A LA PALESTRA EL CASO MILAGRO SALA

Todo está tomando el sesgo que habíamos previsto el 7 de diciembre de 2016 en el blog titulado” El armado del caso Milagro Sala que el gobierno ignoró”. Decíamos del esfuerzo y la perseverancia de los organismos izquierdistas, con un perfecto grado de entrenamiento que en este caso funcionó como un aparato de relojería. 
 Continúa la presión ejercida por el CELS de Horacio Verbitsky y Amnistía Internacional de Mariela Belski,  ambos promotores de la intervención de la ONU, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no abandonan sus ataques a pesar de la derrota sufrida en Europa cuando el Parlamento Europeo les rechazó las denuncias y pedidos de sanciones contra nuestro país.

En efecto, en una audiencia realizada ayer en la ciudad de Washington  por la CIDH, el caso Sala fue protagonista ante autoridades de derechos humanos del continente,  ya que organizaciones sociales denunciaron “persecución e intolerable situación” en la provincia de Jujuy.

 El escenario en la sede de la CIHD se hallaba bien planeado y la voz cantante de los denunciantes estuvo a cargo de Verbitsky en nombre del CELS, quien afirmó la privación de derechos en Jujuy a los que protestan, primero viene la represión armada, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería. Pidió que la CIHD reclame al Estado argentino que ”advierta a Jujuy que debe cesar el hostigamiento y la criminalización de la protesta.

La delegación oficial argentina estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, y por Jujuy su fiscal provincial Mariano Miranda, que en su réplica manifestó firmemente que en su provincia “se garantiza  el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social".

Por su parte, Avruj anunció como  un gesto de buena voluntad, que se puede calificar como una innecesaria e inoportuna disculpa, que en estos días se enviará al Congreso una reforma al Código Penal para que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo, una protesta.  En realidad una estupidez pues es sólo un proyecto que como reforma al Código Penal será objeto seguramente de de fuertes discusiones y polémicas.

El secretario completó esa desafortunada declaración asegurando que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se base en el respeto. la convivencia  y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”  Es un reconocimiento de que en estos momentos no estamos transitando ese camino que la OEA, CIDH y CELS  tan gentilmente nos exige.  Olvida el secretario Avruj que hay otro compromiso asumido por el Presidente, el de “terminar con el curro de los derechos humanos" que hasta ahora no ha cumplido,

La habilidad y la astucia de estas organizaciones izquierdistas se plasma en esta oportunidad, pues en teoría el caso de Milagro Sala no podía mencionarse en la reunión, porque dentro de la CIDH ya existen medidas cautelares que reclaman su inmediata liberación y es en ese marco donde debería expresarse. Por eso evitaron referirse a Sala, pero he aquí que el tema fue sacado insolitamente por el comisionado Paulo Vannuchi, agradeciendo que no se la hubiera nombrado, pero de esa manera abriendo el juego para invocar su situación, lo que sorprendió ingratamente a los representantes del Gobierno.
 Un asunto bien armado y capitalizado por Horacio Verbitsky que de inmediato tomó la palabra para decir que “no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en toda la provincia y el Gobierno ha intentado demonizar a una persona exponiéndola como el ejemplo de todos los males”.

Llegó la estocada final ejecutada con maestría por el comisionado de la CHID, el brasilero Paulo Vannuchi que agradeció el “clima respetuoso y sereno” entren las partes, y a la Argentina por la invitación a organizar en Buenos Aires el período de sesiones del organismo, donde seguramente el caso Sala volverá a ser protagonista.
Hace cuatro meses que venimos escribiendo y advirtiendo sobre esta elaborada trampa que organizaciones izquierdistas pusieron al gobierno y en la que éste ingenuamente cayó, según lo dijimos en el blog "El gobierno cayó en la trampa" Nada menos que diez artículos hemos publicado y que más abajo detallamos, y nuevamente nuestros funcionarios se ven atrapados en su irremediable ingenuidad.
Ya lo dijo una vez el gobernador de Mendoza Carlos De Casas enfrentando a esta gente que la CIDH estaba tomada por Zaffaroni y Verbitsky. 


Blogs relativos

10/02/2017 POR LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA

08/02/2017 EL GOBIERNO CAYÓ EN LA TRAMPA

07/02/2017 GERARDO MORALES Y MORALES SOLÁ

23/01/2017 CONTINÚAN ALIMENTANDO AL ENEMIGO

22/01/2017 EL PERIODISMO ALIMENTA AL ENEMIGO

16/01/2017 AGRAVIANTE INTROMISIÓN

14/12/2016 ¿EXISTEN LOS DERECHOS HUMANOS PARA AMNESTY iNTERNATIONAL, CELS, ONU Y OEA?

10/12//2016 MILAGRO SALA, MACRI Y TENEMBAUM

09/12/2016 NUESTRA JUSTICIA, ONU, OEA Y TUPAC AMARU

07/12/2016 EL ARMADO DEL CASO MILAGRO SALA QUE EL GOBIERNO IGNORÓ

LA LEY DE REPARACIÓN HISTÓRICA

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo.

De modo que se hacía necesaria la promulgación de una ley con un rimbombante título para que se reconozca el derecho de los jubilados a entablar juicio contra la Anses, lo que vendría a significar que los veinte o más años de litigio para la actualización de los haberes mal liquidados no estaban amparados pòr ninguna legitimidad y fueron en balde. ¡ Recién ahora, el gobierno me dice que tengo derecho a exigir en los tribunales la actualización de mis haberes!  Considero que esto sí, es una innovación jurídica revolucionaria de carácter histórico. Pero hay un agregado original en esta ley reparadora, pues consiste en una propuesta de aceptación voluntaria, mediante la firma de un acuerdo, lo  que viene a dar al traste con mis derechos. Es decir, no hay derecho absoluto sino condicionado a la propuesta. El desarrollo de esta saga continúa al establecer la ley que los acuerdos deben homologarse en sede judicial, el jubilado con su abogado,  y Anses, ante un juez acordando el ingreso al Programa (¿qué programa?) y consecuentemente el fin del juicio.

Y finalmente aparece el verdadero móvil de este asombroso perfeccionamiento jurídico al resolverse que, quienes deciden rechazar la propuesta o no ingresar al Programa (qué programa?), seguirán cobrando su haber actual y una vez concluido el juicio Anses acatará la sentencia.

Se ha dilucidado el enigma de la propuesta, que radica en una quita porcentual que llega hasta el 50% de lo ordenado en sentencia, lo que equivale lisa y llanamente a una explícita extorsión, sobre la que volveremos seguidamente.

En buen romance, la Reparación Histórica me dice que por decisión unilateral el Estado deja en suspenso la tramitación del juicio y si acepto la propuesta lo da por finalizado aplicando la quita, en otras palabras cumple con la sentencia pero con ”rebaja”. Y si no acepto, el juicio continúa y al concluir acatará la sentencia. La más disparatada contradicción jurídica que se me ha presentada en mi larga vida, pues en mi caso tengo ya sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en el año 1997 que nunca fue acatada. Entonces, ¿qué juicio espera el gobierno que finalice para que, como se establece, Anses acate la sentencia? ¿la de 1977 o espera otra sentencia clonada?
Estimo y califico como delito de extorsión la llamada propuesta en esta ley, ya que entra en la definición jurídica que dice: “La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo”

El Estado es el sujeto activo que utiliza la intimidación sobre el jubilado, sujeto pasivo al decirle prácticamente”si aceptas la quita porcentual, te pago la sentencia, si no la aceptas no te pago y continúa el juicio”per secula seculorum”. Lleva fines de lucro al quedarse con dinero de la sentencia y produce un gran perjuicio patrimonal al jubilado que, si no acepta, no cobra más.

Quizá lo más inhumano de esta cacareada reparación lo vemos en que se incluye en el artículo 9º. de la ley, un orden de prelación que establece que tienen prioridad los beneficiarios mayores de 80 años, cuando precisamente son los que están al final del Programa, pues se están pagando actualizaciones a recién jubilados, en grandes cantidades, con gran despliegue publicitario y de los prioritarios no cobró todavía ninguno, con el agravante de que hay varios mayores de 90 y 100 años con la mayor antigüedad de espera que llega hasta más de veinte años.
En la carta abierta al señor Presidente del 22 de febrero le decía que hay una gran cantidad de jubilados de 80, 90, y más de 100 años que me consta siguen reclamando su pago, varios de ellos con carta dirigidas a Anses y a los diarios, y deduzco razonablemente que si a diario leemos estos reclamos, cuántos estarán en la misma situación sin decidirse a escribir y cuántos habrán fallecido durante esa angustiosa espera. Pues bien, este clamor aumentó drásticamente en todos los medios y redes sociales y destaco al diario Clarín que publica columnas especiales dedicadas a dar a conocer de los propios estafados, la falacia de un Plan de Revisión Histórica de evidente extorsión.
Transcribiré una de las cartas, dramático paradigma  de la justa indignación que provoca esta intolerable actitud del gobierno, que fue dirigida al titular de Anses Emilio Basavilbaso  el 17/3/17 : 

"Señor director de Anses, Emilio Basavibaso, no tiene ninguna necesidad de mentir cuando ha elegido la arbitrariedad en el manejo de la cosa pública bajo el paraguas de impunidad que le da el poder y la mansa, silenciosa complacencia de fiscales y jueces que miran para el otro costado. 
Cuando se actúa con prácticas totalitarias no se puede hablar de estado de derecho.
Lamento tener que decir que yo aposté al cambio, y la frustración que me produce tener que ver y ser objeto de más de lo mismo. Algún día se sabrá cuánto ha sido el ahorro que le significó a la caja de Anses la baja de los jubilados que murieron esperando que se los tuviera en cuenta como humanos y ciudadanos argentinos. Y también lo que le significó el mentiroso plan de Reparación Histórica, con lo que se autocalifican a lo pavo real. 
Señor Basavilbaso, lamento comunicarle que no he muerto, pese a estar próximo a cumplr 90 años 
¿Porque es eso lo que esperan para eliminar la carga económica que representamos los viejos jubilados a los que consideran de descarte, no? No le pregunto por qué no cumple con los fallos judiciales, porque la respuesta también resulta obvia: todo es cuestión de reducir el presupuesto del organismo que dirige demorando su cumplimiento hasta la llegada de nuestro inexorable final. Y un par de últimas noticias: usted está incumpliendo sus deberes de funcionario público, lo cual es delito que más tarde o más temprano tendrá que purgar; otra, pienso resistir hasta que se haga justicia, aún más alle del momento de su reemplazo. Después volveré a mi tiempo de espera para saludarlo en el lugar en que vamos a parar todos los seres vivos. ¡Allá usted con su conciencia y aquí con la Justicia que, aunque tarde, siempre llega,!  Juan Carlos Mirabella"

En todos los contactos que mantengo desde hace muchos años me encuentro con una gran confusión, producto de la gran variedad de sugerencias intercambiadas para formar grupos, pues es enorme la cantidad de involucrados en este gravísimo problema y es imposible aunar acuerdos y métodos, todo se diluye en un mar de buenas intenciones que nunca llega a nada. Conspira también el hecho de que los más de medio millón de jubilados, en estas condiciones, se hallan diseminados a lo largo y ancho del país.
La razón que nos asiste en esta emergencia es indiscutible, desde cualquier punto de vista, pero las quejas e indignados reclamos no llegan a oído del gobierno y de la gran mayoría de periodistas. Ellos están en otra cosa, la noticia caliente de crímenes secuestros, sexo, fútbol y política corrupta.
Aunque parezca increíble he recibido serias propuestas para organizar corte de calles y avenidas, sentadas, con carteles alusivos, diríamos piquetes, ya como recursos desesperados que son inviables para gente de la tercera edad, de por sí pacífica, estoica y tolerante.

La experiencia nos demuestra que en estos casos la manera más eficaz de obtener resultados  es la perseverancia de difundir constantemente la injusticia que se viene cometiendo, apelando a todos los medios periodísticos, gubernamentales, parlamentarios, judiciales y redes sociales, éstas cada vez más accesibles a los problemas sociales.
A continuación brindamos un caso muy interesante que es nuestra misión difundir al máximo, como hemos dicho anteriormente. 
El juez de la Seguridad Social Juan Fantini homologó un acuerdo en el marco de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados, pero dejó en claro que la función de los magistrados "no debería limitarse o quedar reducida a un simple "click", Además denunció que con el expediente digital se agravó el colapso previsional. También agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación "no requiriría de la homologación judicial, ya que los artículo 1641 y162 del mencionado texto legal establecen que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas y que la misma produce los efectos de la coa juzgada "sin necesidad de homologación judicial".
En ese punto, el juez federal se preguntó "por qué debería ser prioridad una causa digital, en la que interviene una persona que hasta aquí nunca accionó por sus derechos, en relación a quienes llevan años litigando y en muchos casos hasta aquí no cuentan con sus haberes reajustados".
Esa es la pregunta que se hacen más de un centenar de jubilados mayores de 90 años que tienen varias sentencias a su favor con una insólita antigüedad de 20 años, la última de la Corte Suprema debido a las sucesivas apelaciones sin fundamento del perverso organismo Anses. El hecho de que un juez previsional se haga públicamente esta pregunta constituye una impúdica ironía que no podemos aceptar, suena casi como una burla.

Para los que están en duda con respecto a mi afirmación de que la Ley es extorsiva, tengan en cuenta por si se les ha ocultado, que los jubilados que acepten por vergonzante necesidad el acuerdo, podrán cobrar antes, pero con recortes que varían entre el 40% y el 70%, según el estado del juicio y los reajustes de haberes. En ese marco, el especialista Guillermo Jáuregui sostiene que el reajuste podría oscilar entre el 30% y el 45%.
Pero aquí no terminan los beneficios extorsivos de Anses pues los jubilados con sentencia firme anterior al 30 de mayo, entre 50.000 y 70.000, que deberían cobrar un promedio de $ 350.000  y que de acuerdo a la ley percibirían el 100% de la retroactividad dentro de los 120 días anteriores al reclamo. si aceptan el acuerdo, se les pagará el 50% del retroactivo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales, sin intereses.
Como se podrá apreciar´, es una reparación histórica que si se cumple, será pagada por un delivery especial de Anses destinado a los cementerios.

LA CORTE SUPREMA Y LOS DD.HH.

La Corte Suprema de Justicia está desorientada al solicitar un informe actualizado sobre el estado de los juicios sobre derechos humanos por crímenes cometidos durante la dictadura, invocando el pedido de organismos de derechos humanos como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, entre otros, ¿Qué otros? ¿Serán el CIDH, CELS y Amnistía Internacional?

 Llama la atención que reproduzca, entre comillas, los móviles de la preocupación que asalta a dichos organismos para efectuar el pedido, pues, si se analizan con detenimiento, no son otros que los que circularon últimamente a raíz de opiniones vertidas públicamente por funcionarios que manifestaron no estar de acuerdo con que existió un plan “sistemático” de eliminación de ciudadanos y tampoco un “terrorismo de Estado”, lo que ha sido tachado como declaraciones “negacionistas” de funcionarios públicos, inclusive con proyectos de legisladores de promover acción judicial por considerarlas delitos de opinión.

La comunicación dirigida por la Corte con las firmas de todos sus miembros a la Cámara Federal de Casación Penal, aparenta tener un especial interés en conocer las sentencias condenatorias, ya que  enumera la cantidad de ellas durante el año 2016 y desde el 2008 y solicita la "estimación del dictado de la sentencia de los juicios" con referencia a todos los tribunales federales del país, como una presión destinada a apresurar las sentencias.

Nada habla de los pedidos de organismos internacionales sobre el análisis referente a la ilegalidad de los juicios, que han llegado a su estrado en varias oportunidades con fundamentos muy sólidos de prestigiosos juristas y desprovistos de tendencia política.

Ya decíamos en nuestro blog del 5 de agosto de 2016, bajo el título “La hora de la justicia”, que si el Consejo de la Magistratura aprobó la realización de auditorías sobre la Justicia Federal Criminal de todo el país, un primer paso de mucha importancia, era la oportunidad de dar cabida a la auditoría de los jueces y fiscales federales que intervinieron e intervienen en los juicios llamados de “lesa humanidad”.  La investigación sobre el carácter netamente político de la sustanciación de los mismos, permitiría lograr el ordenamiento tan deseado de la justicia y el juicio político a los que cometieron prevaricato en el ejercicio de sus funciones por patente y manifiesta inobservancia de las leyes y procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.

Dicha revisión contaría con la opinión favorable de muchos magistrados que por sus antecedentes de probidad prestarían un apoyo inapreciable a la renovación de un Estado de derecho respetable y confiable. Pasaron siete meses desde que sugerimos dar cabida a una auditoría para los casos de juicios de lesa humanidad, cuando nos llega la información de que el 14 de marzo el General de Brigada (R) Juan Miguel Giuliano y el Coronel (R)  Guillermo César Viola, presentaron ante el Honorable Consejo de la Magistratura un "Pedido de auditoría a los jueces y fiscales Federales por la comisión de delitos en su desempeño en los denominados juicios de lesa humanidad", lo cual coincide con nuestra opinión que ahora es sustentada en los estrados judiciales. Resaltamos un convincente párrafo del pedido, que lo justifica plenamente.
"Señalamos enfáticamente la ilegalidad, anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad del inicio, desarrollo y resoluciones de estos juicios, la vulneración sistemática de nuestras leyes y de la Constitución Nacional, lo que no admite siquiera discusión. En punto a la violación de acuerdos internacionales cabe señalar que los tan blandidos tratados para justificar el atropello, todos ellos respetan explícitamente, a rajatabla, el principio de legalidad. De lo que resulta de que para juzgar treinta o cuarenta años después supuestos delitos que a todo evento estaban prescriptos, se atentó y se sigue atentando contra el orden jurídico. De tal modo que no caben dudas que, ab initio, nuestros presos son Presos Políticos y víctimas de delitos y abuso del poder por parte del Estado."

La Corte Suprema ha observado siempre la tendencia del gobierno en sus acordadas y sentencias, vicio arrastrado desde hace muchos años y que conspira con la independencia de su actuación como tercer poder del Estado.  En los doce años del kirchnerismo esta modalidad complaciente se acentuó manifiestamente, en especial con respecto a la fuerte presión del Poder Ejecutivo para una interpretación unilateral y política de los derechos humanos, bandera que el partido gobernante tomó para justificar “legítimamente” la venganza llevada a cabo contra los uniformados.

Tan decisiva fue esta influencia que todavía persiste no obstante la derrota del gobierno en el acto eleccionario del 2015 y la promesa del electo primer mandatario de terminar con el “curro” de los derechos humanos, según sus propias palabras.

Sabemos que es una tarea dificultosa procurar la desratización de la justicia cuando inexplicablemente se mantiene un gran sector de la misma afiliado al partido político "Justicia Legítima" fundado por la misma Procuradora Gils Carbó. Si esta situación, expresamente prohibida por la Constitución, no es erradicada, y ni intención conocemos de hacerlo, ¿qué confianza podemos tener del organismo máximo de la Justicia, malgrado la reciente incorporación de dos nuevos miembros?

Muy poca esperanza deben tener los que a ella acuden para defender sus derechos, cuando los "cambios" no han llegado luego de quince meses del nuevo gobierno. 

RECUERDOS DE UNA JUEZA DESAPARECIDA

Con razón el batuta de los Derechos Humanos, Claudi Avruj, distinguido miembro de la quinta columna desestabilizadora del gobierno, insiste frenética y tozudamente en reconocer como simbólica, aunque más no sea, la cifra de los 30.000 desaparecidos. Hace tres años y dos meses escribíamos en nuestro blogspot  lo siguiente:

Silvio Pedro Pizarro .

13 de marzo de 2014 16:51

NO CREE EN DIOS PERO ES

CREYENTE DE LOS DÓLARES

La Jueza atea Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, es un botón más de la muestra de corrupción imperante en el pais. Su religión son los dólares mal habidos. Deben haber 30.000 clones de esta ilustre "magistrada".

. Lo más llamativo es, sin ninguna duda, que la Jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Carmen Argibay, figura en el libro Nunca Más y como tal cobró la indemnización.

Argibay percibió por ser “desaparecida” la nada despreciable suma de u$s 650.000, si, leyó bien, seiscientos cincuenta mil dólares por figurar como desaparecida; pero lo que resulta realmente inaudito es cómo una persona puede cobrar una suma semejante por estar desaparecida cuando no lo está, y que, además, es juez de la nación,

La siguiente pregunta es, ¿cuándo se va a decidir a devolver los u$s 650.000 que cobró por estar “desaparecida”?

Sucede que los cobró por estar erróneamente desaparecida, y como podemos apreciar, no lo está. Cuando le hicieron ver el error dijo: “estoy pensando cómo devolverlos”.

Sin palabras.

Como se comprenderá, con motivo de la obligada publicación de la lista y cifras pagadas a los desaparecidos, nuestro amigo Avruj  se las estará viendo en figurillas. Si una ministra de la Corte que últimamente se ha negado a renunciar por su edad, se apropió de la menuda cantidad de u$s 650.000 y está haciendo malabares “para no devolverla”, ¿Cuántos problemas tendrá que enfrentar Claudio Avruj con su cifra simbólica de 30.000?  El resultado nos lleva a la cifra de u$s 19.500 millones que ha sido pagada al terrorismo setentón.  Lápiz y papel señor Secretario y al trabajo.

Estamos actualizando noticias escabrosas, el tiempo apremia y los archivos no mienten.

SEÑOR PRESIDENTE

Estimado Presidente:

El 23 de febrero le envié una carta abierta, con copia a la Jefatura de Gabinete, bien explícita y respetuosa, con referencia  a la situación de cientos de jubilados mayores de 90 años que vienen siendo engañados desde hace muchos años en el trámite de sus juicios de reajustes de haberes,  al no efectivizarse el pago  de las sentencias ordenado por los jueces de las causas.

Ninguna respuesta he recibido, a pesar de los razonables argumentos invocados, que sería ocioso repetirlos,.

La intención que usted debe ver reflejada en dicha carta, no es sólo una necesidad angustiosa de que se escuchen los justos reclamos en busca de una humana solución a los mismos, sino una sincera colaboración a su gestión frente a los nuevos tiempos que, felizmente gracias a su consagración como presidente, estamos enfrentando.

Me atrevo a dirigirme a Usted con la confianza que me merece su personalidad de hombre de bien, francamente intencionado a terminar con un largo proceso  de demencia y corrupción que llevó a nuestro país a un paso de una hecatombe total.

En esa confesada ubicación, me atrevo a preguntarle:

-¿Tomó conocimiento, directa o indirectamente de mi carta?

-¿Sabía que es totalmente falso el pago de las sentencias?

-¿Está al tanto de que la publicitada Reparación Histórica es una extorsión que reviste mayor gravedad por ser del Gobierno?

-¿Nadie le ha informado que la respuesta de ANSES a nuestras consultas es una explícita extorsión? Nos dicen:

“Ud. aún no recibió una propuesta de “Reparación Histórica” porque continuamos analizando su caso. En la primera semana de abril nos estaremos comunicando con Ud. para indicarle como prosigue el trámite y la fecha estimada en la cual estará resuelto. Recuerde tener actualizados sus datos para poder aceptar el acuerdo de “Reparación Histórica”, una vez que ANSES le efectúe la propuesta.”

La propuesta consiste señor Presidente en una quita porcentual que llega al 50% de lo ordenado por la justicia.

En mi caso, luego de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de julio de 1997, luego de 20 años de burocráticas y perversas obstaculaciones, ¿necesitan unos días más para analizar mi caso? ¿Y hacerme una propuesta, cuando la  majestad de la ley y el máximo tribunal ordenan el pago de la sentencia?

-¿Le acercaron a Usted semejante resolución para un ser humano de 93 años que queda descartado de la justicia y de la cacareada asistencia social?  No, señor Presidente, a Usted lo engañan con lo que llaman “políticamente correcto” y que para mí es“definitivamente inhumano”

¿Llegará a su conocimiento, se lo llevarán, se lo soplarán al oído, se lo ocultarán, lo harán partícipe de la extorsión a un anciano?  Estoy ansioso por conocer una respuesta a estos  interrogantes quizá “políticamente incorrectos”.

Lo saludo con el merecido  respeto y el aprecio que le tengo,

Silvio Pizarro

(Mis datos ya los tiene)

EL DIPUTADO INQUISIDOR

El diputado nacional del bloque Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade ha desvirtuado su función de legislador, para lo cual fue elegido, al constituirse, desde su banca en un denunciador serial de miembros del gobierno nacional. Militante camporista, genuflexo kirchnerista, contribuyó a la corrupción del régimen autoritario imperante, mediante su acción como director de la Inspección General de Justicia, eludiendo controles sobre empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristina Fernández, lo que dio origen a una denuncia penal de la diputada Margarita Solbizer. Dicho organismo manejado por La Cámpora quedó en la mira por haber “perdido” expedientes en el famoso affaire Ciccone, sobre el cual Tailhade impulsó un “Cepo Informativo” semanas después del estallido del caso.

También fue denunciado por “obstruir” el accionar del fiscal Marijuan en la causa en que pidió la indagatoria de la expresidente Cristina Kirchner por multimillonarias transferencias de dólares al exterior.

Recientemente fue denunciado por el abogado Andrés Rabinovich que lo acusa de delitos de falsa denuncia y estafa procesal, radicada ante el juez Julián Ercolini.

Resulta curioso que las denuncias penales contra el presidente Macri, que veremos más adelante, no hayan sido impugnadas, cuando públicamente, ante el diario Clarín, efectuó declaraciones comprometedoras con respecto a su carácter de legislador al afirmar que deseaba el fracaso de Macri como presidente, agregando :”yo pongo palos en la rueda y quiero que le vaya mal a Macri.”

A continuación damos a conocer una apretada síntesis de las denuncias penales presentadas a la justicia contra miembros del gobierno por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, desvirtuando su función legislativa. 
Denuncias:                                                                                                                                                                                                                                                                       -Denuncia penal por el caso Avianca contra el presidente Maurucio Macri, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el Director general de Logística, Carlos Cobas, el titular de ANAC Juan Pedro Ingoin,el Director de Transporte Aèreo, Hernán Gómez.

-Denuncia contra la vicepresidente Gabriela Michetti, para averiguar origen de los fondos que les fueron robados.

-Denuncia contra el presidente Macri, la vicepresidente Michetti, la canciller Susana Macorra, el director del FGS de ANSES, Luis María Blaquier, Asesor del presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser, director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, por la firma de un convenio con Qatar. --Denuncia contra el presidente Macri y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana por los beneficios dados a las empresas Avian y Flybondi.

-Denuncia contra la diputada de GEN Margarita Stolbizer y a su abogada Silvina Martínez que impulsaron las causas Hotesur y Los Sauces de la expresidente Cristina Kirchner por supuesto “tráfico de datos”

-Denuncia contra la Primera Dama Juliana Awada por defraudación contra la administración pública.

Pareciera que la Honorable Cámara de Diputados, en el sector de la oposición, se hubiera transformado en el Tribunal de la Inquisición, con el maestro inquisidor Rodolfo Tailhade a la cabeza, lo que no es aconsejable desestimar, toda vez que los acusadores seriales del momento fueron los sordomudos del anterior gobierno y como afirmáramos al comienzo de esta nota, no cumplen con los preceptos constitucionales de su función, que no es otra que legislar como uno de los tres poderes de la república, el Legislativo. 

Es enorme el deterioro sufrido por el país tras muchos años de decadencia moral, económica y política que ha llegado a trastocar los más elementales principios de la humanidad, incluyendo los derechos humanos.

A pesar de que el interbloque Cambiemos es minoría en un Congreso donde en la Cámara de Diputados conviven 21 bloques, en los primeros meses de gobierno se notó una revalorización del Congreso, que en los anteriores períodos de sesiones era un verdadero apéndice del Poder Ejecutivo, en donde se aprobaban las leyes por simple mandato de los Kirchner, sin discusiones parlamentarias, sin modificaciones y sin que los jefes de gabinete concurrieran a las Cámaras para la rendición de sus actos.

Duró poco, pues la oposición comprendió que el mejoramiento de las instituciones de la República, eran un obstáculo para las intenciones de recuperar el poder. Es así como las funciones de los legisladores opositores fueron dejadas de lado para dedicarse a debilitar al gobierno con ataque frontales, muy alejados por cierto de la gestión legislativa de la promulgación de leyes.

Tan evidente es esta política obstaculizadora que recientemente el diputado de la oposición De Mendiguren, en un programa televisivo,  se permitió bromear al presidente del Senado, Federico Pinedo, manifestándole que en el sector público también hay “curros”, refiriéndose a las que señaló como 54 causas por denuncias contra el actual Presidente y varios funcionarios de Cambiemos. Lo que no aclaró es que fueron motorizadas por los legisladores opositores desde sus mismas bancas, en cumplimiento de las órdenes recibidas según el nuevo plan “sistemático”, término muy usual en los “tribunales” de los juicios de "lesa humanidad". 

LA DEGRADACIÓN DE LA JUSTICIA

El 18 de abril de 2015 dábamos cuenta de la tremenda injusticia cometida contra el Coronel (R) Enrique Stel en nuetro Blog bajo el título "EL PLACER DE LA VENGANZA", en los siguientes términos:

"La vengativa acción del Gobierno contra las fuerzas armadas constituye un genocidio militar por portación de uniforme. Los juicios “especiales” por delitos de lesa humanidad se realizan vulnerando las reglas internacionales del derecho penal. No rigen los principios de responsabilidad penal individual y el de la presunción de inocencia. Las `pruebas se basan en declaraciones de terceros que declaran como falsos testigos. Todo preparado para un juicio armado con imputaciones por presuntos delitos. Los procesos duran años y los sospechosos ya viven su condena en prisiones hediondas, torturados, alejados de sus familias y con un abandono total y premeditado de su salud. No se respeta su edad, no se respeta su condición humana.

El caso que traemos a consideración es similar a los miles incoados bajo los mismos procedimientos ilegales destinados a incrementar las estadística de militares presos con el objeto de promocionar la acción del gobierno en su lucha por los derechos humanos. Se adjudica la creación del reconocimiento de los delitos de lesa humanidad y arremete con su política: “Vamos por todo”

El funcionario del gobierno tucumano a cargo de Seguridad Privada

Coronel ® Enrique Stel fue detenido el 13 de marzo del 2014 en el aeropuerto Benjamín Matienzo por una orden de captura de la Justicia Federal de Bahía Blanca. Se le acusó por presuntos delitos de lesa humanidad. Se lo trasladó al penal de Villa Urquiza, desde donde fue trasladado a Bahía Blanca.

Stel es veterano de guerra. Peleó en Malvinas bajó las órdenes de Aldo Rico. Además, el ex coronel estuvo a cargo del Liceo Militar Aráoz de La Madrid y al retirarse de este cargo asumió en la oficina de control de Seguridad Privada del Gobierno Provincial.

Tenía 20 años a la fecha de los hechos que se investigan, era Subteniente del Arma de Comunicaciones y se desempeñaba como jefe de sección de la Compañía Alámbrica del Batallón de Comunicaciones 181. Por ese cargo se lo imputó, pero se lo proceso por otro, por ser jefe de sección de una Compañía de Infantería dedicada a la lucha antisubversiva.

Sus antecedentes son:

Oficial de Estado Mayor y Licenciado en Estrategia y Organización egresado del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército - Escuela Superior de Guerra Tte Gral Luis María Campos. Tiene una Especialización en Derecho Internacional Humanitario realizada en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia y un curso de Especialización en Holocausto: “Memoria de la Shoá y los dilemas de su transmisión” en el Centro Internacional para la Enseñanza de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto Yad Vashem y el Centro de Estudios Bei Lohamei Haguetaot. (Jerusalén, 2008). Posee un Posgrado en Negociación - Modelo Harvard obtenido en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Realizó el Curso de Posgrado de Formación de Investigadores en Ciencias Sociales en la Escuela Superior de Guerra Tte Gral Luis María Campos.

Recibió del Congreso de la Nación Argentina la Condecoración “A los Bravos de Malvinas” y el Ejército Argentino lo condecoró con la Medalla “Al Heroico Valor en Combate”. Además le otorgó una mención distinguida por su desempeño en la guerra.

Es importante destacar que esta investigación surge 40 años después y obviando el hecho significativo de que jamás fueron impugnados sus ascensos a Mayor, Teniente Coronel y Coronel durante la democracia, siendo que en esas oportunidades su legajo personal fue analizado por todos los organismos de Derechos Humanos y la Comisión de Acuerdos del Senado.

DocenciaY Otros: Profesor de Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE) Presidente Fundador de la Comisión de DIH del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra (ESG) Profesor de Comunicaciones y Guerra Electrónica (ESG) Profesor de DIH de la Cruz Roja Argentina Filial Mercedes (Corrientes) Profesor de DIH en los Ejercicios Combinados “Cruz del Sur” (Brasil) Jefe del Departamento Programación de la Secretaría de Evaluación (ESG) Jefe del Departamento Planeamiento de la Secretaría de Evaluación"

Desde esa fecha continuó detenido en prisión preventiva en proceso de juicio y sin sentencia. En el año 2015 extendieron la prisión por un año, bajo el gobierno kirchnerista. En 2016 en pleno gobierno de Cambiemos, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se renovó, en forma anticonstitucional su prisión preventiva por un año más. Recientemente por una resolución del Juzgado Federal No.1, Secretaría de Derechos Humanos Expte. 15000005/2007/233 se le niega su pedido de liberación y contra lo dispuesto por la ley y la Constitución Nacional se le prorroga otro año, es decir hasta marzo de 2018, con lo que su detención arbitraria, sin sentencia, llega a los cuatro años.

Los considerandos expuestos como fundamento para justificar la prórroga, tienen un dejo de culpabilidad claramente insinuado, pues los términos empleados así lo demuestran. Extractaré párrafos relacionados: "En primer lugar, debe destacarse que no escapa al suscripto el límite de 3 años que pareceria imponer el Art. 1 de la ley 24.390 a la medida precautoria bajo estudio.(aquí comienza la excusa). Por el contrario analizados sus alcances, a luz de la modificatoria introducida por la ley 25.430, y al considerar el juego armónico entre el artículo citado y el 3o. de la misma normativa, los que a su vez deben ser interpretados en congruencia con los preceptos emanados de la Constitución Macional y los pactos internacionales, como la ConvenciónAmericana de los Derechos y Deberes del Hombre, entiendo que se admiten excepciones al plazo indicado, bajo criterios de razonabilidad del juzgador."

Es decir que él entiende, como juzgador, que hay excepciones para prolongar la prisión preventiva. Podríamos leer miles de casos en que se utiliza el mismo retorcido argumento.

El párrafo siguiente contiene la prueba más acabada de la regimentación de los jueces intervinientes en los denominados juicios de lesa humanidad y que, en estos día ha abierto fuertes polémicas en todos los medios. Se trata de la insostenible teoría del plan sistemático machacado con enfermizo empecinamiento a martillazos para forzar su credibilidad. Se ha constituído en la biblia de los jueces, fiscales, militantes de la ultra izquierda y una pléyade miserable de venales periodistas. Léase, es el argumento base impuesto en todos los juicios, para demostrar que los militares salieron imprevistamente a la calle a descuartizar a toda la población civil,violar mujeres y robar infantes.No existían terroristas, ni enemigos, era sólo un festival sanguinario, caratulado más tarde como delitos de lesa humanidad.

"Se pudo acreditar en diferentes pronunciamientos judiciales(he aquí la regimentación)entre los que merece destacarse la sentencia dictada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa 13/84, que durante los años pesquisados(sic) se implementó "un plan sistemático"de represión ilegal. En el decisorio aludido, también se comprobó que el gobierno de facto, para cumplir con el citado "plan sistemático" se valió de toda la estructura del Estado, para lo que contó con el personal de las distintas fuerzas de seguridad, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, etc.(se olvidaron de los boy scouts), las que dependían operacionalmente del Ejército y que mediante su utilización, se produjo el secuestro de personas su traslado a lugares clandestinos de detención, su "sistemática"(les agradó el término) tortura y luego su liberación, legalización(sic) o desaparición física(¿ ?)"

También para dar sostén a la prórroga de la detención dice "que la mejor doctrina que dará sostén a la misma, será la dificultad para el esclarecimiento de la verdad como consecuencia de la complejidad de aquélla y en el caso sub-examen debe repararse en que no tramita una causa autónoma respecto del imputado, y que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, conductas que abarcan privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de torturas, lesiones gravísimas. En otro apartado dice: "Los sucesos en cuestión fueron cometidos hace más de treinta años y quienes estuvieron involucrados fueron agentes de la Nación que actuaron amparados en la clandestinidad" En primer lugar, es verdad que fueron cometidos hace más de treinta años, como que fueron cuarenta y uno. En segundo lugar, si efectivamente fueron agentes de la Nación, al llevar uniforme militar no sabemos de qué clandestinidad habla. En tercer lugar, generaliza al expresar en plural su justificación para negar la excarcelación, pues pierde la objetividad de analizar individualmente al imputado que, con el grado de Subteniente, no puede ser equiparado en su capacidad de decisión con Oficiales Superiores.

En verdad no se puede entender cual es la complejidad del caso para su esclarecimiento, cuando ni siquiera está acusado de graves delitos como homicidio o asociación ilícita, luego de cuatro años de estar detenido. Por otra parte, no se tiene en cuenta el antecedente favorable que habla de la dignidad del procesado al presentarse espontáneamente al Juzgado en el año 2009 y la conducta observada durante el corriente período.

Resulta evidente de que las sucesivas prolongaciones de prisión, ilegales, del Coronel(R) Stel obedecen a que se ha decidido a condenarlo sin sentencia, por tiempo indefinido, al no hallarse las pruebas buscadas y preparadas para llevarlo a juicio, desde el momento en que la causa no tiene visos de ser elevada a Tribunal Oral.

Hace muchos años que venimos impugnando estos juicios por ser inconstitucionales, contrarios a todos los preceptos del derecho penal contenidos en nuestros códigos, una perversa venganza como lo dice el título de nuestro blog, pero lo que es motivo de mayor preocupación es la continuación de esta política propia de un régimen autoritario, personalista y corrupto como el que la instaló, por un gobierno que lo desalojó en libres elecciones con la firme promesa de un "cambio" y que continúa los mismos métodos y teorías que mantiene presos políticos de avanzada edad en sórdidas prisiones y bajo un tratamiento inhumano.