Ricardo Veliz funcionario del plan Belgrano ratificó
personalmente por TV que por un decreto del 2014 de la expresidente se otorgó
el 82% móvil de jubilación a los miembros del Superior Tribunal de Cuentas de
la provincia de Tucumán. El convenio fue firmado por Diego Bossio titular de la
ANSES y el gobernador de Tucumán Alperovich, ratificado a posteriori por
Cristina Fernández. Como consecuencia de ese privilegio, todas las cuentas
provinciales no merecieron impugnación todas fueron correctas. Ahora los
empleados del referido tribunal reclaman el mismo privilegio ante Basavilbaso
el nuevo titular que jamás cuestionó la gestión de su predecesor. Queda también
pendiente, un mismo trato y convenio con los 23 tribunales de cuentas de las
demás provincias.
Esto se suma a la serie de irregularidades que venimos denunciando
desde hace años, una de las cuales se trataba de las jubilaciones otorgadas por
Diego Bossio a ciudadanos extranjeros de países limítrofes que no residían en
el país. Nunca se tomó decisión sobre estos delitos cometidos por razones
electorales del gobierno kirchnerista. Hace unos días el gobierno procedió a
anular mil fraguadas jubilaciones de paraguayos que fueron otorgadas por ANSES,
pero no dio a conocer la cantidad total concedida no sólo a Paraguay, sino a
Bolivia y Perú que se calcula en alrededor de 15.000, como mínimo.
El 6 de noviembre el Presidente Macri firmó un acuerdo con el
emir de Qatar, Sheik Tamin Ak Than para la “eficiencia”en el pago de impuestos
entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y el Qatar Investment
Authority que alcanza los mil millones de dólares. Con ese fin viajó a dicho
país nuestra vicepresidente Gabriela Micetti, mostrándose en varias fotos
agasajada por el Skeik.
Sería importante aclarar si estos fondos del FGS de los
jubilados puede ser manejado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo ya que
compromete intereses previsionales de la clase pasiva. El titular Basavilbaso
no ha dado muestras de conocer este acuerdo, ya que no ha emitido ningún
comunicado o información al respecto.
Luego de tantas notas, escritos y denuncias que hemos
realizado y que sería redundante repetir, donde incluíamos expresamente a
Massa, Boudou y Bossio y demás funcionarios corruptos del citado organismo,
volvemos a exigir la auditoría que nunca se realizó.
Precisamente las auditorías que en número mayor de quince realizara
la Auditoría General de la Nación, en años anteriores, señalaban que las
autoridades del organismo cumplían funciones ajenas a los fundamentos de su
creación, con el peligro de que en un futuro cercano podría afectar el pago de
los haberes jubilatorios. Hay que desenterrarlas.
¿Conoce el gobierno algo de estos procedimientos que
quedaron archivados en su momento por orden superior? ¿Tiene idea de los
desfalcos, saqueos y malversaciones que en cantidades millonarias realizó el
anterior gobierno con la mayor impunidad, y que ahora podría conocer de haber
actuado conforme a las leyes y normas vigentes que lo obligaban a ello y que
omitió desaprensivamente?
Continúa por el mismo camino y el Tesoro sigue tomando deuda
para hacer frente al agujero fiscal, con mecanismos que antes criticaba como
oposición, al utilizar los fondos de ANSES.
Tres años seguidos´2015, 2016 y 2017 y con la misma fecha
Cristina Kirchner y Mauricio Macri rivalizan en los saqueos a ANSES. Las
ilegítimas extracciones a la Caja de jubilados, las injusticias de que son
objeto, la paralización de los pagos de sentencias firmes, las irregularidades
repetidamente denunciadas, son las que acreditan la necesidad de investigar y
auditar el único organismo de la administración pública que permanece impune
cual plaza liberada, merced al pacto negociado con su ex titular Diego Bossio
por la cesión de 17 diputados que votaron a favor del oficialismo en la
legislatura nacional, mientras se distrae a la opinión pública y a los
vulnerables litigantes con leyes de extorsión fraudulentas denominadas
mordazmente de “Reparación Histórica”
No nos puede engañar más señor Presidente, se ha comprobado
fehacientemente que no se pagan las sentencias a gran cantidad de jubilados
mayores de 80 años y hasta de 100 años con sentencias firmes dictadas por la
justicia. Diariamente van apareciendo cartas de lectores que así lo acreditan y
otra que llegan a nuestro espacio. ¿Hasta cuándo cree el gobierno que
soportaremos esta burla grotesca contra la ancianidad desvalida que sigue
luchando por sus derechos?
Basta Presidente Macri, ordene el pago inmediato que las
leyes y la justicia le imponen y disponga la urgente auditoría del corrupto organismo,
para no ser pasible de un juicio político de indudable legitimidad.
