La mentira y la hipocresía de la Argentina en el ámbito de los organismos internacionales nos llena de estupor y de vergüenza. El embajador argentino en la OEA . Carlos Raimondi destacó que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos. Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país, un instrumento para tomar una posición ideológica”
¿Qué son los presos políticos de nuestro país, olvidados por el mundo entero, sino las víctimas de un instrumento ideológico del kirchnerismo llamado venganza?
¿Se centran acaso en los ancianos prisioneros que sufren en medio de la tortura su injusto cautiverio?
La actuación de la Argentina en el orden de los derechos humanos no es conocida en el mundo, no sólo por el trabajo sucio de sus gobernantes en ocultarla bajo el mentiroso relato de su política populista, sino por el tenebroso silencio del periodismo y de la sociedad, silencio que obedece al escondido sentimiento de culpabilidad mostrado por ambos desde hace muchos años.
Una clara expresión de lo manifestado puede comprobarse con la intrascendencia del Vaticano ante la exposición del Capellán argentino Santiago Olivera en el marco del V Curso Internacional de Formación de Capellanes Católicos en Derecho Internacional, que fue realizado el 29 de octubre de 2019 en Roma.
Con toda claridad ahí señala que "el tema de los derechos humanos es muy sensible a nuestra realidad argentina y que merece un trato sereno, claro y veraz, con el mayor esfuerzo de no ser teñido por ninguna ideología, Sin verdad, y sin justicia no será posible una paz estable".
"Todos sabemos, y estamos de acuerdo", continúa, "que nunca el fin justifica los medios. Y querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos, es un contrasentido". Fue una justa censura a los juicios por lesa humanidad.
Agrega, "tampoco podemos callar lo negativo para la propia persona y para el valor justicia cuando nos encontramos con parcialidades y prejuzgamientos tanto de parte de los propios órganos judiciales como de los comunicadores sociales que dan por "juzgadas" las acciones y "juzgados" sus protagonistas afectando seriamente el debido proceso.
En este sentido, se evidencia una gran diferencia en los tratos. A los militares se los llama "genocidas" o "represores", mientras que a los subversivos "jóvenes idealistas".
En nuestro anterior artículo "Alea iacta est" nos referimos a este tema decíamos: Cuando por resolución del Consejo de la Magistratura se puso en marcha una auditoría a las cámaras penales de todo el país en las que tramitan causas por corrupción, ¿por qué se excluyeron las causas por delitos de lesa humanidad?.
Ello hubiera permitido comprobar las irregularidades de los jueces venales, la obstrucción constante al derecho de defensa, las sentencias calcadas, los falsos testimonios preparados de antemano con testigos instruidos en las mismas oficinas de los Derechos Humanos para evitar contradicciones frecuentes en las declaraciones prestadas.
Seguimos chapoteando hace muchos años en un delito continuado de desobediencia a la Constitución Nacional y ninguna asociación de abogados, ni constitucionalistas, ni organismos de Derechos Humanos (para todos) se atreve a denunciar al los gobiernos transgresores que iniciaron, prosiguieron y continúan en la comisión del gravísimo delito.
Como sabemos, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantzn, convocó para el jueves 8 a la Comisión Interpoderes, para cumplir con las tareas de superar las dificultades operativas que puedan demorar los juicios por delitos de lesa humanidad. En una palabra, los juicios deben proseguir su marcha ilegal, a pedido de los movimientos de izquierda, resueltos a dar fin a la venganza, No les basta con la muerte en cautiverio de más de 600 ancianos que lucharon y triunfaron por la libertad de su patria.
El Supremo tribunal está presionado con el salvaje acoso de los lacayos de la Vicepresidente que ordenó la formación de un juicio político a sus cinco miembros que, en principio sólo lo había solicitado para su presidente, y vaya la ironía, pues el fallo dictado por la Corte en beneficio del 2x1 para dos presos políticos figura como principal fundamento del pedido a juicio político.
