MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS

Dirigentes gremiales y de organizaciones sociales realizaron un paro, cuarenta cortes de calles e interrumpieron el servicio del subte en Buenos Aires, como rechazo a los ajustes del gobierno. Ademas, no hubo bancos por una huelga a nivel nacional.

Incluye paros de 24 horas de docentes, otro de 48 horas de los trabajadores judiciales. Participan CTEP, UTE, SADOP, ATE, metrodelegados y una rama de Camioneros.

El año pasado, ante una situación similar que provoca un caos en el desarrollo de las actividades normales de los ciudadanos, el diario La Nación publicó un editorial, documento extraordinario titulado "ElParo del Miedo" que mereció nuestro comentario que hoy actualizamos con los siguientes conceptos:

El artículo expresa :“No ven la realidad” los dirigentes sociales, los gremios docentes, los activistas de la memoria y los kirchneristas de la victoria. Me permito agregar, por razones bien fundadas, a los jueces y fiscales que procesan a los acusados de delitos de lesa humanidad y a un núcleo importante de periodistas en el ámbito radial y televisivo. 

El artículo: expresa “No ven la realidad” en el manejo de subsidios, exhibiciones y festivales; en la compra de trenes, en la gestión de Aerolíneas y en las adquisiciones torcidas, en todos los ministerios. Me permito agregar  que tampoco la ven en el corrupto organismo ANSES, no auditado ni investigado por razones no aclaradas, pero que ha sufrido los mayores saqueos y desfalcos en favor de las arcas de los jerarcas kirchneristas, en perjuicio inhumano de millones de jubilados.

El artículo expresa que los activistas de derechos humanos, cuando reivindican al ERP y a Montoneros, en realidad demuestran su pavor de que se hagan públicos expedientes que el kircnerismo mantuvo secretos. Me permito agregar que tienen miedo de que salga a conocimiento público la farsa de los juicios ilegales llevados a cabo, en nombre de los derechos humanos,  por una justicia mercenaria que todavía continúa prevaricando.

El artículo expresa tienen miedo quienes operan en estructuras de corrupción en áreas críticas, como la seguridad, la Aduana o la Salud. Me permito agregar las dos estructuras faltantes en la enumeración y que ya fueron objeto de nuestra atención .

El área de la previsión social donde ANSES otorgó jubilaciones a decenas de miles de extranjeros de países limítrofes y repartió fondos e indemnizaciones  de la caja de jubilados por orden de la expresidente, y el área de la justicia federal , una estructura de corrupción incalificable por tratarse del atropello absoluto a los derechos humanos.

Por último, me permito agregar  que al procurar la vuelta al anterior gobierno es porque tienen miedo al fallo de la justicia y de la sociedad por la criminal acción cometida por dejar  vacías las aulas de los colegios públicos, en perjuicio de millones de niños argentinos, por motivos ajenos a los convenios salariales, y que responden a la complicidad con organizaciones sindicales de ultra izquierda y movimientos piqueteros y subversivos.

Estos movimientos no engañan al ciudadano común que ya advierte una doble intención, la protesta y el golpismo.

Pueden haber y se respetan reclamos por la carestía y la inflación, aún cuando sus causas fueron producto de una corrupción de quince años, pero la principal finalidad estriba en el derrocamiento del gobierno para no perder las regalías obtenidas durante el delirante relato y el  saqueo del kirchnerismo.

LAS CATACUMBAS

Sabemos que las catacumbas son galerías subterráneas usadas como cementerios, originadas en el siglo II hasta el siglo V. Famosas son las catacumbas descubiertas en la ciudad de Roma. Nuestro comentario de la fecha apela a esta denominación para referirse al organismo nacional Anses.

Ningún apelativo debe ser mejor que el elegido, por razones muy relacionadas al entierro de secretos, auditorías, defraudaciones, connivencias políticas y al descomunal manejo de dinero, al contado rabioso y en acciones millonarias.

Al no dar respuesta a nuestros numerosos petitorios, el gobierno ha incumplido sus obligaciones de orden constitucional

Nuestras publicaciones sobre el contenido enterrado en estas catacumbas sobrepasan el centenar, al igual que las denuncias de la AGN en los informes de sus auditorías que fueron archivados por orden de la ex presidente, pero nunca despertaron la curiosidad de los gobiernos, ni de la sociedad ni la de los periodistas, y suponemos que así continuará por los siglos subsiguientes debido a la características de este antro de corrupción proveedor de livery de cualquier solución monetaria de extrema necesidad, que brotará de inmediato del chorro inagotable de su sempiterna manguera, sin distinción de clientes, oficiales, políticos, financistas, terroristas, deportistas y en especial el órgano fiscal.

La formación de este insondable fondo proviene de una antigua y logística maniobra consistente en el sistemático agenciamiento de los millones de aportes realizados por los empleados como garantía de su futuro retiro, llamado jubilación, agregados a los que efectúan las patronales con la misma finalidad.

La defraudación se completa con un pago menor al que corresponde al momento de la jubilación de los incautos.

De ahí surge que los perjudicados inician juicios contra Anses, que la justicia falla siempre a su favor, pero cuyas sentencias el Estado no paga y se constituye en alegre deudor moroso, hasta que las velas ardan.

Esta modalidad humanística contra ancianos se puede constatar fácilmente si se llevaran a cabo las auditorías, investigaciones por denuncias y saqueos públicos a la vista, algunos protegidos por leyes, pero la mayoría con la mayor impunidad, y que ningún gobierno realizó directamente porque se les cantó.

No era broma cuando decíamos que el “vamos por todo” fue pronunciado por Cristina con los ojos dirigidos a las catacumbas de Anses.

Nunca se pueden justificar las maniobras fraudulentas y los robos a cara descubierta realizados en forma permanente, como las compras sin licitación, ni los pagos a beneficiarios militantes que no cumplían las condiciones de jubilarse y muchas más que sería ocioso detallar, como la venta a la quiebra de acciones muy por debajo de sus valores para favorecer a funcionarios y banqueros, pero lo que resulta imperdonable es la jubilación fraguada de más de 15.000 extranjeros, paraguayos, bolivianos, peruanos, que recién ahora se da a luz con la simple información de que se cancelaron 4.780 jubilaciones. Pero aclaren, señores, quién los jubiló, quien fue capaz de semejante ofensa al la dignidad del país. Eso también quedará enterrado en las catacumbas

¡Vaya gobierno democrático, justo y honesto que votamos.!

ESTUPENDA EJEMPLIFICACIÓN

El 27 de marzo publiqué en éste mi blogspot un artículo referente al vicio imperante en las oficinas públicas sobre el trámite de insólita demora que se observa, ya con naturalidad, en el "expedienteo" de los asuntos llevados a tratar en sus oficinas  rebasadas de empleados que, los sindicaba como apasionados lectores de la literatura kafkiana. Ver el link:

  https://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2018/03/el-redito-de-la-paciencia.html?spref=fb


Me sorprendió muy gratamente leer una carta de lectores en el
diario La Nación, escrita por el señor Javier F Santangelo, donde en breves líneas expone la situación por la que atravesó, con una conclusión que dice más que todo mi artículo. 

Sueños

El otro día fui a hacer un trámite en la línea de cajas del Banco Provincia, sucursal Olivos. Me dieron un número y me senté en una silla que tenía cerca una gigantografía publicitaria con la leyenda: "Banco Provincia te acerca a tus sueños". En ese momento no pude imaginar a qué se refería la publicidad, hasta que me quedé dormido esperando a que me atendieran.

Javier F. Santangelo

DNI 7.627.396

LEY 14910 - INCONSTITUCIONAL

LEY 14910 - INCONSTITUCIONAL
El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, compañero de Avruj, secretario nacional del mismo cargo, sabe aprovechar muy bien el curro inventado por los Kirchner y se constituyó por voluntad propia, luego aprobado por la gobernadora, en querellante de todos los juicios de lesa humanidad procesados en la provincia
Tuvo participación directa en la famosa expresión simbólica de su colega Avruj y sostuvo contra las cifras oficiales publicadas, imponer la cifra de 30.000 desaparecidos con carácter simbólico.
Influyó, por no decir obligó, a la gobernadora para promulgar una escandalosa e insólita ley provincial destinada a reconocer esa cifra en todos los documentos públicos, en forma mandatoria. Un disparate que nadie, ni el periodismo refinado, se atrevió a criticar como correspondía. Las palabras de Cantón fueron:
"Tenemos que aceptar los 30.000 porque ésa es la posición que plantearon los organismos que eran las personas más cercanas en tiempo y espacio a lo que estaba pasando en ese momento. Punto. No se discute más". Un final verdaderamente democrático.
Pero lo que se cuidó muy bien de aclarar, era de que esa ficticia y mentirosa cifra, convalidaba las indemnizaciones y ayudas dispuestas por ley nacional y los subsidios con que generosamente los países europeos contribuían, tomando como base los aumentos de desaparecidos que informaban los traficantes organismos humanos. A mayor cantidad, mayores ingresos. Una estafa de alto vuelo que involucraba miles de millones de dólares a desaparecidos que aparecían a cobrar, con el consiguiente porcentaje a los inhumanos organismos y organizaciones de derecho humanos.
Obviamente, la cantidad de beneficiados y las sumas derrochadas en ese cínico acto legal, jamás fueron informadas por el gobierno actual, a pesar de la transparencia que rige todos sus actos.
Como agregado siniestro, quizá pocos conozcan que se pagaron y se siguen pagando por Anses según lo reza la misma ley.
El profesor Mario Sandoval, nacido en Argentina, nacionalizado francés, nos envía desde Paris un trabajo realizado acerca de la inconstitucionalidad de la absurda ley arriba citada, que consideramos extraordinario. Nos agrada reproducirlo más abajo y recomendamos su atenta lectura, pues es un documento digno de ser analizado y estudiado en nuestros centros universitarios
UNA "HISTORIA OFICIAL".
Nadie puede oponerse ni discutirla, bajo pena de ser acusado de negacionista
Por Mario Sandoval
Actualmente, los miembros del G-20 como el resto de otros países, viven bajo formas diversas las amenazas y los actos del terrorismo internacional. Numerosas familias lloran sus muertos y sus heridos, los gobiernos elaboran legislaciones y programa para proteger sus ciudadanos. El dolor, el recuerdo de esas víctimas o denunciar los autores de esos hechos criminales, no pueden borrarse por voluntad política. Son los historiadores que deben confrontar sus investigaciones, oponer tesis, analizar y validar hechos históricos, pero jamás el Estado puede imponer una dictadura de la historia oficial (virtual) como dogma porque significaría decretar la muerte de la historia real e ignorar hechos, indultar verdaderos culpables o acusar inocentes reales.
- En los años 70 en Argentina (como otros países de la región), instituciones, empresas, hombres, mujeres, infantes, familias sufrieron los hechos criminales de grupos terroristas que causaron víctimas ignoradas a la fecha. Los autores de esos hechos hoy en libertad gozan de la inmunidad política, jurídica y de una parte de la sociedad. La reivindicación de esa lucha armada permanece aún en los genes de algunos sectores mimetizados en militantes de derechos humanos, parlamentarios, periodistas, académicos...
- Esos defensores de la lucha armada de los 70’ que se auto titulan militantes de derechos humanos, rechazan todo debate histórico de esos años, violan con orgullo los derechos humanos los cuales dicen defender. Se oponen visceralmente al reconocimiento de derechos fundamentales a un grupo socio-profesional representativo de los años 70’
La inconstitucional ley 14910
Sabiendo que la ley no puede interferir en la historia, y que es únicamente el resultado multidisciplinario de la historia objetiva, la que debe establecer lo que existió o no. Pese a ello, el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, sancionó la escandalosa Ley 14910 del 23marzo2017, cuyo texto dice: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto de la inconstitucional ley 14910 fue presentado por el senador Darío Hugo Diaz Pérez , del Frente para la Victoria.
- A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se instauró en el país una dictadura que implantó el “terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina” como dijera Rodolfo Walsh en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar poco antes de su asesinato y desaparición, a los fines de imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro, de apertura económica, disminuyendo el Estado social, avanzando hacia la concentración económica.
- El golpe se instauró mediante la violencia estatal y paraestatal, y fue la instancia más reciente de un proceso de alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante el siglo XX, donde las FF.AA. fueron actores de poder clave (golpe del año 1930-1932, el del año 1943-1946, la “Revolución Libertadora” del año 1955-1958, luego el de los años1962-1963 y 1966-1973).
- El régimen militar que toma el poder en 1976 fue la expresión más álgida en ese proceso histórico al cristalizar un verdadero genocidio. El objetivo fue instaurar el modelo de país mencionado, para lo cual se hacía necesario eliminar al activismo social, desmantelar la organización popular, disciplinar a la sociedad y vaciarla hasta de su propia memoria, lo que requirió poner la totalidad de las instituciones del Estado al servicio del terror.
- A 40 años de la más atroz dictadura que nuestra Patria haya soportado, no podemos permitir que aún hoy, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo esos años, o minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero “negacionismo”.
- El “negacionismo”, término acuñado para la negación del genocidio perpetrado por los nazis a la población judía y restantes minorías durante la segunda guerra mundial, se ha extendido a la negación de los genocidios en general. Son comportamientos y discursos que niegan, al menos parcialmente, la realidad de ciertos sucesos históricos percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia, objeto de procesos de elaboración científica y/o judicial de las responsabilidades que de ellos derivan. A nivel mundial se han incrementado los esfuerzos para el efectivo combate al negacionismo de todos los genocidios. Es un delito en Suiza, Alemania, Austria, Francia, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Andorra, Hungría, Grecia, entre otros.
- Los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas y familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El cuestionamiento del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a procesos históricos son los argumentos prototípicos.
- Por eso, desde un espíritu pedagógico, en pos del fortalecimiento de la grandeza de nuestro pueblo como nación, se hace necesario aportar a la superación de este debate recatando de forma irreversible a ese “pueblo de las sombras”, esos 30.000 desaparecidos, y con la fortaleza de las palabras Nunca Más dar lugar al “cómodo país del olvido”, tal como declarara Julio Cortázar en su discurso pronunciado en el “Coloquio de París”, 1 de febrero de 1981, construyendo “desde el presente hacia el futuro un muro que impida que vuelvan a ocurrir cosas como las que vivimos en Argentina en la larga noche del horror”. (Eduardo Luis Duhalde)
No hay ningún principio pedagógico en esos fundamentos, porque se constata la imposición de argumentos radicales, subjetivos, inexactos, sirviendo de pilares orientados a promulgar una Ley de un estado totalitario y no de un gobierno declarado democrático.
También indecentes e inquietantes fueron las palabras de los diputados provinciales en la sesión del 23 marzo 2017 como lo demuestra el Diario de Sesiones n°1 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/diari…/diario1451.pdf bajo la presidencia del Diputado Carlos Ramiro Gutiérrez y de Manuel Mosca. El supuesto debate parlamentario fue en realidad el centro de numerosas reivindicaciones propias de una asamblea de militantes combativo de una unidad básica de los 70 y no de discusiones o proposiciones de representantes del legislativo.
- La diputada Karina María Nazábal finalizó su ilegal argumentario con: “Son, fueron y serán 30.000. Fue un genocidio. Memoria Verdad y Justicia. Nunca más. Viva la Patria, compañeros”.
- Siguieron las preocupantes afirmaciones del diputado Miguel Angel Funes, quien afirmó: “Fueron 30.000, señor Presidente; 30.000, es bueno repetirlo; fueron, son y serán siempre 30.000. La cifra, que no es arbitraria ni discutible, es a esta altura, parte de nuestra memoria colectiva y, como tal, no le pertenece a un investigador ni a un organismo, le pertenece al pueblo que la consagró como verdadera, que la pintó en paredes, que la pintó en sus banderas y que la defendió, junto a las Madres y las Abuelas en la Plaza de Mayo…”
- Continuaron en esa misma línea reivindicativa, los parlamentarios Graciela Nora Rego, Marcelo Eduardo Díaz, Mario Pablo Giacobbe, Mónica Schlotthauer.
- El solo voto negativo fue la del diputado Guillermo Castello3 (página 26 del Diario de Sesiones) quien contesta abiertamente esa ley.
Guillermo Castello, sobre los 30 mil desaparecidos: “Es una ley fascista, estalinista”, .
Visto la ley 14910, los fundamentos y las declaraciones de la sesión parlamentaria del 23 marzo 2017. Es sorprendente y preocupante el texto de ley, sus fundamentos y los discursos de los parlamentarios bonaerenses, jurídicamente debe ser sujeto de análisis para que un magistrado se interese y determine si corresponde la intervención de la justicia o no,
Con la ley 14910, el poder ejecutivo bonaerense reescribió la historia argentina, impone una verdad política-ideológica, prohíbe la confrontación democrática, histórica, jurídica de hechos existentes, politiza la función pública. Esa ley viola principios constitucionales, convencionales, el principio de libertad de expresión, de opinión, de pensar libremente sus ideas, censura toda actividad de investigación e interpretación histórica. Toda manifestación opuesta a esa “verdad oficial”, seria contraria al diktat del gobierno provincial.
¿Cuál fue el objetivo de la gobernadora María Eugenia Vidal del partido Cambiemos y de su Secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón con esa ley? Ambos comprenden su ilegalidad, pero sobre todo el significado e impacto de imponer una ley de historia oficial. Si con ella el objetivo era crear una cohesión y pacificación social el resultado es todo lo contrario. La sociedad no puede observar pasivamente cuando se promueve la impunidad de la violencia armada de los 70, no se reconocen las victimas que dejaron los grupos terroristas de esa época, cuando ellos mismos se dicen defensores de los derechos humanos. Hay que escuchar el silenci
El gobierno de María Vidal hace caso omiso al principio reconocido que el objetivo de una ley no es proscribir o limitar la libertad, sino que. “Así, pues, yérrese o no en el particular, el fin de la ley no es abolir o restringir sino preservar y ensanchar la libertad. Pues en todos los estados de las criaturas capaces de leyes, donde no hay ley no hay libertad. Porque libertad es hallarse libre de opresión y violencia ajenas, lo que no puede acaecer cuando no hay ley; y no se trata, como ya dijimos, de "libertad de hacer cada cual lo que le apetezca". ¿Quién podría ser libre, cuando la apetencia de cualquier otro hombre pudiera sojuzgarle? Mas se trata de la libertad de disponer y ordenar libremente, como le plazca, su persona, acciones, posesiones y todos sus bienes dentro de lo que consintieren las leyes a que está sometido; y, por lo tanto, no verse sujeto a la voluntad arbitraria de otro, sino seguir libremente la suya (John Locke)
La ley 14910 no solo es inconstitucional y violatoria de principios convencionales, sino también es una ley oportunista, electoralista, populista, porque ni la gobernadora Vidal ni el secretario de Derechos Humanos Cantón, promueven un encuentro, seden un espacio o reconocen públicamente a las víctimas que dejaron las organizaciones terroristas que ellos mismos en nombre del gobierno provincial reciben, acogen, reconocen a los familiares de esos terroristas o los “militantes” que continúan con la doctrina de venganza, mentira, injusticia. Las autoridades de gobiernos y los parlamentarios tuvieron la intensión deliberada de falsificar los hechos.
En el texto de la ley 14910, los fundamentos presentados por el senador Darío Hugo Diaz Pérez y las declamaciones de los parlamentarios provinciales, las explicaciones o palabras utilizados más que errores son mentiras. Estos defensores de una tautología ideologizada aprovechan la impresión de una verdad para comunicar falsas ideas, sus argumentos son en realidad un sofisma con la finalidad de inducir en error a la sociedad y la comunidad internacional. Las “referencias”, que reemplazan el estudio de impacto de todo proyecto de ley, son discursos políticos de ex miembros de organizaciones terrorista5s, responsables de crímenes y delitos, que amenazaron la sociedad y las instituciones del Estado. Las autoridades del gobierno bonaerense, sus parlamentarios y los defensores de su doctrina, no quieren reconocer una realidad histórica y jurídica: En Argentina jurídicamente no hubo genocidio, jurídicamente no existe el concepto o delito de Terrorismo de Estado que es una definición política e ideológica y el número de 30000 desaparecidos no tiene validación jurídica. Nadie mínimamente honesto puede decir lo contrario. No modificando su posición, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no garantiza las obligaciones positivas de los ciudadanos, viola los principios del Estado de Derecho y comete un crimen de Estado.
- Los promotores de la ley hablan impunemente de genocidio, terrorismo de Estado, negacionismo, elimina, disciplinar, 30000 desaparecidos, vaciarla de su memoria… utilizando una estrategia de intimidación a la sociedad y a todo opositor a esa historia oficial.
- Estos defensores de una justicia humanista teatralizada dicen defender los derechos humanos y al mismo tiempo violan esos derechos a terceros que no comparten su ideología. Ese mismo método lo repiten al designar con el vocablo negacionista a aquellos que no comparten su falsa historia política, cuando ellos mismos niegan una realidad histórica. Por ejemplo: Para los “militantes detentores de la verdad dogmáticas, refractarios al principio de duda cartesiana”, en la Argentina “virtual” del periodo 76-83 hubo genocidio, terrorismo de estado, asesinatos, secuestros, desaparecidos, pero en la Argentina “real”, la que ellos ignoran voluntariamente su existencia temporal, en ese mismo periodo hubo asesinatos, secuestros extorsivos, atentados terroristas, víctimas de grupos diversos, que para los primeros (los defensores de la Argentina virtual) son inexistentes, los niegan o hacen abstracción. Los otros muertos de la verdadera historia argentina son en realidad seres no vivos pero que nadie se interesa.
La ley 14910 y sus diversos promotores, emplean para negar la verdad histórica, objetiva, completa, los mismos métodos y técnicas de los negacionistas que ellos dicen combatir. Por ejemplo:
- Utilizando la retórica del espantapájaros: sofisma que consiste en presentar voluntariamente la posición del adversario de forma deliberadamente errónea. Es formular un argumento fácilmente refutable y luego atribuirlo al adversario. Luchar contra la representación debilitada del adversario garantiza una victoria fácil, es imponer
Es sorprendente la utilización de la palabra terror en la boca de un terrorista, que es más una tautología que un análisis político. Es escuchar un anarquista que habla del desorden social….
una historia oficial que en realidad es una historia falsa (argumento de falsa declaración).
- Esa falacia es para Schopenhauer6 la estratagema de la extensión: retomar la afirmación del adversario llevándola más allá de sus límites naturales, dándole un significado lo más amplio y general posible y exagerándolo, manteniendo los límites de sus propias posiciones lo más restringidos posible. La historia oficial mismo falsa se instala.
- Ejerciendo la hipercrítica de fuentes (pruebas insuficientes): Método que consiste a denunciar que los detalles no son claros o son contradictorios, entonces toda la explicación es falsa, en consecuencia, las pruebas avanzadas por esta explicación son en realidad de refutaciones. La ausencia de pruebas vale prueba de ausencia de los hechos invocados. Es la negación pura y simple de una serie de hechos establecidos.
- Abogan por la libertad de expresión y la libertad de investigación histórica (que por naturaleza no puede considerar ninguna "verdad oficial" como definitiva) para legitimar sus mentiras.
Finalmente,
La ley 14910 viola las obligaciones del preámbulo de la Constitución Nacional: “…de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad…”. Prohíbe que historiadores e investigadores nacionales o extranjeros, puedan manifestar estudios contrarios a la legislación impuesta. ¿Como responder a académicos extranjeros que saquen conclusiones diferentes de las determinadas en el texto de ley? Y las victimas extranjeras como pueden contestar las disposiciones del gobierno bonaerense sin prohibirles el acceso a la justicia.
- Visto la pasividad cómplice del Gobierno Nacional y sus autoridades respectivas en particular el Ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, los parlamentarios de la Nación en particular la comisión de Derechos Humanos y el silencio de los medios,
La inconstitucional ley 14910, legitima y victimiza la violencia armada de los 70’ en Argentina, victimiza los autores de más de 17000 crímenes y delitos cometidos por terroristas, victimiza los que actualmente continúan a revindicar la acción de los terroristas en los años 70’ en nombre de jóvenes idealistas que únicamente querían un mundo mejor, en paz y sin violencia.
Recordando que el negacionismo no existe como infracción penal en Argentina, que la creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 19878. La utilización de ese término en el debate de la historia política argentina no solamente es inoperante, inexacto e ilegal, sino que moralmente infundado porque que jurídicamente en Argentina no hubo genocidio, no existiendo en consecuencia genocidas.
- La palabra negacionismo, no puede ser utilizada para criminalizar, callar, perseguir, escrachar o intimidar los opositores a las afirmaciones dictatoriales de la historia oficial sin posibilidad de ejercitar el principio del debate contradictorio, propio de la historia. No se puede asociar ese vocablo creado por una situación dolorosa, muy grave, particular, para así justificar toda aventura política.
- El argumento de negacionismo de los detentores de la historia oficial es en la practica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar la verdadera historia de los 70 en Argentina. Es negar los actos terroristas, los crímenes y delitos de la lucha armada o de los que intentaron tomar por las armas el gobierno, que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se presentan como inocentes que solo querían un mundo mejor. En realidad, son verdaderos cobardes, falsos revolucionarios, puro oportunistas. No hacen honor a sus camaradas combatientes que armas en mano dieron sus vidas por una causa, una idea.
La Ley 14910 al violar la Constitución automáticamente habilita y legitima la obligación ciudadana de defender la Patria y la Constitución Nacional conforme al artículo 21 de la Carta Magna. La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Vidal, su secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón, el senador Darío Hugo Diaz Pérez, los diputados Carlos Ramiro Gutiérrez, Manuel Mosca, Karina María Nazábal, Miguel Angel Funes, Graciela Nora Rego, Marcelo Eduardo Díaz, Mario Pablo Giacobbe, Mónica Schlotthauer así como los parlamentarios que votaron el proyecto de ley, violan la Constitución Nacional, convenciones internacionales, amenazan el orden público y el orden constitucional, son enemigos de la Nación que promueven lo contrario de la pacificación y cohesión social. Como tal deben ser sancionados en todo tiempo y lugar. Los métodos y medios deben sin límites con aquellos sectores que una vez más buscan dividir la sociedad y llevarlas a una confrontación.
Yo repudio y contesto la ley 14910 de la Provincia de Buenos Aires que impone una historia oficial, habiendo utilizado para su promulgación métodos propios de una dictadura. Esa norma viola impunemente principios jurídicos fundamentales, bases democráticas y los derechos humanos de la mayoría de los argentinos, no es una verdad irrefutable ¿quiere decir que soy negacionista? Mario Sandoval

EL RÉDITO DE LA PACIENCIA

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Los sueldos, las vacaciones y el bienestar de los empleados públicos lo pagamos todos los ciudadanos de este querido país, ellos son nuestros “servidores” administrativos para las gestiones que llevamos a cabo en las oficinas del gobierno, nacionales, provinciales y municipales..

Este pequeño introito se debe a que he leído que en la provincia de Buenos Aires los   trámites jubilatorios solicitados por una maestra o profesor demora, en promedio, entre 3 y 4 años. Así que, como mínimo, los docentes alcanzados por esta medida estarían ese tiempo cobrando casi la mitad de su sueldo y sin recibir el sueldo anual complementario ni los incrementos de salario que perciban quienes se encuentran en actividad.

Primero me pregunto con un grado de imbecilidad que invade mi cerebro, por no ser ducho en este tipo de manejo de complejo expedienteo, ¿puede durar hasta cuatro años este trámite? ¿Será que archivar el expediente requiere alta dosis de conocimiento de aritmética y de abecedario, todavía no alcanzado por nuestros servidores? ¿ ¿No hay adelantos técnico de computación que abrevian y simplifican la tarea burocrática?  ¿Habrán pensado, siquiera imaginado, que los años pasan también para ellos y que algún día tendrán que enfrentar esa misma situación?. 

Mi intriga se acentúa cuando rebobino mis 29 años de jubilado en continua lidia con Anses, mi deudor moroso, que luego de 20 años de sentencia firme ordenada por la Justicia no hace honor al compromiso y todavía no me paga. Lo atribuyo a un problema kafkiano cuya demora voluntaria se debe más a malignidad que a ignorancia o decrepitud.

Es muy probable que los empleados de marras sean cultores de la literatura clásica y su afición los haya inclinado a la lectura de Franz Kafka, el gran escritor de las situaciones absurdas, complicadas e inexplicables y a quien muchos sindican como enemigo de la burocracia. 
Lo que estamos señalando es de rutina en todas las oficinas estatales desde tiempos inmemoriales y nada nos advierte de un cambio razonable. De su sola continuidad, las iniquidades pasan a ser naturales.
Sin embargo, los intereses creados, como decía Jacinto Benavente, gobiernan al mundo y nos encontramos con la extraordinaria eficacia, agilidad y conocimiento del organismo succionador del pueblo, denominado Afip. A contrario sensu de Anses, este colosal órgano tributario, liquida y exige con asombrosa rapidez  el pago de los impuestos fijados por el gobierno, los que calcula con tan prodigiosa exactitud que es sólo privativa de aventajados cerebros matemáticos.
Es que el conocimiento de las leyes tributarias y las condiciones y excepciones para su aplicación, merece estudios avanzados de tipo universitario que el vulgar de la gente desconoce o no entiende Hasta existen contradicciones y polémicas entre los mismos doctores en ciencias económicas, que no siempre son zanjadas por los especialistas del organismo. 
Además, advirtamos que en la Argentina se pagan los impuestos más altos y numerosos de América Latina. 
Un conocido caso especial que traigo a colación se refiere a un ciudadano millonario que  adeuda al Estado desde hace 10 años 8.000 millones de pesos que recolectó de los impuestos pagados por las estaciones de servicio y que utilizó para comprar empresas. De unos pocos días de prisión fue liberado por un tribunal, goza de los aires de la libertad y puede acogerse a la moratoria. Se llama Cristóbal López. Otro ciudadano  trabajador casado y con hijos, gana 12.000 pesos mensuales y no pudo pagar sus dos últimas cuotas del impuesto a las ganancias. Fue intimado como un criminal y se le embargó el sueldo. Se llama Juan Pérez.
De todas estas consideraciones realistas, que no faltan a la verdad, se deduce que la sociedad, los gobernantes, los legisladores y los funcionarios de la justicia no cumplen con la afirmación que constituye un axioma, "todos los hombres son iguales ante la ley" y agregamos, no sólo ante la ley, sino en el tratamiento que se les brinda en todas sus actividades diarias. 
¡Qué lejos estamos de cumplir con tan sencillo aforismo!
Los cuatro años de espera para el trámite inicial de una jubilación, los veinte años de espera para el cobro de un juicio, el goce de la libertad de un personaje que se burla de las leyes, el inmediato castigo al humilde deudor de un impuesto, las desmesuradas demoras en los trámites de sencillos expedientes en las oficinas oficiales, la indiferencia por indolencia de los medios de opinión que ignoran estos vicios arraigados en la sociedad, en lugar de combatirlos en sus editoriales, son un síntoma de males mayores que somos incapaces de erradicar.
Ante este severo y penoso panorama, ¿Estamos en condiciones de salir a debatir problemas de gran trascendencia para futuras generaciones, como el aborto, leyes civiles y penales, sistema integral jubilatorio y todo lo que se relaciona con el sexo? La improvisación, la política partidaria, las ideologías modernas, la carencia de educación, de responsabilidad y de respeto al prójimo, son obstáculos que nos llaman a la necesidad de sedimentar las pasiones. Es el paso obligado frente al peligro de comprometer el futuro, y no es imposible su concreción, por el contrario, como decía mi abuelo, sólo falta saliva, empeño y buena letra.

UN ORGANISMO IMPOSTOR

Son numerosas las publicaciones de este blogspot que he enviado a la Presidencia, al igual que a la Jefatura de Gabinete y al director de Anses, con críticasy reclamos realizados con el mayor respeto, sin que haya tenido alguna respuesta, sólo una, de hace más de un año, del señor Peña que agradecía el envío y prometía su consideración, nada más. Quizá les llame la atención el saber que desde la iniciación del gobierno hemos escrito 125 artículos, todos remitidos a vuestras oficinas, ¿qué hicieron con ellos¿ ¿los archivaron en vuestros anaqueles? ¿los derivaron a los canastos? ¿Habrán leído algunos, para su consideración? Les adelantamos un muy pequeño resumen de varios de los mismos que, como apreciarán no son panfletos revolucionarios, ni con golpismo incitado, ni son insultantes, sino más bien con lógicos y pacientes argumentos sobre realidades que son innegables.

26 diciembre de 2015

EXIGIMOS INTERVENCIÓN A LA ANSES (IV)

El desconcierto que nos provoca la indiferencia de la sociedad por la angustiosa situación por la que atraviesan los jubilados, nos motiva a insistir con partícular vehemencia en la perentoria necesidad de hacernos escuchar Es insólito e incomprensible, como lo venimos diciendo en centenares de cartas y escritos., el silencio ominoso en que se encierran los políticos, funcionarios, periodistas, comentaristas, e intelectuales ante una realidad angustiante que inexorablemte les llegará a ellos como una ley implacable de la naturaleza humana., los años, si Dios les da vida.

Año 2016

Es bien conocida la lucha que llevo manteniendo para que Anses sea intervenida. Malversación de fondos, estafas, administración fraudulenta, saqueo de los fondos, financiaciones no previstas Fútbol para todos, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y muchas más que justifican con amplitud varias auditorías y decididamente una intervención.Hoy leo en el diario Clarin la publicación de seis cartas de lectores referidas al tema de los jubilados y todas, sin excepción al exponer sus lógicos reclamos individuales citan la palabra olvidada: Anses.
¿Qué temores le pueden asaltar al Gobierno para no responder a este clamor popular? ¿Políticos, económicos, sociales? ¿Hay compromisos ocultos? ¿Hay razones de Caja?.
Todo silencio genera dudas que deben aquietarse con urgencia.

8-3-16

Necesito que se me informe, finalmente, si con un gesto de “nobleza obliga”, Baldivieso ha tendido un manto de impunidad a su antecesor Diego Bossio, hoy estrella política, al quebrar el FPV y apoyar las medidas del gobierno.

10-5-16

ya hemos escrito y difundido en esta columna, más de treinta publicaciones, la mayoría de ella con el mismo título de la presente ¿Y la ANSES?, además de dos cartas abiertas al director Emilio Basavilbaso. Nos sigue aleteando la sospecha de que es un pago de servicios de impunidad al exdirector Diego Bossio, por su oportuno y disimulado gatopardismo, al provocar una grieta en el FPV muy favorable al PRO en la Cámara de Diputados. Nos preguntamos también, ¿Habrá razones de Caja?

9-6-2016

Ya son demasiados los artículos y los argumentos que fundamenta nuestra exigencia para que el Gobierno disponga la inmediata investigación y auditorías del citado organismo, a fin de disipar las sospechas de un convenio espurio. Es de conocimiento público que ANSES ha sido un perfecto engranaje para construir una política populista de gigantesca corrupción y que se ha manejado a discreción la operatoria de inversiones de los fondos jubilatorios.

24-9-16 CARTA AL JEFE DE GABINETE

El diputado Diego Bossio, ex titular de ANSES, se da el lujo de someterse a entrevistas para manifestar la justificación de la designación de empleados sin la idoneidad exigida y con sueldos irritantes. Parece que está desafiando su mercenaria impunidad pues critica al gobierno diciendo que hace “mucho circo y poco trabajo”.
Investigue de una vez presidente Macri, no nos defraude, desentierre las más de quince auditorías realizadas por AGN y que fueron archivadas por orden de la ex presidente. ¿Sabe usted que se va a encontrar con una totalmente desordenada administración, con malversaciones, fraudes y saqueos de un orden millonario, superior a las publicitadas por el Periodismo para Todos, en el caso de la ruta del dinero K?

8/6/2017

Seguimos presenciando la revelación de irregularidades en ANSES gracias a sucesivas publicaciones periodísticas que no tienen eco en las autoridades. Debemos insistir en que se hace necesaria una profunda investigación. En este humilde espacio hemos pedido y exigido que se rompa el silencio del gobierno que se hace cada vez más sospechoso. Esto lo escribimos el 17 de Octubre de 2016 y hoy continuamos en la misma senda.
Jaqueado por un déficit que el Gobierno contribuyó en aumentar el Tesoro. sigue tomando deuda para hacer frente al agujero fiscal, con mecanismos que antes criticaba cuando era oposición, como es el utilizar fondos de la ANSES.
Por tercera vez desde que son Gobierno, el Tesoro se endeuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta vez, es por U$S 83.235,556, a través de una Letras del Tesor
Anteriormente el Gobierno había utilizado el mismo mecanismo en mayo, por 500 millones de dólares, y otros U$S 660 millones en junio. En total, incrementó el pasivo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en U$S 1.243 millones.
A l incrementarse las denuncias que, indirectamente y por otros conductos, involucran a Anses, nos enteramos de los 80 millones de pesos pagados por Anses a 6,7,8 en forma ilegítima, sale a la luz un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas que durante el año 2014 el Gobierno se apoderó del patrimonio de Anses por sumas siderales que llegaron a los 120,000 millones de pesos, que se efectuaron en forma irregular ventas de acciones de Anses por su titular Diego Bossio, con grave perjuicio para la institución pero con ingentes beneficios para el Banco Macro, que Anses otorgó clandestinamente miles de jubilaciones a ciudadanos de Paraguay, Bolivia y Perú. Se descubren recientemente serias irregularidades de Anses durante la campaña política, pero a través del organismo que analiza los fondos de dicha campaña, es decir todo se conoce indirectamente con prescindencia de investigaciones al organismo culpable que jamás fue investigado.
A esto agregamos que el fallo judicial del fuero de la Seguridad Social que declaró inconstitucional que los haberes jubilatorios estén alcanzados por el impuesto a las ganancias será apelado por Anses, según confirmaron fuentes oficiales del organismo, lo que resulta inentendible, porque el mismo Instituto que debe defender a los jubilados apela en beneficio del Tesoro Nacional y en contra de sus 6 o más millones de beneficiados.
Esta verdadera vejación nos trae el recuerdo de la respuesta que dio al Presidente de la Corte que lo reprendió severamente, el ex titular Diego Bossio, “Aunque no corresponda, apelamos los fallos favorables a lo jubilados porque como funcionarios del Estado debemos defendernos de sus ataques”, Patética afirmación que se reitera con el sucesor Emilio Basavilbaso.
Entonces, ¿de qué ley de Restauración Histórica me están hablando los mismos funcionarios que buscan las condenas de los litigantes por un derecho al reajuste de sus haberes.?
Finalmente, en noticias periodísticas del día de la fecha se publica por Urgente 24 que el Pro-populismo confisca fondos previsionales para sumar jubilaciones de privilegio.
El mes de mayo de 2017 se presentó en el Parlamento el proyecto que crea el "Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones" para los trabajadores de planta permanente del Congreso de la Nación, que acordaron Gabriela Michetti (presidenta del Senado), Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados) y Norberto Di Próspero (líder del gremio APL, ex seguidor de Armando Boudou y hoy aliado PRO). Esta iniciativa prevé otorgar un beneficio previsional adicional por arriba de la jubilación establecida por ley, y también otros beneficios, como pensión por invalidez y por fallecimiento. Este simpático proyecto populista de Cambiemos no fue advertido por la gran mayoría de los medios de comunicación, como de costumbre.
Como queremos dejar sentado que nuestra posición se justifica y acredita el valor de nuestras persistentes reiteraciones, hemos agregado nuevos argumentos y seguiremos en la tarea impuesta hasta lograr que el verdadero y sano periodismo (¿existe?) acompañe nuestras justas denuncias. Exigimos una auditoría completa de Anses.

Octubre de 2017

Hay un desconocimiento completo de la actividad de Anses en cuanto al desenvolvimiento de su burocracia, al manejo de los ingentes fondos que administra, la diversidad de oficinas, las funciones que desempeñan y la información de las medidas que se toman en su cerrado edificio. En una palabra, es un verdadero despropósito.
Existe además la necesidad de que el gobierno dé respuesta al cuestionario que el director de Anses nunca tuvo la deferencia de contestar´y que aquí reiteramos.

- Estado financiero en que se recibió a Anses.

- Si se han realizado auditoría y balances luego de su recepción.

- Si se ha tomado vista de las numerosas auditorías realizadas por la AGN que quedaron archivadas.

- Si se está al tanto de los recursos humanos al momento de la transferencia, en cuanto a la cantidad, idoneidad y la legitimidad de su ingreso.

- Por qué razón Anses apeló el fallo de la Cámara Federal que declaró inconstitucional el descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados. En qué afecta ese fallo a ese organismo.

- Por qué razón presentó recursos extraordinarios contra las tres Cámaras Federales para que se aplique un índice de movilidad inferior al actual.

La solicitud de estos datos tiene su correlación con la extraña circunstancia que hemos observado con respecto a la notoria diferenciación percibida en el trato dado por el gobierno a este organismo, que nunca mereció una auditoría ni investigación, en relación con todos los ministerios y oficinas de la administración nacional que a diario son objeto de exhaustivas investigaciones, con precisos informes sobre las mismas que se ven publicados en los medios. Nada, absolutamente nada, de Anses, permanece impoluta.
Lo único que trasciende ahora, es que a pesar de su misterioso silencio será objeto de la principal y más polémica transformación en el proyecto económico del presidente, llamado a un ajuste gigantesco del presupuesto en una suma s de 100,000 millones de pesos extirpados del fondo de los jubilados, totalmente ajenos al por qué de esta drástica medida que los perjudica notablemente.
Finalizado este análisis objetivo sobre la faz jubilatoria, nos queda la impresión de que las afirmaciones del presidente tienen un cariz de exploración tentativa, tendiente a recoger opiniones que lo vayan encaminando a la meta, pero sin apuros desafortunados que perjudiquen el fin propuesto que, indudablemente, es razonable y en general aceptable.
Poniendo punto final a este escrito escucho una última noticia que trae a colación la referencia que hicimos acerca de las conversaciones del ministro de trabajo con los sindicatos. El título nos dice que los sindicatos rechazaron la reforma laboral de Macri. Me pregunto entonces, ¿cómo se las arreglarán los jubilados para rechazar el arrebato de 100.000 millones de pesos.
Nos excusamos por la larga extensión de este artículo, pero no pudimos evitarlo dada la importancia que tiene esta denuncia que formulamos al gobierno. Hoy llega a nuestro conocimiento el tenor de las declaraciones del director de Anses en Formosa, que comunica con toda naturalidad la anulación de más de 4.700 jubilaciones otorgadas ilícitamente por las autoridades del anterior gobierno.
En una de las transcripciones que hicimos en párrafos anteriores, denunciábamos hace más de dos años estas inconcebibles irregularidades descubiertas por periodistas dela televisión en el programa de Periodismo Para Todos de Jorge Lanata. Recordamos haber visto el trabajo, las entrevistas y los descubrimientos de esos periodistas, en los mismos lugares de la provincia, en que también se les otorgaba documentos argentinos para votar. Se filmaba la llegada y partidas de embarcaciones repletas en una operación perfectamente coordinada, dirigida y controlada por argentinos al servicio de este dantesco fraude. Debe agregarse, que conforme a las averiguaciones realizadas, la cantidad podría llegar a más de 10.000 favorecidos, a los cuales hay que sumar peruanos y bolivianos. ¿Se puede pensar que los funcionarios y empleados de Anses fueron engañados? Mueve a risa el sólo suponerlo, desde el momento que no se trataba de documentos falsificados dado que ellos mismos los confeccionaban y los entregaban. Y aquí llegamos a la conclusión de que jamás se realizó un control, investigación y auditoría de Anses. El señor Basavilbaso no tomó ninguna medida al recibir el organismo de manos de Diego Bossio.
¿Qué motivos encierra esta liberada y deliberada acción efectuada con todo desparpajo, cuando eran públicamente conocidas las prácticas de corrupción de esta naturaleza, y otras más graves aún, que permanecen cristianamente sepultadas en el olvido? ¿Acaso no se han negociado millones de acciones del fondo de los jubilados durante 15años en cantidades astronómicas que resisten cualquier cálculo? Verdaderas asociaciones ilícitas que enriquecieron a varios bancos. Pero ahora en el gobierno de la “transparencia”, surgen denuncias que comprometen a funcionarios actuales, justamente acusados de similares delitos. Pero para los kirchneristas se sigue la regla impuesta por el Presidente que decidió y ordenó “olvidar el pasado”. Anses permanece impoluto. ¿Hasta cuándo señor Presidente?
Por último, dejando de lado la modificación de las matemáticas por el poder legislativo, que nos afirma que la rebaja de la fórmula establecida por la ley de Reforma Previsional supone un aumento de nuestros haberes, vuelvo a las fuentes de mi escuela primaria y realizo el siguiente cálculo: 15.000 jubilados ilegales a un promedio mínimo de 7.000 mensuales durante 5 años, aguinaldo incluido, arroja un resultado de m$n 1.365 millones que han pagado los jubilados. ¿Quienes deben reponer él monto de ese fraude? Esto es una migaja comparado con los cientos de miles de millones por la venta fraudulenta de acciones, sumados a los saqueos en extracciones al contado. ¿Hablamos del Fùtbol Para Todos, del deficit de Aerolíneas Argentinas, del Tesoro Nacional, de los pagos a los terroristas fijados por ley, a los gastos de publicidad oficiales?
El "vamos por todo" tiene su sello en las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que nunca fue controlado, inventariado, auditado ni investigado y que. valga la expresión se está quedando sin Fondos.
Consecuente con mis principios y fiel a mi perseverancia, insisto por nonagésima vez al exigir la auditorÍa de Anses

EL SUPLICIO DE LOS JUBILADOS

Continuamos con nuestra defensa de los jubilados, considerados como una variable de ajuste y exigimos el respeto de sus derechos y no el subsidio y la limosna inaceptable para gente que ha trabajado toda su vida para el engrandecimiento del país. Constituimos el 15% de la población nacional y no aceptamos que la Jubilación sea una gastada herramienta política de los gobernantes.
En el desarrollo de nuestro comentario de la fecha, comenzamos con una pequeña historia.
La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82 por ciento móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Los bloques que impusieron el número fueron los que por entonces conformaban el Grupo A: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Peronismo Federal con Felipe Solá a la cabeza, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo. Rechazaron la iniciativa el Frente para la Victoria y aliados provinciales, por considerar que ponía al sistema jubilatorio recuperado por el Estado dos años antes en situación de insolvencia, al no establecer la ley opositora mecanismos de financiamiento para sostener los aumentos. Se abstuvieron por la misma razón los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Nuevo Encuentro, con la excepción de Miguel Bonasso, que acompañó la propuesta.
Carrió fue esa noche una de las más enfáticas defensoras del proyecto. “Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”, aseguró. Oscar Aguad y Patricia Bullrich también remarcaron la obligación moral de saldar esa deuda con los jubilados, lo mismo que dijeron en el Senado los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
En la Cámara alta la votación salió empatada y el que inclinó la balanza a favor de otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados fue el vicepresidente Julio Cobos. Su voto esa vez fue positivo.
Después de la aprobación del 82 por ciento móvil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”
Hoy ya nadie habla del 82 por ciento móvil. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que promulgó el Gobierno tendió a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos. Esto es por el reemplazo de la fórmula de movilidad actual por un sistema que ajustará los ingresos previsionales de acuerdo a la evolución de la inflación.
Como explicaron Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat, si entre 2009 y 2017 las jubilaciones se hubieran actualizado por la inflación, como fijó Cambiemos, la jubilación mínima se ubicaría en este momento en 5470 pesos. Es decir, casi 1800 pesos menos por mes para los jubilados de la mínima, en lugar de los 7246 que están percibiendo. Hubiera significado un recorte del 24,5 por ciento.
Seguramente para que vuelva a exigirse el 82 por ciento móvil habrá que esperar a que el actual oficialismo regrese al lugar de oposición.
Debemos recordar que la nueva fórmula está compuesta por un 30% de los incrementos salariales y un 70% de la medida de la inflación. Esto significa que el poder adquisitivo se prefiere a las variaciones de los salarios. Es decir, garantiza la capacidad de consumo frente a la posible disminución de las remuneraciones (y le niega el progreso en la distribución).
La protección de los pasivos se justifica en que la salida del mercado de trabajo los excluye de toda intención y esfuerzo de mejora o compensación por pérdidas mientras que los trabajadores conservan sus capacidades para competir en la persecución de su bienestar.
El abogado Mario Paganini que fuera profesor de Derecho en la Univesidad del Litoral, manifestó ser partidario de la fórmula que sigue los salarios. "Si el haber inicial es un porcentaje de los salarios, la conservación se consigue incrementándolo de igual forma". Una lógica irrefutable.
Hay que reconocer que para los jubilados el progreso desapareció de su porvenir y solo indirectamente pueden recibirlo. Por eso la movilidad les es esencial. El salario es ese medio indirecto, más si su participación en la distribución crece.
La nueva fórmula fijada por el gobierno viene a complementar el perjuicio ocasionado por la llamada Ley de Reparación Histórica que, por tratarse de una extorsión encubierta, no ha tenido la aceptación que el gobierno buscara y no disminuyó la cantidad de juicios por parte de jubilados y pensionados. En efecto, como señala la abogada Andrea Falcone, a 18 meses de la implementación del Programa “menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado aceptaron la oferta”, con ofrecimientos muy bajos con relación al monto que surge de la demanda o de la propia sentencia. “De cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios termina pagando $25”, sin duda un vil resultado producto de la extorsión.
Lo que nos viene a ratificar la prueba de que Anses ha tenido siempre a los jubilados como "enemigos"
es que continúa apelando a la Corte Suprema los fallos favorables a los jubilados que se aprueban en las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social con sentencias que aplican el ISBIC. El argumento es que el Alto Tribunal no resolvió cuál debe ser el índice a aplicar, si bien reconoce que “la aplicación del ISBIC arroja una remuneración actualizada superior y por ende – dice- un salario promedio exagerado”. Además, ANSeS apela sentencias de Cámara en “etapa de ejecución” que no fueron cuestionadas con anterioridad.
En realidad, poporciona tranquilidad saber que la Corte Suprema confirmó el fallo de segunda instancia que había fijado la actualización de las remuneraciones sin hacer mención pero también sin objetar que la sentencia de Cámara ordenara aplicar el ISBIC. En base a ese pronunciamiento de la Corte, ya miles de jubilados cobraron sentencias con la actualización por ese índice y también deberían cobrar así los que ya tienen sentencia firme. A estos últimos hace veinte años que no se les paga.
Como dijimos en otra oportunidad, estamos de acuerdo en que se debe modificar el sistema previsional, una total reforma al sistema jubilatorio para que sea justo y que constituya un derecho, no un beneficio otorgado por el Estado como un subsidio.
Es un desafío que hay que encarar para las futuras generaciones y que cuenta con nuestro apoyo, pero la complejidad de su estudio que impone el análisis y cotejo con sistemas y legislaciones extranjeras, requerirá un período prolongado. Mientras tanto, no debe descuidarse la generación actual, que sufre los graves problemas que estamos exponiendo y que debe tener una solución apropiada.