En el mes de noviembre del año 2014 escribíamos en este mismo espacio,
lo siguiente:
“Creo que no hay antecedentes en los países democráticos constituídos
bajo las premisas constitucionales de la independencia de los tres Poderes,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de que uno de ellos acuse y ataque
públicamente a otro, formando parte de un mismo gobierno.
Es lo que actualmente sucede en nuestro país, donde el Poder Ejecutivo
ha lanzado una abierta campaña contra el Poder Judicial. Comenzó a raíz de
fallos que considera arbitrarios y lesivos. como la declaración de
inconstitucionalidad de algunas leyes propiciadas por el ejecutivo, en especial
las referidas a la libertad de prensa y culminó con el allanamiento de una
empresa privada propiedad de la Presidente de la Nación y sus dos hijos por
parte del juez Bonadío.
La reacción en cadena fue violenta y los funcionarios de mayor rango,
así como legisladores militantes, obedeciendo órdenes emanadas de la
presidencia, se pronunciaron unánimemente en defensa de su jefa aduciendo un
golpe de estado del Poder Judicial para derribar al gobierno.
El jefe de Gabinete.Jorge Capitanich, sostuvo que el Poder Judicial ës
una corporación que actúa de común acuerdo con la oposición política y grupos
mediáticos y económicos concentrados. y que todo el tiempo hace política
partidaria.
El ataque no puede ser más directo, el jefe de Gabinete acusando de
golpismo al Poder Judicial y de hacer política partidaria. La Presidente en
persona enrostrando los buenos sueldos de los jueces y que "siguen",
dice irónicamente, sin pagar ganancias, además de denunciar ausencias
irresponsables de jueces y fiscales, como celadora acusadora. Traspasa los
límites razonables de su investidura en un grosero y despiadado ataque a los
dignos encargados de administrar justicia.
Lamentable es el turbio origen que motiva esta reacción desesperada que
no se justifica de ninguna manera. Es el temor de la primera mandataria, ante
el avance de investigaciones relacionadas con millonarios fondos mal habidos
por ella y su finado esposo, depositados en diversos paraísos fiscales, a
nombre de conocidos testaferros relacionados con la familia a través de
negocios ilícitos, lavados de dinero y otros fraudes”
Fue lamentable que el primer fallo que leímos de la Corte Suprema de
Justicia en el inicio del año 2015, fuera un abominable ejemplo de adhesión política
a un gobierno corrupto. Por más que sea el máximo tribunal del país , decimos
sin temor a equivocarnos y con la mayor objetividad posible que su actuación
con respecto al juzgamiento de los militares llamados represores, es
anticonstitucional ilegítima y contraria a las normas y leyes dictadas por
organizaciones internacionales. Ignoraron que no se puede
juzgar a un individuo por leyes posteriores al hecho de la causa, que la
prescripción existe, aunque se la quiera desconocer alegando delitos de lesa
humanidad, cuya clasificación fue hecha por la parte acusadora – el
Estado-según sus propios cánones y conveniencia; que no se puede prolongar una
prisión preventiva por más tiempo que el legal; que se debe reconocer, de
acuerdo a la legislación argentina la prisión domiciliaria por la edad del
detenido y por su salud; que no pueden existir tribunales especiales.
El partido político de ese momento, una familia Kirchner con secuaces
bien aceitados para la expoliación más grave de la historia, jamás imaginó el
abandono del poder y esa fue la causa de su total y descarada impunidad que hoy
en día ha facilitado a la justicia para someterlos a juicios por malversación y
saqueos de fondos del Estado y a un enriquecimiento sin límites que los llevará
irremediablemente a la condición de presidiarios. Un pueblo sorprendido y
hastiado por una corrupción desaforada exige ahora su condena. Es que se ha
producido un cambio substancial en la política llevada a cabo por el nuevo
gobierno y la buena cantidad de jueces y fiscales timoratos bajo la estirpe
kirchnerista van reaccionando lentamente de la amenazadora presión que
soportaron por parte de la “justicia legítima” ejercida por la procuradora Gils
Carbó.
Este cambio se va adentrando en una sociedad adormecida y muchos
organismos e instituciones, tanto públicas como privadas, despiertan de la
pesadilla de quince años y coadyuvan en la misión oficial de retornar a la
democracia plena, a la república federal,al país que una vez supo ser.
Las semillas están comenzando a dar sus frutos:
1.- La propuesta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
para la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el
país, fue aprobada por el Consejo de la Magistratura. Se basó en las demoras
injustificadas de las causas de la corrupción contra la administración pública
que en la mayoría de los casos terminaban en la prescripción. Descontado que
esta medida debe estar acompañada por reformas legales que aseguren la
idoneidad y la imparcialidad en el nombramiento de los jueces, con total
prescindencia de la política.
Este es un primer paso de gran importancia que da cabida a la auditoría
de los jueces y fiscales federales que intervinieron e intervienen en los
juicios ilegales apologéticamente llamados "juicios de lesa
humanidad". La investigación sobre el carácter netamente político de la
substanciación de los mismos permitirá no sólo el ordenamiento de la justicia,
sino iniciar los juicios políticos a jueces y fiscales por prevaricato en el
ejercicio de sus funciones por patente y manifiesta inobservancia de las leyes
y procedimientos en el orden jurídico establecido por la Constitución Nacional.
2.- Las organizaciones nacionales y extranjeras por la defensa de los
derechos humanos han producido una avalancha de peticiones al gobierno para que
se termine con el ilegal cautiverio de los "presos políticos" y las
torturas y atrocidades que se han cometido y se cometen sobre ancianos enfermos
privados de los más elementales derechos a su vida y a su salud.
La Unión de Promociones, organización destinada a promover y fortalecer
los lazos de Camaradería entre los integrantes de las distintas Fuerzas Armadas
de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, adhirió a la Petición que hasta la
fecha y a través de sus respectivos Letrados, han realizado alrededor de 300
Presos Políticos - a los que se vienen sumando ONG, Asociaciones e
Instituciones - ante la sistemática violación de sus Derechos, establecidos en
distintas Convenciones Internacionales. La denuncia incluye la violación de
numerosos Artículos de las siguientes Convenciones, Declaraciones y Protocolos:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o
Degradantes (CTTPCID).
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Protocolo Adicional a la Convención Americana – Derechos Económicos
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).
3.- Se acaba de publicar un documento de suma importancia firmado por
los prestigiosos juristas Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio R. Altamira Gigena,
Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José
María Cullen, Siro M,A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma,
Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi, titulado
"Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad", en el cual
se reclama la falta de juridicidad se los mismos y en donde prevalece la
ideología y los sentimientos de venganza.
Denuncia que se reabrieron procesos que ya habían adquirido categoría de
cosa juzgada, que se privó a los acusados del derecho a un debido proceso y se
les negó la aplicación de la ley penal más benigna. Desapareció la necesaria
seriedad procesal en ciertos juicios orales. envueltos en espectáculos cercanos
al linchamiento por muchedumbres convocadas al efecto. Testigos y testimonios
resultaron en muchos casos fraguados. En varias ocasiones los acusados fueron
llevados al tribunal en camilla sin que siquiera pudieran expresarse. Son 1435
las personas privadas de libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años de
prisión preventiva sin sentencia. Han sido 360 los que han muerto en cautiverio
y a muchos de ellos se les negó un tratamiento médico razonable. Aún a pesar de
la elevada edad de la mayor parte de estos reclusos, superior a los 70 años que
establece la ley, se le ha negado la prisión domiciliaria.
Dice el dario La Nación en un editorial, que resultan claros los
argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto y que se
podrían agregar otros relacionados con la clara discriminación y el tratamiento
asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra interna sufrida por nuestro
país en los setenta. La interpretación parcial de los hechos ha alcanzado gran
parte de los medios y también los textos escolares y las universidades
estatales.
Sometidos a estos relatos, presiones e inhibiciones, en algunos casos
por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han
desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer
justicia.
Todos estos antecedentes que hemos desarrollado con real objetividad
deben ser tenidos muy en cuenta para comprender las razones que le asisten al
gobierno para demorar más de lo previsto el cambio prometido en varias
oportunidades. Es que se ha encontrado con una herencia catastrófica más allá
de lo imaginable, un país destruído económica y moralmente, donde la realidad
superó largamente la ficción. En una palabra, no puede cambiar lo que no ya no
existe, debe recomenzar. Ocho meses es un tiempo muy escaso para una tarea
gigantesca que recién está en los inicios.
La Justicia es una prioridad de gran magnitud debido a los casos de
corrupción que aparecen diariamente con prisa y sin pausa y que constituyen una
gran preocupación del gobierno, dado que continúan en funciones los mismos
jueces y fiscales que salvo contadas excepciones actuaban a favor del partido
gobernante y que ahora abrumados por las pruebas convincentes del saqueo al
tesoro nacional han recuperado una inesperada prontitud, justificada por el
temor a las nuevas disposiciones del Consejo de la Magistratura destinadas casi
exclusivamente a los casos de corrupción contra la Administración Pública. Los
casos de los juicios ilegales de lesa humanidad a los presos políticos no han
entrado todavía en la consideración del gobierno, a pesar de sus promesas, pero
al menos ya están a la vista, y será difícil la postergación debido al clamor
que hemos explicado en párrafos anteriores, en especial porque se trata de
personas en su mayor caso ancianas en la promiscuidad de su cautiverio. La
política está jugando un papel preponderante es este aspecto pues el relato
caló muy hondo durante largos años y la presión del populismo es muy fuerte.
Todavía se mantiene, en algunos sectores, la creencia manipulada por el
anterior gobierno de que las fuerzas armadas, como si no fueran parte del
pueblo, salieron de la noche a la mañana en un rapto de locura criminal a matar
gente a mansalva.
En toda guerra, y ésta lo fue, se cometen excesos condenables por ambas
partes, y deben ser juzgados como corresponde, conforme a derecho y bajo las
leyes nacionales e internacionales vigentes.
Otra vez traigo a colación una frase del jurista austríaco Hans Kelsen,
muy apropiada para este caso:
"Cuando los vencedores juzgan a los vencidos amañando y falseando
los procedimientos judiciales para que conduzcan a una segura condena, entonces
es cuando la justicia de convierte en venganza".
Y es exactamente lo que sucede en nuestro país con los juicios
populistas e inconstitucionales de lesa humanidad, es la sed de venganza
alimentada por el relato.
No se puede dudar de las buenas intenciones del gobierno cuando en su
campaña electoral prometió terminar con el curro de los derechos humanos, pero
al demorar su tratamiento, quizá con equivocada prudencia, está poniendo en
peligro el logro de su noble propósito. Nadie puede ignorar que, en su propio
seno, se van produciendo sensibles divergencias. Lo hemos comprobado con la
insólita polémica desatada con respecto a la cantidad de desaparecidos, cuya
cifra de 30.000 fue cuestionada por el ex ministro de Cultura porteño, Darío
Lopérfido, con el razonable argumento que las reconocidas oficialmente en
distintos documentos la fijaban en 7.158. Ello provocó una reacción
inusualmente violenta del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al
punto de solicitar la renuncia del ministro que llevaba seis meses en el cargo,
a pesar de que Avruj llegó a reconocer una cifra mucho menor, pero aduciendo
que debía mantenerse la de 30.00 por "razones simbólicas",
Finalmente, en forma inesperada el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, lo renunció, conservandole su cargo frente a l Teatro Colón. Otras
dificultades debieron salvarse por declaraciones de Avruj con referencia a los
juicios de lesa humanidad. La mayoría de la asociaciones en defensa de los
derechos humanos, han evidenciado que no están de acuerdo con la actuación del
secretario.
En este punto, al que queríamos llegar con abundante experiencia en la
materia, nos vamos a referir a antiguas expresiones muy utilizadas en las
guerras Civil Española, y en la Segunda Guerra Mundial, y en las que se habló
de "quinta columna", Actualmente esa expresión, muy popular en su tiempo,
se aplica a las personas que dentro de su país conspiran secretamente contra el
gobierno al que están sirviendo. Me atrevería a suponer que los empleados
nombrados en la administración pública, en doce años de gobierno kirchnerista,
podrían llegar a un 70% del total de la plantilla y que de ese porcentaje un
50% han de continuar su fidelidad al antiguo gobierno que los designó. Ellos
están distribuídos en lugares claves y apropiados para el sabotaje, como en
energía, economía, seguridad, transporte. indec, pami, anses y el ministerio de
justicia, secretaría de derechos humanos. lugar al nos referiremos siguiendo la
ilación de nuestro tema.
No era muy conocido que esta última oficina, no obstante el título que
ostentaba, fue destinada en forma exclusiva a tratar solamente denuncias y
acusaciones al personal de las fuerzas armadas, policía y gendarmería, vale
decir a todo uniformado. Así comenzaron los juicios de lesa humanidad en que
testigos mercenarios con sus declaraciones constituían la prueba de los delitos
de tortura, privación de libertad y secuestro.
Si algo faltaba para tener un claro panorama de los juicios por delitos
de lesa humanidad incoados contra los militares que combatieron el terrorismo
comunista, nos encontramos con estas informaciones que ahora son expuestas
oficialmente, por tratarse de organismos u organizaciones anteriormente bajo la
férula del Ministerio de Justicia.
Precisamente en este Ministerio se desarrollaba un “Programa de Verdad y
Justicia”, de corte similar a los famosos tribunales y organizaciones
especiales de los Estados bajo las dictaduras fascista y comunista.
Es de rigor preguntarse para qué existían en nuestro país, donde rige un
gobierno democrático, una constitución y una forma de gobierno republicano
donde sólo el Poder Judicial a través de sus jueces y fiscales son los
encargados de administrar Justicia
A poco que continuemos con la lectura de esta información, caeremos en
la cuenta de que la misión que se llevaba a cabo era la de proporcionar a los
tribunales que juzgaban los delitos de lesa humanidad, sólo a ellos, el aporte
necesario en la investigación de los crímenes denominados Terrorismo de Estado.
Dentro de las tareas asignadas, nos hallamos con una sección especial
para implementar un programa de protección para los testigos que en realidad no
era tal, sino un sistema de adoctrinamiento a individuos para relatar como
testigos escenificaciones preparadas para impugnar al acusado, que eran
ejercitados en continuas sesiones para evitar una posible contradicción. Varios
abogados defensores impugnaron estos testimonios demostrando que todos se
vertían de memoria y respondían a una misma matriz, sin ningún resultado como
era de esperar.
Ignoramos si los profesores y empleados dedicados a tan digna tarea,
continúan el adiestramiento para los nuevos juicios que se continúan fraguando
a las barbas del nuevo gobierno. El secretario que está al frente de esta
oficina es nada menos que el citado Claudio Avruj. Es esta una de las quintas
columnas a las que me refería.
Un caso patético lo tenemos actualmente al final de la llamada Mega
Causa la Perla de Córdoba. a sentencia para el próximo 25 de agosto, con 44
procesados por delitos cometidos entre los años 75/78.
El Jefe del tribunal doctor Díaz Gavier en un serio altercado con los
defensores de los imputados les manifestó públicamente si estaban locos para
ejercer la defensa de "estos criminales", con lo que demostró su
intención y prejuzgamiento.
Eran muy comunes estas situaciones en los procesos de lesa humanidad,
que muchas veces fueron impugnadas ante las respectivas Cámaras pero sin
resultado positivo pues todo consistía en una armado "jurídico"
preestablecido con la sola finalidad de sentencias condenatorias, un verdadero
desprecio a las leyes.
Sin embargo, se van notando algunos cambios, a tono con la época. Por
primera vez, la Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó la recusación al juez
federal Alejandro Ramos Padilla que ya era famoso por sus públicos
prejuzgamientos, en uno de los cuales manifestó que a ningún procesado por
delitos de lesa humanidad se le deberìa aceptar su pedido de prisión
domiciliaria, cualquiera fuera su edad o estado de salud. Pero en esta
oportunidad el tribunal aceptó el planteo del defensor que lo acusó con pruebas
irrefutables de su manifiesta parcialidad y de haber actuado en juicios
defendiendo a víctimas del llamado terrorismo de Estado.
Al momento de finalizar este artículo nos enteramos de que una
delegación del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de
Salta, fue recibida por el secretario de Derechos Humanos. Claudio Avruj, que
se comprometió a recibir denuncias por situaciones humanitarias que afectan a
los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, pero al pedirle que su
Secretaría deje de presentarse como querellante en las causas por delitos de
lesa humanidad, se negó, manifestando que no quiere interferir con la Justicia
y que el organismo se seguirá presentando como querellante. Ésta era la figura
que usaba el anterior gobierno para presionar a los jueces, le advirtieron y le
entregaron en mano un escrito que expresaba, "La Secretaría de Derechos
Humanos no puede asumir el rol de querellante en los llamados juicios de lesa
humanidad sin traicionar, necesariamente, su misión de velar por los derechos
humanos de todos.”
Este hecho reciente nos permite abreviar argumentos y explicaciones que
demuestren la subsistencia de procedimientos, en las propias oficinas del nuevo
gobierno, que guardan una sospechosa relación con el "relato"
kirchnerista y es una de las quintas columnas que hemos mencionado.
Menuda tarea la del presidente Mauricio Macri para llegar a concretar un
ideal de Justicia independiente, imparcial y despojada de ideologías y
políticas partidarias, si analizamos los obstáculos señalados que demoran
lamentablemente sus honestas intenciones. Si agregamos divisiones internas,
marchas y piquetes que conservan su entrenamiento de muchos años, resentimiento
de un populismo enajenado con su derrota, un izquierdismo combativo de larga
data y ¿por qué no? un periodismo sediento en la búsqueda de enfrentamientos,
contradicciones que le permitan elevar su rating. ¿Llegará a la meta
Podemos buscar la respuesta más allá de nuestras fronteras, en opiniones
foráneas de visión más clara y objetiva que la nuestra confusa y gastada por
adoctrinamientos perversos y falaces. Un joven escritor y prestigioso pensador
chileno, Axel Kaiser, estudioso de la historia y desarrollo de nuestro país,
escribió:
"El nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri puso fin no solo a
más de una década de degeneración institucional kirchnerista sino a casi cien
años de dominio político peronista. Así las cosas, la tarea que enfrenta Macri
es nada menos que derrotar la historia.
Si Macri logra la titánica hazaña de dejar iniciado ese cambio
permanente pasará a ser el más grande líder político que haya conocido la
Argentina en más de un siglo y sin duda uno de los más grandes que haya
conocido América Latina en toda su vida independiente. Los latinoamericanos de
buena voluntad no podemos más que desearle suerte y ofrecerle toda nuestra
ayuda por el bien de Argentina y por el de América Latina."
