuyos fundamentos nos referiremos más adelante. Los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco votaron en disidencia y quedaron en minoría: entendían que no correspondía tratar el recurso y "mantener el arresto en el establecimiento carcelario donde se hallaba alojado".
Los argumentos del voto de Juan Carlos Maqueda al revocar el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal son irrebatibles toda vez que mencionaba que la detención en un establecimiento carcelario del detenido, afectado de graves patologías cardíacas y en estado senil, podría agravarlo seriamente.
No es muy clara la relación del caso con su declaración de que el tribunal debe actuar con la más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción, en los procesos en que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar, pues se trataba de la negación de una detención domiciliaria.
Por su parte, Horacio Rosatti reseñó en su voto las "notas distintivas" y la "matriz totalitaria" de la dictadura militar. Dijo que la "gravedad y atrocidad de los crímenes constituyen un factor de ponderación al momento de establecer la cuantía de la pena", pero "estos elementos no intervienen al momento de ordenar la prisión domiciliaria". Una aclaración por demás obvia que no necesitaba señalar. 
Consideramos fuera de lugar y de extraño corte político su afirmación  de que "la humanidad contra la cual fueron cometidos  estos crímenes exige del Estado del Derecho, para diferenciarse de la barbarie, la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes. La dictadura de 1976-1983 no sólo tomó el poder sin recurrir a las urnas, reemplazó a las autoridades electas y disolvió los partidos políticos, sino que desarrolló una violencia sistemática propia del "Terrorismo de Estado" que incluyó a la delación, el secuestro, la tortura, el enclaustramiento en centros clandestinos de detención y el homicidio planificado."
Estas afirmaciones no tienen nada que ver con la situación de un preso de 85 años, con graves patologías, ceguera y estado senil, al que se le negaba la prisión domiciliaria. Por lo demás, asombran las expresiones de "violencia sistemática" y "Terrorismo de Estado" en la pluma de un juez de la Corte Suprema de Justicia, en su primer fallo, pues nunca quedó probado que existió violencia "sistemática" en el accionar de las fuerzas armadas durante la lucha contra las formaciones terroristas, ni tampoco se puede invocar que un Estado sea terrorista, El relato histórico que desarrolla sobre la dictadura militar no guarda correlación con los fundamentos de la sentencia dictada sobre este caso particular.
El juez Carlos Rosenkrantz, en su dictámen, coincidió con el argumento de Rosatti "respecto de la carencia de fundamentación de la resolución que había revocado la concesión del arresto domiciliario a interconsultas y sobre la falta de prueba respecto de la existencia de riesgos procesales. El Estado de Derecho hace imprescindible el respeto de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, incluso para aquéllos imputados o condenados por la comisión de delitos aberrantes."  He aquí un juez que emite un fallo propio de la causa sometida a su juicio.
La información periodística sobre la sentencia del Supremo Tribunal de la Nación, no podía apartarse de las consideraciones políticas referentes a las opiniones de organismos populares, la iglesia y funcionarios del Gobierno que poco o nada conocen en materia de procesos penales. Es así que nos dicen que el Gobierno respaldó el fallo de Corte, entre la satisfacción de los familiares y entidades cercanas a los militares detenidos, se cuidan bien de decir "presos políticos", y el silencio de las organizaciones de derechos humanos. Esto último es sintomático porque no se comprende el silencio, desde el momento que la sentencia fue a derecho y humana. 
Y vuelven a resonar las falsías y mentiras del relato cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj expresó al diario LaNación "es un fallo importante y merece que la sociedad lo reciba con la mayor madurez cívica. Cuando hablamos de una agenda de derechos humanos ampliada (sic) sostenemos que debe alcanzar a todos. Si el Código Procesal Penal lo contempla, los problemas de salud lo ameritan y las personas detenidas no presentan peligro de fuga, corresponde la prisión domiciliaria."  Pero luego saca a relucir sus colmillos cuando expresa que la secretaría a su cargo actúa como querellante en 220 causas de "lesa humanidad" y que eso continuará, como una política de Estado orientada "al respeto y cuidado de los derechos humanos para todos."
El señor Avruj puede hacer declaraciones de adhesión fingiendo maliciosamente su beneplácito, pero la madurez cívica la tendremos nosotros al decirle que si la Sala IV de la Cámara Federal de
Casación Penal revocó la orden de prisión domiciliaria del anciano detenido, fue a pedido de la parte querellante, que no es otra que la secretaría a su cargo. 
Esta es una magnífica oportunidad para que se respete la independencia del Poder Judicial, ya que la Secretaría de Derechos Humanos, siendo parte del Poder Ejecutivo viene actuando como querellante ilegítimamente en los juicios de "lesa humanidad" desde la administración de los Kirchner y así ha continuado y se ha acentuado, si nos atenemos a las palabras del Presidente de la Corte Suprema que así lo afirmó en un discurso frente a la presencia del Presidente Mauricio Macri, con la formal promesa de incentivar nuevos juicios.
Vino el destino a deparar la circunstancia de que llegara al Supremo, el caso de una prisión domiciliaria de un militar, preso político, como podía haber sido la de un delincuente común, en cuyo caso nadie le hubiera prestado la mínima atención.
Este vicio jurídico de aristas políticas pronunciadas ha tenido por objeto una suerte de venganza en reemplazo de la justicia, que trajo por consecuencia la formación de jueces, fiscales y testigos que acusaron y juzgaron con perversa premeditación  a los propios soldados que los derrotaron en las luchas contra el terrorismo.
Es un hecho fortuito que nos brinda la posibilidad de comenzar por la extremidades inferiores hasta llegar al cuerpo principal denominado lesa humanidad,  toda vez que la misión y las funciones del superior tribunal de la nación, la Corte Suprema de Justicia no pueden quedar relegadas a juicios de menor cuantía, sin avocarse al estudio serio y responsable de la legitimidad del proceso que corresponde a juicios de gran importancia como los que se están desarrollando contra militares y civiles, los menos, con total menosprecio de principios y leyes de Derecho Penal, vulneradas permanentemente. Ha quedado en el olvido el documento firmado hace ocho meses por 12 prestigiosos juristas que expone detalladamente la insanable nulidad de los juicios. 
Si el Consejo de la Magistratura aprobó la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el país no habría inconveniente en dar cabida a la auditoría de los jueces y fiscales federales que intervinieron en los juicios de "lesa humanidad". La investigación sobre el carácter netamente político de la sustanciación de los mismos, permitiría lograr el ordenamiento tan deseado de la Justicia y el juicio político a los que cometieron prevaricato en el ejercicio de sus funciones, por patente y manifiesta inobservancia de la leyes y procedimientos establecidos por la Constitución.
Este es el paso inexcusable y acuciante que el Gobierno debe afrontar con firmeza, a riesgo de que en las alforjas de su gestión, quede como un estigma imborrable.



 
















jueves, 20 de abril de 2017

EL SILENCIO DEL PERIODISMO II

¿Se ha visto en los principales periódicos del país la publicación de esta importante noticia con los caracteres de este pequeño informativo Notiar? Ver el artículo sobre este particular
La presidenta de Suiza, Doris Leuthard, de visita en el país desde el lunes, elogió la política seguida por el Gobierno, al afirmar que "la Argentina ha tomado el camino…
NOTIAR.COM



No hay ninguna duda de que los prestigiosos periódicos del país, se abstienen de publicar noticias relevantes de orden oficial por motivos ideológicos, económicos, indolentes o de desinterés.