MALOS VIENTOS ANSESIANOS Y CORTESANOS CON PRONÓSTICO RESERVADO

  
El segundo semestre del año de la Suprema Corte estará marcado por el aluvión de causas que recibió acerca de la fórmula que debe usarse para los reajustes de pagos a los jubilados, tema prioritario que, de terminar en fallos adversos al Poder Ejecutivo, implicaría un fuerte golpe a las arcas públicas.
Este asunto en estudio tuvo su origen en los recursos indiscriminados que elevó Anses contra el fallo de los jueces del fuero de Seguridad Social, que declararon ilegal la fórmula de movilidad usada por Anses.
Vale decir, que ratificando nuestras advertencias en escritos anteriores, tanto Anses como el Gobierno, han unido sus fuerzas y conveniencias contra los jueces que fallan a derecho a favor de los jubilados.Un alto funcionario del Gobierno, cita La Nación, declaró con particular sincericidio, que sería descabellado un fallo del alto tribunal contrario a las "pretensiones" del Poder Ejecutivo, pues serían miles de millones  que pondrían en crisis toda la reparación histórica (la insólita ley de extorsión)
Por supuesto, no reparó en que un fallo adverso a los jubilados, pondría en crisis a millones de hogares de jubilados víctimas de un máximo prevaricato.
Cada vez ae hace más evidente que los fallos judiciales no deben ajustarse a derecho, sino a las conveniencias de orden económico fijadas por las pautas del Gobierno de la Nación.
Además, la Corte debe resolver la validez del impuesto a las ganancias que los jueces declararon inconstitucional y que Anses, fiel a sus honorables antecedentes, interpuso recursos para que se pagara.
Lo irrisorio de este tema es que los miembros del Poder Judicial, que deben resolver sobre la materia, están exentos de dicho impuesto que los jubilados están pagando. Siniestra coincidenciaYa hemos señalado en anteriores artículos, la sospechosa reunión secreta del ministro de Justicia, Garavano, con el presidente de la Corte Lorenzetti y ahora nos anoticiamos que el día 18 de este mes se realizó un almuerzo, a solas, en la Casa Rosada del presidente Mauricio Macri y Lorenzetti. No trascendieron los motivos de estos encuentros privados, pero debemos asumir que la oportuna coincidencia, es por demás llamativa.
Con la última noticia recibida llenamos el vaso. Aquí va:
"Anses pagó $6.000 millones para cubrir déficit provinciales."
ALEA JACTA EST

CRÓNICA DE UN ENEMIGO - ANSES -

En marzo del año 2011 la Anses elevó a la Corte Suprema el pedido de recusación del camarista de la Seguridad Social, Luis René Herrero por haber fallado en contra de la entidad previsional.
Era en apelación ya que los camaristas habían fallado en contra de ese insólito pedido. La decisión fue tomada por el director de la Anses Diego Bossio, implacable perseguidor de los jubilados.
Por descontado, la acción no tuvo éxito pero provocó la demora de la substanciación de miles de juicios, por varios meses. 
El 17 de octubre de 2014, el Consejo de la Magistratura, por decisión de la procuradora Gils Carbó, en connivencia con Diego Bossio, aprobó un dictamen para remover a los doctores Luis Herrero y Emilio Fernández, jueces de la Cámara de la Seguridad Social, porque tienden a a fallar a favor de los jubilados. Tamaño despropósito no se llevó a cabo debido a la vehemente protesta desatada en el Plenario del Consejo por los jubilados presentes.
La medida, sin embargo, llegó a paralizar 9000 causas, por un año y medio. Es decir, se cumplió el propósito buscado, demorar.
El 9 de noviembre de 2017, los jueces Luis Herrero y Nora Dorado del fuero de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvieron no dar más lugar a los recursos extraordinarios presentados por Anses para cuestionar el índice de actualización usado para el recálculo de los haberes, debido a que obstaculiza la "administración de justicia" Anses respondió que irá en queja ante la Corte, Este paso prolonga la espera para obtener una sentencia. Se calculan cuatro años de demora para 250.000 juicios con sentencia firme.
En un fallo judicial de segunda instancia con sentencia firmada por los jueces Luis Herrero y Nora Dorado en junio de este año, se determinó que la Anses debe recalcular el ingreso de una persona que cobra bajo la modalidad de una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros de retiro.
Los jueces ordenaron hacer un cuadro comparativo para cotejar, mes a mes, los montos que efectivamente fueron percibidos, y las cifras que hubieran resultado en caso de calcularse el ingreso según la normativa del sistema de reparto. Y las diferencias deberán ser abonadas por la Anses (hacia atrás y, también, de aquí en más).
Los rentistas del sistema previsional tienen derecho a percibir el haber mínimo que garantiza la ley, y Anses sigue sin reconocer ese derecho.
Se repite la mima metodología del anterior gobierno, que hemos expuesto más de quince veces en este espacio.
¿Será objeto otra vez el juez Luis Herrero de la misma represalia que dispusiera la procuradora Gils Carbó al separarlo por un año y medio de su cargo? Es muy factible, nada ha "Cambiado" en Anses, todo puede esperarse.
Estos antecedentes que fueron también objeto de nuestro dos artículos anteriores, La Vergüenza Nacional, Anses, del 17 del corriente mes y Un Drama Nacional-Anses del 19 hace cinco días confirman y reafirman que la actuación de Anses ha sido siempre negativa y sistemática en contra de los intereses de los jubilados. Las apelaciones a los fallos nunca argumentaron razones jurídicas que las sustentaran, fueron sólo un obstáculo interpuesto para demorar el fallo de las sentencias que nunca llegan a pagar.

OBLIGADAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES NO EJERCIDAS

Indudablemente, el Presidente Mauricio Macri tiene una fija obsesión con la economía del país y sus últimas decisiones así lo demuestran. Quizá sean un poco tardías sus reacciones impulsivas con respecto a los cambios que está operando en los sectores económicos de sus ministerios. El error principal que se le puede asignar a su gestión es no haberse sincerado descarnadamente, de la herencia recibida, un verdadero cataclismo que destruyó materialmente y moralmente al país. Esa enormidad sale continuamente a la superficie como un reproche que el pueblo y gran parte de la sociedad ahora atribuye a su gobierno, con el beneplácito y apoyo de la mal llamada oposición, ya que está formada con los escombros dejados por ese maldito legado que busca deponerlo para volver a gozar de las prebendas recibidas de la corrupción y la impunidad de más de 15 años.

En su desesperada y admirable tarea dirigida a la reconstrucción de un devastado país, no ha reparado en los enemigos que simulan cooperar en el restablecimiento de la democracia y de la república, y se infiltran en sus propios dominios,  en cargos de esencial importancia desde los cuales ejercen una política influyente  para el logro de sus propósitos destituyentes que fueron desbaratados en los 70s y 80s.
Es probable que no se pregunte a qué se debe la proliferación y amplia difusión de hechos inquietantes como los siguientes:

-Autoridades nacionales, conjuntamente con extranjeras visitantes, Obama, Merkel, Hollande y Rajoy, rinden homenaje a terroristas en el "Parque de la Memoria"

-El titular de CABA, Rodriguez Larreta pide la renuncia a Lopérfido por haber cuestionado la cifra "simbólica" de 30.000 desaparecidos afirmada por Santiago Cantón y Claudio Avruj secretarios de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aire y de la Nación, respectivamente.

Reforma la Plaza de Mayo con el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.

Inaugura la "Casa Trans" para fomentar el cambio de sexo.

Otorga subsidios a las Abuelas de Plaza de Mayo con impuestos pagados por los habitantes de la ciudad.

-Claudio Avruj hace de su cargo una militancia kirchnerista, convalida e incrementa la realización de juicios de lesa humanidad, apoya y defiende a los terroristas y niega víctimas del terrorismo. Compromete al gobierno en declaraciones a los medios extranjeros y con la injerencia en la soberanía de sus países. Hay  muchas críticas de su actuación que serán publicadas proximamente.
-La gobernadora Vidal promulga una ley que fija oficialmente la cifra de 30.000 desaparecidos y hace obligatoria su aceptación e inscripción en documentos públicos.
Establece un Programa de Estudios en la escuela de Policía para la enseñanza obligatoria de la Memoria que repudia a militares y policías que combatieron al terrorismo. Lavado de cerebro a cadetes de la Institución, cuyas reacciones deben ser informadas.
Impulsa el programa "Chau Tabú" para la enseñanza de la virtud de la homosexualidad en los alumnos.
Subsidia a las Abuelas de Plaza de Mayo y les dona edificios.
- Docentes de militancia izquierdista imparten clases a los alumnos de Jardín de Infantes y escuelas primarias con exhibiciones teatrales de gendarmes asesinos representados por los mismos niños. 
Docentes dan clases especiales a los alumnos sobre la igualdad de sexo, cambio del mismo y las bondades de la homosexualidad. 
- Siguen muriendo en las cárceles ancianos militares detenidos por los fraguados juicios de lesa humanidad, sin proceso, sin condena, en carácter de "prisión preventiva" que se convierte en perpetua.
Esta es una lista enumerativa, no taxativa, pues hay muchos casos inquietantes producto de la influencia del "relato" populista que ha perforado muy hondo en la sociedad.
Aún cuando hemos justificado la grave preocupación del Presidente por restablecer el desastroso orden económico con que se encontró, no deja de ser criticable la indolencia que nos ha demostrado en lo tocante al grave y acuciante problema de los derechos humanos conculcados por el anterior gobierno, y que pese a sus promesas preelectorales no realizó ningún acto tendiente a solucionarlos.
Por el contrario, continuó la política del kirchnerismo que. en muchos casos se exacerbó llevada de las manos de sus secretarios en esas carteras.
Es aquí donde los movimientos de militantes izquierdistas se mueven como una quinta columna, dentro de los mismos organismos y oficinas oficiales para desarrollar su labor disolvente con resultados como los que enumeramos anteriormente y con la ayuda del silencio periodístico comprometido.  
Lo venimos diciendo desde un principio, el orden social no resulta una prioridad para el gobierno que trata de remendarlo con parches muy costosos de consecuencias negativas por medio de subsidios, que había garantizado erradicarlos, y una política de diálogo y acercamiento de tipo electoralista y sin ningún resultado favorable a sus buenas intenciones.
En discursos y conferencias de prensa el Presidente afirma insistentemente en la necesidad de terminar con el vicio de subsidios y regalías que vienen supliendo al virtuoso esfuerzo del trabajo para ganar la subsistencia, pero en la práctica no se adoptan las medidas conducentes a ese fin, quizá con el propósito de evitar reacciones contrarias que lo califiquen "represor", término éste usado por el populismo durante las violentas manifestaciones piqueteras que los sevicios de seguridad tienen la obligación de reprimir.
Es notoria la alarmante debilidad en la defensa de la soberanía, percibida durante los conocidos casos de audaces intervenciones de organismos internacionales en la política interna del país, precisamente en los procesos judiciales de carácter penal instaurados contra delincuentes comunes, que fueron denunciados como atentados contra los derechos humanos y que en verdad fueron instigados por elementos subversivos locales infiltrados en el gobierno y con un alto poder de persuación sobre la izquierda combativa de gremios, asociaciones y partidos obreros, incluyendo los piqueteros.
Esta censurable debilidad se extiende hacia el ataque a la integridad de nuestro territorio, amenazado por claras y directas tomas de posesiones separatistas de violentos grupos mapuches que han llegado hasta prohibir el paso de las autoridades judiciales en los territorios ocupados, donde imperan las leyes y símbolos de un nuevo estado independiente. El sur se va despegando con una cacterística similar a la catalana en España y otros países europeos.
No hay efectiva defensa de la soberanía, proporcional a la histórica gravedad que ello implica.
Sabemos que desde hace varios meses el gobierno está inmerso en la tarea de fuertes restricciones presupuestarias y un plan de recorte de gastos en la Administración Pública, producto de la urgente necesidad de atacar el cuantioso déficit fiscal en consonancia con las exigencias del FMI para la concesión de un crédito, a la fecha ya otorgado y comenzado a pagar, por 50.000 millones de dólares.
El plan de austeridad ya había llegado a las Fuerzas Armadas con la suspensión de los contratos de compra de armas al exterior China, Suecia, Francia e Israel. 
Ahora, con el crédito acordado, se incrementarán las medidas y no se efectuará por lo tanto el esperado reequipamiento de las fuerzas armadas.
Otro paso importante dado en este sentido, fue tomado sobre el organismo de Anses de donde el gobierno substrajo 197 mil millones de pesos a fines de 2017  y sigue con la intención de obtener millonarios recursos a la espera de una fundamental decisión de la Corte Suprema que reduciría las retroactividades que se deben en más de 150.000 juicios de jubilados. 
Además, podrá utilizar recursos del Fondo de Garantía para pagar prestaciones, con lo que registraría una reducción del déficit fiscal del 0,4% del PBI.
Confirma todo lo expuesto en este comentario que las prioridades dadas por el presidente Macri dejan a un lado la defensa de la soberanía nacional con el práctico desguace de las fuerzas armadas, y el de la previsión social con el desvalijamiento de Anses.
Es muy razonable y necesaria la adopción de fuertes medidas de contención de gastos, pero disentimos con respecto a las fuentes tomadas como pilares de ese objetivo. 
El Poder Ejecutivo se ha convertido en una montruosa burocracia donde resaltan sueldos, contratos,empleados, jubilaciones,viáticos, automotores y otros gastos que conforman un presupuesto muy asequible a una masiva reducción.
El Poder Legislativo sobrepasa los límites en cuanto al presupuesto asignado a su funcionamiento. Es bien conocido el gasto anual que supone cada legislador con sus huestes de colaboradores, lo que ha ocasionado fuertes discusiones. Al igual que sus jubilaciones de privilegio y el insólito pago de pasajes, verdaderas donaciones cuyos importes parecen mantenerse con un cambio de item. Es otra apreciable fuente de recortes.
El Poder Judicial que no paga el impuesto a las ganancias (que sí pagan los jubilados al descontarse directamente de sus haberes), y con jubilaciones de privilegio, es otra fuente de reducción de la  que no se quiere hablar.
Las tres últimas buenas noticias del préstamo del FMI, de la mejor clasificación del Morgan Stanley como país emergente y del buen repunte de acciones argentinas en el exterior, ofrecen al presidente un momento de mayor tranquilidad para reflexionar sobre las materias que ha dejado en suspenso y que hemos detallado. 
Debe ejercer  en toda su plenitud las atribuciones que le otorga la Constitución en defensa de la soberanía nacional, y en la recomposición de la justicia y de los derechos humanos para todos los habitantes sin distinciones de ninguna naturaleza.



  

UN DRAMA NACIONAL - ANSES

 

ES NECESARIO INSISTIR ANTE ESTE DRAMA NACIONAL

El sistema jubilatorio argentino está al borde del colapso y los juicios contra la entidad, basados en distintas leyes, aumentan cada día. Hay varios frentes y el órgano previsional apela para demorar el pago y lograr que resuelva la Corte Suprema

El tema jubilatorio está escalando posiciones en el ranking de preocupaciones del Gobierno.

Además del costo adicional que supondrá la inflación para el sistema, según la nueva fórmula de ajuste, hay otro factor que promete tener mayor impacto: la ola de juicios por parte de jubilados que están teniendo fallos a favor.

De hecho, para el macrismo se puede transformar en “la tormenta fiscal perfecta“.

Justo en un momento de enfriamiento de la economía, y cuando se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional a endurecer la disciplina fiscal, aparece la posibilidad de que la ANSES deba verse obligada a reconocer niveles jubilatorios muy superiores a los determinados en la “reparación histórica” y a los contemplados por la flamante ley de movilidad.

Según el consenso de especialistas, el sistema jubilatorio es la causa más importante de aumento del déficit y ese gasto crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones.

Además, el cambio de fórmula de fines del año pasado hace más difícil la estimación sobre cuántos miles de millones podría terminar costándole al Estado, porque el nuevo cálculo lleva a que los haberes se ajusten en consonancia con la inflación, que terminará muy por encima de las proyecciones oficiales que se trazaron en un inicio.

Así, el impacto de la devaluación de abril y mayo jugará en contra de la estrategia trazada por el macrismo ya que, al implementarse esta fórmula el incremento terminará siendo mayor al que hubiese surgido si se seguía tomando en cuenta sólo el crecimiento del PBI (como lo establecía la norma vigente hasta fines del año pasado).

Ahora, la fórmula pasó a tener en cuenta el 70% de la evolución trimestral de los precios y el 30% de la variación del índice salarial que se desprende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En paralelo, el Gobierno enfrenta tres potenciales focos de conflicto:

-Por un lado, cada vez hay más casos en que los tribunales hacen lugar a reclamos de jubilados que les permiten cobrar los montos otorgados por la denominada Reparación Histórica, al tiempo que realizan el juicio por reajuste de haberes.

-La Justicia, en tanto, intimó a la ANSES para que vuelva a liquidar un trimestre en el que se había generado un aumento y no se había pagado cuando se cambió la fórmula, una decisión que podría significar una erogación de miles de millones de pesos y que ahora debe confirmar la Corte Suprema.

-Además, quedan por resolverse aproximadamente 150.000 juicios por recomposición basados en dos fallos de la Corte Suprema, dictados hace poco menos de 10 años.

Primer frente
Hace unos días, la sala I de la Cámara de Seguridad Social, integrada por la camarista Victoria Pérez Tognola y la titular del juzgado 10 del fuero que actuó como subrogante Adriana Lucas, ordenó en el caso “Guarco, Oscar” -a través de una medida cautelar-, que el monto recibido por el programa de Reparación Histórica sea tomado a cuenta del mayor valor.

En los fundamentos, indican que el pago por Reparación Histórica significa que la ANSES reconoce una deuda que “se origina en idéntica causa que la que motivó que el jubilado promoviera el juicio de reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor”.

Y que ese pago se hizo “unilateralmente” sin que el jubilado diera su consentimiento a la propuesta del organismo.

En los hechos, si el caso es confirmado por la Corte Suprema, el mencionado reajuste se convertiría en un pago a cuenta y habilitaría a cientos de miles de jubilados que se acogieron a ese plan a reclamar las diferencias.

En enero, la Cámara Federal de La Plata admitió una medida similar en el caso “Bertrán, María Cristina”.

La resolución de este caso es determinante para más de un millón de personas que se adhirieron al plan de “Reparación Histórica”, que verían abierta las puertas para un eventual reclamo judicial, ya que tomarían los montos obtenidos como “pagos a cuenta”.

Segundo frente
La sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa “Fernández Pastor, Miguel c/ ANSES”, declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que se calculó en el 14,5%.

A fines del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.426, que cambió la fórmula jubilatoria, la cual pasó a estar conformada en base a un índice que toma el 70% de inflación y 30% de la evolución de los salarios.

El cuestionamiento sobre la retroactividad se originó porque para el primer aumento de la nueva ley se tomó en cuenta solo el cuarto trimestre de 2017.

En cambio, la norma anterior tomaba todo el segundo semestre. Así las cosas, lo que al no considerarse para los cálculos del ajuste los índices de esos tres meses, el aumento terminó siendo menor y perjudicando a los jubilados.

Puesto en cifras, con el primer aumento trimestral dispuesto por la nueva ley, el haber mínimo en marzo de 2018 pasó a ser de 7.660 pesos.

En cambio, si se hubiera aplicado la vieja fórmula, como reclamó Fernández Pastor, la mínima en marzo hubiese alcanzado los $8.303.

Esto significa que, durante el segundo trimestre de este año, los jubilados cobraron, en el acumulado de los tres meses, casi $2.000 pesos menos que con el cálculo anterior.

En caso de confirmarse la inconstitucionalidad, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales podrán reclamar la diferencia de haberes.

El organismo previsional ya apeló ante el máximo tribunal. Pero si la Corte valida el fallo “Fernández Pastor”, esto implica que la ANSES deberá desembolsar ese 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.

Cabe destacar que el cambio de fórmula que pasó a incluir al IPC y a la RIPTE suponía para el Gobierno un ahorro inicial para el fisco de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones privadas, podría evaporarse buena parte de dicho ahorro proyectado si la Corte Suprema finalmente ordena reponer el trimestre “borrado”.

Un detalle que hizo respirar un poco más aliviado al macrismo es que los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad. Sólo que la misma debe aplicarse hacia el futuro y no afectar derechos ya adquiridos.

Tercer frente
A pesar de las situaciones mencionadas, el frente de tormenta más importante que tiene la ANSES es la enorme cantidad de juicios por reajuste de haberes que existen en los tribunales de la Seguridad Social.

Hay aproximadamente 150.000 casos que esperan resolución o que ya la tienen, pero los montos surgidos en los distintos reclamos aun no fueron cancelados por el organismo previsional.

Si bien la ANSES, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, se había comprometido a no apelar las sentencias en contra para evitar dilaciones y perjuicios a los reclamantes (muchos de ellos de edad avanzada o que sufren un estado de salud vulnerable), esto no se terminó plasmando en la realidad.

Se estima que la cantidad de recursos de queja para que la Corte Suprema se expida supera los 1.000 casos por semana.

El más emblemático es el caso “Elliff”, dictado en agosto de 2009, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

En tanto, la Corte Suprema espera analizar el caso “Di Mario Carmelo c/ ANSES”, en el que el organismo previsional pide que reemplace el Isbic por el Ripte para actualizar el haber inicial, porque un fallo de segunda instancia se negó a modificar los índices por los de la Reparación Histórica.

El organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.

Pero las salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE y ordenan reemplazarlo por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular.

La diferencia entre ambos porcentajes es muy importante ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC fue del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%.

Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

Por Sebastian Albornos

 ¡Qué comentario puedo hacer a este artículo que confirma lo que vengo denunciando desde hace años.! ¿Qué importa más, la plata que el estado nos quiere robar con leyes anticonstitucionales, o lo que “lamentablemente” no puede ahorrar para los gastos fiscales a costa de los ancianos?

¿ Dónde están los inefables periodistas “sabelotodo” que no publican una sola línea sobre esta histórica estafa contra los más débiles e indefensos ciudadanos que trabajaron toda su vida para que ahora liquiden sus esperanzas y su ganado patrimonio de un plumazo asesino?
Somos defensores crónicos que difunden estos actos criminales y vergonzantes, pero sólo en las redes sociales, porque los medios no ganan rating ni “publicidad paga” para ocuparse de los graves problemas de nuestras víctimas del Estado.
Si los acaudalados y prestigiosos medios de comunicación no nos escuchan, llenemos todos los canales de las redes a nuestra disposición para que el mundo se entere de este saqueo inhumano por espurios intereses fiscales.
Me permito rectificar el título del artículo ya que esta ola de reclamos judiciales, no amenaza a Anses, ya que la digna institución social colabora alegremente para destrozar a los jubilados.
La amenaza es, fue, y será siempre contra ellos. Esto es historia.

LA VERGÜENZA NACIONAL, ANSES

 Para los que critican mi lucha contra el miserable organismo Anses, desde hace más de diez años. 
Maliciosos, no hay motivos políticos, ni falsas denuncias, es la trágica realidad que muchos no tienen fuerza ya para escribirla, como lo hace el ciudadano Francisco José Viotti desde mi querida Córdoba. Otros. la gran mayoría, se mueren antes.
No lucho por mi caso, que espera desde hace 21 años con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia en 1997. Fue recién el año pasado que di a conocer el estado de este juicio interminable con sabor a estafa, con la publicación de una carta al señor Presidente de la Nación, que fue ignorada. 
Lo hago por los millones, sí, millones de jubilados que han sido y siguen estafados desde el mismo momento en que solicitan su jubilación, al practicarse con toda premeditación una liquidación muy inferior a la que corresponde. Lo hago por los millares que han adherido, por necesidad extrema, a la mentirosa Ley de Reparación Histórica, una siniestra extorsión que les rebaja más del 50% de lo adeudado y les obliga a firmar un compromiso de que no le harán juicio al Estado. Lo hago para que se conozcan los procedimientos dilatorios del perverso organismo para "hacer tiempo hasta que el litigante se muera", como dice la carta que reproduzco con indignación y con la vergüenza de un ciudadano acreedor de un Estado moroso que roba a los más necesitados y vulnerables.
CARTA
En vista que la ANSeS sigue “ignorando” y por ende “estirando”, la ORDEN del Sr. Juez del Juzgado Nº 2 de Mar del Plata, como así también de lo ORDENADO por la Cámara Federal, también de Mar del Plata y puesto que ahora solicitó el envío de mi Juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo para “hacer tiempo hasta que yo muera” y así evitar pagar mi Juicio por Reajuste de Haberes, en el plazo próximo a vencer; solicito al Sr. Director Ejecutivo de ANSeS, D. Emilio Basavilbaso; quiera tener a bien ordenar que me sea adelantado con carácter de URGENTE y a cuenta del pago total de mi Juicio; sólo la suma necesaria para poder adquirir una Parcela en el Cementerio Parque de Villa Allende, Pcia. de Córdoba.
Respecto a los gastos de Sepelio; estoy pagando un Seguro en una Funeraria, por intermedio del Banco en el que tengo mi Cuenta Sueldo, puesto que no quiero estar dentro de un ataúd del PAMI en camino a mí sepultura y que más de uno de mis deudos, se queden con una o dos manijas rotas en sus manos, como ocurre en todos los entierros de PAMI, pero siempre se trata de disimular u ocultar ese hecho tan desagradable.
Esto obedece a que mis fuerzas y mi paciencia ya llegaron a su límite, por tanto, mi endeble salud continúa deteriorándose de forma vertiginosa y como estoy seguro que el inevitable desenlace es más que inminente, no quiero dejar a mi familia con la angustia de tener que tramitar todo de forma apurada y endeudada.
Ya que para ANSeS sólo soy un número de trámite Judicial y no les importa en absoluto mi vida, ni la de los demás Jubilados en similar situación; déjenme “Morir con algo de Dignidad”, teniendo al menos, un lugar dónde caerme muerto; pagado con “mi plata, la que ANSeS me debe” y se “regodea” con sus “apelaciones vergonzantes”, con el objeto de retrasar mi pago y que el mismo sea póstumo.

Francisco José Viotti

AVRUJ, EL PROTECTOR TERRORISTA

En un reciente artículo publicado por La Radio Judía de Latinoamérica y la agencia nacional de noticias Télam, el secretariode Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, efectuó las sigientes declaraciones: 
"Durante el lanzamiento del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri no dejó lugar a dudas: “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están garantizadas”. Fue en realidad la confirmación de una política de gestión que abordamos desde el comienzo de esta nueva etapa.

Es en ese sentido que hemos apelado la decisión de la justicia federal de La Plata que favorece a Teodoro Aníbal Gauto, a quien se le concede a exención de prisión y el levantamiento de la orden de captura internacional. Gauto fue acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1979, cuando se desempeñaba en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército.
Porque tenemos un férreo compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, seguiremos reclamando que el acusado comparezca ante la justicia argentina, instancia que no se pudo materializar hasta aquí, porque- entre otras cosas- se encuentra prófugo en Israel y fue declarado en rebeldía por no ajustarse a derecho. Queremos que la responsabilidad de Gauto en los hechos que se le imputan quede efectivamente delimitada, en el marco del debido proceso, con todas las garantías.
Frente a cargos tan graves de Lesa humanidad no puede haber atajos. Respetaremos lo que determine la Justicia Israelí, pero no dejaremos de exigir que la tragedia que representa aún hoy lo que fue el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, sea juzgada con la justicia que le fue denegada a sus víctimas."
Basado en los conceptos vertidos en un documento que el profesor Mario Sandoval, me envía desde Francia, respondo a esta insólita declaración de Avruj, que compromete la política internacional  de la república e interfiere indebidamente la soberanía de un país extranjero.
Bajo el título « Gauto: la necesidad de saber la verdad », el Sr Claudio Avruj, secretario de derechos humanos de la nación, se manifiesta como un militante y no como un alto funcionario encargado de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Su reivindicación es más ideológica que jurídica y es ahí que se encuentra la radicalización de su expresión porque cuando él habla es el gobierno que se expresa, es decir, el jefe del ejecutivo. Estamos, una vez más, en presencia por parte del Estado Argentino de una grave violación de los derechos humanos y de un intento sutil de intromisión en los asuntos internos de un gobierno extranjero. La responsabilidad internacional está en juego.

Cuando dice: «Queremos que la responsabilidad de Gauto en los hechos que se le imputan quede efectivamente delimitada, en el marco del debido proceso, con todas las garantías» son palabras más de intimidaciones que de garantías judiciales porque el proceso es ilegal desde su origen.
Ignora el Sr Avruj que ningún país adoptó «el modelo argentino en los ilegales procesos de lesa humanidad contra un solo sector de la sociedad y no contra los miembros de los grupos terroristas de los 70 que dejaron numerosas víctimas nacionales y extranjeras”
Cuando el Sr Avruj habla de «El debido proceso con todas las garantías », ¿hace referencia a la retroactividad penal, la analogía penal, la responsabilidad penal colectiva, la inversión de la carga ante la presunción de responsabilidad, el tiempo irrazonable de la acción publica, la excepcionalidad como regla, la inexistencia de delitos o crímenes al momento de los hechos, los desaparecidos considerados fallecidos por la justicia con la correspondiente indemnización que prohíbe ir a la justicia penal, el abandono del reconocimiento de las leyes de punto final y deber de obediencia, la ilegal participación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y otras violaciones al principio de legalidad, de la prescripción, del estado de derecho, que ningún gobierno ni convención internacional las aplican o las reconocen?Además, interviene en ámbitos del poder judicial y de la política extranjera, prohibidos por el articulo 109 de la CN y por las funciones asignados por la ley de ministerio.
Cuando dice: «Frente acargos tan graves de Lesa humanidad no puede haber atajos. Respetaremos lo que determine la Justicia Israelí, pero no dejaremos de exigir que la tragedia que representa aún hoy lo que fue el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, sea juzgada con la justicia que le fue denegada a sus víctimas», parece interesarse en los cargos tan graves de lesa humanidad. ¿Por qué no tiene la misma exigencia con los autores de parece interesarse en los cargos tan graves de lesa humanidad.los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinode lesa humtan graves de lesa humanidad» ¿por qué no tiene la misma exigencia con los autores de los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinode lesa humanidad» ¿por qué no tiene la misma exigencia con los autores de los grupos terroristas que asesinaron, secuestraron, atentaron, contra hombres, mujeres, niños, argentinos y extranjeros? ¿Por qué no recibe las victimas que dejaron los grupos terroristas y las reconoce públicamente? ¿qué le impide realizar ese acto en nombre de los derechos humanos del gobierno?

El señor Sandoval le contesta: "El ejemplo que usted menciona “en el marco del debido proceso, con todas las garantías”, sería muy pertinente que lo pueda exponer ante los miembros del G20 para que aprecien la seguridad jurídica en Argentina y que la apliquen en sus respectivos estados. Yo elegí defender los derechos humanos de todos los individuos por igual, denunciar los miembros de grupos terroristas que cometieron crímenes y delitos en los anos 70 en Argentina, a reconocer las victimas que ellos dejaron, el Sr Claudio Avruj no. 

Sr Secretario de Derechos Humanos de la Nación, usted no protege ni garantiza los principios del Estado de derecho, las Obligaciones positivas del Estado y los derechos humanos de un sector de la sociedad. Usted, viola impunemente, de forma pública, la Constitución Nacional y las Convenciones internacional de aplicación obligatoria para la Argentina, debe ser juzgado por esos hechos. Lamentablemente, no será hoy porque está protegido por el sistema y por los jueces corruptos que se benefician de su ilegal política pública, pero no podrá escapar todo el tiempo a la justicia de los hombres. También estarán en la misma situación los otros que actúan como usted. 

París.  Prof. Sandoval, marios46@hotmail.com, 14 junio 2018

Innecesario es aclarar que el Profesor Mario Sandoval, es el mismo ciudadano perseguido por el terrorismo todavía vigente en el país, de que dimos cuenta en nuestro último Blogspopt , "Francia y la Extradición de Mario Sandoval".

FRANCIA Y LA EXTRADICIÓN DE MARIO SANDOVAL

Cuando en enero de este año publicamos el blogger "El Che Guevara en París", abrimos la puerta para demostrar que nuestra afirmación sobre la propagación del populismo en Europa es una realidad. España, Italia, Francia y organismos internacionales de derechos humanos nos dan la pauta de una infiltración izquierdista innegable.
Por el caso que ha motivado nuestro comentario, nos referiremos a la ciudad de París donde la alcaldesa socialista Anne Hidalgo realizó un polémico homenaje en París al Che Guevara, al que calificó como una figura de la revolución, un ícono militante y romántico. La exposición se inauguró el 20 de diciembre de 2017 y se prolongó hasta el 20 de febrero.
Se supone que este evento fuera de lo común, fue pergeñado por el Foro de Sao Paulo, la organizació terrorista cubano comunista que  posteriormente difundió el acto con bombos y platillos. 
Nuestra embajada y nuestro ministerio de Relaciones Exteriores no elevaron protesta alguna y con el lamentable agravante que para esa fecha estuvo en París nuestro Presidente en visita a su colega Emmanuel Macron y luego a la misma alcaldesa del ridículo homenaje.
Traemos un ejemplo muy reciente que confirma lo antedicho Francia ha cambiado su jurisprudencia, acosada por los movimientos populistas de izquierda; la más alta instancia judicial del país, por primera vez en la historia confirmó recientemente la extradición de un ciudadano reclamado por la Argentina, en circunstancias insólitas muy difíciles de justificar.
Se trata de Mario Sandoval ciudadano argentino nacido en Buenos Aires, que a comienzos de los 80 se instala en Francia, donde continuó su formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo realizado funciones  en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional. Se hizo ciudadano francés el 1994 y regularmente brinda conferencias, asesorías de su especialidad. Es miembro de varias asociaciones y centros de investigaciones de carácter social. Varios de sus escritos fueron reproducidos y comentados e nuestro Blogspot. 
Una campaña de falsas acusaciones orquestadas por el terrorista Horacio Verbisky, reflejadas en el diario Página 12 a principios de marzo de 2008, le dieron oportunidad al fiscal
Eduardo Taiano y al juez federal sergio Torres, militantes kirchneristas, a promover un juicio por delito de lesa humanidad en contra de Sandoval e inician una persecusión penal por medio de una causa llamada "Abriata" ligando a Mario Sandoval a la causa ESMA, sin haber tenido en cuenta que nunca antes de esa fecha se mencionó  en más de tres décadas a Mario Sandoval. 
Fue y es una causa armada con una clara intención de venganza, pues nunca fue interrogado o convocado por la justicia, tanto argentina como francesa. Sandoval es ejeno a todos esos juicios, inocente y falsamente inculpado por la maquinaria de los derechos humanos montada por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. 
No nos detendremos en el  proceso judicial y en la defensa del acusado, sólo continuamos con el pedido de extradición del gobierno argentino que en 2012 fue aceptado por la corte de Versalles, pero luego detenido por apelación de Sandoval.
El daño moral y económico que le significó la persecusión de que era objeto, con el ataque a su familia y el bloqueo bancario a los bienes de su madre, en el más salvaje tratamiento recibido, sin causa y con perverversidad le obligó a efectuar una denuncia penal el 24 de septiembre de 2013, ante la justicia federal de Córdoba, Juzgado No. 3, contra las más altas autoridades del gobierno argentino por violación a los derechos humanos  por delitos de asociación ilícita, prevaricato y abuso de poder. 
A tal necesidad se llegó porque se trataba de causas políticas, preparadas por una central de inteligencia orientada por el reconocido agente Horacio Verbitsky que participó del terrorismo que azotó a la Argentina en los años 1960 y 1970.
Su abogado patrocinante manifestó en esa oportnidad a la prensa que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno se hallaban preocupados por garantizar su impunidad dada la gran cantidad de ilícitos que la implicaban en el robo al país de más de 100.000 millones de dólares.
Tal situación los llevó a decidir que la forma más correcta  no era defenderse sino atacar en un proceso de ruptura que pusiera en evidencia en el país y ante el mundo las flagrantes violaciones a los derechos humanos que, en su nombre, se venían cometiendo en la Argentina.
Las noticias que informaban del fallo de la Corte aceptando la extradición, fueron publicadas en las diarios de Buenos Aires La Nación, Clarín e Infobae, pero con una redacción lamentable y confusa que sindicaba a Sandoval como si fuera ya juzgado y culpable, y con el gratuito adjetivo de represor. 
Estas son las fallas que venimos observando en la mayoría de nuestros medios, cuyas informaciones inexactas ocasionan irreparables perjuicios a personas involucradas en ellas. 
Por tal razón, Sandoval se dirigió a dichos diarios asumiendo el derecho a réplica que le asiste a todo ciudadano y que los medios están legalmente obligados a otorgar. A pesar de las claras explicaciones dadas a cada uno de ellos, no obtuvo respuesta. 
Estos medios no cumplieron con la ley, pues el derecho a réplica está asegurado por el art. 19 de la ConstituciónPolítica de la República y el art. 14 de la C.A.D.H.
"Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley".

En Francia, llamó la atención de varios juristas la decisión de la Corte de Casación, pues los papeles que solicitaban la extradición no contenían pruebas precisas y concordantes, solo la declaración de dos o tres testigos. a cuarenta años de los hechos, que la víctima desapareció de su lugar de detención en el año 1976, lo que descarta el homicidio, que no haya comparecido ante ningún tribunal, que no se haya nombrado la prescripción y que se reitere luego  de pasar seis años desde su primera solicitud. 

El último recurso que le queda a Mario Sandoval para evitar esta injusta y deshonrosa extradición, como ciudadano  de nacionalidad francesa, es objetar la misma ante el Consejo de Estado. 
En un caso similar pero con mayor abundancia de pruebas documentales recordamos la negativa de la Audiencia Nacional de España en conceder la extradición solicitada por la Argentina del ex militar Pedro Wagner, acusado de supuestos delitos de "lesa humanidad", en razón de la prescripción legal para los hechos que se le adjudicaban muy anteriormente a la vigencia (2004) del Estaturo de Roma, que cró la figura de este tipo de delitos.  
Esta negativa fudada en el universal y básico principio de la irretroactividad de la ley penal, sumada a la denegación similar en el caso del ex médico naval Gori en el msmo año 2016, representa un ejemplo de seguridad jurídica, que si bien no será del agrado de los movimientos de derechos humanos, ocupados en la venganza del terrorismo, merecería ser imitada por la justicia de la República de Francia.